CE - 010315000202306532001SENTENCIA20231127170353

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-06532-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: VICENTE MANUEL MORENO CASTRO Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD POR INCUMPLIR

EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL ,

PUES LO PRETENDIDO POR LA PARTE ACTORA CON EL ALEGADO

DEFECTO FÁCTICO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL

PROCESO ORDINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA

TERCERA INSTANCIA. EN IGUAL SENTIDO, EN CUANTO AL

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL INVOCADO, NO

TIENE VOCACIÓN DE PROSPERIDAD, PUES PRETENDE DEBATIR LA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA

DECISIÓN AQU Í CUESTIONADA. LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA

CONSTITUCIÓN SE FUNDAMENTÓ EN LA INDEBIDA VALORACIÓN Y

EN EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, INCONFORMIDADES

QUE FUERON DECANTADAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra2

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el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores VICENTE MANUEL MORENO CASTRO, ANA ALCIRA

PÉREZ RAMOS , MANUEL SALVADOR MORENO LÓPEZ ,

ALBERTINA ISABEL CASTRO CARDOZO, ROSALÍA, ANA SIRLY,

JESÚS DE LOS SANTOS , VICENTE DANIEL , MAURICIO

MANUEL, GÉRMAN ANTONIO, VÍCTOR MANUEL, ERMINIA DEL CARMEN, MARIA ANTONIA, EDITH y JESÚS MANUEL MORENO PÉREZ, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad D.M.P, J.A.M.M, E.U.M, B.M.M.P, M.J.M.P , K.D.M.C, M.M.N y M.M.N 2, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit aron la protección de su s derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit aron la protección de su s derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de confianza legítima , los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 27 de abril de 2023, dentro del medio de

1 En adelante el TRIBUNAL. 2 La se reservará los nombres por protección a los menores de edad.3

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control de reparación directa identificado con el número único de radicación 270013333003-2015-00570-01.

I.2.- Hechos

Manifestaron que luego de ser desplazados de su finca por grupos paramilitares en el Municipio de Montelíbano – Córdoba, tuvieron que radicarse en el Municipio de Acandí – Chocó.

Indicaron que, como es de conocimiento público, en el Municipio de Acandí – Chocó hay gran influencia de grupos al margen de la ley y demás grupos dedicados a realizar actividades ilícitas, hecho este del cual tiene conocimiento la Procuraduría General de la Nación.

Adujeron que el 18 de marzo de 2014, el señor VICENTE MANUEL mientras se encontraba en el sector conocido como “Monomacho”,

cual tiene conocimiento la Procuraduría General de la Nación.

Adujeron que el 18 de marzo de 2014, el señor VICENTE MANUEL mientras se encontraba en el sector conocido como “Monomacho”, cerca de su lugar de residencia en el Municipio de Acandí – Chocó, pisó una mina antipersona l la cual le ocasionó amputación de su pierna izquierda.

Relataron que, por lo anterior, promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio4

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de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la falla en el servicio, comoquiera que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder por los daños antijurídicos causados por sus actuaciones u omisiones.

Comentaron que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2015 -00570-00 y correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó 3 que, en sentencia de 22 de junio de 2022, negó las súplicas de la demanda.

Informaron que, inconformes con lo anterior, interpusiero n el respectivo recurso de apelación , el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia de 27 de abril de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

respectivo recurso de apelación , el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia de 27 de abril de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que realizó una defectuosa valoración de las pruebas aportadas al plenario, al no estudiarlas en su integridad.

3 En adelante el Juzgado.5

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Destacó que desde 3 años antes del evento dañoso , el Estado tenía conocimiento de las siembras de minas antipersonas en zonas de cultivos del Municipio de Acandí, por lo que el Ejército Nacional debía propender por llevar a cabo todas las acciones correspondientes para delimitar o cerciorarse de la existencia de dichas minas.

Adujo que se trataba de un civil que no tenía el deber de soportar dicho riesgo, el cual, por demás, resultaba previsible y era obligación del Ejército Nacional prever que podían ocurrir accidentes , lo que configura un actuar negligente y omisivo frente a las cargas que reposan en la Constitución Política y en la ley.

Señaló que el TRIBUNAL realizó una indebida valoración respecto de la advertencia efectuada por parte de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH,

Señaló que el TRIBUNAL realizó una indebida valoración respecto de la advertencia efectuada por parte de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, en el que se le indicó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que tomaran medidas efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de la población civil , por lo que no es posible que haya concluido que no estaba acreditada la falla en el servicio , en la medida en que sí debían tener conocimiento de la existenci a de los explosivos en la región.6

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Adujo que la autoridad judicial accionada no valoró correctamente las pruebas allegadas, sino que se “ […] dedicó a señalar que no era patrimonialmente responsable el Estado, por el solo hecho de que el Ejército Nacional venía avanzando en el programa de desminado y que, según dicen, no se evidenció que la entidad demandada debía tener conocimiento de que podía haber presencia de minas antipersonas […]”, pese a que se acreditó que tanto el Ejército como grupos al margen de la ley transitaban frecuentemente por dicha zona, con un equipo capacitado en presencia de artefactos explosivos, sin que se hubiesen señalado las áreas con el fin de propender por la seguridad de la población.

