CE - 010315000202306236001SENTENCIA20231121151300

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06236-00

Demandante: ROSARIO YESID ORTEGA CORREA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO FÁCTICO – Se configura en este caso, porque la autoridad judicial no valoró en forma adecuada e integral las pruebas que acreditaban el daño a salud y el lucro cesante.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Rosario Yesid Ortega Correa contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección A.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 10 de octubre de la presente anualidad1, la señora Rosario Yesid Ortega Correa, en calidad de heredera de su fallecido hijo, Jean Carlos Ortega Correa , y por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección A, por considerar vulnerado su s derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la

intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección A, por considerar vulnerado su s derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la igualdad con ocasión de la sentencia proferida el 4 de mayo de 2023, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-031-2019-00072-01. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se AMPARE el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA, A LA REPARACIÓN INTEGRAL trasgredidos a mi mandante con la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el No 11 -001-33-36-031-2019-0007202.

1 Se advierte que, el 3 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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SEGUNDA: Se ORDENE A LA ACCIONADA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CUNDINAMARCA, proferir nueva sentencia de segunda instancia con fundamento

y garantía de los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, LA

IGUALDAD, IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA, A LA REPARACIÓN

CUNDINAMARCA, proferir nueva sentencia de segunda instancia con fundamento y garantía de los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD, IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA, A LA REPARACIÓN INTEGRAL, teniendo en cuenta los crite rios Jurisprudenciales y que protegen al accionante por la discriminación a la que fue sometido con la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el No 11-001-3336-031-2019-00072-02.

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Jean Carlos Ortega Corre a fue incorporado como soldado regular del Ejército Nacional, para prestar el servicio militar obligatorio.

El 7 de marzo de 2016, mientras desempeñaba sus funciones, el soldado Ortega Correa sufrió una caída que le generó una fractura en el pie derecho, por lo que fue sometido a diferentes tratamientos médicos . Finalmente, fue valorado por la Junta Médico Laboral, la cual determinó una disminución de la capacidad laboral del 10.5%.

Por esta razón, el señor Ortega Correa interpuso demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se declarara la responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas durante la prestación del servicio militar obligatorio, y se reconocieran los perjuicios causados.

El Juzgado 31 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 29 de abril de 2021,

la responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas durante la prestación del servicio militar obligatorio, y se reconocieran los perjuicios causados.

El Juzgado 31 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 29 de abril de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional y reconoció los perjuicios : morales, de daño a la salud y lucro cesante reclamados.

La decisión fue apelada y , en providencia del 4 de mayo de 202 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , la modificó en el sentido de reducir el monto de los perjuicios morales y negar los de daño a la salud y lucro cesante.

Con la demanda de tutela, la señora Rosario Yecid Ortega Correa aportó el registro civil de nacimiento y el certificado de defunción 2 de su hijo, Jean Carlos Ortega

2 El fallecimiento se produjo el 28 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3 Correa, para acreditar su legitimación e interés para ejercer este mecanismo constitucional, debido a su vocación de heredera .

1.3 . Argumentos de la tutela

La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada vulneró los siguientes derechos fundamentales:

1.3.1 Debido proceso , toda vez que el análisis que hizo el Tribunal en torno a l

1.3 . Argumentos de la tutela

La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada vulneró los siguientes derechos fundamentales:

1.3.1 Debido proceso , toda vez que el análisis que hizo el Tribunal en torno a l alcance del Acta de Junta Médico Laboral «es contrario a la sólida línea jurisprudencial construida por el Consejo de Estado », al punto de incurrir en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.

Lo anterior porque, al negar el reconocimiento del daño a la salud , la sentencia no desvirtuó el valor probatorio del Acta de Junta Médica Laboral, documento que para los jueces constitucionales constituye una prueba conducente, pertinente y útil para demostrar los perjuicios, como consta en la sentencia de tutela del 15 de diciembre de 2015, al igual que las siguientes dictadas en sede apelación ordinaria: «del 25 de agosto de 2009, Exp 15793, C.P. Myriam Guerrero Escobar, sentencia del 14 de mayo de 2014, Exp 33679, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 25 de febrero de 2016, Exp 48491, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 9 de julio de 2018, Exp 41356, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia del 21 de junio de 2018, Exp. 46471, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico ».

Destacó que, en igual sentido, se vulneró el derecho al debido proceso porque para reconocer el lucro cesante, la providencia añadió un criterio de distinción ajeno a las disposiciones legales , sobre el que la Subsección B de la Sección Tercera del

Destacó que, en igual sentido, se vulneró el derecho al debido proceso porque para reconocer el lucro cesante, la providencia añadió un criterio de distinción ajeno a las disposiciones legales , sobre el que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo, en sentencia del 18 de noviembre de 2021 (Exp. 52180), que el legislador no consagró que la calificación de la Junta Medica Laboral es única y exclusivamente para efectos de la actividad militar, por lo que si la norma no distingue no le era posible hacerlo al intérprete.

Además, cuestionó que el Tribunal señalara la improcedencia del perjuicio porque al momento del da ño la víctima se encontraba en cumplimiento de una carga pública, y no en ejercicio de una actividad laboral o independ iente, afirmación qu e generó un tratamiento desigual para la negación de los derechos de l a víctima.

De otra parte, adujo que la decisión sobre la condena en costas no precisa en qué se fundamenta su liquidación, y omitió valorar que la parte demandada no aportó pruebas que acreditaran su causación. Además, no tuvo en cuenta que el artículoRadicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021 , exige que la demanda se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

Agregó que el monto de las costas fue desproporcionado, teniendo en cuenta que

demanda se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

Agregó que el monto de las costas fue desproporcionado, teniendo en cuenta que el demand ante era un militar, víctima del conflicto que resultó afectado por una lesión durante la prestación d el servicio militar , que acredit ó el daño y la discapacidad, per o, al final, se le imp uso una carga por intentar reclamar los perjuicios sufridos.

1.3.2. Derecho a la igualdad, al no haberse tenido en cuenta los criterios expuestos por el Consejo de Estado , en las sentencias ya citadas , y por desconocer las obligaciones internacionales asumidas por el Estad o en materia de reparación de daños causados po r la actividad estatal, que fueron incorporadas a la legislación interna por el bloque de constitucionalidad; y por el trato desigualitario de la jurisdicción frente a hechos similares, que sí han sido juzgados conforme al precedente.

1.3.3 Derecho a la reparación integral, pues, de aceptarse la posición del Tribunal respecto a que se acreditó el daño y no los perjuicios, existen mecanismos para proteger el derecho al resarcimiento y evi tar que se desestimen las pretensiones, según lo señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 13 de octubre de 202 3, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela instaurada por la señora Rosario Yesid Ortega Correa3 y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, como parte demandada ; y al

demanda de tutela instaurada por la señora Rosario Yesid Ortega Correa3 y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, como parte demandada ; y al ministro de Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés. Así mismo, ordenó que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado . Finalmente, se requirió a la parte actora para que informara si existían otras personas con vocación hereditaria, a fin de ser integradas al trámite de la tutela.

3 En lo concerniente a la legitimación de la demandante, en el auto admisorio se expuso:

En la solicitud de amparo, la señora Rosario Yesid Ortega Correa afirma tener vocación hereditaria respecto de su hijo, Jean Carlos Ortega Correa, y sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, entre otros, los que se consideran vulnerados por la sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de reparación directa que este promovió y, por ende, transmisibles, en tanto que no son personalísimos. En virtud de lo anterior , y teniendo en cuenta los precedentes de la Corte Constitucional (sentencias T-437 de 2000, T-180 de 2019 y T-262 de 2020) y de esta Corporación (auto del 15 de agosto de 2023, exp. 11001 -03-15-000-2023-03859-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas), se da rá curso a la acción de tutela instaurada por la señora Rosario

Yesid Ortega Correa.Radicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Jaime Enrique Rodríguez Navas), se da rá curso a la acción de tutela instaurada por la señora Rosario

Yesid Ortega Correa.Radicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5 2.1. La parte demandante expuso que no existían otras personas diferentes a la accionante con vocación hereditaria que debieran ser integradas a la tutela.

2.2. Ni l a autoridad judicial accionada ni l os sujetos procesales vinculados se pronunciaron frente a la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala deberá determinar si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. En el evento de no acreditarse, se declarará improcedente. Si se cumplen, se establecerá si la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 4 de mayo de 2023 , vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte demandante.

2. Análisis de la Sala

2.1. El interés y la legitimación de la accionante en el caso concreto

La Sala destaca que , aun cuando la señora Rosario Ye sid Ortega Correa no acredita haber solicitado la sucesión procesal, en los términos del artículo 684 de la Ley 15654 de 2012, debido al fallecimiento de su hijo : Jean Carlos Ortega Correa —demandante en el proceso ordinario en el que se dictó la providencia objeto de

Ley 15654 de 2012, debido al fallecimiento de su hijo : Jean Carlos Ortega Correa —demandante en el proceso ordinario en el que se dictó la providencia objeto de reproche—, la accionante está legitimada para ejercer la acción de tutela, dado que su v ocación hereditaria le permite suceder procesalmente al litigante fallecido , pues, como lo ha señalado la Corte Constitucional, «aun cuando el principal titular del derecho demandado haya fenecido, es posible que las consecuencias de la vulneración recaigan sobre los herederos y, por tanto, el juez constitucional esté compelido no solo a resolver de fondo la materia, sino a buscar mecanismos que amparen a los afectados5»6.

De hecho , esta Corporación ha sostenido que los herederos y eventuales sucesores procesales de los titulares de derechos discutidos en procesos ordinarios están legitimados para promover la acción de tutela 7.

4 Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador. 5 Cita original de la providencia: Cfr., Sentencia SU-540 de 2007. 6 Sentencia T-262 de 2020. 7 Así lo hizo en el auto del 15 de agosto de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-03859-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, criterio que se refrendó tácitamente en la sentencia del 1º de septiembre de 2023 , dictada en ese mismo proceso, pues se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, sin realizar consideración alguna respecto de una

de 2023 , dictada en ese mismo proceso, pues se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, sin realizar consideración alguna respecto de una eventual falta de legitimación los herederos que presentaron la solicitud de amparo. Incluso, en relación con la comparecencia posterior de un accionante, aquella Subsección sostuvo:Radicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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En suma, en atención a la vocación hereditaria de la señora Ortega Correa y lo establecido sobre el particular por la jurisprud encia constitucional referida , la Sala da por superada la cuestión relativa al interés y la legitimación de la accionante para reclamar la protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados por la autoridad judicial accionada.

2.2. Requisitos generales de procedibilidad

2.2.1. De la inmediatez: la tutela cumple c on el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 4 de mayo de 202 3, y la solicitud de amparo se presentó el 10 de octubre siguiente, esto es, dentro de los seis meses siguientes a su expedición. Este término resulta razonable , sin necesidad de determinar la fecha de notificación de la sentencia de segundo grado.

2.2.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.2.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que

2.2.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.2.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito se cumple, porque se agotaron los medios disponibles en el proceso ordinario.

2.2.4. De la relevancia constitucional . Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 20148, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

Esta tesis se ajusta al precedente 9 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple

«Finalmente, en la medida en que el abogado Óscar Eduardo Merchán aportó el registro de nacimiento de Henry Leonardo Guevara Rojas que lo acredita como hijo de María del Carmen Hernández, se tendrá como sucesor procesal para todos los efectos legales y en los términos

nacimiento de Henry Leonardo Guevara Rojas que lo acredita como hijo de María del Carmen Hernández, se tendrá como sucesor procesal para todos los efectos legales y en los términos dispuestos en el artículo 68 del C. G. del P., e integrará la parte accionante». 8 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T-131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

7 señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto , aflor en dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala encuentra que se cumple el requisito de relevancia constitucional, no por el simple hecho de que se invocara la vulneración de ciertos derechos fundamentales, sino porque aun cuando el asunto en torno a la liquidación de los perjuicios por daño a la salud y lucro cesante, fue abordado por los jueces naturales, existen argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad de la decisión enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales invocados en la tutela.

Las razones por las que se cuestiona la interpretación que de las pruebas hizo el

argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad de la decisión enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales invocados en la tutela.

Las razones por las que se cuestiona la interpretación que de las pruebas hizo el Tribunal involucra un problema de natural eza constitucional, en la medida en que están en juego la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la reparación integral, derivado de la existencia o no de un régimen tarifado de prueba para acreditar e l daño a la salud y el lucro cesante.

No se trata, pues, de un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez constitucional porque, valga insistir, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de derechos c onstitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales.

De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija en una instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un dere cho fundamental » y se justifica en la medida de una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

Además, la parte demandante cumplió con la carga argumentativa con trascendencia constitucional, sin limitarse a argumentos para suscitar una instancia adicional. Lo anterior , dado que en las razones de la demanda se relaciona n

Además, la parte demandante cumplió con la carga argumentativa con trascendencia constitucional, sin limitarse a argumentos para suscitar una instancia adicional. Lo anterior , dado que en las razones de la demanda se relaciona n cuestiones alusivas al deber que tienen las autoridades judiciales de fundar su decisión a partir de un examen integral de las pruebas aportadas y recaudadas. Este deber impone la necesidad de que el juez de tutela emita un pronunciamientoRadicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

8 de fondo para constatar si, en efecto, la decisión enjuiciada fue dictada sin considerar los medios probatorios obrantes en el expediente.

2.3. Análisis de los defectos alegados

La parte actora cuestiona la vulneración de los derechos al debido proceso , a la igualdad y la reparación integral derivado de la valoración probatoria del Acta de Junta Médica para la tasación de los perjuicios relativos al daño a la salud y lucro cesante, amén de la condena en costas impuestas como resultado del recurso de apelación desatado por el Tribunal accionado.

En primer lugar, la Sala analizará el debate de cara a la existencia o no del defecto fáctico alegado. En segundo lugar, de ser necesario , abordará el desconocimiento del precedente judicial y, por último, la discusión sobre la condena en costas.

A este propósito, se advierte que en el proceso de reparación directa el Tribunal

fáctico alegado. En segundo lugar, de ser necesario , abordará el desconocimiento del precedente judicial y, por último, la discusión sobre la condena en costas.

A este propósito, se advierte que en el proceso de reparación directa el Tribunal accionado se ocupó del análisis del reconocimiento de los perjuicios morales, a la salud y lucro cesante, en virtud de los alcances del recurso de apelación, porque esos fueron los puntos de inconformidad de la entidad allí demandada y apelante único.

En su análisis, el Tribunal concluyó que procedía el reconocimiento del perjuicio moral, pero redujo su cuantía de 20 SMLMV a 11 SMLMV porque , si bien «no se discute que Jean Carlos Ortega Correa sufrió disminución de capacidad laboral en 10.5%...no hay prueba adicional de la gravedad de la lesión», por tanto, « el criterio proporcional para tasar el perjuicio es una regla de tres: si el 19% de disminución otorga 20 smlmv, para el 10.5% deben ser 11 smlmv ».

En cuanto al daño a la salud , suprimió su reconocimiento , debido a que el demandante «se limitó a probar su disminución del 10.5% de capacidad laboral, que se determinó en el Acta de Junta Médico Laboral No. 96631 del 2017, sin aportar otros elementos de convicción que permitiesen identificar cómo se alteró su salud y el desempeño de las actividades cotidianas ».

Por último, eliminó el lucro cesante tasado por la primera instancia, porque consideró que, aunque debe valorarse el Acta de Junta Médica Laboral, dicha prueba se relaciona con las capacidades de los miembros de las fuerzas militares

Por último, eliminó el lucro cesante tasado por la primera instancia, porque consideró que, aunque debe valorarse el Acta de Junta Médica Laboral, dicha prueba se relaciona con las capacidades de los miembros de las fuerzas militares para efectos de su permanencia en el servicio, es decir, en relación con la vida militar, pero no demuestra «la disminución de la capacidad productiva para actividades de orden general y común de cualquier ciudadano », a diferencia de los parámetros con los que se realiza en el Sistema de Seguridad Social Integral,Radicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9 previsto en la Ley 100 de 1993. En síntesis, adujo que dicho documento «no comprueba la pérdida de capacidad laboral en un ámbito distinto al de la actividad militar».

En relación con el análisis del Tribunal, la Sala estima que sí incurrió en el defecto fáctico atribuido, dado que interpretó aislada y fraccionadamente el Acta de Junta Médica aportada como prueba para la acreditación y liquidación de los perju icios por daño a la salud y lucro cesante; además , con desconocimiento de las reglas de la experiencia, al punto que hizo una suerte de juicio fundado en un régimen tarifado de prueba —al sugerir que únicamente era viable aquella confeccionada conforme al Sistema General de Seguridad Social —, sin que ello se encuentre previsto en la ley. Todo ello derivó en el desconocimiento del principio y derecho fundamental a la reparación integral.

de prueba —al sugerir que únicamente era viable aquella confeccionada conforme al Sistema General de Seguridad Social —, sin que ello se encuentre previsto en la ley. Todo ello derivó en el desconocimiento del principio y derecho fundamental a la reparación integral.

Si bien la sentencia enjuiciada hizo alusión expresa al Acta de la Junta Médica Laboral, para restarle valor probatorio frente al daño a la salud y al lucro cesante , en esa labor desconoció que dicho documento no se refiere únicamente al porcentaje de pérdida de la capacidad labora l, sino que también hace una evaluación de las condiciones de salud que sustentan la calificación.

El Tribunal no podía entonces limitarse a valorar el porcentaje de la calificación y la afirmación de que no era apto para el servicio militar, sin parar mientes en la motivación que da lugar a esa calificación; ni sugerir que únicamente se reconoce perjuicios derivados de la gravedad de la lesión. La gravedad de la lesión está dada para efectos de la cuantía y, precisamente, debido a ello es que existen diversos baremos que justifican un monto mayo r o menor, y no que únicamente se indemnicen los que el juez considere graves, al margen de una declaración científica como lo hizo el Tribunal al desmerecer el contenido del acta, sin anteponer una prueba de igual o mayor relevancia que desvirtuara el informe médico.

Nótese que el Acta de Junta Médica señala que el paciente presenta buen estado general, pero de ninguna manera desconoce que existe una afectación física del paciente, como lo omite el Tribunal. En efecto, la calificación advierte de la existencia de una «deformidad en dorso del pie derecho al marchar en punta de

general, pero de ninguna manera desconoce que existe una afectación física del paciente, como lo omite el Tribunal. En efecto, la calificación advierte de la existencia de una «deformidad en dorso del pie derecho al marchar en punta de pies», que mejora con la marcha normal , y en sus conclusiones, agrega que la fractura «deja como secuela A. callo óseo doloroso, 2 y 3 m etatarsiano pie derecho».

Lo anterior, no deja duda de que la afirmación d el Tribunal de que no se puede reconocer el daño a la salud porque únicamente se acreditó el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral, «sin aportar otros elementos de convicción queRadicación: 11001-03-15-000-202306236-00

Demandante: Rosario Yesid Ortega Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

10 permitiesen identificar cómo se alteró su salud y el desempeño de las actividades cotidianas», es contraevidente y desconoce el contenido integral del Acta de Junta Médica para fincarse exclusivamente en el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, sin reparar que, pese al buen estado general del paciente ante la marcha normal, se presenta dolor en punta de pies y que existe como secuela callo óseo doloroso, lo cual da lugar a la estimación del porcentaje de afectación.

Por tanto, carece de veracidad el aserto de que únicamente se acredi tó —aspecto no menos relevante— el porcentaje de disminución de la capacidad ; todo lo contrario, esa declaración está antecedida del análisis de una deformidad y una

Por tanto, carece de veracidad el aserto de que únicamente se acredi tó —aspecto no menos relevante— el porcentaje de disminución de la capacidad ; todo lo contrario, esa declaración está antecedida del análisis de una deformidad y una secuela de dolor con ciertos movi mientos del pie . Circunstancia que, en virtud de esa prueba técnica y de las reglas de la experiencia , permitían concluir, sin ambages, la afectación de la salud y de actividades cotidianas por tratarse , precisa