CE - 010315000202306196001SENTENCIA20231116122254

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06196-00 y 11001-03-15-000-2023-06338-00 [Acumulado]

Demandantes: Gerardo Botero Zuluaga y otro

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06196-00 11001-03-15-000-2023-06338-00 [Acumulado] Demandante: Gerardo Botero Zuluaga y otro Demandado: Presidencia de la República y otro

Temas: Derechos fundamentales al voto, dignidad humana, igualdad, equidad de género y libertad de expresión

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela acumulada, interpuesta por el doctor Gerardo Botero Zuluaga y el señor Diego Alejandro Rojas Medina1 en contra de la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia, en aras de obtener la protección de los derechos fundamentales al voto, dignidad humana, igualdad, equidad de género y libertad de expresión.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

los derechos fundamentales al voto, dignidad humana, igualdad, equidad de género y libertad de expresión.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los mencionados ciudadanos solicitaron que se ampare n sus derechos fundamentales a la igualdad, equidad de género y dignidad humana. Además, el

1 Mediante auto del 2 de noviembre de 2023, se acumuló la acción de tutela con radicado 11001031500020230633800 a la identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-06196-00.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06196-00 y 11001-03-15-000-2023-06338-00 [Acumulado]

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doctor Gerardo Botero Zuluaga solicitó la protección de sus derechos al voto y libertad de expresión.

Como consecuencia, los accionantes pretendieron lo siguiente: i) dejar sin valor y efecto la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia , que se negó a devolver la terna para la elección del fiscal general de la Nación, período 2024-2028; y ii) ordenar al presidente de la República que remita una nueva terna en la que también se tenga en cuenta a los hombres.

1.1.2. Los hechos

Los accionantes narraron los siguientes hechos:

2024-2028; y ii) ordenar al presidente de la República que remita una nueva terna en la que también se tenga en cuenta a los hombres.

1.1.2. Los hechos

Los accionantes narraron los siguientes hechos:

1. El doctor Gerardo Botero Zuluaga fue nombrado magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y tomó posesión del cargo , para lo cual juró cumplir cabal y fielmente con la Constitución Política y la ley. En la actualidad se encuentra en el ejercicio de la función.

1. El 2 de agosto de 2023 , el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, remitió a la Corte Suprema de Justicia la terna para la elección del fiscal general de la Nación, integrada por las doctoras Ángela María Buitrago Ruíz, Amelia

Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda.

1. El 7 de septiembre de 2023,2 el ciudadano Belisario Jiménez Duque le solicitó a la mencionada corporación judicial devolver la terna que remitió el presidente de la República por considerar que se vulneraba el derecho a la igualdad y a la equidad de género en tanto que estaba integrada exclusivamente por personas de sexo femenino.

1. 14 de septiembre de 2023, en sesión ordinaria, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia negó la anterior solicitud . Frente a esta respuesta el doctor

2 Información extraída de la documentación anexada con el escrito de tutela.3

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Gerardo Botero Zuluaga presentó salvamento de voto, con argum entos análogos a los que sustentan el presente mecanismo de amparo.

1. El 26 de septiembre de 2023, el presidente de la República remitió a la Corte Suprema de Justicia una nueva terna para la elección de fiscal general de la Nación, integrada por las doctoras Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruíz

y Amelia Pérez Parra.

1. Con esta última terna se siguieron vulnerando los derechos a la igualdad y equidad de género, los cuales no sólo se predican de las mujeres, sino también de los hombres y de las personas de género no binario.

1. El doctor Gerardo Botero Zuluaga expresó que, para evitar una estigmatización en su contra , consideraba pertinente aclarar que su inconformidad radica en que la referida terna debió respetar la igualdad y equidad de género ; por ende, si aquella se hubiera integrado solo con nombres de hombres no habría dudado en manifestar su desacuerdo con la exclusión de las mujeres.

1.1.3. Fundamentos de derecho

En los escritos de tutela se invocan como vulnerados los artículos 13, 40, 43 y 93 de la Constitución Política y 6 de la Ley 581 de 2000. Además, la «Convención

1.1.3. Fundamentos de derecho

En los escritos de tutela se invocan como vulnerados los artículos 13, 40, 43 y 93 de la Constitución Política y 6 de la Ley 581 de 2000. Además, la «Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer» , ratificada en Colombia a través de la Ley 8 de 1959; la «Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer» , ratificada a través de la Ley 35 de 1986 ; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Igualmente, las sentencias de la Corte Constitucional T406 de 1992, C-141 de 2010 y T-150 de 2015.

En los fundamentos de derecho, los accionantes expresaron lo siguiente:

1. El artículo 40 de l a Carta Política consagra el derecho a elegir y ser elegido , así como la democracia participativa . En ese sentido, el doctor Gerardo Botero Zuluaga, en su calidad de elector del próximo fiscal general de la Nación se ve afectado con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de desconocer la4

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reglamentación que ha sido establecida en el sistema jurídico colombiano, en relación con los nombramientos que deban realizarse a través de listas, ya que el

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reglamentación que ha sido establecida en el sistema jurídico colombiano, en relación con los nombramientos que deban realizarse a través de listas, ya que el artículo 6 de la Ley 581 de 2000 señala que estas deberán elaborarse con inclusión de hombres y mujeres en igual proporción.

1. En la «Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer», «las Altas Partes Contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo». A su vez, el artículo 3 de la Ley 35 de 1985 estipula que «[l]as mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna».

1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos compromete a los Estados parte a garantizar la igualdad para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de hombres y mujeres y enfatiza que ambos tienen derecho a «[p]articipar en la dirección de los asuntos públicos, elegir y ser elegido y tener acceso, en condiciones de igualdad a la función pública».

1. Las citadas disposiciones no restringen la participación de los hombres en el sistema de listas, sino que buscan garantizar la equidad entre hombres y mujeres , para que no se presente una discriminación en razón al género ; por ese motivo, la integración de listas, solamente por mujeres, desconoce la normativa en comento.

1. Además, desde la perspectiva de la jurisprudencia y doctrina constitucional, el ejercicio del derecho al voto implica satisfacer una serie de principios que permiten

integración de listas, solamente por mujeres, desconoce la normativa en comento.

1. Además, desde la perspectiva de la jurisprudencia y doctrina constitucional, el ejercicio del derecho al voto implica satisfacer una serie de principios que permiten materializar los ideales del Estado democrático , dentro de los cuales se resaltan la transparencia, publicidad, moralidad e igualdad material de los sujetos u «opciones de voto», de manera que la satisfacción de este derecho no se agota solamente con el hecho de elegir a uno u otro ciudadano , sino se requiere que el Estado garantice el cumplimiento de elementos básicos para su ejercicio.

1. El magistrado Gerardo Botero Zuluaga sostuvo que el presidente de la República, con una publicación realizada el 10 de octubre de 2023 en la red social5

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«X», vulneró sus derechos a la libertad de expresión, por cuanto convocó a las voces feministas para cuestionar las discrepancias que ha tenido frente a la conformación de la terna; por ello, se «trasladó la discusión jurídica a un plano que no corresponde (machismo y feminismo)».

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 12 de octubre de 2023, el consejero ponente inadmitió la acción de tutela con el fin de que se precisara el alcance de la vulneración de los

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 12 de octubre de 2023, el consejero ponente inadmitió la acción de tutela con el fin de que se precisara el alcance de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.2.2. Una vez cumplido lo anterior, el 24 de octubre de 2023, el proceso ingresó al despacho y, por auto del 25 de octubre de 2023, se dispuso lo siguiente: a) admitir la acción de tutela; b) negar la medida cautelar solicitada; c) notificar a la presidencia de la República y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como demandados, y a las señoras Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda en calidad de terceras con interés; d) vincular al señor Belisario Jiménez Lúquez como tercero con interés; y e) requerir a la Corte Suprema de Justicia y a la Presidencia de la República para que remitieran documentación relevante al trámite de tutela.

1.3. Contestación

1.3.1. De la Corte Suprema de Justicia

El presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia solicita se niegue el amparo , con fundamento en las razones que se exponen, a continuación:3

1. El mecanismo tutelar es improcedente para la defensa de valores jurídicos abstractos cuando no es posible concretarlos en una garantía subjetiva, situación que opera en este caso porque se hace referencia de manera general a la violación del ordenamiento jurídico.

1. El mecanismo tutelar es improcedente para la defensa de valores jurídicos abstractos cuando no es posible concretarlos en una garantía subjetiva, situación que opera en este caso porque se hace referencia de manera general a la violación del ordenamiento jurídico.

3 Visto en Samai, expediente digital, PDF contestación Corte Suprema de Justicia, folios a 1 a 4.6

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1. No se desconoce el derecho al voto del doctor Gerardo Botero Zuluaga, por

cuanto:

a) Los derechos político-electorales cuentan con un alcance y contenido definido que hace referencia a la posibilidad que tienen los ciudadanos de participar en asuntos políticos de interés general, directamente o por medio de sus representantes debidamente elegidos.4

b) El voto que como magistrado de la Corte Suprema de Justicia , eventualmente, depositará en el proceso de selección de la persona que dirigirá la Fiscalía General de la Nación no guarda una relación de correspondencia con el derecho invocado , sino que hace parte del cumplimiento de las funciones que constitucionalmente le fueron asignadas para el ejercicio del cargo.

c) La discrepancia de criterios que pueden presentarse entre los miembros de corporaciones judiciales hace parte de las dinámicas propias de los procesos de toma de decisiones y la derrota de una determinada posición no puede considerarse

c) La discrepancia de criterios que pueden presentarse entre los miembros de corporaciones judiciales hace parte de las dinámicas propias de los procesos de toma de decisiones y la derrota de una determinada posición no puede considerarse violatoria de un derecho fundamental, sino una consecuencia lógica de la aplicación de los dispositivos procedimentales para superar una divergencia.

1. La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de devolver la terna presentada por el presidente de la República para la elección del fiscal general de la Nación, período 2024-2028, en un ejercicio deliberatorio por parte de los magistrados de la corporación y la acción constitucional impetrada no es el mecanismo idóneo para controvertirla, sino que para ello están previstas acciones en el ordenamiento jurídico, por ende, corresponde a los jueces naturales determinar su legalidad.

1.3.2. De la Presidencia de la República

La delegada de la presidencia de la República se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela, en estos términos:

4 Artículos 40 de la Constitución Política, 23 de la CADH y 25 del PIDCP.7

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1. La terna para la elección del próximo fiscal general de la Nación constituye un acto de trámite o preparatorio que no define una situación particular y concreta, sino

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1. La terna para la elección del próximo fiscal general de la Nación constituye un acto de trámite o preparatorio que no define una situación particular y concreta, sino que emerge de la función constitucional del presidente de la República , ejercida de acuerdo con el margen de maniobra que le asiste.

1. La postulación de tres mujeres en la conformación de la terna es una acción afirmativa a favor de un grupo históricamente discriminado, para el caso las mujeres, quienes han sufrido estigmatización y menosprecio por parte de la sociedad y han sido obligadas a ocultar sus capacidades.

1. La implementación de la cuota de género en la terna para designar fiscal general de la Nación no constituye violación de los derechos fundamentales invocados, sino que se trata de una medida que se alinea con los compromisos del país en la corrección de los desbalances estructurales y proporciona un mecanismo para remediar la subrepresentación histórica de las mujeres en el ámbito de la justicia.5

1.4. Intervenciones

La doctora Amparo Cerón Ojeda, vinculada como tercera con interés, solicitó que se acceda a las pretensiones de la acción de tutela, pues considera que fue excluida injustificadamente del proceso de selección para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación.6

Al plenario también se allegaron varias intervenciones ciudadanas, que serán tenidas en cuenta bajo la figura del amicus curiae o «amigo de la corte», entendida como las «presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma. De esta manera, la naturaleza del Amicus es

«presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma. De esta manera, la naturaleza del Amicus es la de acompañar el desarrollo de la actuación judicial, mas no coadyuvar pues, como

5 Visto en Samai, expediente digital, PDF contestación presidencia de la República, folios a 1 a 5 y folios 1 a 17. 6 Visto en Samai, expediente digital, PDF escrito doctora Amparo Cerón Ojeda, folios a 1 a 5.8

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tercero ajeno al proceso, carece de idoneidad procesal para formular pretensiones propias o impugnar las contrarias».7

Para el presente caso , se resalta que los amicus pueden proponer argumentos y análisis extraídos no solo de la experiencia investigativa , sino también de l a observación social. De este modo «pueden apoyar la ilustración de un problema que reviste un interés general, incluso por fuera del resultado concreto del caso particular».8

En este trámite se tienen como « amigos de la Corte» a las siguientes personas: i) Eduardo José Díaz Fuentes , cuyo escrito se referencia « VINCULAR OPINIÓN GÉNERO NO BINARIO »;9 ii) Susana Mejía González, coordinadora de la Red Nacional de

Eduardo José Díaz Fuentes , cuyo escrito se referencia « VINCULAR OPINIÓN GÉNERO NO BINARIO »;9 ii) Susana Mejía González, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia ;10 y iii) Natalia Alexandra Insuasty Daza, representante de la Fundación Jurídica Proyecto Inocencia .11 De estas intervenciones se destacan los siguientes argumentos:

7 Corte Constitucional. Auto 107 de 2019. 8 Corte Constitucional, Sentencia SU-196 de 2023. 9 Contenido en los índices 7 y 18 del aplicativo Samai 10 Organizaciones que suscriben: Red Nacional de Mujeres; Red Dianicas; Organización Levantémonos Mujeres; Corporación Redmujeres; Asociación de Mujeres Agropecuaria de Paraíso; ASOGEPAZ; Casa de la Mujer; Católicas por el Derecho a Decidir - Colombia; Red DeFemSoras ; Red de Colectivos de Mujeres Medellín ; Fundación Cedesocial ; Corporación Punto Focal Colombia; Las Viejas Verdes ; Corporación Hypatia ; Fundación AVP ; Red Mariposas de Alas Nuevas ; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES); Red Departamental de Mujeres Chocoanas; Fundación Útero; Asociación Red Departamental de Mujeres del Cauca (Redemuc); Escuela de Género y Derecho de la Universidad de Caldas; Corporación Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar ; Colectivo Cultural y Pedagógico EncantaPaIabras ; Colectivo de Mujeres Nayibe ; Corporación Palenque Wiwa ; Red Departamental de Mujeres Chocoanas ; Asociación de

Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar ; Colectivo Cultural y Pedagógico EncantaPaIabras ; Colectivo de Mujeres Nayibe ; Corporación Palenque Wiwa ; Red Departamental de Mujeres Chocoanas ; Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ; Programa Integral de Garantía y Cocomopoca ; Colectivo Mujeres, Pedagogía y Paz ; Fundación Mujer y Vida ; Corporación Mujer Sigue mis Pasos ; Fundación Nidia Erika Bautista ; Asociación Nanas de Vida ; Asomaría Construyendo Paz ; Comisión Colombiana de Juristas ; CIVISOL; Fundación de Civismo y Solidaridad para Cambios Sistémicos; Asociación MINGA ; Mesa de Derechos Humanos ; Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE); Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad ; Consejo Consultivo de Mujeres de Bello - Ant.; Unión de Ciudadanas de Colombia; Asociación Movimiento De Mujeres De Ciudad Bolívar ; Asociación Tierra de Esperanza ; Alianza de Organizaciones de Mujeres de Santa Marta y Magdalena por la Paz (PAZALIANZA); Asociación Nacional de Fútbol Femenino; Open Foundation; Colectivo de Defensoras y Defensores de DDHH ; Corporación Mujer Sigue Mis Pasos ; DESH Consultores; UGTI CUT. Secretaría General ; Fundación Fe Con Vida -Fiqui Octava/ Papeleta; Veeduría Las Magdalenas y Diversidades Por la Paz (Madipaz) ; Corporación Mujeres Cordobesas ; CORPOMUJER - Corporación para el Desarrollo de la Mujer

(CORPOMUJER);Tejiendo Cultura Caribe ; Colectivo de Mujeres MALU ; Fundación Ashanti Lilith ; Fundación Mavi ; Educar Consumidores; Red Nacional e Internacional de Feministas y Plebeyas ; Asociación Otras Voces ; La Creciente Feminista ; Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Colombia Hijxs de Usminia ; Vallecaucanas en Confluencia de Tuluá, Valle ArteFacta ASOMUSUD; Mujeres Campesinas de Montería Amuhcam ; LaPsicoEnfermera; Ola Pazifica; Colectiva Teatral cliTOrias; Colectivo Mujer Montaña; Colectivo Por la Paz de Colombia desde México (Colpaz) ; Asociación de Usuarios del Sistema de Salud ; Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCH) ; Ciudadanías por la Paz de ColombiaFrancia; Fundación Tradición Oral; Colectivo Raíces de Resistencia; CorpoMujer y Movimiento Popular de Mujeres La Sureña. Visto en Samai, expediente digital, PDF comunicado a la opinión pública, folios a 1 a 4. Contenido en los índices 14 a 17 del aplicativo Samai. 11 Visto en Samai, expediente digital, PDF escrito Fundación Jurídica Proyecto Inocencia, folios a 2 a 12.9

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• La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-033 de 2022, estudió la categoría

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• La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-033 de 2022, estudió la categoría del género no binario , por lo que esta decisión debe tomarse como un referente vinculante para salvaguardar los derechos al género e identidad.

• La desigualdad de género parte de reconoc er que históricamente las mujeres han sido discriminadas y , por lo tanto, es necesario tomar acciones que contribuyan a disminuir las brechas entre mujeres y hombres para que se logre avanzar hacia la igualdad de género y se eliminen las condiciones de vulnerabilidad y subrepresentación en escenarios de toma de decisión, de forma que también a ellas se les permita «gozar de una vida pública sin cuestionamientos ni violencias».

• Las acciones afirmativas son medidas constitucionalmente admitidas para superar la desigualdad de género en contra de las mujeres y personas LGBTIQ+.

• La integración de la terna exclusivamente por mujeres no desconoce los derechos fundamentales de los demás integrantes del conglomerado social, sino que viabiliza el acceso de la mujer a altos cargos de la administración de justicia y que antes no habían podido ocupar.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del presente asunto conforme a las siguientes reglas de competencia.

a) Numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, último inciso , que preceptúa lo siguiente : «[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados

artículo 1 del Decreto 333 de 2021, último inciso , que preceptúa lo siguiente : «[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06196-00 y 11001-03-15-000-2023-06338-00 [Acumulado]

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promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado».

b) Numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, en tanto prevé que «[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República [...] serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuer do 080 de 2019, según e ste último «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y

para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuer do 080 de 2019, según e ste último «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

En primer lugar, deberá estudiarse si la acción de tutela es procedente para cuestionar la terna encaminada a la elección de fiscal general de la Nación, período 2024-2028, presentada por el presidente de la República ante la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, en caso de resultar procedente este mecanismo de amparo, la Sala deberá examinar si las mencionadas autoridades vulneraron o no los derechos fundamentales de los accionantes al voto, dignidad humana, igualdad, equidad de género y libertad de expresión.

Para efectos metodológicos, el estudio del sub lite se desarrollará en el siguiente orden: i) procedencia de la presente acción de tutela; ii) características del derecho al voto en los órganos colegiados ; iii) c onformación de la terna para elegir Fiscal General de la Nación – Acciones afirmativas; iv) hechos probados ; y v) solución al caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 constitucional y se caracteriza por ser residual y subsidiaria.11

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 constitucional y se caracteriza por ser residual y subsidiaria.11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06196-00 y 11001-03-15-000-2023-06338-00 [Acumulado]

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Por ello, el artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela que « existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia12 ha reiterado que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción , es decir, que sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger el derecho que se alegue como conculcado, o cuando a pesar de que se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo, se acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.

2.3.1. Naturaleza jurídica de la terna para la elección de fiscal general de la Nación y el momento en que surge el control jurisdiccional

La Presidencia de la República en su escrito de contestación adu jo que el acto

2.3.1. Naturaleza jurídica de la terna para la elección de fiscal general de la Nación y el momento en que surge el control jurisdiccional

La Presidencia de la República en su escrito de contestación adu jo que el acto administrativo que integra la terna para escoger al fiscal general de la Nación es de carácter preparatorio o de trámite, esto es , que no define una situación jurídica concreta, motivo por el cual solamente está sujeto al control que realice el juez natural una vez se materialice la elección.

Ahora bien, conforme se expresó en reciente providencia, el acto administrativo se define como una manifestación de voluntad de una autoridad o de un particular en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos de carácter general, mixto o particular, sometido a la Constitución y a la ley y cuyo control jurisdiccional corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.13

En lo que atañe al sub lite, resulta relevante la clasificación entre actos de trámite, preparatorios y definitivos. En la providencia en comento, se hizo un estudio de la

12 Corte Constitucional, sentencias T -030 de 2015, T -871 de 1999, T -069 de 2001, T -1268 de 2005, T -972 de 2006, T -074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre muchas otras.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de septiembre de 2023, radicado 11001 -03-25-000-202200348-00 (2832-2022).12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06196-00 y 11001-03-15-000-2023-06338-00 [Acumulado]

Demandantes: Gerardo Botero Zuluaga y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

doctrina autorizada,14 el cual permitió concluir que el acto preparatorio «es aquel que contribuye a forma