CE - 010315000202306529001SENTENCIA20231214082053

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

Demandado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso, y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad Canteras de Florencia Ltda. contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de su Representante Legal , presentó acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al no resolver la “[…] Petición con radicado No 363 del 26 de septiembre de 2023 […] Petición con radicado No 364 […]”, mediante las cuales solicitó “[…] se2

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

2023 […] Petición con radicado No 364 […]”, mediante las cuales solicitó “[…] se2

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Actora: Canteras de Florencia Ltda.

expida copia digital […] se dé impulso procesal al trámite de elaboración del proyecto de fallo […] solicitud de alteración de turno para dictar sentencia […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con e l número único de radicación 110010326000201600096-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] El 26 y 28 de septiembre de 2023, presenté petición al Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B (sic) Magistrado […] en las peticiones aludidas, se pretende lo siguiente: Petición con radicado No 363 del 26 de septiembre de 2023: 1. Solicito de forma puntual se expida copia digital de todos los folios del expediente con radicado número 11001 -03-26-000-20160096-00 (57376), Actor Canteras de Florencia Ltda., Demandado Agencia Nacional de Minería, Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho. 2. Solicito se le dé impulso procesal al trámite de la elaboración del proyecto de fallo dentro del expediente de la referencia […]”.

4. Agregó que, con “[…] petición con radicado No 364 y nuestra apoderada […]

derecho. 2. Solicito se le dé impulso procesal al trámite de la elaboración del proyecto de fallo dentro del expediente de la referencia […]”.

4. Agregó que, con “[…] petición con radicado No 364 y nuestra apoderada […] también radicó solicitud de impulso procesal por tercera vez y solicitud de alteración de turno. 1. Solicito de forma puntual se estudie la posibilidad de alteración de turno para dictar sentencia dentro del expediente […] 2. Solicito se le dé impulso procesal al trámite de la elaboración de l proyecto de fallo dentro del expediente de la referencia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. La actora solicitó en su escrito de tutela:3

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Actora: Canteras de Florencia Ltda.

“[…] Se declare que la accionada vulneró mi derecho fundamental de petición y en consecuencia se ordene responder de fondo las peticiones instauradas en 26 y 28 de septiembre de 2023 […]”.

6. Como fundamento de su solicitud, consideró lo siguiente:

“[…] A la fecha y una vez transcurrido el término legal para obtener respuesta, Consejo de Estado Sección Tercer a subsección B (sic) no ha remitido respuesta frente a las peticiones incoadas el 26 y 28 de septiembre de 2023, en particular estamos interesados en las grabaciones de las audiencias realizadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derechos con radicado No. 2016-00096-00 como todos los folios del proceso, en especial nuestro interés en la audiencia inicial, la cual el vínculo que encontramos en samai no abre para poder ver la audiencia,

proceso de nulidad y restablecimiento de derechos con radicado No. 2016-00096-00 como todos los folios del proceso, en especial nuestro interés en la audiencia inicial, la cual el vínculo que encontramos en samai no abre para poder ver la audiencia, anexamos copia del vínculo de la audiencia y puede ser consultada en e l samai con fecha 26 de mayo de 2021 para que se verifique que el mismo no permite su visualización, caso diferente con las otras audiencias, audiencia de posesión de la perito jurídico minero y la audiencia de pruebas […]”.

6.1. La actora insistió en tener dificultad frente al acceso del expediente del proceso ordinario de la referencia.1

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de octubre de 2023 2, inadmitió la solicitud de la acción de tutela, la cual fue corregida dentro del término legal3.

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de noviembre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación ; y iii) vinculó, como tercero con interés legítimo, a la Agencia Nacional de Minería, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

1 Cfr. índice núm. 27 de SAMAI. Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_CAROLINAGUZ(.pdf) NroActua 27 ”. Archivo aportado en medio digital.

1 Cfr. índice núm. 27 de SAMAI. Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_CAROLINAGUZ(.pdf) NroActua 27 ”. Archivo aportado en medio digital. 2 Cfr. índice núm. 6 de SAMAI. Documento denominado “AUTOQUEINADMITE(.pdf) NroActua 6 ”. Archivo aportado en medio digital. 3 Cfr. índice núm. 11. Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMORIALES_ACLARACIONACCIONDE(.pdf) NroActua 11”. Archivo aportado en medio digital.4

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

Intervención de la demandada y el tercero con interés legítimo

9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió informe y, en particular, advirtió que “[…] es la octava (8) acción de tutela interpuesta durante el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 11001-03-15-000-2016-00096-00 […]”.

9.1. Al respecto, manifestó lo siguiente:

“[…] tratándose de autoridades judiciales, el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones y, en ese orden, es necesario analizar el contenido del requerimiento para distinguir entre dos clases de requerimientos: (i) los referidos a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran regulados en el procedimiento respectivo de cada juicio, por ende, la decisión debe observar los

requerimiento para distinguir entre dos clases de requerimientos: (i) los referidos a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran regulados en el procedimiento respectivo de cada juicio, por ende, la decisión debe observar los términos y etapas procesales establecidos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la Administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015.

De suerte que no cualquier solicitud radicada ante las autoridades judiciales, así sea titulada como “derecho de petición”, tiene la naturaleza y las características requeridas para que sea resuelta en observancia de la normativa que regula esa garantía fundamental; ello significa que el ejercicio del derecho de petición no puede ser usado a conveniencia del interesado para obtener una respuesta más ágil, sino que únicamente es procedente en los términos dispuestos en la jurisprudencia. Al punto, la Corte Constitucional ha indicado que el derecho de petición, como todos, debe ser usado adecuadamente, de forma que la conducta de su titular no resulte contraria a la buena fe y a los fines sociales y económicos del derecho

3. En el caso objeto de análisis, las solicitudes del actor no cumplen los presupuestos necesarios para ser resueltas con arreglo a lo prescrito en la normativa que regula el derecho de petición, por el contrario, el pronunciamiento debe ser en atención a las disposiciones legales que rigen el proceso judicial. Sobre el particular, merece la pena resaltar que, siendo peticiones estrictamente judiciales, deben ser realizadas en ejercicio del derecho de postulación […]”.

