CE - 010315000202306413001SENTENCIA20231127142956

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: AMPARO QUINTERO HERNANDEZ

Accionado: SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN «B» DEL CONSEJO DE ESTADO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Amparo Quintero Hernández contra la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Amparo Quintero Hernández solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, e l debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación

sentencia de 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 18001-23-40-000-2018-00064-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo

siguiente:

2.1. Mencionó que nació el 9 de abril de 1961 y para el año 2016 tenía 55 años.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

2.2. Indicó que ha laborado por más de 20 años.

2.3. Precisó que el 20 de septiembre de 2017 presentó derecho de petición ante la Secretaría de Educación del Municipio de Florencia solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, entidad que negó su solicitud mediante la Resolución núm. 0106 de 17 de enero de 2018.

2.4. Expresó que, con base en lo anterior, promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 18001-23-40-000-2018-00064-00/01 en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, en adelante UGPP, para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 0106 de 2018 y se le reconociera su pensión de jubilación.

de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, en adelante UGPP, para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 0106 de 2018 y se le reconociera su pensión de jubilación.

2.5. Refirió que el asunto le correspondió al Tribunal Administrativo del Caquetá, autoridad judicial que, mediante sentencia de 1° de septiembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda porque no hacía parte del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 23 de diciembre de 19931.

2.6. Mencionó que contra el fallo de primera instancia presentó recurso de apelación, el cual fue desatado por la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado, a través de la sentencia de 9 de marzo de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia.

2.7. Señaló que la sentencia proferida por la Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en una decisión sin motivación, en un desconocimiento del precedente, en un defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución.

2.8. Como fundamento de la decisión sin motivación, manifestó que se incurrió en dicha caus al de procedibilidad porque la sentencia omitió: i) el precedente jurisprudencial de esta Corporación, según el cual «[…] los docentes deben estar inmersos en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para que les sea aplicable la Ley 71 de 1988, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes […]»;y ii) el precedente judicial que trata de «[…] los periodos laborados como docente bajo la modalidad de contratos u OPS para el

aplicable la Ley 71 de 1988, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes […]»;y ii) el precedente judicial que trata de «[…] los periodos laborados como docente bajo la modalidad de contratos u OPS para el servicio público de educación […]».

2.9. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que: i) se dejaron de aplicar las normas que establecen que a los docentes del magisterio no les resulta aplicable el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) se desconocieron los tiempos labora dos como docente a través de contratos de prestación de servicios.

1 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

2.10. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, manifestó que la providencia cuestionada transgredió las reglas jurisprudenciales contenidas en las sentencias de unificación de 28 de agosto de 20182 y 25 de abril de 2019 3, según las cuales a los docentes no se les puede aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2.11. Frente a la violación directa de la Constitución, precisó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social porque se desconoció el tiempo laborado mediante contrato de prestación de servicios.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

a la seguridad social porque se desconoció el tiempo laborado mediante contrato de prestación de servicios.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] PRIMERA. - DECLARAR que, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, expediente No. 18001 -23-40-000-2018-0006401, CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B” Magistrado Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS , al confirmar la sentencia del 01 de septiembre de 2020 emitida por el Tribunal Administrativo de (sic) Caquetá, se (sic) vulneraron a la señora AMPARO QUINTERO HERNÁNDEZ los derechos fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación por aportes, los derechos adquiridos con arreglo a la ley, al trabajo, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a la seguridad social, la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de segunda instancia emitida por El CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” fechada el 09 de marzo de 2023 y notificada el 25 de abril del mismo año.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la sentencia unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado. De esta forma se ordene el reconocimiento de la pensión de jubilación a la que tiene de recho la accionante bajo el marco legal de la Ley 71 de 1988, pensión que debe ser efectiva a partir de la constitución del status pensional […]». (Negrilla original del texto)

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena. Rad. núm.: 2012-00143-01, C.P. César Palomino Cortés. 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena. Rad. Núm. 2015 -00569-01, C.P. César Palomino Cortés.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 20 de octubre de 2023, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso de esta Sección admitió la presente acción de tutela.

Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso a la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, a la sociedad Fiduprevisora S.A., al Municipio

a la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, a la sociedad Fiduprevisora S.A., al Municipio de Florencia y al Tribunal Administrativo del Caquetá.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada s las notificaciones a la autoridad accionada y a la s

vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La sociedad Fiduprevisora S.A. , en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, rindió informe en el que manifestó que la argumentación de la parte accionante era «[…] exigua […]» en relación con la configuración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y que: «[…] el mecanismo tutelar se est[aba] utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones pro cesales realizadas […]» en el marco de un proceso judicial.

5.2. Indicó que la presente tutela era improcedente porque las autoridades judiciales que conocieron el proceso contencioso administrativo actuaron en debida forma y respetando el derecho fundamental al debido proceso de las partes. Asimismo, solicitó su desvinculación del presente proceso.

5.3. El Ministerio de Educación Nacional , a través de apoderado judicial, refirió que en el presente caso «no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante» . Adicionalmente, señaló que la con troversia planteada en esta sede constitucional era de naturaleza meramente económica.

procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante» . Adicionalmente, señaló que la con troversia planteada en esta sede constitucional era de naturaleza meramente económica.

5.4. Mencionó que de los argumentos expu estos en el escrito de amparo no se observa que el asunto tenga relevancia constitucional.

5.5. El Municipio de Florencia , a través de apoderada judicial, señaló que «la accionante no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 d e 2003, para aplicar al régimen de transición pensional» , motivo por el cual le fueron negadas las pretensiones de la demanda.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

5.6. Solicitó se declare improcedente la acción de tutela debido a que no se probó que en el trámite del proceso contencioso administrativo se hubiesen vulnerados los derechos fundamentales de la accionante.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de

1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por la sociedad Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:

«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia d e fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial car ente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de

preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial car ente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 5 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho». 6 «Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 7 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». 8 Corte Con stitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. T-1412872, M.P. Jaime Araújo Rentería ; de 30 de noviembre de 2006.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera de texto)

9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Fiduprevisora S.A. fue parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera

9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Fiduprevisora S.A. fue parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello

es así, se deberá determinar:

b) Si la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasión de la sentencia de 9 de marzo de 2023, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18001-23-40000-2018-00064-00/01, por haber incurrido en una decisión sin motivación, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta

constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la

Constitución11.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»12 que encaje en dichos parámetros.

10 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado

esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»12 que encaje en dichos parámetros.

10 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 11 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio qu e permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando l as decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de

por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 12 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

19. La señora Amparo Quintero Hernández solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9 de marzo de 2023 , proferida por la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y

justicia, al trabajo y a la seguridad social cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9 de marzo de 2023 , proferida por la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 18001-23-40-000-2018-00064-00/01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VI.5.1. Requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

21. Respecto del requisito general de procedencia de relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido requisito se cumple siem pre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005, Exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 8 de junio de 2005.

13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005, Exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 8 de junio de 2005. 14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; 13 de julio de 2017 y T-458 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 29 de agosto de 2016. 15 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de cuestionar el contenido de una decisión judicial. 16 Corte Constitucional. Sala Séptima. Sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 16 de febrero de 2006. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

23. Así, en virtud a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, que:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra pr ovidencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor

por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra pr ovidencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe moti var su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]». (Negrilla fuera del texto)

24. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 2022 18 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,

cuáles eran los deberes del juez constitucional:

«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se li mite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutel a se dirige contra una

discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutel a se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

17 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 2012 -02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 5 de agosto de 2014. 18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU -215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00

Accionante: Amparo Quintero Hernández

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalment e al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor

violación de derechos fundamentales, principalment e al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones