CE - 010315000202306007001SENTENCIADECLARAIM20231123142106

Demandante: Martha Lucía Ferro Álzate y otros

Demandados: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-06007-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06007-00

Demandantes: MARTHA LUCIA FERRO ÁLZATE1 Y OTROS

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – subsidiariedad – relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo presentada por la parte accionante contra el auto del 20 de septiembre de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 y la providencia del 24 de julio de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Las señoras Nancy Rivera Bonilla, Daniela Alejandra Terranova Rivera y los

la Sección Tercera de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Las señoras Nancy Rivera Bonilla, Daniela Alejandra Terranova Rivera y los señores Héctor Alfonso Terranova y José Luis Tenorio Escobar3, actuando mediante apoderada judicial4, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Los demandantes consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

1 Pese a que la señora Martha Lucía Ferro Álzate interpone la presente acción a nombre propio, se advierte que la misma actúa , en la presente causa y en el proceso ordinario , como apoderada de las partes, circunstancia que se evaluará en el estudio de la legitimación que se realizará en esta providencia y, respecto del cual, se adoptaran las medidas pertinentes. 2 Dictado en el curso de la audiencia inicial celebrada en dicha fecha en el proceso de reparación directa con radicación 76001-23-33-000-2017-00640-00. 3 Quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Samuel Tenorio Terranova y Yeray Tenorio Terrano. 4 Abogada Martha Lucía Ferro Álzate.Demandante: Martha Lucía Ferro Álzate y otros

Demandados: Consejo de Estado,

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2. Lo anterior, con ocasión del auto proferido el 20 de septiembre de 2022 en el curso de la audiencia inicial convocada e n el trámite del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 76001-23-33-000-2017-0064000/01(69265)5. En dicha decisión el tribunal accionado se pronunció sobre las pruebas en el proceso ordinario y decidió negar el recurso de reposición y conceder el recurso de apelación que interpuso la tutelante contra dicha decisión. Así mismo, con ocasión de la providencia del 24 de julio de 2023 , por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación determinó la inadmisión del referido recurso de apelación por encontrarlo extemporáneo.

1.2. Pretensiones

3. La demandante solicitó que se tutelara su derecho fundamental al debido

proceso y, en consecuencia, que:

[S]e ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y mediante auto del 24 de julio de 2023, el CONSEJO DE ESTADOSECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A y disponga dar aplicación Art. 212 de CPACA y ORDENE LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN EL escrito radicado en la secretaria del despacho, el 15 de febrero de 2018, y deje sin efecto el auto la decisión tomada mediante 20 de septiembre de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y mediante

febrero de 2018, y deje sin efecto el auto la decisión tomada mediante 20 de septiembre de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y mediante auto del 24 de julio de 2023, el CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A6.

1.3. Hechos

La Sala encuentra que los hechos que resultan relevantes para resolver la presente controversia son los siguientes:

4. El 12 de mayo de 2017, las señoras Nancy Rivera Bonilla, Daniela Alejandra Terranova Rivera y los señores Héctor Alfonso Terranova y José Luis Tenorio Escobar7, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandaron al municipio de Santiago de Cali ante el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca8.

5. El municipio de Santiago de Cali contestó y propuso la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. P ara ello alegó que la actora «no probó el daño y la acreditación de los presupuestos propios del mismo», ni de los perjuicios solicitados.

5 Promovido por José Luis Tenorio Escobar y otros contra el Municipio de Santiago de Cali, con el fin de que se declare su responsabilidad por la muerte de la señora Dahian Andrea Terranova Rivera y se les indemnicen los perjuicios materiales y morales causados. 6 Transcrito con posibles errores ortográficos, de redacción y mayúsculas sostenidas. 7 Actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Samuel Tenorio Terranova y Yeray Tenorio Terrano. 8 El medio de control se promovió con el fin de que se declarara la responsabilidad del municipio de

7 Actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Samuel Tenorio Terranova y Yeray Tenorio Terrano. 8 El medio de control se promovió con el fin de que se declarara la responsabilidad del municipio de Santiago de Cali por la muerte de la señora Dahian Andrea Terranova Rivera y se indemnizaron los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes.Demandante: Martha Lucía Ferro Álzate y otros

Demandados: Consejo de Estado,

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6. En auto de 25 de agosto de 202 29, el tribunal negó la excepción previa propuesta al considear que la demanda cumplió con el requ isito formal de determinar los fundamentos de derecho, conforme a lo exigido en el numeral 4 del artículo 162 y el artículo 167 del Código de Procediemiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). Así mismo, señaló que la accionante guardó silencio en el traslado de las excepciones y fijó como fecha para la realización de la audiencia inicial el día 20 de septiembre de 2022.

