CE - 010315000202306375001SENTENCIA20231121120428

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

Demandante: ANNY LUCÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala d ecide la acción de tutela instaurada por la señora Anny Lu cía Sánchez Fernández contra el Tribunal Administrativo del Cauca.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 17 de octubre de 2023 1, la señora Anny Lucía Sánchez Fernández interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Cauca , por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2023 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-006-2020-00102-01. Formuló las siguientes pretensiones:

dictada el 21 de septiembre de 2023 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-006-2020-00102-01. Formuló las siguientes pretensiones:

Sírvase señores Magistrados del Consejo de Estado TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de ANNY LUCÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ y como consecuencia de lo anterior:

PRIMERA: Dejar sin efectos la sentencia del 21 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y en su lugar, ordenar que se proceda a dictar nuevamente sentencia de segunda instancia, pronunciándose

1 El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 31 de octubre de 2023, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

Demandante: Anny Lucía Sánchez Fernández Demandado: Tribunal Administrativo d el Cauca Sentencia de tutela de primera instancia

2 sobre los planteamientos de la apelación interpuesta, lo anterior de conformidad con el art. 328 del CGP y sin exigir que se haya demandado las decisiones no vinculantes de la Comisión de Personal del Municipio de Popayán.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

Mediante Decreto 20137000 04005 del 2 de julio de 2013, se nombró en provisionalidad a la señora Anny Lucía Sánchez Fernández en el cargo de profesional universitario código 219, grado 1, de la planta de personal central de la

provisionalidad a la señora Anny Lucía Sánchez Fernández en el cargo de profesional universitario código 219, grado 1, de la planta de personal central de la Secretaría de Educación de Popayán. El 22 de julio siguiente, la señora Blanca Amparo Manquillo solicitó a la Comisión de Personal que la nombraran en dicho empleo, bajo la modalidad de encargo, por cuanto era su derecho al pertenecer a la carrera administrativa.

El 30 de junio de 2016, por medio de la Resolución 04, la Comisión de Personal del Municipio de Popayán aceptó la reclamación de la señora Blanca Amparo Manquillo Barco y recomendó dejar sin efecto el acto de nombramiento en provisionalidad de la señora Anny Lucía Sánchez Fernández . Contra la anterior decisión, la señora Manquillo interpuso recurso de reposición y de apelación. Mediante la Resolución 06 del 29 de diciembre de 2016, la Comisión de Personal de Popayán repuso la decisión y « ordenó» a la Administración Municipal dejar s in efecto el acto de nombramiento en provisionalidad de la señora Sánchez Fernández.

Mediante Resolución 2017201061485 del 17 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil rechazó el recurso de apelación interpuesto «por indebida aplicación del trámite de reclamación laboral presentado contra la Resolución 04 del 30 de junio de 2016».

La Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución 20182010175615 del 12 de diciembre de 2018 , sancionó al alcalde del Municipio de Popayán con multa, por desconocer « la instrucción impartida por la Comisión de Personal de la

La Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución 20182010175615 del 12 de diciembre de 2018 , sancionó al alcalde del Municipio de Popayán con multa, por desconocer « la instrucción impartida por la Comisión de Personal de la Alcaldía Municipal de Popayán a través de la Resolución No. 06 del 29 de diciembre de 2016».Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

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3 Mediante Decreto 2020 1000000895 del 11 de febrero de 2020, el alcalde de Popayán terminó el nombramiento en provisionalidad de la señora Anny Lucía Sánchez Fernández como profesional universitario 219 , grado 01 , declaró en vacancia el cargo y encargó en el mismo a la señora Blanca Amp aro Manquillo Barco, tras acreditar el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo.

La señora Anny Lucía Sánchez Fernández presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Municipio de Popayán, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 20201000000895 del 11 de febrero de 2020 .

El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, el que, mediante sentencia del 24 de agosto de 2022 , negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el acto administrativo acusado estaba ajustado a derecho.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la apeló. El Tribuna l Administrativo del Cauca, en providencia del 21 de septiembre de 2023, confirmó la

derecho.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la apeló. El Tribuna l Administrativo del Cauca, en providencia del 21 de septiembre de 2023, confirmó la decisión apelada.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:

1.3.1 Defecto sustantivo , por cuanto consideró que la decisión contenida e n la Resolución 06 de 2016 de la Comisión de Personal de Popayán goza de las prerrogativas de presunción de ejecutoriedad y ejecutividad, « sin tener en cuenta que estas son meras recomendaciones que no vinculan al nominador, quien es el que decide sobre la vinculación de los empleados públicos, pues no coadministran ni toman decisiones vinculantes en relación con la vinculación o desvinculación de los empleados públicos ». Además, porque el Decreto demandado era un acto de ejecución de las decisiones de la referida comisión de personal.

Al respecto, manifestó que se desconoce lo previsto en los artículos 89, 90 y 91 del CPACA, pues los actos expedidos por la comisión de personal no modificaban la situación jurídica de la accionante como empleada pública, dado que no es la nominadora y s ólo da recomendaciones, que no son de obligatorio cumplimiento para el nominador, tal como lo sostuvo el Tribunal Administrativo del Cauca al fallarRadicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

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4 la acción de cumplimiento promovida por la señora Blanca Amparo Manquillo, que

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4 la acción de cumplimiento promovida por la señora Blanca Amparo Manquillo, que pretendía darle cumplimiento a la Resolución 06 de la Comisión de Personal de Popayán.

Señaló que la verdadera decisión vinculante de retiro del servicio se produjo en el 2020, cuando se terminó el nombramiento provisional acogiendo lo recomendado por la Comisión de Personal, pero el que podía adoptar una decisión vinculante era el alcalde como nominador y no aquel organismo, como equivocadamente lo decidió el tribunal.

En relación con las atribuciones que , en su sentir, no le corresponden a las Comisiones de Personal, expuso que, el 22 de mayo de 2018 , la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el criterio unificado de comisiones de personal, en el que indicó que carecen de competencia para emitir algún pronunciamiento en temas que por disposición legal son de competencia exclusiva y excluyente del nominador en ejercicio de su facultad nominadora, puesto que la comisión de personal no es una instancia que coadministre las relaciones laborales.

Precisó que esa Resolución 6 de 2016 no era vinculante ni obligato ria, ni tampoco tenía el carácter de decisión de administración de personal, pues esto s ólo le correspondía al nominador.

1.3.2. Defecto fáctico , puesto que no tuvo en cuenta la prueba documental del expediente que excluía el deber de demandar las resoluciones 04 y 06 de la Comisión de Personal. En especial, precisó que no se tuvo en cuenta:

1.3.2. Defecto fáctico , puesto que no tuvo en cuenta la prueba documental del expediente que excluía el deber de demandar las resoluciones 04 y 06 de la Comisión de Personal. En especial, precisó que no se tuvo en cuenta:

• La Resolución CNSC-20172010061485 del 17 de octubre de 2017 , en la que se pronunció la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la apelación interpuesta contra la Resolución 6 de 2016 . Expuso que en aquel acto administrativo se indicó

lo siguiente:

La reclamación laboral busca salvaguardar y garantizar la consecución del derecho preferencial a encargo de los servidore s de carrera administrativa que reúnan los requisitos dispuestos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, y no como lo pretende el apoderado de la parte actora, el reconocimiento y pago de sumas de dinero o la dejación sin efectos de un nombramiento provis ional, habida cuenta que dicha postura desnaturaliza la finalidad del mecanismo de reclamación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

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5 En esas condiciones, la accionante sostuvo que la CNSC advirtió que la comisión de personal no podía dejar sin efectos un nombramiento provisional, ya que ese tipo de decisiones no son propias del trámite de reclamación ante la comisión.

• Sentencia del 27 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en la acción de cumplimiento con radicado 2017 -00372-00, e n la que

• Sentencia del 27 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en la acción de cumplimiento con radicado 2017 -00372-00, e n la que expresamente se sostuvo que la Resolución 06 de 2016 no era obligatoria ni vinculante al ser proferida por la Comisi ón de Personal . E n su criterio, esto desconoce el principio de confianza legítima en las decisiones de la administración de justicia, al cambiarse el criterio 5 años después.

• Criterio unificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que no fue valorado por el tribunal, dado que allí se expuso que ese tipo de decisiones no sustituyen la voluntad del nominador ni coadministran.

• Interpretar que hay identidad en la decisión de personal que ordenó en el año 2016 dejar sin efecto el nombramiento pro visional con la adoptada por el alcalde, consistente en terminar el nombramiento provisional. A su juicio, la decisión no vinculante de la Comisión de Personal tenía como propósito dejar sin efectos el acto administrativo de nombramiento provisional, mient ras que el Decreto demandado en sede de nulidad y restablecimiento del derecho terminó el nombramiento provisional « sin dejar sin efecto como tal, el acto de 2013, es decir que no hay identidad entre lo recomendado y lo decidido ».

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 20 de octubre de 2023 , se admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca , en calidad de parte demandada; y a la señora Blanca Amparo Manquillo Blanco y al alcalde del Municipio de Popayán, como

ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca , en calidad de parte demandada; y a la señora Blanca Amparo Manquillo Blanco y al alcalde del Municipio de Popayán, como terceros con interés.

2.1. El Tribunal Administrativo del Cauca indicó que no se configuró ninguna vía de hecho en la sentencia de segunda instancia, puesto que esta se ajustó a los precedentes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso.

En cuanto al defecto sustantivo, manifestó que no se configuró, dado que la Resolución del 30 de abril de 2016 , en la que la Comisión de Personal aceptó laRadicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

Demandante: Anny Lucía Sánchez Fernández Demandado: Tribunal Administrativo d el Cauca Sentencia de tutela de primera instancia

6 reclamación de la señora Blanca Amparo Manquillo y recomendó a la administración dejar sin efecto el acto de nombramiento en provisionalidad de la señora Anny Lucía Sánchez Fernández , así como la Resolución 06 del 29 de diciembre de 2016, en la que se repuso el artículo 4 p ara ordenarle a la administración municipal dejar sin efectos el acto de nombramiento, fueron las decisiones que sirvieron de sustento al Decreto 20201000000895 del 11 de febrero de 2020, por medio del cual el alcalde de Popayán ejecutó dicha orden y terminó el nombramiento en provisionalidad de la señora Sánchez Fernández .

Expuso que las mismas debieron ser demandadas, a fin de que pudiera efectuarse el respectivo control judicial.

nombramiento en provisionalidad de la señora Sánchez Fernández .

Expuso que las mismas debieron ser demandadas, a fin de que pudiera efectuarse el respectivo control judicial.

En cuanto al defecto fáctico alegado, sostuvo que no se configuró, ya que en la sentencia atacada se determinó que el acto de desvinculación encontró sustento en las Resoluciones 04 y 06, y no en la Resolución de la CNSC 20172010061485. Que, en todo caso, ese decreto sí se valoró en el acápite probatorio.

En lo que tiene q ue ver con la supuesta incongruencia frente a lo decidido en la acción de cumplimiento, expresó que no puede ser atendido ese argumento, ya que se trata de un proceso judicial diferente con finalidades distintas, y no hay incidencia del uno sobre el otro.

2.2. Los demás sujetos procesales vinculados guardaron silencio, a pesar de que fueron notificados del auto admisorio de la demanda.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Si se cumple, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en los defectos alegados, al proferir la providencia del 21 de septiembre de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

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2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 2, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario exami nar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota

derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en

2 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T-131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

Demandante: Anny Lucía Sánchez Fernández Demandado: Tribunal Administrativo d el Cauca Sentencia de tutela de primera instancia

8 juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

La Sala considera que con la demanda de tutela que no se satisfizo el requisito de

Sentencia de tutela de primera instancia

8 juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

La Sala considera que con la demanda de tutela que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante pretende convertir la solicitud de amparo en instancia adicional del proceso ordinario y, de ese modo, debatir nuevamente sobre la valoración probatoria realizada por las autoridades judiciales accionadas.

No es suficiente que en la demanda de tutela se invoque la vulneración de ciertos derechos o garantías constitucionales para dar por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional y que se justifique dictar una decisión de fondo. No. Pese a la relación de la mayoría de los litigios con los derechos fundamentales al debido proceso, el legislador , según unas reglas de competencia, asignó la tarea de resolver las controversias derivadas de las relaciones legales y reglamentarias entre los servidores públicos y el Estado por regla general (Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 ) al juez contencioso administrativo y, de manera excepcional , al ju ez ordinario (numeral 4 del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011 ).

Quiere decir lo anterior que la intervención del juez constitucional es absolutamente excepcional y limitada a los eventos en los que exista una posible y verdadera afectación de derechos constitucionales que desborde el juic io de los jueces naturales.

De esta manera, la Sala reitera que el papel del juez constitucional no está previsto para actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, ni para realizar juicios de corrección4 de sus decisiones judiciales, salvo casos excepcionalísimos , en los

De esta manera, la Sala reitera que el papel del juez constitucional no está previsto para actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, ni para realizar juicios de corrección4 de sus decisiones judiciales, salvo casos excepcionalísimos , en los que la discusión esté desprovista del enfoque de instancia adicional y contenga una verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso en virtud del cual el artículo 29 constitucional establece el derecho a ser juzgado « ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evit ar que otras asuman funciones que no les han sido encomendadas. De manera que cu alquier intención dirigida a que se reemplace o se actué como juez natural de la causa debe ser contenida en sede de tutela. De lo

4 En tal sentido puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

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9 contrario, la justicia constitucional se antepondría a los principios del juez natural, independencia y autonomía judiciales , para convertirse en el escenario último en el que desemboquen todos los litigios judiciales por desacuerdos con la composición que del conflicto realicen los operadores ju diciales de la causa.

Precisado lo anterior, se tiene entonces que la tesis que sustenta las pretensiones de la demandante, esta es, que el Tribunal Administrativo del Cauca se pronuncie

que del conflicto realicen los operadores ju diciales de la causa.

Precisado lo anterior, se tiene entonces que la tesis que sustenta las pretensiones de la demandante, esta es, que el Tribunal Administrativo del Cauca se pronuncie sobre los planteamientos del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia , «sin la exigencia que se haya demandado las decisiones no vinculantes de la Comisión de Personal del Municipio de Popayán », fue un asunto que ya se debatió ante el juez de segunda instancia, el cual negó las pretensiones de la demanda porque consideró que el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán incurrió en un error al fijar el litigio del proceso, pues incluyó en el estudio de nulidad, además del acto administrativo demandado por la señora Sánchez Fernández, las Resoluciones 04 y 06 de 2016, proferidas por la Comisión de Personal del Municipio de Popayán.

En la providencia censurada, el Tribunal Administrativo del Cauca sostuvo lo siguiente:

Teniendo en cuenta el aparte del acto demandado y del análisis del contenido de la parte considerativa y resolutiva del mismo, es posible concluir que dicha decisión de la administración se limitó a cumplir una orden contenida en otro acto administrativo, es decir, en la Resolución No. 06 del 29 de diciembre de 2016, expedida por la Comisión de Personal del Municipio de Popayán.

Partiendo de lo anterior, debe recordarse que, conforme a la postura del H. Consejo de Estado arriba citada, los únicos actos que se consideran definitivos y, por ende, susceptibles de ser enjuiciados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, son aquellos a través de los cuales la

Consejo de Estado arriba citada, los únicos actos que se consideran definitivos y, por ende, susceptibles de ser enjuiciados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, son aquellos a través de los cuales la administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas.

Ahora, conforme a lo expuesto es posible colegir que el acto que, en efecto, modificó la situación jurídica de la actora fue la resolución No. 06 del 29 de diciembre de 2016, e inclusive la resolución previa No. 004 de 2016 que dio inicio a la decisión definitiva de la administración que consolidó la salida de la accionante, pues en los mismos se ordenó a la administración municipal dejar sin efecto el nombramiento de la actora, sin embargo, dichos actos no fueron demandados al interior del presente proceso contencioso administrativo; tampoco se adelantó la conciliación prejudicial frente a ellos.

Cabe subrayar en este punto, que si bien le asiste razón a la actora en el hecho que no fue vinculada al proceso administrativo que dio origen a las resoluciones 04 y 06 emitidas por la comisión de personal del municipio de Popayán, lo cierto es que sí las conoció al momento de serle notificado el acto demandado, siendo este el momento desde el cual podía objetar todas las actuaciones que modificaron su situación, es decir, tanto las resoluciones 04 y 06, como el acto que les daba cumplimiento (Decreto No. 20101000000895); no obstante, seRadicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

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10 insiste, la actora optó por enjuiciar únicamente el acto de ejecución dejando incólumes las actuaciones previas que fueron las que propiamente ordenaron alterar su situación jurídico laboral.

En complemento, debe decirse que, de todas maneras, declarar la nulidad del acto demandado resultaría inocuo para efectos del restablecimiento pedido en la demanda, toda vez que existe un ac to previoresolución No. 06 de 2016que se encuentra en firme y que goza de las prerrogativas de presunción de legalidad, ejecutoriedad, ejecutividad y que dispuso dejar sin efectos el nombramiento en provisionalidad que tenía la actora, de tal suerte qu e la eventual declaratoria de nulidad del Decreto No. 20101000000895 del 11 de febrero de 2020, no modificaría en nada la situación jurídica de la accionante, pues, se insiste, dicho acto solo ejecutó una decisión en firme de la administración.

De otra parte, la actora contaba con la posibilidad de demandar las pluricitadas resoluciones 04 y 06, en la medida que no le resultaban oponibles hasta que no tuviera pleno conocimiento de ellas a través de una notificación efectiva, se por conducta concluyenteque incluso podría entenderse con la presentación de la solicitud de conciliación - o porque la administración haya agotado el trámite debido frente a ella, momento desde el cual se empezaba a computar el término de caducidad para ejercer su derecho de acción; circunstancia que no sucedió y que dio lugar a que el mismo se compute ante la pasividad de la demandante.

trámite debido frente a ella, momento desde el cual se empezaba a computar el término de caducidad para ejercer su derecho de acción; circunstancia que no sucedió y que dio lugar a que el mismo se compute ante la pasividad de la demandante.

A su vez, es menester acotar que le queda vedado a la Judicatura adelantar algún juicio de legalidad frente a las resoluciones en mención, pues, se reitera, las mismas no fueron objeto de agotamiento de conciliación previa, ni de controversia alguna en la demanda, aceptando, su validez y su presunción de legalidad.

(…)

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto ut supra, esta Sala no puede pasar por alto lo concerniente a la fijación del litigio efectuado por el Juzgador de instancia, donde se incluyó el estudio de nulidad del acto acusado por la parte actora y las resoluciones 04 y 06 emitidas p0or la comisión de personal del municipio de Popayán.

(…)

Partiendo de la jurisprudencia en cita es posible concluir que el principio de congruencia tiene íntima relación con el derecho fundamental al debido proceso, razón por la cual el mismo debe ser protegido en aquellos eventos en los que se evidencia su vulneración.

Así, en este caso el Ad Quo soslayó dicho principio al incluir el estudio de nulidad de actos administrativos sobre los cuales el actor no requirió el control judicial, lo cual podría vulnerar el principio de contradicción y defensa de la parte accionada al romperse la congruencia denominada externa por el H. Consejo de Estado, entre lo solicitado y lo fallado, situación que a todas luces debe clarificarse en esta instancia. Ello sin dejar de lado que modificar el objeto

parte accionada al romperse la congruencia denominada externa por el H. Consejo de Estado, entre lo solicitado y lo fallado, situación que a todas luces debe clarificarse en esta instancia. Ello sin dejar de lado que modificar el objeto de litigio en la audiencia inicial impediría que la parte demandada pueda defenderse de los posibles cargos de nulidad que se incluyen en esa etapa procesal, pues la oportunidad para contestar la demanda y oponerse a las pretensiones ya había fenecido.

A su vez, debe recordarse que dichos actos (resoluciones 04 y 06) no fueron objeto de agotamiento del requisito de procedibilidad, lo que evidencia con mayor claridad la imposibilidad incluirlas como actos objeto de control de nulidad.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06375-00

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En consecuencia, se debe conservar el sentido del fallo de primera instancia najo el entendido de negar las pretensiones de la demanda pero según las razones aquí expuestas, es decir, aclarando que esta Sala de decisión se aparta de la motivación expuesta por el A Quo, la cual no se encontró pertinente dentro del presente asunto.

En síntesis, en criterio del tribunal demandado, el a quo desconoció el principio de congruencia externa al examinar la legalidad de actos administrativos sobre los cu