CE - 010315000202306051001SENTENCIA20231030085325

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-06051-00

Accionante: Francisco Javier Martínez Romero

Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en la que se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a d ocente oficial afiliad o al

FOMAG.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Francisco Javier Martínez Romero contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, por la expedición de la sentencia del 10 de agosto de 2023 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-0022022-00355-01.

HECHOS

Decisión, por la expedición de la sentencia del 10 de agosto de 2023 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-0022022-00355-01.

HECHOS

El señor Francisco Javier Martínez Romero afirmó que ha laborado en la entidad territorial certificada e n educación del departam ento de Sucre después de 1990, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Así mismo, indicó que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición de empl eador, no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajador del Estado.

Igualmente, seña ló que el 16 de septiemb re de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que le fuera realizada la respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reite rada jurisprudencia de l a Sección Segunda del Consejo de Estado, sin que a la fecha se le haya dado respuesta.

Por consiguiente, manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento

la Ley 50 de 1990 y en la reite rada jurisprudencia de l a Sección Segunda del Consejo de Estado, sin que a la fecha se le haya dado respuesta.

Por consiguiente, manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 13 de diciembre de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito d e Sincelejo dictó sentencia de primera instancia , en la que negó las súplicas de la demanda.

De la misma forma, expuso que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativo ; sin embargo , refirió que el 10 de agosto de 2023 el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cua rta de Decisión, confirmó la decisión recurrida.

INCONFORMIDAD

El accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, vulneró sus de rechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la admini stración de justicia y l os principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis.

Para el efecto, en primer lugar, explicó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir providenc ias judiciales en el caso concreto, con especial énfasis en la exigencia de la relevancia constitucional , para lo cual resaltó que no resulta factible, en atención a los principios de igualdadRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

para lo cual resaltó que no resulta factible, en atención a los principios de igualdadRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

e in dubio pro operario y a la Ley 244 de 1995, adicionada por la Ley 1071 de 2006, excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990 , pues tienen el carácter de servidores públicos.

Posteriormente, afirmó que el aquí accionado incurrió en violación directa de la Constitución Política, puesto q ue en la sentencia cuest ionada se inobservó el artículo 53, relativo a la aplicación de la situación más favorable al trabajador, y en defecto sustantivo, al negar el reconocimiento de la sanción moratoria.

Para el efecto, realizó un recuento de los antec edentes sobre la obligac ión del Ministerio de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las cesantías de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15 de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó

oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la confianza legítima de que su proceso sería resuelto en el mismo sentido, en atención al principio de seguridad jurídica; no obstante, el Tribunal accionado adoptó una decisión contraria.

Así, identificó l as providencias dictadas, en su mayoría, por las distintas subsecciones de la Sección precitada con las siguientes fechas y radicados: 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009 -000867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 201400173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 2014 -00208-01; 22 de octubre de 2020, 2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 de junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 de junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre de 2021,

2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (22082020); 11 de noviembre de 2021, 2015 -90008-01 (2387-2020); 11 de noviembr e de 2021, 2014 -90022-01 (5154-2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2015 -00075-01 (2660 -2020); 28 de abril de 2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de mayo de 2022, 2017 -00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2022, 2019 -00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020);Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

22 de septiembre de 2022, 2015 -90124-01 (2394 -2020); 1 9 de enero de 2023, 2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2023, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentenci as C741/12, C486/16, SU336/17, SU098/18,

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentenci as C741/12, C486/16, SU336/17, SU098/18, SU332/19 y SU041/20 . Sobre el particular, añadió que en los tribunales administrativos del pa ís también existen prece dentes judiciales, en los que se ha reconocido el derecho a la sanción moratoria a docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la fa lta de consignación de las cesantías por parte del patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y que corresponden a su labor como maestros oficiales en el 2020, como son las sentencias con las siguientes fechas y radicados: 21 de julio de 2022, 201800097-00; 24 de enero de 2023, 2019 -00046-01; 31 de mayo de 2019, 201300734-00. Así mismo, identificó las siguientes providencias expedidas por distintos juzgados: 23 de junio de 2022, 2022 -00020-00; 9 de septiembre de 2002, 2 02200115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022 -00085-00; 27 de septiembre de 2022, 2022-00095-00; 28 de septiemb re de 2022, 2022 -00066-00; 28 de septiembre de 2022, 2022-00065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de

2022, 2022 -00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022 -00122-00; 16 de noviembre de 2022, 2022-00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

Aunado a ello, consideró que si el accionado pretendía efectuar un cambio de jurisprudencia debió argumentarlo de esa forma, pero ello no o currió en el asunto, pues lo único que aquel expresó fue que, primero, existía el prin cipio de unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el reconocimiento reclamado, pues esa unidad no se predica de los recursos que aún no han sido transferidos por la cartera ministerial y, en todo caso, no puede confundirse con el momento en que deben girarse los recursos —, y, segundo, que no había sentencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.

Así mis mo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, incurrió en tres errores , comoquiera que no es cierto que de la Ley 344 de 1996 hubiera nacido la obligación de consignar las cesantías para los servidores públicos del nivel ter ritorial, pues lo que allí se estableció es que hastaRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

su fecha de promulgación se respetaría el régimen de cesantías que cada empleado público de ese orden tuviera; la posición de aquel implicaría desconocer de dónde proviene el pat rimonio del FOMAG; y res ulta un exabrupto señalar que un docente vinculado por una entidad territorial tiene derecho a la sanción moratoria, sin que la Nación se hubiese enterado y aquel no estuviese afiliado a dicho fondo.

En esa medida, coligió que la conclusión del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, consistente en que el Ministerio de Educación Nacional no debe girar los recursos de las cesantí as en debida forma de los docentes que ya se encuentran afiliados al FOMAG requiere una efectiva corrección de orden legal.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 10 de agosto de 2023 en el proceso que promovió, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En con secuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema

En con secuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó el máximo tribu nal constitucional en la s sentencias SU098/18, SU332/19 y SU041/20 y la Sección Segunda de esta corporación , en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitad o en la demanda.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 6 de octubre de 2023 el magistrado ponente admitió la acción de tutela de la referencia mediante proveído, en el que se ordenó notificar y correr traslado, para que ejercieran su derecho de defensa, al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión , como a ccionado; y a la Nación-Ministerio de EducaciónRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Sucre, como terceros con interés en las resultas del proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, por conducto de la magistrada Viviana Mercedes López Ramos , manifestó que el presente asunto no se configura la vulneración alegada, pues a la fecha no existe un precedente o una sentencia de unifi cación que haga exigible a los tribunales y juzgados

la magistrada Viviana Mercedes López Ramos , manifestó que el presente asunto no se configura la vulneración alegada, pues a la fecha no existe un precedente o una sentencia de unifi cación que haga exigible a los tribunales y juzgados administrativos aplicar, por favorabilidad, la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.

Agregó que al analizar la situación fáctica que se p lanteó en la demanda adv irtió que es disímil a la examinada en la Sentencia SU098/18 y en las providencias del Consejo de Estado, en las que por favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata el artículo precitado , en tanto e n esos casos los entes t erritoriales han omitido realizar su afiliación al FOMAG , como se explicó detenidamente en la sentencia discutida en esta sede.

Así mismo, sostu vo que la decisión censurada se fundó en un estudio de las pruebas obrantes en el expe diente y del régimen esp ecial de cesantías de los docentes afiliados al Fondo mencionado, lo que le permitió concluir, en ejercicio de su autonomía judicial, que la sanción moratoria derivada de la consignación de las cesantías del 2020, antes del 15 de fe brero del año siguiente, no es aplicable a la parte actora.

En esa medida, adujo que esta acción debe ser declarada improcedente por falta de relevancia constitucional, toda vez que el accionante lo que pretende es utilizar esta acción constitucional com o una tercera instancia para efectos de controvertir la decisión contenida en la sentencia del 10 de agosto de 2023 en el marco del trámite de tutela.

esta acción constitucional com o una tercera instancia para efectos de controvertir la decisión contenida en la sentencia del 10 de agosto de 2023 en el marco del trámite de tutela.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Educación , por medio del jefe de la Oficina Asesora Jurídi ca, afirmó que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional, puesto que loRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

pretendido por el accionante es revivir un debate jurídico que ya fue zanjado , a pesar de que no existe una posición pacífica en la jurisdicción constitucional ni en la de lo contencioso administrativo sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes. Al respecto, consideró que la Sentencia SU098/18 es inaplicable al caso y adujo que compartía el criterio establecido en la providencia SU573/19.

Adicionalmente, hizo especial énfasis en la independencia y autonomía de quienes cumplen la función judicial y solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.

La Fidup revisora S.A. , mediante la coordinadora de tutelas, sostuvo que la argumentación de la parte accionante es exi gua en relación con la configuración de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales , porque aquella está siendo utilizada para invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales , porque aquella está siendo utilizada para invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en virtud del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las c esantías, lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que se constituye el mencionado fondo conforman el patrimonio autónomo que se administra por medio de un esque ma fiduciario , por lo que los recursos se gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

En esa medida, explicó que la imposibilida d física y jurídica de apertura de cuentas individuales para los docentes afiliados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías , razón por la cual no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , ya que esta ocurre por la consignación inoportuna de las cesantías.

Adicionalmente, expuso que el señor Francisco Javier Martínez Romero parte de una exegesis indebida de la jurisprudencia citada como desconocida, pues, de un lado, la Sentencia SU098/18 se tr ata de una providencia interpretativa y que no tiene los mismos supuestos de hecho al caso analizado y, de otr o, en losRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

tiene los mismos supuestos de hecho al caso analizado y, de otr o, en losRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

pronunciamientos del Consejo de Estado se decidieron casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por estar prescritas.

En ese orden de ideas, precisó que las autoridades judiciales que cono cieron el proceso actuar on conforme a la normativa establecida, sin que pueda aducirse que los funcionarios judiciales accionados hayan inobservado los precedentes sobre la materia objeto de la demanda o vulnerado las garantías fundamentales de la accionante. Por consiguiente, requirió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y desvincularla, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecid as en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las p rimeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

generales y al menos una de las causales específicas establecid as en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las p rimeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corres ponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado to dos los mecanismos de de fensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perju icio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tut ela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fi n de que no se sacrifiquen los

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fi n de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidenci a directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generado res de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuan to a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuan to a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fácti co, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error i nducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisió n que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el inc umplimiento de los servi dores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesi s que se presenta, por e jemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental

legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesi s que se presenta, por e jemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. EnRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la efi cacia jurídica del conte nido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, a la Sala le corresponde determinar si en el pre sente asunto se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir la sentencia del 10 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión.

Así, denota que 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derecho s fundamentales reclamados en protección; 2) el accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí

en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derecho s fundamentales reclamados en protección; 2) el accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) no se alegó una irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente los hechos generadores de la vul neración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.

Esclarecido lo anterior, a esta Subsección le incumbe examinar si en la sentencia discutida en esta sede se configuraron los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución Política . A sí las cosas , los desacuerdos planteados pueden resumirse en el desconocimiento del principio de favorabilidad ante el no reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, a pesar de que tiene derecho a ella en su condición de docente oficial afiliad a al FOMAG , como lo han reiterado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en su jurisprudencia.

Para resolver los disensos previos, resulta necesario mencionar que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión , en la sentencia discutida enRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

esta sede constitucional, luego de analizar el régimen de cesantías de los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

esta sede constitucional, luego de analizar el régimen de cesantías de los docentes, la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y su extensión jurisprudencial a los docentes no afi liados al FOMAG, concluyó que no había lugar a conceder el reconocimiento de la sanción referida por el no pago o pago tardío de las cesantías al demandante, en atención a la naturaleza especial del FOMAG y al régimen especial docente.

Además, precisó que las sentencias dictadas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado citadas por la parte recurrente eran coincidentes en tanto se trataba de docentes que no estaban afiliados al FOMAG y, por ende, el ente territorial conservaba la responsabilid ad de consignación de la s cesantías en tiempo en la subcuenta del fondo al que estuviera afiliado , lo cual no ocurría en el caso bajo estudio.

Pues bien, señalados los razonamientos del aquí accionado, la Subsección observa que aquel hizo referencia expr esa tanto a los pronunci amientos de la Corte Constitucional sobre la materia como a los del Consejo de Estado, lo cual le permitió concluir que no es procedente la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales afiliados al FOMAG.

Al respecto , se denota que el accionante difiere de la anterior conclusión, dado que, a su modo de ver, existe una postura unificada, como se ha definido en las

de 1990 a favor de los docentes oficiales afiliados al FOMAG.

Al respecto , se denota que el accionante difiere de la anterior conclusión, dado que, a su modo de ver, existe una postura unificada, como se ha definido en las decisiones judiciales C741/12, C486/16, SU336/17, SU098/18, SU332/19 y SU041/20; no obstante , esta Sala ad vierte que ninguna de las anteriores providencias constituye precedente judicial para el caso concreto, dado que en ellas no se fijó ninguna regla de decisión sobre la aplicación de la ley precitada para el referido sector, como se pasa a explicar.

Ciertamente, en la primera sentencia referida la Corte Constitucional se pronunció sobre las objeciones por inconstitucionalidad presentadas por el Gobi erno Nacional al Proyecto de Ley 114/09 Senado, 296/100 Cámara relativo al reconocimiento de la pensión gracia a determinadas categorías de docentes. De igual forma, en el segundo de los proveídos indicados aquella decidió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 89 de la Ley 1769 de 2015 atinente al presupuesto de rentas y rec ursos de capital y la le y de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2016.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -06051 -00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

Sobre estas decisiones resulta pertinente referir que, s i bien en ambas se hizo

www.consejodeestado.gov.co 12

Sobre estas decisiones resulta pertinente referir que, s i bien en ambas se hizo mención a que los docentes tienen la condi