CE - 010315000202306455001SENTENCIA20231123145924

Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-06455-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06455-00

Demandante: CARLOS ERNESTO ROSAS TASCÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial . Falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela formulada por conducto de apoderado judicial por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado . Esto, de conformidad con lo establecido en lo s Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. La parte actora, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra

de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. La parte actora, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 1. Con la solicitud de amparo el accionante pretende la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. En su sentir, la transgresión de las citadas garantías constitucionales se consolidó con el fallo de 24 de agosto de 2023, proferido por la autoridad accionada, mediante el cual se revocó la providencia del 14 de agosto de 2022, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había negado las pretensiones de la demanda interpuesta en su contra por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)2.

1.2. Pretensión constitucional

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1 La tutela se presentó el 20 de octubre de 2023. 2 Proceso de lesividad con radicado N. ° 25000-23-42-000-2014-01746-00/01.Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,

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Solicito muy respetuosamente se sirva amparar los derechos fundamentales del señor CARLOS ERNESTO ROSAS TASCON, al debido proceso judicial y administrativo, a la igualdad, buena fe, al derecho de acceso a la justicia (T -411/16), defecto factico, violación directa de la constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional y demás que se encuentran regulados en la Constitución Política, y en consecuencia se declare que la sentencia de fecha 24 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Se gunda – Subsección A, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Radicación 25000 -23-42-000-2014-01746-02 (6138 -2022), Demandante. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, Demandado Carlos Ernesto Rosas Tascón, violó los derechos al debido proceso, denegación de administración de justicia, defecto factico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional del señor Carlos Ernesto Rosas Toscón.

Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón, se DEJE SIN EFECTO la sentencia citada, y se ordene al Consejo de Estado, Sala de los Contencioso

Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón, se DEJE SIN EFECTO la sentencia citada, y se ordene al Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y Honorable Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia sobre el vínculo laboral o relación laboral y que el demandado señor Carlos Ernesto Rosas Tascón presenta un vínculo laboral o relación laboral c on el Departamento de Cundinamarca y Municipio de Facatativá – Mosquera cuyo desconocimiento se invocó.

Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón, se DEJE SIN EFEC TO la Resolución No 165 de fecha 8 de mayo de 2015 proferida por la Secretaria de Educación del Municipio de Mosquera – Cundinamarca, indica: “que corresponde por los servicios prestados como docente de vinculación NACIONAL”, las certificaciones de tiempo de servicio y salarios devengados expedidas por el Departamento de Cundinamarca, Municipio de Facatativá y Municipio de Mosquera que indican que el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón “Docente Nacional” y “III. SITUACION LABORAL. 2 REGIMEN DE PENSIONES NACIONAL”, dentro del término razonable que se considere, dictar la

Ernesto Rosas Tascón “Docente Nacional” y “III. SITUACION LABORAL. 2 REGIMEN DE PENSIONES NACIONAL”, dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y Hon orable Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia sobre el vínculo laboral o relación laboral y que el demandado señor Carlos Ernesto Rosas Tascón presenta un vínculo laboral o relación laboral con el Departamento de Cundinamarca y Municipio de Facatativá – Mosquera cuyo desconocimiento se invocó. (Negritas y mayúsculas del texto original).

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la siguiente manera:

4. El señor Carlos Ernesto Rosas Tascón fue nombrado por el Ministerio de Educación y estuvo vinculado como docente oficial al servicio del departamento de Cundinamarca bajo una relación legal y reglamentaria del orden nacional.Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

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5. El 15 de junio de 2005, el señor Rosas T ascón solicitó a la extinta Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión de gracia.

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5. El 15 de junio de 2005, el señor Rosas T ascón solicitó a la extinta Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión de gracia.

6. Mediante Resolución 38851 del 9 de agosto de 2008, la referida autoridad negó lo reclamado al aducir que el actor había acreditado el tiempo de servicio mediante una vinculación del orden nacional.

7. Inconforme con lo anterior el accionante junto con otros docentes , interpusieron acción de tutela en el municipio de Magangué (Bolívar), a fin que les fuera concedido la aludida prestación.

8. Mediante providencia del 6 de octubre de 2006 3, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) ordenó el reconocimiento de la pensión de gracia a favor del señor Rosas Tascón.

9. Pese a lo anterior, Cajanal se abstuvo de darle cumplimiento. Al respecto sostuvo que el señor Rosas Tascón no acreditaba los requisitos legales para otorgarle la pensión4.

10. Posteriormente, la UGPP acatando la referida tutela, expidió la Resolución 026613 del 12 de junio de 2013, con la que concedió el pago de la referida prestación a favor del accionante a partir del 8 de marzo de 2005.

11. Ahora bien, la UGPP instauró demanda contra el señor Rosas Tascón en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 5, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin que se declarara la nulidad de la Resolución 026613 del 12 de

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 5, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin que se declarara la nulidad de la Resolución 026613 del 12 de junio de 2013 y se condenara al accionante a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas a las cuales no tenía derecho, junto al pago de los intereses comerciales y moratorios.

12. El proceso le correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa autoridad judicial, mediante fallo de 1 de agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda . El a quo consideró que el señor Rosas Tascón cumplía con las exigencias establecidas para ser acreedor de la pensión de jubilación de gracia y que en ese orden de ideas le asistía derecho a que le fuera reconocida, liquidada y pagada6.

13. Contra la anterior decisión, la entidad demandante interpuso recurso de apelación.

Este último fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de

3 Acción de tutela identificada con el radicado 2006-00194. 4 Esto lo indicó en las resoluciones 25153 del 31 de mayo de 2007, 57747 del 17 de diciembre de 2007 y 04523 del 3 de febrero de 2009. 5 Proceso identificado con el radicado 25000-23-42-000-2014-01746-00/01. 6 Adicionalmente ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de la Resolución 021627 del 28 de mayo de 2015, y condenó a la UGPP al pago debidamente indexado de las mesadas pensiones

6 Adicionalmente ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de la Resolución 021627 del 28 de mayo de 2015, y condenó a la UGPP al pago debidamente indexado de las mesadas pensiones que se dejaron de cancelar en virtud de dicha decisión.Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,

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Estado. Esa corporación judicial, mediante providencia del 24 de agosto de 2023, revocó la decisión de primera instancia , y expuso que , del material probatorio obrante en el proceso, se infería lógica y válidamente que la relación legal y reglamentaria del demandado, lo fue en calidad de docente nacional.

14. Adicionalmente, en cuanto al reintegro de las sumas percibidas por el demandando, p uso de presente, que a lo largo de la actuación constitucional que concedió la pensión gracia, se presentaron una serie de actuaciones fraudulentas que conllevaron a que al titular del Juzgado Segundo Civil de Magangué fuera investigado y condenado disciplinaria y penalmente. En este sentido, afirmó que el aquí accionante se apartó del postulado de buena fe, pues pese a haber conocido los argumentos de la negativa de la pensión de gracia, decidió obtener la misma mediant e una acción constitucional presentada en Magangué, esto es, un lugar que no coincidía con el de su domicilio ni con el que prestó sus servicios.

negativa de la pensión de gracia, decidió obtener la misma mediant e una acción constitucional presentada en Magangué, esto es, un lugar que no coincidía con el de su domicilio ni con el que prestó sus servicios.

15. Dicho lo anterior, revocó la decisión de negar la devolución de los dineros y ordenó el reintegro a la UGPP de manera indexada de la suma recibida.

1.4. Sustento de la vulneración

16. La parte actora alegó que la autoridad judicial vulner ó sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia

con base en los siguientes fundamentos:

17. Manifestó que el Consejo de Estado desconoció lo elementos que debe concurrir para que se admita que una persona desempeña un empleo público y pueda obtener los derechos que de ello se deriva, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución

Política.

18. Afirmó que el accionante nunca hizo parte de la planta de personal del nivel central del Ministerio de Educación Nacional y que por el contrario hizo parte de la planta de los municipios de Facatativá y Mosquera, así mismo cumplió funciones propias de docente y que los emolumentos recibidos, así como los aportes a salud y pensión, provenían de recursos propios del departamento de Cundinamarca.

19. Así mismo resaltó que, pese a que su designación fue realizada por el Ministerio de Educación, la posesión se llevó a cabo por el municipio de Facatativá y que la pensión de invalidez fue concedida por el mencionado departamento.

20. Sostuvo que hubo un desconocimiento de los artículos 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125,

de invalidez fue concedida por el mencionado departamento.

20. Sostuvo que hubo un desconocimiento de los artículos 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125, 320, 320 y los numerales 7 de artículo 305 y 7 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia.

21. Arguyó que la tutela que dio origen al reconocimiento de la pensión de gracia fue radicada en el municipio de Magangué el 2006, año en el cual aún no existía laDemandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

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competencia por factor territorial que surgió mediante los autos 124 y 198 de 2009 proferidos por la Corte Constitucional.

22. Consideró que se desconoci ó el precedente judicial contenido en las sentencias C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-614 de 2009, C-679 de 2011, C-185 de 2019 y la Ley 29 de 1989 de la Corte Constitucional, así como lo contenido en la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994 y Ley 715 de 2001.

23. Así mismo afirmó que se inobservó las sentencias del 26 de mayo de 20167, 5 de mayo de 20168 y 13 de febrero de 20149 proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

mayo de 20168 y 13 de febrero de 20149 proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

24. Mediante auto del 23 de octubre de 2023, el magistrado ponente admitió la tutela y dispuso la notificación de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. También se ordenó vincular como tercero s con interés en las resultas del proceso a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la UGPP.

25. Adicionalmente, solicitó a la autoridad accionada y al Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, copia íntegra digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N. ° 25000-23-42-000-201401746-00/01.

1.6. Intervenciones

26. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron

las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B

27. Se limitó a remitir el enlace del expediente solicitado.

1.6.2. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)

28. En primer lugar, manifestó que no se cumplía con el requisito de existencia de un perjuicio irremediable o afectación al mínimo vital y seguridad social, pues los derechos del accionante se encontraban protegidos gr acias al pago mensual de la pensión de jubilación cancelada por el magisterio.

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del accionante se encontraban protegidos gr acias al pago mensual de la pensión de jubilación cancelada por el magisterio.

7 Rad 68001233100020000140001 8 Rad 85001-23-31-000-2012-00032-02 9 Rad 05001-23-31-000-2003-01050-01Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

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29. Respecto a los hechos y pretensiones de la tutela, afirmó que el accionante no acreditó los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiari o de la pensión de gracia, por cuanto la vinculación del docente era del orden nacional, status que no le permitía acceder al reconocimiento de la misma.

30. Añadió que lo pretendido por el accionante era sustituir una decisión judicial proferida por el juez natural de la causa y que se proced iera a reconocer a su favor la pensión lo que resultaba improcedente porque el juez ordinario ya se pronunció. Así mismo resaltó que lo pretendido era utilizar la tutela como una tercera instancia y que tampoco es el mecanismo para el reconocimiento de peticiones prestacionales.

31. Arguyó que en el presente caso no se cumplieron ninguno de los requisitos generales ni específicos para que procediera el mecanismo constitucional.

32. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese a ser

31. Arguyó que en el presente caso no se cumplieron ninguno de los requisitos generales ni específicos para que procediera el mecanismo constitucional.

32. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese a ser notificada debidamente, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

35. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón se encuentra legitimad o en la causa por a ctiva. Esto , porque figura como demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N. ° 25000-23-42-000-2014-01746-00/01. Por tanto, es titular de l derecho fundamental

porque figura como demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N. ° 25000-23-42-000-2014-01746-00/01. Por tanto, es titular de l derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia que alega.

36. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

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2.3. Problema jurídico

37. El primer problema jurídico que subyace al caso en concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

38. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

39. ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de la parte actora con ocasión de la decisión del 24 de agosto de 2023, que presuntamente incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución ? Esta providencia revocó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad), con

del precedente y violación directa de la Constitución ? Esta providencia revocó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo que concedió pensión de gracia a favor del accionante.

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de encontrarse superados junto con las demás exigencias, se procederá al análisis de (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 10. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 11. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales12.

42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providenc ia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 13. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia14 y ocho defectos especiales en

de tutela contra providenc ia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 13. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia14 y ocho defectos especiales en

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo d e la Sala Plena antes reseñado. 12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 14 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un términoDemandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A

1. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un términoDemandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

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los que puede incurrir una providencia judicial15.

43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 15 Los ocho defectos materiales son los siguien tes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se dec ide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que

como son los casos en que se dec ide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: Carlos Ernesto Rosas Tascón

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46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso co ncreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

47. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término “relevancia constitucional” en la sentencia C -590 de 2005 16. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia con stitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes17. (Subrayado fuera de texto).

48. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con es ta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202218, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.

exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202218, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar