CE - 010315000202306075001SENTENCIA20231204095742

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

Actor: María Aurora Valencia Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C, treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06075-00

Demandante: MARÍA AURORA VALENCIA RAMÍREZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de que s e declare una relación laboral encubierta o subyacente. defectos orgánico, fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora María Aurora Valencia Ramírez , quien actúa mediante apoderada judicial, contra la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la equidad y la justicia , supuestamente

apoderada judicial, contra la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la equidad y la justicia , supuestamente vulnerados con la sentencia de 30 de marzo de 2023, mediante la cual revocó la decisión parcialmente favorable de primera instancia y negó las pretensiones tendientes al reconocimiento del contrato r ealidad planteadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 6 6001-23-33000-2016-00728-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que laboró como auxiliar de servicios generales a cargo del municipio de Pereira, mediante sucesivos contratos de prestación de servicio entre el 8 de marzo de 2004 al 13 de febrero de 2016 1 .

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el municipio de Pereir a con el fin de que se declarara la nulidad d el Oficio No. 7324 de 7 de marzo de 2016, por el cual se negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral, y a título de restablecimiento que se declarar a la configuración del contrato realida d y se cancelaran las prestaciones sociales dejadas de percibir durante la existencia de la vinculación contractual.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Risaralda en fallo de 1 de noviembre de 2019, i) declaró no probada la excepción de prescripción , ii) declaró la nulidad del

la vinculación contractual.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Risaralda en fallo de 1 de noviembre de 2019, i) declaró no probada la excepción de prescripción , ii) declaró la nulidad del Oficio No. 7324 de 7 de marzo de 201 6 y iii) condenó a la entidad territorial

1 Entre el 1 8 de enero de 2010 al 31 de ju lio de 2011, la demandante laboró a través de una empresa de servicios temporales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

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demandada al pago de prestaciones laborales incluyendo las vacaciones, cesantías, intereses de cesantías y primas legales. Adicionalmente, se condenó al pago de los compensatorios en dinero.

Por último, manifestó que contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación, y que, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 30 de marzo de 2023, la revocó y, e n su lugar, negó las pretensiones porque no demostró el elemento subordinación.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la equidad y la justicia, supuestamente vulnerados por la Sección Segunda, Subsección “A” del

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la equidad y la justicia, supuestamente vulnerados por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado con la sentencia de 30 de marzo de 2023, por medio de la cual se revocó el fallo favorable de primera instanci a y, en su lugar, ne gó las pretensiones tendientes al reconocimiento de la relación laboral por no demostrarse el elemento subordinación.

En primer lugar, se refiri ó a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en los casos en los que se reproche la const itucionalidad de una providencia judicial, específicamente se refirió a la relevancia constitucional, en la que resaltó que “la sentencia fechada el 30 de marzo de 2023 proferida por el honorable Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo, sec ción segunda-subsección A, es violatoria de los derechos al trabajo, la justicia y la igualdad en contra de mi mandante, por cuanto este desconoce y niega la existencia de una relación laboral encubierta bajo el contrato de prestación d e servicios. El prin cipio de la pr imacía de la realidad sobre las formas establecidas, por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios que contienen una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garante del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y gar antías laborales, si n reparar en l a calificación o

de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garante del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y gar antías laborales, si n reparar en l a calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla”.

Luego indicó que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

• Orgánico
• Fáctico • Sustantivo • Desconocimiento del precedente judicial

Sostuvo que la autoridad judicial accionada consideró que los dos testimonios presentados carecían de valor proba torio, para lo cual debe “ahondar un po co en lo concerniente a la tarifa legal o prueba tasada, para la cual, la ley establece de forma específica el valor de las pruebas y por ende el administrador de justicia (juez) debe aplicar lo dispuesto en ella”.

Afirmó que “en el proceso se pudo demost rar que la señora María Aurora estaba subordinada por la misma institución educativa, prestaba personalmente sus servicios y a cambio recibía una remuneración, allí se presume que en efecto existió un contrato, y no c omprendemos porque el mag istrado acogió de forma arbitraria la decisión de no darle validez a ninguno de los dos testimonios rendidos por los testigos, porque a su parecer no eran convincentes y ofrecían dudas”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

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Resaltó que estuvo a órden es del superior , es to es , de la señor a Mar ía Aurora Valencia Ramírez, que siempre trabajó en la institución educativa I NEM Felipe Pérez, por lo que, el argumento de la sentencia objetada relacionad o con que era una rueda suelta se encuentra fuera de todo contexto.

Afirmó que la Sección Segunda d el Consejo de Estado, en fallo de 9 de septiembre de 2021, se definió el término estrictamente indispensable que desarrolla el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, lo cual desconoció el municipio de Pereira al celebrar continuos contratos de prestación de servicio.

Señaló que “después de analizar los argumentos expresados por el honorable Consejo de Estado, y que se expusieron como base para revocar la de cisión de primera instancia, es evidente que se pres entó una total vulneración de los derechos al trabajo, a la igualdad, a la valoración de la prueba, al debido proceso, a la equidad y a la justicia que tiene la señora María Aurora. Respecto al derecho al trabajo, mí representada se encuentra en una situac ión de desprotección y abandono por parte d el Estado, pue s este, teniendo la obligación de garantizar y velar que este derecho se cumpla a cabalidad y sobre todo se dé bajo unas condiciones dignas y justa s, hizo lo contrario, omitió su deber y le impuso a la señora María Aurora una carga desproporc ionada, toda v ez que, al negar la

velar que este derecho se cumpla a cabalidad y sobre todo se dé bajo unas condiciones dignas y justa s, hizo lo contrario, omitió su deber y le impuso a la señora María Aurora una carga desproporc ionada, toda v ez que, al negar la existencia de un verdadero contrato de trabajo que suscribió mi mandante con el municipio de Pereira, quien por medio de sus agentes, se aprovechó de la buena fe de la trabajadora y encubrió por medio de sendos contratos d e prestación d e servicios una verdadera relación laboral, porque los tres elementos (Prestación personal del servicio, subordinación, salario) que configuran o d an surgimiento a un contrato de trabajo se demostrar on, y por esa razón se da el surgimiento de l deber de ret ribución de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. Una vez acreditados los ya referenciados elementos del contrato de trabajo, lo que surge entre el contratista y la entidad es una r elación laboral, la cual no se puede llamar de otra forma o pretender desdibujar la existencia de un contrato realidad y llegar a imponerle a la trabajadora una carga desproporcionada. En lo que compete a l derecho a la igualdad, en el sentido de que la señ ora María Aurora será tratada de forma igua l ante la ley, sin excepción, y que adicionalmente se le garantizaría la misma protección y trato de las autoridades, lo cual en este caso no se está cumpliendo, y no entendemos porque su señoría se le está negand o el reconocimiento a sus derechos laborale s, derechos qu e ganó trabajando durante más de 12 años para el municipio de Pereira, pero que el honorable Consejo de Estado concluyó que entre la trabajadora y la demanda no existió una relación

reconocimiento a sus derechos laborale s, derechos qu e ganó trabajando durante más de 12 años para el municipio de Pereira, pero que el honorable Consejo de Estado concluyó que entre la trabajadora y la demanda no existió una relación laboral encubierta y continuada; razón por la cual revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones. En realidad, esto es una vulneración y discriminación hacía la señora María Aurora, porque la misma colegiatura en otras jurisprudencias reconoció y fall ó a favor de las pretensiones elevadas por las demandantes tal y como se demostrará más adelante. Finalmente, lo concerniente al derecho a la justicia, la señora María Aurora hace uso de este, para acudir en los términos de igualdad que tiene ella y todas las personas residentes en Colombia de defende r la protecció n que tiene a sus derechos, pero de forma especial, solicitar ante esta honorable Corte el restablecimiento de sus derechos vulnerados, mediante los procedimientos establecidos en las leyes y con las garantías sustanciales”.

Aseveró que tanto el fallo de 18 de noviembre de 2003 de la Sección Segunda del Consejo de Estado , como el de 21 de junio de 2018 2 de la Sección Segunda, Subsección “A” de la misma Corporación, establecieron que la subordinación se evidencia al desarrollarse las labores en cumplimiento de ordenes directas del superior del empleado demandante.

2 Radicado No. 08001-23-31-000-2011-00413-01, C.P.: William Hernández Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

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Por último, manifestó que “la señora María Aurora, durante los años que desempeño sus labores como auxiliar de ser vicios generales, por medio de la figura de contratos de prestación de servicios, lo hizo de una forma genuina y presumiendo la buena fe de sus contratantes, pues su finalidad era cumplir una relación de carácter laboral. Es así como queda demostrado que e l hecho de que la parte actora debía prestar sus servicios en forma permanente, personal y bajo un horario de trabajo; y que su actividad no era realizada en forma autónoma e independiente, en cuanto se reitera que las funciones de auxiliar de servicios generales del caso concreto, no podían desarrollarse con la independe ncia y autonomía propia de un contratista, a la luz del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto exigen la subordinación que correspo nde a la naturaleza de una relación laboral”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“Solicito, Honorables Magistrados, se ordene REVOCAR la sentencia de segunda instancia fechada del 30 de marzo de 2023, proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A; y como consecuencia de lo ya referenciado DEJAR SIN EFECTOS la citada sentencia, lo anterior de conformidad con los fundamentos facticos y jurídicos anteriormente expues tos y que posterior a ello se

Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A; y como consecuencia de lo ya referenciado DEJAR SIN EFECTOS la citada sentencia, lo anterior de conformidad con los fundamentos facticos y jurídicos anteriormente expues tos y que posterior a ello se acceda a las pretensiones de la demanda tal cual falló al a quo.”.

4. Pruebas relevantes

En correo e lectrónico de 18 de octubre de 2023 , la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el link de acceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora María Aurora Valencia Ramírez contra el municipio de Pereira (radicado No. 66001-23-33-0002016-00728-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 11 de octubre de 2023, el despa cho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo de Risaralda, al municipio de Pereira , y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 114760 a 114764 de 12 de octubre de 2023 3 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado

En escrito de 13 de o ctubre de 2023, informó que se demostró sucesivas contrataciones de prestación de servicios, que abarcaron un período de más de 12 años, lo que no resultó suficiente para declarar demostrada la existencia de una

En escrito de 13 de o ctubre de 2023, informó que se demostró sucesivas contrataciones de prestación de servicios, que abarcaron un período de más de 12 años, lo que no resultó suficiente para declarar demostrada la existencia de una relación laboral encubierta, pues la subordinación es el elemento esencial que caracteriza este tipo de relaciones y, en el presente caso, no logró acreditarse con los escasos medios de prueba aportados al proceso.

3 La parte accionante, la autoridad judicial d emandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: vane.2117@hotmail.com; marcoderecho11@gmail.com, . notifrsuarez@consejodeestado.gov.co; despachorfsv@gmail.com, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, contactenos@pereira.gov.co; despachoed ucacion@pereira.gov.co; juridica.educacion@pereira.gov.co, stadmper@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminrsd@notificacionesrj.gov.co; sg02tadminrsd@notificacionesrj.gov.coRadicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

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Afirmó que en la providencia objetada se desarrollaron las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión, las que se encuentran debidamente precisadas y señaladas en su parte motiva.

Agregó que cada uno de los med ios de prueba que reposan en el expediente

derecho que sustentan la decisión, las que se encuentran debidamente precisadas y señaladas en su parte motiva.

Agregó que cada uno de los med ios de prueba que reposan en el expediente ordinario fueron analizados con suficiencia en la parte considerativa de la sentencia.

Por último, manifestó que la jurispru dencia constitucional ha sido enfática en sostener que cuando una providen cia judicial s e fundamenta en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso, por lo que no es plausible alegar la procede ncia de la tutela contra providencias judiciales, pues ello implicaría una intromisión a rbitraria del juez constitucional que afecta de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.

6.2. Respuesta del municipio de Pereira

En correo electrónico de 18 de octubre de 2023, el apoderado de la entidad territorial pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados.

Afirmó que los testigos que de clararon en el expediente ordinario adolecen de credibilidad y veracidad, puesto que son precarios, debido a que no conocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio del actor, pues prestaban sus servicios en lugares que geográficamente se encuentran bastante alejados del lugar de prestación de servicios de la parte actora.

Anotó que la autoridad judicial accionada después de verificar las inconsistencias probatorias, particularmente, lo acontecido con la prueba testimonial, revocó la decisión del a quo, lo cual se ajustó a los lineamientos legales que rigen la

Anotó que la autoridad judicial accionada después de verificar las inconsistencias probatorias, particularmente, lo acontecido con la prueba testimonial, revocó la decisión del a quo, lo cual se ajustó a los lineamientos legales que rigen la materia, así como a los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales.

Sostuvo que en la sentencia objetada se realizó una valoración integral de las pruebas allegadas a l plenario y ajustada a la sana critica, por consiguiente, el hecho de que la decisión no haya sido favorable a los intereses de la parte actora no constituye una vulneración de los derechos invocados por la accionante.

Por último, señaló que la demand ante pretende reabrir el debate que ya fue resuelto por el juez ordinario, pues ningún argumento que se propone en la acción constitucional permite arribar a una conclusión diferente a lo argumentado ante la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de E stado, pues lo que se observa es que la parte actora busca modificar la sentencia objetada.

6.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda, guardó silencio, aun cuando se le notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 d e la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para deci dir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídicoRadicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para deci dir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídicoRadicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

Actor: María Aurora Valencia Ramírez

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2.1. La accionante en el escrito de tutela mencionó los defectos orgánico, fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial . S in embargo, la Sala evidencia que los fundamentos expuestos por la parte actora se encuadran en los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, razón por la cual el asunto se abordará en conjunto a partir de la caracterización del primero.

2.2. Precisado lo anterior, le cor responde a la Sala determinar si la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, con la sentencia de 30 de marzo de 2023, por medio de la cual se revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que había accedido parcialmente a las pr etensiones y, en su lugar, las negó, vulneró los derechos fu ndamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la equidad y la justicia , y si incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico , pues a partir de los pronunciamientos de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda, S ubsección “A” del Consejo de Estado y de 18 de nov iembre de 2003 de la misma Corporación

pronunciamientos de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda, S ubsección “A” del Consejo de Estado y de 18 de nov iembre de 2003 de la misma Corporación Judicial, consideró que no se analizó en debida forma el elemento de la subordinación a partir de las declaraciones rendidas por los testigos en el proceso ordinario.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resul ten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos H umanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 6, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más a delante, la misma Sala en sentencia de unifica ción del 5 de agosto de 20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus m áximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas

20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus m áximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vul nerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordin ariosde defensa judicial al alcance de la person a afectada; (iii) Que se cumpla el requis ito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, deb e quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

4 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 5 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 7 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8

M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

Actor: María Aurora Valencia Ramírez

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derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de mane ra r azonable tanto los hechos que generaron la vul neración como los derechos vulnerados y q ue hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha preci sado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 9; (ii) Defecto procedimental absoluto 10; (iii) Defecto fáctico 11; (iv) Defecto material o su stantivo12; (v) Error inducido 13; (vi) Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de pr ocedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del

examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios con stitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si la decisión objetada que revocó el fallo favorable de primera instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que había declarado la existencia de una relación laboral a favor de la demandante limita el alcance y g oce de sus derechos fundamentales los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la equidad y la justicia, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 10

instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 11 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 12 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 13 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 14 Que implica el incumplim iento de los servidores judiciales de dar cuenta de los funda mentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7

de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembr e de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 20 16-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06075-00

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Igualmente, (ii) la última providencia objetada fue dictada en un recurso de apelación, por lo que la demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 18

establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional19; (iv) los hechos y las pretension