[…]

disposiciones legales que rigen el proceso judicial. Sobre el particular, merece la pena resaltar que, siendo peticiones estrictamente judiciales, deben ser realizadas en ejercicio del derecho de postulación […]”.

[…]

“[…] Por lo tanto, aun cuando lo correcto era abstenerse de dar trámite a las peticiones remitidas por el señor Ucros Ospino, pues el proceso censurado corresponde al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto en el que no es posible actuar sin apoderado, lo cierto es esta Judicatura ha realizado las siguientes actuaciones:

Frente a la solicitud de copias, este Despacho, el veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), envió el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a digitalizar. Posteriormente, la Secretaría de la Sección Tercera, en oficio del seis (6) de octubre de la misma anualidad, esto es, ocho (8) días después del requerimiento radicado por el actor, informó a todos los sujetos procesales que en el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI – obra el expediente digital, y que, en ese sentido, una vez los usuarios se encontraran registrados y activos, podrían consultar las actuaciones correspondientes. De modo que, en vista5

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

de que el señor Ucros Ospino tiene habilitado el acceso a dicho aplicativo desde el veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023), ha tenido la posibilidad de consultar el expediente, para los fines pertinentes, desde el momento en que fue cargado en el índice 324.

veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023), ha tenido la posibilidad de consultar el expediente, para los fines pertinentes, desde el momento en que fue cargado en el índice 324.

En cuanto al impulso procesal, el suscrito magistrado ponente, en autos del nueve (9) de junio y del dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), le informó al señor Ucros Ospino que el expediente se encuentra en el turno 6, específicamente, en lo que atañe a los asuntos mineros. Además, le mencionó que se están registrando, para discusión en Sala de Subsección, los proyectos de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que ingresaron para fallo en el segundo trimestre del año dos mil veintidós (2022), excepto los asuntos en los que la Subsección haya decretado pruebas de oficio.

Finalmente, en relación con la alteración del turno de fallo, debe precisarse que, de conformidad con el artículo 63ª de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 del 2009, es competencia de la Subsección resolver sobre la prelación de fallo de los procesos bajo estudio, por lo tanto, el proyecto elaborado por el magistrado sustanciador debe surtir el trámite establecido en el artículo 49 del Acuerdo 080 de 2019. […]”.

10. La Agencia Nacional de Minería solicitó su desvinculación, “[…] por falta de legitimación por pasiva, toda vez que, que las presuntas vulneraciones a los derechos presuntamente conculcados al actor, obedece a temas estrechamente relacionados con la administración de justicia, específicamente el Consejo de

legitimación por pasiva, toda vez que, que las presuntas vulneraciones a los derechos presuntamente conculcados al actor, obedece a temas estrechamente relacionados con la administración de justicia, específicamente el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera -Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el número único de radicación 1100103260000201600009600 […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 5 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.6

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.6

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

De la legitimación en la causa por pasiva

13. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

14. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

15. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que

calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se q uiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[8]. (Negrilla fuera de texto).

Y más a delante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no

puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

16. La Sala advierte que la Agencia Nacional de Minería solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

17. Al respecto, la Sala advierte q ue dicha entidad fue vinculada como tercero con interés , comoquiera que conforman la parte demandada dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 100103260000201600009600, es decir, le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

18. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Agencia Nacional de Minería le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.8

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

19. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Agencia Nacional de Minería.

Problemas jurídicos

19. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Agencia Nacional de Minería.

Problemas jurídicos

20. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si se debe n proteger los derechos fundamentales invocados por la actora, los cuales considera vulnerados porque la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no ha resuelto la “[…] Petición con radicado No 363 del 26 de septiembre de 2023 […] Petición con radicado No 364 […]”, mediante las cuales solicitó “[…] se expida copia digital […] se dé impulso procesal al trámite de elaboración del proyecto de fallo […] solicitud de alte ración de turno para dictar sentencia […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110010326000201600096-00.

21. Para resolver el anterior interrogan te esta Sala analizará los siguientes temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; ii) marco normativo y jurisprudencial d el derecho fundamental al debido proceso; iii) marco normativo y jurisprudencial d el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) el derecho a la administración de justicia y el debido proceso frente a la mora judicial; v) análisis del caso concreto; y finalmente vi) las conclusiones de la Sala.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición

22. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

conclusiones de la Sala.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición

22. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que: “[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de i nterés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. […]”9

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

23. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional 9 ha precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;

(ii) la respuesta op ortuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

24. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

fórmulas evasivas o elusivas […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

24. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

25. Atendiendo a que, la Corte Constitucional 10 ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha

9 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

10 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo10

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia

26. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. […]”.

27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional 11 ha entendido el derecho de acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta

una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.

El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso frente a la mora judicial

28. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos

11 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.11

Núm. único de radicación: 110010315000202306529-00

Actora: Canteras de Florencia Ltda.

legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”12.

29. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de abril de 201613, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 2017 14, “[…] el no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica automáticamente la vulneración de los derechos funda mentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa

no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica automáticamente la vulneración de los derechos funda mentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superi or y principio constitucional […]”.

30. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que dieron origen a esta15, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Co rte Constitucional, en la sentencia T-230 de 201316, afirmó:

“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputa ble al actuar del Juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en

cuando la tardanza no es imputa ble al actuar del Juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en

12 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T -1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia