CE - 010315000202306511001SENTENCIA20231214145947

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL – No se configura en este caso, por cuanto existen criterios dispares respecto de la suspensión o no del término de caducidad de las acciones ejecutivas promovidas contra la extinta Cajanal E.I.C.E. / DEFECTO SUSTAN TIVO – Descartada su configuración ante la inexistencia de una interpretación o aplica ción arbitraria o irrazonable de las normas que gobiernan el asunto examinado.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jorge Humberto Salamanca Rojas contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

Salamanca Rojas contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 23 de octubre de 20231, el señor Jorge Humberto Salamanca Rojas interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso de administración de justicia , con ocasión a la expedición de la providencia del 14 de septiembre de 2023 que declaró probada la excepción de caducidad dentro del proceso ejecutivo adelantado por el actor para el cumplimiento de la sentencia del 16 de marzo de 2007, proferida por el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1.- Que se TUTELEN los derechos fundamentales del señor JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS al debido proceso por vía de hecho al

1 Se advierte que, el 9 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2 presentarse indebida error presumir que no se hizo parte dentro del proceso de liquidación de CAJANAL, cuando al respecto NO existe ninguna duda que efectivamente y en forma oportuna acudió infructuosamente al mismo por lo

2 presentarse indebida error presumir que no se hizo parte dentro del proceso de liquidación de CAJANAL, cuando al respecto NO existe ninguna duda que efectivamente y en forma oportuna acudió infructuosamente al mismo por lo cual además se constituye defecto sustantivo y probatorio en el auto del 14 de septiembre de 2.023 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, con la consecuente violación del derecho al acceso a la administración de justicia del accionante.

2.- Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del Fallo de Tutela, revoque la providencia del 14 de septiembre de 2.023 y en su lugar, se ordene continuar con el trámite que corresponda consecuente con el Auto por medio del cual se libró el mandamiento de pago en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a favor del señor JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS, pro concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C: de fecha 16 de marzo de 2007, debidamente ejecutoriada con fecha 20 de agosto de 2.008, cumplida en forma parcial el día 2 de abril de 2011, fecha en la cual se pagaron las mesadas atrasadas y la indexación, pero no lo correspondiente a los intereses moratorios, los cuales fueron causados desde

agosto de 2.008, cumplida en forma parcial el día 2 de abril de 2011, fecha en la cual se pagaron las mesadas atrasadas y la indexación, pero no lo correspondiente a los intereses moratorios, los cuales fueron causados desde esta fecha, hasta cuando se efectúe el pago total de la misma, de conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 177 del C.C.A. (Decreto 01 de 1984), por cuanto de ninguna manera se configuró el fenómeno de la caducidad y mucho menos por culpa o responsabilidad de la pensionada.

1.2. Hechos

Concretamente, e l señor Jorge Humberto Salamanca Rojas narró que , el 16 de marzo de 2007 , el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá profirió sentencia condenatoria a su favor y contra la extinta CAJANAL E .I.C.E., en la que ordenó a la entidad la reliquidación de su pensión. La providencia quedó ejecutoriada el 20 de agosto de 2008.

Como la entidad entró en proceso de liquidación el 12 de junio de 2009, el cual se mantuvo hasta el 11 de junio de 2013, el accionante intervino oportunamente obteniendo el pago parcial de la obligación ; sin embargo, en esa ocasión la entidad no pagó el monto correspondiente a los intereses moratorios.

Por lo anterior , el 28 de febrero de 2017 , el señor Salamanca Rojas instauró demanda ejecutiva ante el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá, el que, a través de auto del 28 de abril siguiente, libró mandamiento de pago, decisión que fue objeto de apelación por la UGPP a instancias del Tribunal Administrativo de

demanda ejecutiva ante el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá, el que, a través de auto del 28 de abril siguiente, libró mandamiento de pago, decisión que fue objeto de apelación por la UGPP a instancias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la caducidad de la acción mediante auto del 14 de septiembre de 2023.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3 1.3. Argumentos de la tutela

Durante el proceso de liquidación de la extinta CAJANA L E.I.C.E. se suspendió la causación de intereses moratorios, así como también los términos de prescripción y caducidad, situación que desconoció el Tribunal demandado, al declarar la caducidad de la acción , y, que en su sentir, constituye una clara violación de los derechos al d ebido proceso y de acceso a la administración de justicia , dado que se encuentra demostrado que la entidad cumplió la condena parcialmente y que aún adeuda el monto correspondiente a los intereses causados.

La corporación accionada incurrió en defecto sustantivo, por cuanto concluyó que la acción ejecutiva caducó, basándose en los artículos 136, numeral 11 del CCA, y 164 del CPACA, sin considerar las siguientes circunstancias:

[Q]ue el proceso de liquidación de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. (dentro del cual, reitero, el señor JORGE

164 del CPACA, sin considerar las siguientes circunstancias:

[Q]ue el proceso de liquidación de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. (dentro del cual, reitero, el señor JORGE HUMBERTO SALAMANCA ROJAS sí se hizo parte ver anexo), inició mediante el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009 y se prorrogó hasta el 11 de junio de 2013, fecha en la cual se extinguió la vida jurídica de forma definitiva, según el Decreto 877 del 30 de abril de 2013, por lo que durante ese periodo, existió el fenómeno jurídico del fuero de atracción, y por lo tanto, la misma entidad mediante procedimientos erráticos impidió que el crédito reclamado entrara a la masa liquidataria, y solo se limitó a cumplir parcialmente el 25 de abril de 2011, fecha en la cual solo canceló el capital y la indexación, desconociendo en forma clara el pago de los intereses moratorios, lo cual también ocasionó que dentro del término de ejecutoria (20 de agosto de 2008 y hasta abril de 2011) existiera además de la suspensión de términos la imposibilidad legal para acudir ante la Administración de Justicia para reclamar las sumas reconocidas judicialmente, pues no era posible saber con anticipación que la entidad mediante resolución anunciada, decidiera cumplir parcialmente la orden judicial.

De otra parte, insistió en que existe n múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado, en l os que se ha sostenido que el término de prescripción y caducidad para reclamar las obligaciones contra la extinta CAJANAL E .I.C.E. se suspendió o

De otra parte, insistió en que existe n múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado, en l os que se ha sostenido que el término de prescripción y caducidad para reclamar las obligaciones contra la extinta CAJANAL E .I.C.E. se suspendió o interrumpió entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013. Citó las sentencias del 22 de marzo de 2018 , M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; del 8 de agosto de 2019 , emitida dentro del expediente 2015 -05762-01, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter , y la proferida el 29 de marzo de 2016 , dentro del expediente 2015-01601-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, entre otras.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 30 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a los magistrados que integran la Subsección A de laRadicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4 Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte demandada, y, como tercero con interés, al director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), toda vez que la entidad que representa intervino en el trámite del proceso ejecutivo con radicado 11001 -33-35-026-201700063-01. Así

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), toda vez que la entidad que representa intervino en el trámite del proceso ejecutivo con radicado 11001 -33-35-026-201700063-01. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El magistrado ponente de la providencia censurada señaló que la tutela es improcedente porque busca controvertir la decisión autónoma del juez natural de la causa, la cual se fundamentó en una interpretación razonable de las normas aplicables al caso concreto, por lo que no es factible invocar la existencia de una vía de hecho.

En ese orden, adujo que la tutela pretende convertir se en instancia adicional del proceso ordinario y, por ende, es evidente su improcedencia, más aún cuando no existe prueba o fundamento alguno que justifique lo pretendido por el accionante.

2.2. El apoderado de la UGPP señaló que la acción de tutela es improcedente para obtener la reliquidación pensional solicitada por el demandante.

Se refirió ampliamente a la figura de la caducidad y explicó cómo debe contabilizarse en la acción ejecutiva para hacer cumplir una sentencia judicial, con el fin de señalar que, en el caso concreto, el fallo que sirve como título base de recaudo quedó ejecutoriad o el 20 de agosto de 2008, por lo que el actor tenía hasta el 20 de agosto de 2013 para interponer la demanda ; como no lo hizo, operó dicho fenómeno.

Recalcó que la tutela no cumple con los requisitos generales y específicos

hasta el 20 de agosto de 2013 para interponer la demanda ; como no lo hizo, operó dicho fenómeno.

Recalcó que la tutela no cumple con los requisitos generales y específicos señalados por la jurisprudencia constitucional para su procedencia contra una providencia judicial. Sin embargo, acotó que no existe defecto sustantivo, como lo quiere hacer ver la parte actora, por cuanto el auto reprochado no desconoce las normas de rango legal o «infra legal» y no vulnera derecho fundamental alguno.

Aunado a lo expuesto, indicó que la parte accionante no demostró la amenaza de un perjuicio irremediable, razón por la cual no se justifica la intervención del juez constitucional.

2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. Sólo en caso de que se cumplan, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si se configur aron o no los defectos material o sustantivo y de desconocimiento del precedente atribuidos a la providencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

2. Análisis de la Sala

providencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la providencia censurada data del 14 de septiembre de 2023 , mientras que la solicitud de amparo se presentó el 23 de octubre del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión cuestionada.

2.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso ordinario y al revisar las razones que sustentan la pretensión constitucional, ninguna de ellas se ajusta a las causales de revisión de la sentencia previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.4. De la relevancia constitucional : la cuestión que aquí se discute sí tiene relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante, con argumentos que se dirigen a cuestionar la razonabilidad del juicio realizado en el proceso ordinario, alegó que con la expedición de la providencia censurada la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso de administración de justicia.

De igual forma, se observa que se cumplió con el requisito de carga argumentativa en la sustentación de los vicios atribuido a la providencia, sin que la Sala

accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso de administración de justicia.

De igual forma, se observa que se cumplió con el requisito de carga argumentativa en la sustentación de los vicios atribuido a la providencia, sin que la Sala considere que se esté utilizando este mecanismo de protección constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario, en virtud de las razones que sustentan los supuestos defecto sustantivo y de desconocimiento del precedente invocados.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

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3. De los defectos específicos alegados

Desconocimiento del precedente judicial. Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas2:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció3. b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de transparencia y razón suficiente4).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto5.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.

2 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011. 3 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: « la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumentea partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada

las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica». 4 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver, entre otras, las sentencias T -698 de 2004, T -794 de 2011 y T -364 de 2017 de la Corte Constitucional. 5 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es « la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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En el caso bajo estudio, se alega que , en la providencia del 14 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, desconoció los pronunciamientos del Consejo de Estado que han señalado que el término de prescripción y caducidad para reclamar las obligaciones contra la extinta CAJANAL EICE, se suspendió o interrumpió entre el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013.

Ahora bien, la lectura detenida de la providencia censurada muestra que la

extinta CAJANAL EICE, se suspendió o interrumpió entre el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013.

Ahora bien, la lectura detenida de la providencia censurada muestra que la autoridad accionada, al resolver el recurso de apelación presentado por la UGPP , no se detuvo en la eventual suspensión de términos que ahora alega el libelista, toda vez que, por obvias razones, ese no fue un argumento puesto en consideración por la entidad, quien impugnó la decisión de seguir adelante la ejecución para que se revocara y , en su lugar , se declarara la caducidad de la acción ejecutiva.

No obstante, lo cierto es que no puede endilgársele al Tribunal demandado haber incurrido en desconocimiento del precedente, por cuanto en el Consejo de Estado no existe una posición unificada sobre el particular . E n efecto, en algunas oportunidades —incluso en sede de tutela —, la Corporación ha señalado que el término de caducidad de las acciones ejecutivas promovidas para obtener el pago de obligaciones a cargo de Cajanal se suspendería durante el proceso de liquidación de la entidad 6; y en otras ocasiones ha considerado que «no era necesaria la suspensión de los términos de caducidad y prescripción de las acciones contra la entidad».

Al hilo de lo anterior, e n providencia del 12 de septiembre de 2019, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, precisó lo siguiente:

La Sala pone de presente que si bien el demandante en el recurso de apelación esgrimió algunos autos proferidos por el Consejo de Estado, en los cuales se dijo

Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, precisó lo siguiente:

La Sala pone de presente que si bien el demandante en el recurso de apelación esgrimió algunos autos proferidos por el Consejo de Estado, en los cuales se dijo que el término de prescripción y caducidad de las obligaciones a cargo de la CAJANAL EICE –en liquidaciónse entendería suspendido durante el proceso liquidatorio de la entidad, en virtud de una remisión normativa a la Ley 550 de 1999 y al Decreto 254 de 2000; esta Sala rectificará la posición asumida mediante providencia de 28 de marzo de 2019, puesto que se considera que no era necesario hacer tal remisión normativa para resolver el caso concreto, ya que el Decreto 2196 de 2009 y el Decreto 254 de 2000 prevén que los procesos de CAJANAL que se estuvieran tramitando y los que se llegaren a interponer, serían atendidos por el Liquidador, protegiendo la garantía de defensa del Estado.

En efecto, la remisión normativa está llamada a realizarse cuando la ley sobre determinado tema es incompleta, y se requiere que sea llenada con otros preceptos jurídicos. En aquellos casos en los cuales se esté estudiando la caducidad de la

6 Expedientes 25000-23-42-000-2016-04418-01(4651-19) y 11001 -03-15-000-2020-04100-01(AC), entre otros.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

8 acción ejecutiva contra CAJANAL EICE –en liquidaciónno es necesario hacer una remisión porque el Decreto 2196 de 2009 (mediante el cual se suprime y se ordena la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social), previó que el representante legal de entidad referida era quien tenía la dirección de los procesos judiciales, por lo tanto no era necesaria la suspensión de los términos de caducidad y prescripción de las acciones contra la entidad; a contrario sensu, el legislador anticipó que sería el Liquidador quien se encargaría de la defensa técnica de la institución, hasta que ésta estuviera a cargo de la UGPP. Esta aseveración fue ratificada en el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 254 de 2000, sustento jurídico del Decreto 2196 de 2009.

Sumado a esto, no se puede hacer una remisión normativa como se hizo en las providencias enunciadas en el recurso de alzada, porque el precepto jurídico para explicar la suspensión de los términos judiciales es el contenido en la Ley 550 de 1999 6 , y esto solo ha sido contemplado para la reactivación empresarial y reestructuración de los entes territoriales, estatuto que no sería aplicable a las entidades de orden nacional como es el caso de CAJANAL EICE, lo que riñe con el principio de legalidad y descentralización.

Ahora bien, la Sala considera, que para contabilizar el término de caducidad de la acción ejecutiva es necesario aplicar lo establecido en el numeral 11 del artículo 136

principio de legalidad y descentralización.

Ahora bien, la Sala considera, que para contabilizar el término de caducidad de la acción ejecutiva es necesario aplicar lo establecido en el numeral 11 del artículo 136 del CCA, en los cuales se establece que el término de caducidad para esta clase de demanda es de 5 años, que empezarán a contarse desde que el derecho se hizo exigible, es decir, a partir del día siguiente en que la sentencia quedó ejecutoriada 7. (negrilla fuera del texto original).

Así las cosas, no existe un criterio unificado sobre el particular y, por ende, la Sala estima que, en ejercicio del principio de autonomía e independencia judicial, el Tribunal accionado podía aplicar cualquiera de las dos posturas existentes.

Ahora, como se desprende de la providencia censurada, aunque no se expuso expresamente, el ad quem se inclinó por la tesis de la no suspensión de los términos, puesto que centró su debate en el momento a partir del cual se deben contar los 5 años consagrados por la norma como término de caducidad, y no se centró en una posible interrupción, principalmente porque dicho argumento no fue esgrimido por la entidad apelante, como se indicó en líneas atrás.

Es del caso resaltar que la tesis según la cual no hay lugar a la interrupción de términos con ocasión del proceso de liquidación de Cajanal, es compartida por varias Secciones de esta Corporación 8 y puntualmente esta Sala la acogió en sentencia del 23 de mayo de 20239, en la cual se citó, entre otros, el fallo de tutela del 4 de marzo de 2021 , dictado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado10, que dispuso:

sentencia del 23 de mayo de 20239, en la cual se citó, entre otros, el fallo de tutela del 4 de marzo de 2021 , dictado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado10, que dispuso:

(…) la Sala considera que en la providencia controvertida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentó suficientemente su decisión, al considerar que desde la perspectiva legal y jurisprudencial, el término de

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 25000-23-42-000-2015-0119101(0043-16), M.P. César Palomino Cortés. 8 Sentencias del 23 de agosto de 2018, radicado 11001 -03-15-000-2018-01733-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 15 de noviembre de 2018, radicado 11001 -03-15-000-2018-0063001, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras. 9 Sentencia del 23 de mayo de 2023, radicado 11001 -03-15-000-2023-01647-00 (AC), M .P. Marta Nubia Velásquez. 10 Exp. 11001-03-15-000-2020-04475-01(AC).Radicación: 11001-03-15-000-2023-06511-00

Demandante: Jorge Humberto Salamanca Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9 caducidad de la acción ejecutiva había operado, así como que era inaplicable la suspensión de dicho término en virtud del proceso liquidatorio de

Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9 caducidad de la acción ejecutiva había operado, así como que era inaplicable la suspensión de dicho término en virtud del proceso liquidatorio de CAJANAL, razonamiento que a juicio de la Sala resulta ajustado a las reglas de la sana crítica para respaldar la conclusión a la que arribó la autoridad judicial.

No obstante lo anterior, la Sala precisa que como en la materia no existe criterio unificado, es claro que el Tribunal accionado podía escoger cualquiera de las tesis que sobre el particular ha desarrollado la Sección Segunda del Consejo del Estado, como en efecto lo hizo, sin que dicha decisión implique la transgresión a los derechos fundamentales del tutelante, dado que, como se advirtió en líneas precedentes, la decisión está suficientemente motivada en relación con la contabilización del término de caducidad de la acción ejecutiva.

En tal sentido, conviene destacar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el juez natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable desconocer las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se halló probado (…).

En la misma línea de interpretación, en fallo de tutela del 15 de abril de 2019 , la Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló lo siguiente:

En primera medida, conviene advertir que esta Sección al analizar en sede de tutela casos similares al que hoy se estudia, de manera reiterada había sostenido que en las demandas ejecutivas que pretendan el cobro de

En primera medida, conviene advertir que esta Sección al analizar en sede de tutela casos similares al que hoy se estudia, de manera reiterada había sostenido que en las demandas ejecutivas que pretendan el cobro de obligaciones contenidas en providencias judiciales a cargo de Cajanal, debía considerarse que el término de caducidad estuvo suspendido durante el lapso en que duró el proceso de liquidación de esa entidad. Tal determinación fue justificada en cada uno de los casos analizados, a partir de la jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el asunto en particular.

Pero, de acuerdo con lo indicado en el acápite 5 de esta providencia, se tiene que en la actualidad no hay uniformidad de criterios en la Sección Segunda en relación con la suspensión de la prescripción y la caducidad durante el lapso de liquidación de Cajanal. Esta nu