CE - 010315000202306514001SENTENCIA20231127165612

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-06514-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: HARVEY FERNÁNDEZ CONTRERAS

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A LA MORA JUDICIAL INVOCADA. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, EL TRIBUNAL Y SU

SECRETARÍA REMITIERON POR COMPETENCIA EL EXPEDIENTE

DIGITAL A LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BUCARAMANGA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA LIBRE ESCOGENCIA DE

PROFESIÓN Y OFICIO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1 y su

SECRETARÍA.

1 En adelante el Tribunal.2

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Actor: HARVEY FERNÁNDEZ CONTRERAS

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Señaló que al citado proceso le fue asignado el número único de radicación 680012333000-2022-00524-00 y fue conocido en primera instancia por el TRIBUNAL que, mediante auto de 11 de noviembre de 2022, inadmitió la demanda.

Sostuvo que mediante escrito de 28 de noviembre de 2022, corrigió los yerros advertidos en el auto de inadmisión.

Adujo que el 23 de marzo de 2023, el TRIBUNAL declaró la falta de competencia para conocer el asunto en razón a la cuantía y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga.

Afirmó que luego de siete meses la SECRETARÍA del TRIBUNAL no ha remitido el expediente a la oficina de servicios judiciales de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga, para lo de su competencia.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Afirmó que el TRIBUNAL y su SECRETARÍA incurren en mora judicial, por cuanto luego de siete meses el expediente no ha sido repartido en ningún despacho de los juzgados administrativos.4

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Adujo que la autoridad judicial accionada vulnera su derecho al acceso a la administración de justicia, por cuanto “[…] cercena la oportunidad al tutelante de obtener un pronunciamiento de fondo por parte del Juez administrativo, máxime cuando con la demanda se solicitó una medida cautelar de urgencia […]”

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] Con fundamento en lo anterior, solicito a los Honorables Magistrados se ordene a la Corporación Tutelada remitir efectivamente el expediente electrónico a que se viene haciendo referencia, en el término de VEINTICUATRO (24) HORAS a la Oficina de Servicios Judiciales de los Juzgados Administrativos de este circuito […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECRETARÍA se limitó a remitir el expediente digital del medio de control de reparación directa objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela.

I.5.2.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.5

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silencio.5

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I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La OFICINA DE APOYO JUDICIAL PARA LOS JUZGADOS DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA , vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, informó que mediante Oficio núm. 249 de 23 de octubre de 2023 la SECRETARÍA del TRIBUNAL remitió por competencia el expediente identificado con el número único de radicación 680012333000-2022-00524-00, en cumplimiento de la providencia de 23 de marzo de 2023.

Aseveró que el 23 de octubre de 2023, efectuó la devolución del expediente digital al TRIBUNAL, por cuanto no se encontraba habilitado el escrito de la demanda.

Aseguró que el 27 de octubre de 2023 recibió la demanda habilitada, por lo que procedió a efectuar el reparto del citado medio de control, el cual le correspondió al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, como consta en el acta de reparto.

I.6.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no le

I.6.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no le corresponde desarrollar la s actuaciones que le competen única y6

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exclusivamente al TRIBUNAL.

I.6.3.- El DEPARTAMENTO DE SANTANDER solicitó declarar improcedente el amparo de la referencia, por cuanto no ha existido vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor y lo que se debate en el presente asunto es un trámite procesal que le corresponde al TRIBUNAL.

Por lo anterior, solicitó ser desvinculad o del presente trámite constitucional ante la falta de legitimación en la causa por pasiva en el asunto.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.7

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.7

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL y el DEPARTAMENTO DE SANTANDER formularon petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.8

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, comoquiera que el MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL y el DEPARTAMENTO DE SANTANDER son sujetos procesales dentro del medio de control objeto del presente asunto, es claro que tiene n un interés directo en las resultas de la presente acción constitucional, por lo que, como terceros, debían ser notificados de su existencia, razón por la cual la Sala denegará las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.9

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solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.9

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la libre escogencia de profesión y oficio, los cuales estimó vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA por cuanto no se ha efectuado la remisión por competencia del expediente contentivo del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación

su SECRETARÍA por cuanto no se ha efectuado la remisión por competencia del expediente contentivo del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación

2 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".10

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680012333000-2022-00524-00 a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro del trámite del proceso de reparación directa aludido.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y estructural […] ”3 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 4 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 4 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

3 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 4 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño11

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cuenta que pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y p rincipio constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.

Al respecto, la Corte5 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora6. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por

5 Ibidem. 6 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)».12

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ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”7.

13.5. En la providencia T -230 de 2013 8, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fen ómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha dem ora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora

judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional9.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega la protección constitucional 10, en otros, (ii) ordena la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de especial protección y/o vulnerabilidad 11; y, en otros, (iii) dispone

7 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 8 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime». 9 «Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C -543 de 1992, en casos de mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio He rnández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)». 10 «Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), TEduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)». 10 «Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Portounánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)». 11 «Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».13

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un amparo transitorio12.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394 de 201613, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no

materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y om isión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones procesales desarrolladas por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 680012333000-2022-00524-00, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.

12 «T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)». 13 «MP Gloria Stella Ortiz Delgado».14

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Según la información relacionada en la sede de consulta de procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial14, se tiene lo siguiente:

• El actor mediante escrito de 2 de septiembre de 2022 presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, a la que le fue asignado el número único de radicación 680012333000-2022-00524-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al despacho del Magistrado Julio Edisson

Ramos Salazar del TRIBUNAL.

• Mediante auto de 11 de noviembre de 2022 , notificado por estado el 15 de noviembre siguiente, el TRIBUNAL inadmitió la demanda.

• El actor mediante escrito de 28 de noviembre de 2022, corrigió los yerros advertidos en el auto de inadmisión.

• Posteriormente, mediante auto de 23 de marzo de 2023 , notificado por estado el 24 de marzo siguiente, el TRIBUNAL declaró la falta de competencia para conocer el asunto en razón a la cuantía y ordenó remitir el expediente a los Juzgados

Administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga.

14 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial15

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• Mediante O ficio núm. 249 de 23 de octubre de 2023 , la SECRETARÍA del TRIBUNAL remitió el expediente por competencia a la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de Bucaramanga, la cual regresó el proceso al no encontrarse habilitado el escrito de la demanda.

• Finalmente, la remisión se realizó en debida forma el 27 de octubre de 2023.

En efecto, conforme a las circunstancias fácticas mencionadas , la Sala observa que las accionadas ya efectuaron la remisión de la demanda a la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de Bucaramanga que, mediante memorial allegado al expediente el pasado 30 de octubre de 202315, informó lo siguiente:

“[…] El día 27 de octubre de 2023 a las 12:34 se recibe la demanda habilitada para su revisión y tramite por parte del asistente administrativo adscrito a la oficina de servicios de los Juzgados Administrativos de Bucaramanga.

El día (sic) 27 de octubre de 2023 se realiza reparto a las 2:46 pm, correspondiendole(sic) al Juzgado 08 Administrativo de BucaramangaActa de reparto, demanda que se encuentra en conocimiento de este opreador (sic) judicial. Se adjunta acta de reparto, y correos que indican el envio (sic) a las partes procesales

BucaramangaActa de reparto, demanda que se encuentra en conocimiento de este opreador (sic) judicial. Se adjunta acta de reparto, y correos que indican el envio (sic) a las partes procesales entre ellas el hoy accionante.

Se adjunta Actas de reparto y correos con trazabilidad […]”.

15 Aplicativo Samai, documentos allegados con la contestación de la tutela índice núm. 15 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023065 1400110010316

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Así las cosas, verificado lo anterior, la Sala observa que comoquiera que la finalidad de la acción de tutela de la referencia era que el TRIBUNAL y su SECRETARÍA efectuaran la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos de Bucaramanga, lo cual sucedió estando en trámite la presente acción constitucional, desaparecieron las circunstancias fácticas que generaron la solicitud y, en consecuencia, se configura la carencia actual de objeto, por hecho superado.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T -653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T -653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados»16. Y en la misma sentencia se precisó que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo

16 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.17

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es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.

violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en casos en que como producto del acaecimiento de una situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del juez de tutela […]”17. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la pretensión perseguida de