7. En el desarrollo de la referida audiencia inicial el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se pronunció sobre las pruebas solicitadas por las partes y la llamada en garantía, decisión frente a la que la ahora tutelante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación10.

8. El magistrado conductor de la audiciena dio trámite a los recursos

llamada en garantía, decisión frente a la que la ahora tutelante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación10.

8. El magistrado conductor de la audiciena dio trámite a los recursos interpuestos11. De esa manera resolvió negar la reposición12 y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo bajo la condición de que documento referido como aportado por la demandante reposara en el expediente , aspecto que fue corroborado en la audiencia de pruebas que se llevó a cabo el día 25 de octubre de

2022. P or tanto , por auto proferido en el marco de la mencionada audiencia de pruebas se concedió la apelación ante el Consejo de Estado13.

9 Índice 36 de Samai del proceso ordinario. 10 El demandante se refirió a una prueba que no obraba en el expediente pero que, según él, había allegado válidamente, el 15 de febrero de 2018, durante el traslado de las excepciones propuestas por el demandando , en donde aportó un dictamen pericial sobre la reconstrucción del accidente, junto con los documentos que lo soportan . El 23 de septiembre de 2022, el accionante adicionó nuevos argumentos al recurso de apelación. Insistió en que de acuerdo con el artículo 212 del CPACA, es posible solicitar pruebas en la oposición de las excepciones previas, lo cual realizó en el memorial del 15 de febrero de 2018, a pesar de que no conste en el expediente, por ello solicitó que se revocara la decisión de negar la prueba solicitada y, en su lugar, que se ordene su práctica. 11 El tribunal dio trámite a los recursos bajo el entendido de que lo recurrido era la omisión de

que se revocara la decisión de negar la prueba solicitada y, en su lugar, que se ordene su práctica. 11 El tribunal dio trámite a los recursos bajo el entendido de que lo recurrido era la omisión de decretar las pruebas solicitadas en el escrito que descorrió el traslado de las excepciones, aun cuando el actor tuvo oportunidad en un momento procesal previo para recurrir. Corrió traslado de los recursos a la parte pasiva. Los demandados manifestaron que se atenían a lo que decidiera el despacho; pero, el Ministerio Público indicó que el demandante perdió la oportunidad procesal, pues debía presentar el recurso contra el auto que resolvió las excepciones. 12 El magistrado conductor revisó el expediente y no encontró el documento en mención, por lo que resolvió no reponer. Para ello, consideró que el actor no recurrió en el debido momento procesal y advirtió que, la prueba que se solicita en el traslado de las excepciones no puede buscar mejorar el aspecto probatorio de la demanda, toda vez que esta debe referirse únicamente a las excepciones alegadas. 13 En el acta de la audiencia de pruebas que se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2022, el asunto del recurso de apelación se abordó como cuestión previa y se indicó: «[S]e observa en el índice 53 de SAMAI, memorial radicado por la apoderada judicial de la parte demandante, allegando la contestación del traslado de las excepciones con constancia de recibo por parte de la Secretaría de este Tribunal 15 de febrero de 2018 a las 3:55 PM, donde a folio 23 del archivo se observa lo siguiente: CARGA DE LA PRUEBA La entidad demanda no ha demostrado el cumplimiento del

este Tribunal 15 de febrero de 2018 a las 3:55 PM, donde a folio 23 del archivo se observa lo siguiente: CARGA DE LA PRUEBA La entidad demanda no ha demostrado el cumplimiento del objetivo respecto a las barandas de seguridad del puente, no hay estudios de su complementación. Por lo que solicita un dictamen perital físico especializado, para lo cual se solicita se nombre un perito o en su defecto se conceda un término para presentar dicho dictamen que demuestre la falta del cumplimiento del objetivo para lo que están diseñadas las barandas y por la falta del protector de impacto como se expuso en el accidente que se trae como ejemplo. Es por lo anterior, que el despacho dispone CONCEDER ante el superior jerárquico, el recurso de apelación presentado en la audiencia inicial por el apoderado sustituto deDemandante: Martha Lucía Ferro Álzate y otros

Demandados: Consejo de Estado,

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9. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció sobre el fondo de la controversia sino que , mediante auto de 24 de julio de 2023, resolvió inadmitir por extemporáneo el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 20 de septiembre de 202214.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. En el memorial de tutela se señaló que la Corte Constitucional establece

del Cauca el 20 de septiembre de 202214.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. En el memorial de tutela se señaló que la Corte Constitucional establece como causal especial para la configuración de la transgresión del derecho al debido proceso respecto de una providencia judicial el hecho de que esta adolezca de un

defecto sustantivo, y para el efecto explicó:

[E]]xisten unas causales especiales para la configuración de la trasgresión del derecho al debido proceso, frente a una determinación jurisdiccional, así: b). Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. d). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. La jurisprudencia constitucional es diáfana en expresar que la acción de tutela es procedente contra providencias judiciales cuando las mismas adolezcan de defecto

la parte demandante, en contra del auto que decretó pruebas, lo anterior por ser procedente de conformidad con el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, el cual se concederá en el efecto devolutivo, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del mismo artículo. Así las cosas, se dispone REMITIR por secretaría de esta Corporación las piezas procesales pertinentes al H. CONSEJO DE ESTADO para lo de su cargo.» (sic) 14 Para llegar a esta conclusión la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación expuso que «El inciso segundo del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA dispone que las excepciones

CONSEJO DE ESTADO para lo de su cargo.» (sic) 14 Para llegar a esta conclusión la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación expuso que «El inciso segundo del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA dispone que las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del CGP y que cuando se requiera la práctica de las pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del CGP, el magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial. El 25 de agosto de 2022, el tribunal resolvió las excepciones propuestas y fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; sin embargo, en esa oportunidad no se pronunció en relación con la prueba solicitada en el escrito que descorrió el término conc edido a la parte demandante para que se pronunciara en relación con las mismas, además, en relación con el tema consignó que la parte demandante había guardado silencio. La providencia fue notificada y cobró ejecutoria sin que se hubiera presentado recurso alguno en su contra. Conforme a lo anterior, se advierte que la decisión que la parte demandante debió controvertir fue la notificada en estado del 29 de agosto de 2022 (índice 28, Samai), esto es, la providencia del 25 de agosto anterior, en razón a que su inconformidad se concretó en que no se había decretado una prueba que se aportó junto con escrito que descorrió el traslado de las excepciones presentadas por la parte demandada, la cual debía resolverse en la indicada providencia, máxime si tiene en cu enta que en la misma el Tribunal dejó consignadoerradamenteque la parte demandante había guardado silencio en relación con las excepciones

traslado de las excepciones presentadas por la parte demandada, la cual debía resolverse en la indicada providencia, máxime si tiene en cu enta que en la misma el Tribunal dejó consignadoerradamenteque la parte demandante había guardado silencio en relación con las excepciones propuestas por la demandada. Así, el accionante podía presentar el recurso de reposición, y, en subsidio el de apelación, dentro del término de ejecutoria de ese auto, es decir, a partir del martes 30 de agosto hasta el jueves 1º de septiembre de 2022, en consideración a que el Tribunal, en la parte considerativa y resolutiva de la providencia, omitió resolver lo concerniente a la prueba aportada con el escrito en mención y las manifestaciones hechas por la parte demandante en relación con las excepciones propuestas. Como el término de ejecutoria del auto proferido el 25 de agosto de 2022 corrió sin que se interpus iera recurso de apelación, se debe entender que la parte demandante se encontraba conforme con lo manifestado y decidido en dicha providencia, y no le era dable en la primera audiencia presentar un recurso contra una providencia que ya se encontraba ejecutoriada. En consecuencia, no cumplió con el requisito de oportunidad, ya que, así como afirmó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el accionante no presentó su inconformidad en el momento procesal debido».Demandante: Martha Lucía Ferro Álzate y otros

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sustantivo; el cual se encuentra ampliamente delimitado por la Honorable Corte Constitucional en pluralidad de sentencias y que para el caso concreto resulta aplicable. Es menester hacer hincapié que si bien es cierto el operador judicial goza de discrecionalidad interpretativa en sus decisiones, la misma no es ilimitada toda vez que, en todo caso, debe circunscribirse al orden jurídico imperante15.

11. Así mismo, expuso las razones por las cuales considera que, en el caso concreto, se cumplen los requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y alegó que la s autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto con las decisiones reprochadas se incurrió en violación directa

de la Constitución, para lo que aseveró que:

[D]e conformidad al artículo 230 de la Constitución Política los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley; resultado abiertamente contrario al mandato superior anotado, máxime cuando por vía constitucional y legal se ha estimado, en estos casos, el privilegio del derecho sustancial y la observancia de los principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

12. Como marco normativo de su petitorio, la parte tutelante señaló los artículos 29 de la Constitución Política, 11 y 13 del Código General del Proceso (en adelante

principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

12. Como marco normativo de su petitorio, la parte tutelante señaló los artículos 29 de la Constitución Política, 11 y 13 del Código General del Proceso (en adelante CPG) y 212 del CPACA.

1.5. Trámite de la acción de tutela e intervenciones

13. Mediante auto del 23 de octubre de 2023, el magistrado ponente admitió la acción de tutela16 y dispuso la notificación del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y de l Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , para que contestaran la demanda y allegar an los documentos que pretenda n hacer valer como pruebas.

14. Además, ordenó la vinculación de l municipio de Santiago de Cali como tercero con interés , al ser la entidad demandada en primera instancia dentro del proceso ordinario y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso . Finalmente, requirió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegaran el expediente ordinario.

1.6. Informes

15. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se

presentaron las siguientes intervenciones:

15 Transcrito con posibles errores ortográficos y cursivas. 16 Previa subsanación del petitorio inicial inadmitido mediante auto del 6 de octubre de 2023, en el que el despacho sustanciador observó que no era posible discernir ciertos aspectos importantes del caso, los cuales eran fundamentales para tomar una decisión de fondo. Debido a esta razón, se

que el despacho sustanciador observó que no era posible discernir ciertos aspectos importantes del caso, los cuales eran fundamentales para tomar una decisión de fondo. Debido a esta razón, se procedió a inadmitir y se otorgó un plazo de tres (3) días para que la parte demandante subsanara lo señalado lo cual hizo en escrito remitido el 10 de octubre de 2023.Demandante: Martha Lucía Ferro Álzate y otros

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16. La Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que la presente acción de tutela no satisface el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto la accionante lo que busca es convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario para continuar un debate jurídico que ya fue decidido de manera razonable por los jueces naturales de la controversia.

17. De igual forma advirtió que algunos de los planteamientos que se hacen en este mecanismo constitucional, ya habían sido esbozados como sustento en los recursos enunciados y que la decisión tomada en las providencias cuestionadas no es caprichosa ni arbitraria . Para el efecto explicó que, durante el traslado de las excepciones planteadas en el proceso ordinario, la aquí tutelante solicitó el decreto de un dictamen pericial y el tribunal a quo, mediante auto del 25 de agosto de 2022,

excepciones planteadas en el proceso ordinario, la aquí tutelante solicitó el decreto de un dictamen pericial y el tribunal a quo, mediante auto del 25 de agosto de 2022, decidió negar la excepción planteada por la demandada y afirmó que la parte demandante había guardado silencio durante el traslado de las excepciones. Providencia que fue debidamente notificada y contra la cual no se interpuso recurso alguno, siendo esta la providencia que debía impugnar quien acude ahora en vía de tutela.

18. Así, explicó que el hecho de que «el demandante no comparta la posición asumida en las providencias enunciadas, no habilita un pronunciamiento adicional del juez constitucional, con mayor razón, si la decisión que se discute fue dictada por un órgano de cierre, evento en el cual la procedencia se encuentra más restringida en tanto que se debe acreditar una desproporcionada o abierta violación de un derecho fundamental».

