CE - 010315000202306210001SENTENCIA20231204145335

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold Demandados: Presidencia de la República y otros

Tema: Solicitud de protección individual / Reserva del nombre / Carencia actual de objeto por hecho superado / Falta de legitimación por activa de algunas entidades demandadas

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Harold promueve acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a la participación democrática y a la seguridad personal de los líderes.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados depreca:2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida e integridad personal, libertad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida e integridad personal, libertad de opinión, libertad de expresión y participación democrática, al igual que los que considere el despacho vulnerados o amenazados.

SEGUNDO: ORDENAR a la Presid encia de la República, al Ministerio del Interior, Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección ( UNP), y a la Procuraduría General de la Nación, adopten las medidas pertinentes con la asignación de un esquema de protección individual, sin barreras que impidan su materialización en el marco de sus competencias.

TERCERO: ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que investigue y esclarezca los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2023 y el 29 de agosto de 2023 que ocasionaron la violación de los derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados.

CUARTO: ORDENAR al Ministerio del Interior y Procuraduría Ge neral de la Nación que instalar una mesa territorial de garantías de libertad de prensa en el departamento de Sucre en el marco de la jornada electoral 2023 dada la complejidad de la actividad política que por años se vive en Sucre y Sincelejo, con el fin de identificar factores de riesgo, formular recomendaciones y adoptar medidas que contribuyan a prevenir, proteger y rodear de plenas garantías a quienes defienden derechos humanos, líderes sociales y comunales.

1.2. Hechos de la solicitud

El accionante señaló como hechos relevantes, los siguientes:

proteger y rodear de plenas garantías a quienes defienden derechos humanos, líderes sociales y comunales.

1.2. Hechos de la solicitud

El accionante señaló como hechos relevantes, los siguientes:

1. El señor Harold es candidato al concejo municipal de XXX por el partido XXX veedor y miembro principal de la junta directiva de la veeduría XXX, así como líder social y fundador del movimiento XXX. En virtud de sus actividades, ha denunciado distintas irregularidades que se presentan en dicho municipio y en el departamento de Sucre. ii) El 31 de marzo de 2023, recibió amenazas de muerte provenientes de un número de celular, intimidaciones que se repitieron el 29 de agosto de igual anualidad , circunstancia que puede ser corroborada a través de las denuncias presentadas bajo el número de radicado SPOA 700016001037202300249

1. Desde hace años, a raíz de las constantes amenazas efectuadas a través de distintos medios, ha requerido la salvaguarda de la Unidad Nacional de Protección, sin embargo, solo le han practicado un estudio de situación de riesgo que le genera preocupación, ante el inminente peligro que corre su vida.3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Solicitó a la Fiscalía 17 Local de Sincelejo -Unidad de Vida e Integridad Personal investigar las amenazas recibidas y oficiar a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional

www.consejodeestado.gov.co iv) Solicitó a la Fiscalía 17 Local de Sincelejo -Unidad de Vida e Integridad Personal investigar las amenazas recibidas y oficiar a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección, a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Sincelejo y otros con el fin de que se realizara un estudio de seguridad para garantizar su vida.

1. Hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela las entidades accionadas, especialmente la Unidad Nacional de Protección, no han dado respuesta alguna a su situación, a pesar de requerir medidas inmediatas de protección por su condición de veedor, líder social y candidato al concejo.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Luego de efectuar un análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, abordó la legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas y al efecto señaló:

1. «La Presidencia de la República en cabeza del Gobierno Nacional, según el artículo 188 de la Constitución política, el presidente debe cumplir la Constitución, las leyes y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos».

1. «Según el artículo 1 del Decreto 2893 de 2011, el Ministerio del Interior, entidad del nivel central, tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGTBI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, entre otros; a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo».4

convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGTBI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, entre otros; a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo».4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) «La Fiscalía General de la Nación es responsab le, pues según el Decreto 898 de 2017, a través de la Unidad Especial de Investigación es la encargada del desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo tiene a su cargo».

1. «El Ministerio de Defensa Nacional, pues según el artículo 1 .° del Decreto 1512 del 2000 es la entidad que tiene a cargo la orientación, control y evaluación del ejercicio de las funciones de los organismos y entidades que conforman el Sector Administrativo de Defensa Nacional».

1. «La Unidad Nacional de Protección, el Decreto 4065 de 2011 consagra que es la entidad encargada de la prestación del servicio de protección y, por tanto, debe: definir las medidas de protección que sean oportunas, eficaces e idóneas, y con enfoque diferencial, atendiendo a los niveles de riesgo

es la entidad encargada de la prestación del servicio de protección y, por tanto, debe: definir las medidas de protección que sean oportunas, eficaces e idóneas, y con enfoque diferencial, atendiendo a los niveles de riesgo identificados; hacer seguimiento y evaluación a la oportunidad, idoneidad y eficacia de los programas y medidas de protección implementadas, así como al manejo que de las mismas hagan sus beneficiarios y proponer las mejoras a que haya lugar; y, realizar diagnósticos de riesgo a grupos, comunidades y territorios, para la definición de medidas de protección, en coordinación con los organismos o entidades competentes». vi) «La Procuraduría General de la Nación pues, según el Decreto Ley 262 de 2000, artículos 7 Numerales 11 y 16 artículos 23, 26, establece que la Procuraduría General de la Nación, es la entidad encargada de formular políticas generales y criterios de intervención en materia de control disciplinario con fines preventivos, de promoción y protección de defensa de derechos humanos».5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A renglón seguido, reiteró que por su situación de líder social, veedor y candidato al concejo municipal de Sincelejo se está en presencia «presuntamente» de la vulneración de su derecho a la vida dadas las amenazas de que ha sido objeto, y a pesar de solicitar protección ante la Unidad Nacional de Protección, a la fecha , no ha sido notificado de procedimiento administrativo alguno.

vulneración de su derecho a la vida dadas las amenazas de que ha sido objeto, y a pesar de solicitar protección ante la Unidad Nacional de Protección, a la fecha , no ha sido notificado de procedimiento administrativo alguno.

Finalmente, solicitó «mantener bajo reserva mis datos, debido al alto riesgo que actualmente enfrent[o], que podría exacerbarse al momento de que las personas por los hechos aquí mencionadas conozcan las acciones q ue se adelantan para la protección de los derechos fundamentales».

1.4. Actuación procesal

Por auto del 19 de octubre de 2023 se admitió la acción y se ordenó notificar como demandados a la Presidencia de la República, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía 17 Local de SincelejoUnidad de Delitos con tra la Vida e Integridad Personal, Libertad, Integridad y Formación Sexuales e Integridad Moral y a la Procuraduría General de la Nación, para que en el término de tres días rindieran el respectivo informe; la medida provisional solicitada de iniciar de manera inmediata la evaluación de riesgo a efectos de proceder con las medidas preventivas de protección, no fue decretada.

1.5. Intervenciones

1.5.1. La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,1 Carolina Jiménez Bellicia, consideró que la solicitud de amparo era improcedente debido a que esa entidad no tiene la competencia para otorgar o mejorar los esquemas de protección a las personas que ejercen compromisos sociales o sindicales, función que recae en la Unidad Nacional de Protección.

improcedente debido a que esa entidad no tiene la competencia para otorgar o mejorar los esquemas de protección a las personas que ejercen compromisos sociales o sindicales, función que recae en la Unidad Nacional de Protección.

1 Expediente digital de tutela.6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclaró que comprende la situación de riesgo que afrontan las personas que ejercen labores sociales en el país y que su protección es esencial para el correcto desarrollo de la sociedad y alcanzar la paz real, sin embargo, no tiene la facultad para atender los reclamos presentados por el señor Harold.

Concluyó que carece de legitimación en la causa por activa pues no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la vuln eración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

1.5.2. El jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional de ProtecciónUNP, Daniel Augusto Jorge El Saieh Sánchez, resaltó que desde el año 20 23 ha sido garante de los derechos fundamentales del señor Harold, calidad en la cual adelantó inicialmente el estudio de nivel de riesgo una vez acreditó pertenecer a una de las poblaciones objeto del programa que lidera esa entidad -numeral 2.º del artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015 -,2 por lo que se di o inicio a la respectiva ruta ordinaria de protección contenida en dicha normatividad.

2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015 -,2 por lo que se di o inicio a la respectiva ruta ordinaria de protección contenida en dicha normatividad.

Señaló que los estudios de riesgo adelantados los llevó a cabo el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo -CTAR, tomando como base la matriz que ha arrojado el instrumento estándar de valoración del riesgo individual, el cual fue avalado por la Corte Constitucional mediante Auto 266 de 2009.

En ese orden de ideas, manifestó que la CTAR adelantó el estudio al señor Harold mediante orden de trabajo OT 572517, calificado como extraordinario, con ponderación de la matriz baja de 51,11%, se impartieron las recomendaciones del caso 3 y se implementaron las medidas de protección. Dichas sugerencias fueron adoptadas por

2 Artículo 2.4.1.2.6. Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo. Son sujetos de protección en razón del riesgo: […] 2.Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o de campesinos. 3 Dado los datos sensibles que contiene dicha acta, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley 1755 de 2017, 2.4.1.2.2. numeral 13 y 2.4.1.2.47 numeral 3.° de l Decreto 1066 de 2015, la información contenida en dicho escrito goza de reserva legal.7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

en dicho escrito goza de reserva legal.7

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Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la UNP a través de Resolución 7551 del 12 de octubre de 2023, notificada en debida forma al accionante.

El 18 de octubre de 2023, el señor Harold suscribió el acta de implementación, vinculación, reposición y/o no aceptación de las medidas de protección, aclaró que las medidas de protección tienen una temporalidad inicial de doce meses.

Conforme a lo expuesto, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, pues al accionante se le implementaron las medidas de protección acordes con lo manifestado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas en el Proceso Electoral -CORMPE y la Resolución 7551 de 2023.

1.5.3. La jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio del Interior,4 Luz Yolima Herrera Martínez, señaló que verificados los hechos y pretensi ones que originaron la acción de tutela, solicita su desvinculación por no tener relación alguna con la presunta vulneración de los derechos cuyo amparo se solicita.

Respecto de la pretensión cuarta del libelo tutelar -instalar una mesa territorial de garantías de libertad de prensa en el departamento de Sucre en el marco de la jornada electoral de 2023-, manifestó que a través de la Resolución 1809 del 10 de octubre de

garantías de libertad de prensa en el departamento de Sucre en el marco de la jornada electoral de 2023-, manifestó que a través de la Resolución 1809 del 10 de octubre de 2023, se designaron funcionarios de enlace -en los 32 departamentos y e n Bogotá- para garantizar el normal desarrollo de las elecciones de autoridades y corporaciones públicas territoriales del 29 de octubre de 2023, c on la función de trabajar articuladamente con las demás autoridades, ciudadanía e interv inientes en dicho proceso electoral y ofrecer garantías plenas para el eficaz desarrollo de los comicios y el adecuado ejercicio de la actividad política y el sufragio.

1.5.4. La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía 17 Local de Sincelejo - Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, Libertad, Integridad y Formación Sexuales e Integridad Moral,5 a pesar

4 Expediente digital de tutela. 5 Expediente digital de tutela.8

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Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de haber sido notificad as del presente trámite para que rindieran el informe correspondiente, guardaron silencio.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto d e acuerdo con lo previsto en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto d e acuerdo con lo previsto en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, que prevé que «[l]as acciones de tutela dirigidas contra actuaciones del Presidente de la República [...] serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado».

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si las autoridades accionadas vulneraron al accionante los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, participación democrática y seguridad personal de los líderes , por presuntamente haber omitido en cumplimento de sus funciones, efectuar un estudio de riesgo que le permita gozar de manera efectiva de un esquema de seguridad que haga frente a posibles amenazas futuras contra su vida, así como adelantar las investigaciones penales pertinentes contra sus perpetradores.

2.3. Cuestión previa

Sea lo primero advertir que el tutelante impetra, para efectos de salvaguardar su derecho a la intimidad, se omita en las providencias que se emitan en este asunto constitucional los datos que permitan su individualización, habida cuenta del alto riesgo que actualmente enfrenta, el que a su juicio «podría exacerbarse al momento de que las personas por los hechos aquí mencionadas conozcan las acciones que se adelantan para la protección de los derechos fundamentales».

Con el fin de atender el precitado requerimiento, cabe anotar que el artículo 228 de la9

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Demandante: Harold

Con el fin de atender el precitado requerimiento, cabe anotar que el artículo 228 de la9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Constitución Política consagra el principio de publicidad de las decisiones judiciales, al estipular que las «actuaciones [adoptadas por la administración de justici a] serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial».

Por su parte, el artículo 5.° de la Ley 1581 de 2012 6 define los datos sensibles como «aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales , de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos».7

De igual modo, la Corte Constitucional8 ha indicado que si bien la garantía superior a la intimidad constituye una limitante al principio de publicidad de las decisiones judiciales, su aplicación corresponde a un ejercicio de proporcionalidad.

En ese orden de ideas, en atención a que de conformidad al informe rendido por la Unidad Nacional de Protección -UNP, el accionante fue calificado como de riesgo extraordinario9 dada su condición poblacional de dirigente, representante o activista de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas,

Unidad Nacional de Protección -UNP, el accionante fue calificado como de riesgo extraordinario9 dada su condición poblacional de dirigente, representante o activista de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o de campesinos, la cual ostenta por ser líder social en el municipio de Sincelejo – Sucre, además esa entidad evidenció que cumplía con los criterios establecidos por la Sentencia T-339 de 2010, razón por la cual era procedente activar el deber de protección del Estado ante l a existencia de una manifestación que hace suponer que la integridad de la persona corre peligro, ello en un contexto de orden público en donde se tiene identificada la presencia del Grupo Armado Organizado Clan

6 «Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales». 7 La Corte Constitucional en auto A334 de 2021 señaló: «Dicha norma fue estudiada de manera automática y previa en la sentencia C -748 de 2011 [...]. En dicho juicio, se consideró que la norma se adecúa a la jurisprudencia constitucional, “siempre y cuando no se entie nda como una lista taxativa, sino meramente enunciativa de datos sensibles, pues los datos que pertenecen a la esfera íntima son determinados por los cambios y el desarrollo histórico” [...]. En ese sentido, se evidencia que, aun cuando la lista prevista e n el artículo 5 .° de la Ley 1581 de 2012 no es taxativa, la enunciación de la misma hace referencia a datos que pueden ser utilizados para fines discriminatorios». 8 Corte Constitucional, Auto A-334 de 24 de julio de 2021. 9 Resolución 7551 de 2023, proferida por la Unidad Nacional de Protección.10

discriminatorios». 8 Corte Constitucional, Auto A-334 de 24 de julio de 2021. 9 Resolución 7551 de 2023, proferida por la Unidad Nacional de Protección.10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Golfo y bandas delincuenciales , se estima indispensable mantener su nombre en reserva, por lo que se accederá a tal petición.

En tal virtud se procederá a la sustitución del nombre real del accionante por uno ficticio y se omitirá la mención de datos sensibles para los efectos indicados, para lo cual se prevendrá a la Secretaría General de esta corporación que suprima los datos que permitan la identificación del accionante y mantener la reserva en protección a su derecho a la intimidad en esta actuación y en las posteriores a la expedición de esta sentencia de tutela, todo lo anterior como consecuencia del alcanc e que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dado al concepto de dato sensible.10

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello, el artículo 6.º numeral 1.° del Decreto 2591 de 1991, establece como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

10 Sobre el particular, el Auto A241 de 2011 sostuvo que «[c]on la finalidad de proteger los derechos a la intimidad y habeas data de quienes intervienen en los procesos constitucionales, la Corte ha sostenido que en las providencias judiciales deben suprimirse las identidades de las partes e intervinientes para evitar la divulgación de datos sensibles», Para tal efecto, citó la Sentencia T-729 de 2002 en la cual se señaló que los datos sensibles son la «información reservada, que por versar igualmente sobre la información personal y sobre todo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular -dignidad, intimidad y libertadse encuentra reservada a u órbita exclusiva y no puede ser siquiera n i ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. «Cabría mencionar aquí la información genética y los llamados datos sensibles o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona etc».11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06210 00

Demandante: Harold

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La jurisprudencia de la Corte Constitucional11 reitera que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del sistema jurídico.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.5.1. El 24 de agosto de 2023, a través de Oficio OFI22-00086327/GFPU13050000 el asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República remitió al director de la Unidad Nacional de Protección, en el marco de sus competencias, la solicitud de protección elevada por el señor Harold.12

Internacionales de la Presidencia de la República remitió al director de la Unidad Nacional de Protección, en el marco de sus competencias, la solicitud de protección elevada por el señor Harold.12

2.5.2. El 24 de agosto de 2023, a través de Oficio OFI22-00086337/GFPU13050000 el asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República envió al Fiscal General de la Nación

11 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas. 12 Índice SAMAI 10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la petición elevada por el señor Harold y además solicitó adelantar las investigaciones correspondientes.13

2.5.3. El 24 de agosto de 2023, a través de Oficio OFI22-00086345/GFPU13050000 el asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República comunicó al señor Harold las

asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República comunicó al señor Harold las gestiones adelantadas en relación con su petición y la remisión de esta a las entidades competentes.14

2.5.4. El 4 de octubre de 2023, la asistente de fiscal II (E) de la Fiscalía 17 Seccional de Sincelejo remitió a la Unidad Nacional de Protección la solicitud de valoración de riesgo -caso 700016001037202311902-, suscrita por el señor Harold como candidato al concejo municipal de Sincelejo, veedor y líder social

2.5.5. El 11 de octubre de 2023, el señor Harold elevó petición a la Unidad Nacional de Protección con el fin de que se iniciara el estudio de rie sgo dadas las amenazas perpetradas en su contra.

2.5.6. A través de radicado EXT23-00130719 la Unidad Nacional de Protección brindó respuesta al señor Harold en el siguiente sentido:

Por medio del presente, y en atención a la solicitud de protección realizada a favor del candidato Harold identificado con […], en donde manifiesta una situación de riesgo en su contra, le informo que la Unidad Nacional de Protección tiene conocimiento de la situación, por ende el caso fue atendido según lo establecido en la Resolución 1237 del 6 de junio de 2023, por el cual el Ministerio del Interior creó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas en el Proceso Electoral -CORMPE; así las cosas el caso fue puesto en conocimiento de dicho Comité en la sesión 21, del día 12/10/2023, en donde el comité dispuso implementar las medidas de prevención y protección pertinentes para su caso en el desarrollo del proceso electoral.

puesto en conocimiento de dicho Comité en la sesión 21, del día 12/10/2023, en donde el comité dispuso implementar las medidas de prevención y protección pertinentes para su caso en el desarrollo del proceso electoral.

Cabe aclarar que la Unidad Nacional de Protección es tá presta atender cualquier situación de amenaza o riesgo que se presente para todas las personas, grupos, comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como

13 Índice SAMAI 109

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