CE - 010315000202306308001SENTENCIA20231127165319

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-06308-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: LUIS CARLOS GÓMEZ NÚÑEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. NO

SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SU -034 DE

2018 FRENTE A LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES

DICTADAS DENTRO DEL TRÁMITE INCIDENTAL. LAS ALEGACIONES

DEL ACTOR NO SON CONSISTENTES CON LO EXPUESTO EN EL

INCIDENTE DE DESACATO. NO HA PUESTO DE PRESENTE DENTRO

DEL TRÁMITE INCIDENTAL LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LAS

ACTUACIONES ALLÍ SURTIDAS. FRENTE A LA PRETENSIÓN

RELACIONADA CON QUE SE ORDENE LA NULIDAD DEL PROCESO DE

COBRO COACTIVO, TAMPOCO TIENE VOCACIÓN DE PROSPERIDAD.

ASUNTO QUE DEBE SER DISCUTIDO DENTRO DEL TRÁMITE

INCIDENTAL COMO CONSECUENCIA DE LA INDEBIDA

NOTIFICACIÓN QUE DEBE SER ALEGADA EN EL TRÁMITE

INCIDENTAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA

DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI , el JUZGADO NOVENO2

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Actor: LUIS CARLOS GÓMEZ NÚÑEZ

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ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI 1 y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor LUIS CARLOS GÓMEZ NÚÑEZ , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa , los cuales estimó vulnerados por el DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI , el JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir estas dos últimas autoridades las providencias de 6 y 29 de junio de 2023, respectivamente, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 760013333009-2022-00290-03.

I.2. Hechos

Afirmó que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la “ toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la

760013333009-2022-00290-03.

I.2. Hechos

Afirmó que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la “ toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la

1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal.3

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intervención forzosa administrativa para administrar a ASMET SALUD EPS S.A.S”, por lo que el 12 de mayo de 2023 fue designado en calidad de agente interventor de la mencionada entidad.

Indicó que la señora LUZ ÁNGELA IMBACHI SAMBONÍ, actuando como agente oficiosa de su hijo menor de edad M.A.I.S.3, promovió acción de tutela contra ASMET SALUD E.P.S. S.A.S. , la cual fue identificada con el número de radicado 76001333309-2022-0029000 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2022 , amparó los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

“[…] TERCERO: Ordenar a ASMET SALUD E.P.S. S.A.S., le brinde una atención integral en salud y de manera oportuna al menor (…), identificado con tarjeta de identidad No. 1.107.055.513; atención que incluye, tratamientos, medicamentos, citas con especialistas,

una atención integral en salud y de manera oportuna al menor (…), identificado con tarjeta de identidad No. 1.107.055.513; atención que incluye, tratamientos, medicamentos, citas con especialistas, y demás que ordenen sus médicos en relación con la patología que le aqueja, a saber: “OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL

ENCÉFALO, ESPECIFICADO […]”.

Señaló que la señora LUZ ÁNGELA IMBACHI SAMBONÍ solicitó iniciar incidente de desacato contra ASMET SALUD EPS S.A.S. por el incumplimiento de la orden impartida en el numeral tercero del citado fallo de tutela.

3 La Sala se reserva el nombre por protección al menor de edad.4

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Manifestó que, debido a lo anterior, el JUZGADO, luego de requerir a la entidad, dio inicio al trámite incidental y mediante providencia de 9 de mayo de 2023, sancionó a la señora JOHANA ENERIETH ORTIZ FRANCO, en su calidad de G erente Departamental, por el incumplimiento de la sentencia de tutela de 14 de diciembre de 2022.

Refirió que, al decidir el grado jurisdiccional de consulta , el TRIBUNAL mediante auto de 19 de mayo de 2023, revocó la sanción y exhortó al JUZGADO para que iniciara nuevamente el trámite del

Refirió que, al decidir el grado jurisdiccional de consulta , el TRIBUNAL mediante auto de 19 de mayo de 2023, revocó la sanción y exhortó al JUZGADO para que iniciara nuevamente el trámite del incidente de desacato en su contra, por ser el agente interventor designado de ASMET SALUD EPS S.A.S.

Sostuvo que, luego de surtidos los trámites respectivos, el JUZGADO mediante proveído de 6 de junio de 2023 lo sancionó por desacato de la orden de tutela de 14 de diciembre de 2022 y le impuso multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Precisó que, al surtir el grado jurisdiccional de consulta, el TRIBUNAL en providencia de 29 de junio de 2023, confirmó lo resuelto por el a quo.

Adujo que , debido a lo anterior, la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI mediante5

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oficio DESAJCLGCC23 -4697, le comunicó del cobro coactivo de la multa que le fue impuesta.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Manifestó que el JUZGADO y el TRIBUNAL omitieron notificarlo en debida forma de las actuaciones surtidas dentro del trámite

multa que le fue impuesta.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Manifestó que el JUZGADO y el TRIBUNAL omitieron notificarlo en debida forma de las actuaciones surtidas dentro del trámite incidental, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa y presentar argumentos y pruebas que dieran cuenta de su conducta diligente en la entidad, en aras de sobrepasar los obstáculos por la no dispensación de medicamentos y las dificultades de agendamiento de citas y procedimientos en virtud del cierre de servicios ocasionada por la falta de pago de los mismos.

Señaló que las autoridades judiciales accionadas no realizaron un verdadero análisis subjetivo de su conducta, para explicar el incumplimiento de la orden de tutela, lo que rompe el nexo causal para declarar su responsabilidad.

Aseguró que las actuaciones de las accionadas han vulnerado sus derechos fundamentales, comoquiera que la vinculación del obligado a cumplir la orden de tutela en el incidente de desacato debe realizarse al correo electrónico personal o institucional del6

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incidentado, por ser al que se le adelanta el juicio de responsabilidad, no así al correo electrónico de la entidad.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

no así al correo electrónico de la entidad.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, decretar la nulidad de todo lo actuado dentro del incidente de nulidad iniciado contra mi persona, inclusive, el proceso de cobro coactivo iniciado en mi contra con ocasión a la sanción impuesta por el JUZGADO NOVENO ADMI NISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI. […]” (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO aseguró que ha obrado de conformidad con las reglas que regulan la materia, lo que de paso significa que no se estructura ninguna de las causales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones que se profieren en el marco de los incidentes de desacato.

I.5.2.- El TRIBUNAL manifestó que en el trámite incidental se concluyó que el agente interventor guardó silencio, lo cual evidenció7

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que la entidad accionada no dio cumplimiento al fallo de tutela y que no se desplegaron actuaciones diligentes tendientes a cesar la vulneración efectiva del derecho.

Por lo anterior, solicitó denegar el amparo solicitado, al no advertirse

que la entidad accionada no dio cumplimiento al fallo de tutela y que no se desplegaron actuaciones diligentes tendientes a cesar la vulneración efectiva del derecho.

Por lo anterior, solicitó denegar el amparo solicitado, al no advertirse vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CALI solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional, por cuanto no es la que impone sanciones ni multas, sino que únicamente las ejecuta, de tal forma que no puede realizar pronunciamiento alguno.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado , que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.8

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CALI solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le9

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desconocer o controvertir la reclamación que el actor le9

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dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que , en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, se advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CALI es una de las entidades accionadas en la presente solicitud de amparo y su vinculación en el presente trámite se dio en tal calidad, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.10

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamen tales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).11

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la12

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irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas

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irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.13

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se14

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constate una vulneración o una amenaza a los derechos fundamentales del sancionado”4.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia SU034 de 20185, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

1. La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas

(defectos).

1. Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que

debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]». (Destacado fuera de texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto las providencias de 6 y 29 de junio de 2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente,

4 Cfr. Sentencia T-325 de 2015. 5 M.P. Alberto Rojas Ríos.15

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dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 2022-00290-03.

A la s citadas providencias se le s atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa , por estimar que no fue vinculado en debida forma del trámite incidental, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa y, como consecuencia de ello, no se realizó un verdadero análisis subjetivo de su conducta.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de ser así, ii) determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, al proferir los autos de 6 y 29 de junio de 2023, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 2022-00290-03.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la16

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parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, además de que se alega la configuración de alguna causal específica.

Al entrar a analizar los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del incidente de desacato, la Sala observa que la decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada,

Al entrar a analizar los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del incidente de desacato, la Sala observa que la decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada, toda vez que el trámite incidental que se cuestiona finalizó con la providencia que resolvió el grado jurisdiccional de consulta, esto es, la providencia de 29 de junio de 2023, proferida por el TRIBUNAL, por lo que este requisito se encuentra cumplido.

Ahora, en cuanto al segundo presupuesto de procedibilidad, esto es, que los argumentos del actor sean consistentes con los planteados en el incidente de desacato con el fin de que no se traigan a colación alegaciones nuevas , es dable inferir que no se encuentra debidamente satisfecho.

En efecto, revisado el expediente digital allegado del incidente de desacato objeto de estudio, se desprende que el actor no ha puesto de presente ante las autoridades judiciales accionadas la indebida notificación personal del auto que dio apertura al trámite incidental17

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Actor: LUIS CARLOS GÓMEZ NÚÑEZ

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ni los subsiguientes que lo sancionaron , de tal forma que est as son inconformidades nuevas que no han sido analizadas dentro del trámite incidental.

La Sala advierte que si bien en asuntos similares donde se ha controvertido la indebida notificación del incidentad o se ha

inconformidades nuevas que no han sido analizadas dentro del trámite incidental.

La Sala advierte que si bien en asuntos similares donde se ha controvertido la indebida notificaci