19. El municipio de Santiago de Cali rindió informe en el que señaló que en el caso concreto no existió la alegada vulneración a los derechos fundamentales en el trámite del m edio de control de reparación directa. P or tanto , solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente del proceso ordinario, pero no rindió informe.

21. A su vez, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fue notificada, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. Esta Sala es competente para decidir la acción de tutela presentada contra

fue notificada, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. Esta Sala es competente para decidir la acción de tutela presentada contra el auto del 20 de septiembre de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la providencia del 24 de julio de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación . Lo anterior de conformidad con loDemandante: Martha Lucía Ferro Álzate y otros

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establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

23. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

24. Considerando lo explicado debe precisarse que, pese a que en el escrito de tutela se indica que la señora Martha Lucía Ferro Álzate interpone la acción a nombre propio y en representación de sus poderdantes, revisado el expediente del

24. Considerando lo explicado debe precisarse que, pese a que en el escrito de tutela se indica que la señora Martha Lucía Ferro Álzate interpone la acción a nombre propio y en representación de sus poderdantes, revisado el expediente del proceso ordinario se advierte que ella actuó en calidad de apoderada de los demandantes, esto es, como abogada de las señoras Nancy Rivera Bonilla, Daniela Alejandra Terranova Rivera y los señores Héctor Alfonso Terranova y José Luis Tenorio Escobar17 y no como parte del proceso ordinario.

25. Lo referido implica que la posible violación del derecho al debido proceso que se alega en el presente trámite constitucional solo afecta a sus prohijados en su calidad de parte accionante en el proceso ordinario y no representa una vulneración a los derechos de la abogada . P or tanto, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Martha Lucía Ferro Álzate para actuar en nombre propio en el presente trámite de tutela y, de conformidad con ello, se ordenará que, por Secretaría, se realice el ajuste pertinente en el sistema Samai respecto de quienes fungen como demandantes en este expediente.

26. Ahora bien, pese a lo señalado, la Sala considera que la parte tutelante18 sí se encuentra legitimad a en la causa por activa. Esto porque actuó como parte demandante en el proceso ordinario y le asiste un interés directo en las resultas del presente trámite constitucional . Además, porque fue el extremo procesal que presentó el recurso de reposición que fue negado a través del auto del 20 de septiembre de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y el

presente trámite constitucional . Además, porque fue el extremo procesal que presentó el recurso de reposición que fue negado a través del auto del 20 de septiembre de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y el recurso de apelación, que, a su vez, fue inadmitido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en el auto del 24 de julio de 2023.

27. Por otro lado, esta Colegiatura encuentra que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y Tribunal Administrativo del Valle del Cauca están legitimados en la causa por pasiva al ser la s autoridades judiciales que profirieron las decisiones reprochadas en esta oportunidad.

17 Quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Samuel Tenorio Terranova y Yeray Tenorio Terrano. 18 Integrada por las señoras Nancy Rivera Bonilla, Daniela Alejandra Terranova Rivera y los señores Héctor Alfonso Terranova y José Luis Tenorio Escobar (quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Samuel Tenorio Terranova y Yeray Tenorio Terrano) y que se encuentra representada en el presente proceso por la abogada Martha Lucía Ferro Álzate.Demandante: Martha Lucía Ferro Álzate y otros

Demandados: Consejo de Estado,

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2.3. Problema jurídico

28. Le corresponde a la Sala determinar s i con las decisiones proferidas por el

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2.3. Problema jurídico

28. Le corresponde a la Sala determinar s i con las decisiones proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se vulneró el derecho fundamental de los accionantes. Para tal efecto, se deberá abordar el siguiente problema jurídico:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante? Esto, por incurrir en violación directa de la Constitución con el auto proferido el 24 de julio de 2023 que inadmitió por extemporáneo el recurso de apelación presentado por la accionante y el auto proferido el 20 de septiembre de 2022 por medio del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se pronunció sobre las pruebas en el proceso ordinario y decidió negar el recurso de reposición interpuesto por la tutelante.

29. Para resolver la interrogante planteada, se estudiarán los siguientes temas:

(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial l os de relevancia constitucional y subsidiariedad y; (iii) de encontrarse superado dichos requisitos, el análisis de los defectos alegados por el accionante.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 201219. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema20. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales21.