De otra parte, alegó que el TRIBUNAL desconoció el precedente

zona, con un equipo capacitado en presencia de artefactos explosivos, sin que se hubiesen señalado las áreas con el fin de propender por la seguridad de la población.

De otra parte, alegó que el TRIBUNAL desconoció el precedente jurisprudencial al aplicar la sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018 4, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por lo que no era posible descartar la responsabilidad patrimonial por falla en el servicio bajo un pronunciamiento que es vulnerador de derechos fundamentales y tratados internacionales.

4 Identificada con el número único de radicación 250002326000-2005-00320 (34.359). M.P. Danilo Rojas Betancourth.7

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Para lo anterior, destac ó que la sentencia de unificación desconoce el Tratado Internacional de Derechos Humanos y las reglas establecidas en la Convención de Ottawa , los cuales son de imperativo cumplimiento y de ben acatarse por ser normas “ ius cogens”

En ese orden de ideas, alegó que el TRIBUNAL se guio de una sentencia de unificación que atenta contra las víctimas del conflicto armado y le traslada el riesgo plenamente a ellas, desconociendo tratados internacionales de obligatorio cumplimiento, revictimizando a quienes caen en campos minados y generando un retroceso.

sentencia de unificación que atenta contra las víctimas del conflicto armado y le traslada el riesgo plenamente a ellas, desconociendo tratados internacionales de obligatorio cumplimiento, revictimizando a quienes caen en campos minados y generando un retroceso.

Finalmente, sostuvo que se incurrió en violación directa de la Constitución de los artículos 11, 29 y 229, al realizar una valoración defectuosa y sustentar su decisión en una sentencia de unificación que atenta contra sus derechos, por lo que se debió responsabilizar patrimonialmente al Estado por los daños antijurídicos causados por minas antipersonas a un civil.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende la8

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protección de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] TERCERO: ORDENAR la revisión de la sentencia proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ, de 27 de abril de 2023, a fin de que se garanticen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

CUARTO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ que adopte una nueva decisión que reconozca el quantum indemnizatorio al que tienen derecho

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

CUARTO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ que adopte una nueva decisión que reconozca el quantum indemnizatorio al que tienen derecho la víctima directa y víctimas indirectas en el proceso en litigio

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que las pretensiones de la acción constitucional de la referencia deben denegarse, en razón a que, de conformidad con la reiterada jurisprudencia, la tutela es absolutamente excepcional en tanto que la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso impiden el carácter temporal de las decisiones.

Resaltó que no existe desconocimiento del precedente jurisprudencial en el asunto, puesto que en casos como el examinado la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que el título de imputación aplicable es el de la falla en el servicio, de tal forma que9

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debe verificarse, inicialmente, si existe una obligación legal respecto de la cual la administración hubiere incurrido en una omisión, acción o extralimitación y, s ólo en su defecto, procede el estudio de una responsabilidad objetiva.

Adicionalmente, aseveró que frente a la obligación legal y convencional de desminado que le corresponde al Estado, en

o extralimitación y, s ólo en su defecto, procede el estudio de una responsabilidad objetiva.

Adicionalmente, aseveró que frente a la obligación legal y convencional de desminado que le corresponde al Estado, en sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que la administración no ha incumplido las obligaciones derivada s de la Convención de Ottawa y que ha realizado enormes esfuerzos por desactivar los campos minados sembrados en el territorio nacional , por lo que la sola presencia de grupos al margen de la ley en la zona en la que ocurrieron los hechos no permite imputar responsabilidad al Ejército Nacional, dado que se debe acreditar en todos los casos la omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Relató que en el proceso no se acreditó que el accidente se hubiera presentado durante un enfrentamiento armado o que previo a los hechos hubieran ocurrido combates entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la Ley, a partir de los cuales se pudiera inferir que las lesiones padecidas se hubieran causado en medio de una10

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confrontación o como un daño colateral , así como tampoco se acreditó la presencia de minas y la inminencia de su activación, de tal forma que obligada era la conclusión de que el daño alegado no

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confrontación o como un daño colateral , así como tampoco se acreditó la presencia de minas y la inminencia de su activación, de tal forma que obligada era la conclusión de que el daño alegado no devino de una conducta omisiva, descuidada o negligente.

Así las cosas, puso de presente que lo que se evidencia es que la solicitud de amparo trata de una discusión frente a la decisión en sí misma, lo que desdibuja la naturaleza subsidiaria y residual de este mecanismo constitucional, máxime cuando la sentencia cuestionada resulta razonable y respetuosa de los derechos fundamentales.

Por lo anterior, solicitó denegar el presente amparo, dado que, luego de un análisis juicioso de las pruebas, se aplicó la normativa vigente en la materia y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, sin que se configure ninguna violación de los derechos fundamentales de los actores.

I.5.2.- El Juzgado y el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.11

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento12

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional13

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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional13

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que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso14

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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación d e derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los15

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fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 2 7 de abril de 2023 , proferida por el TRIBUNAL por medio de la cual se confirmó la decisión del a quo que denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2015-00570-01.

La controversia tiene origen en la demanda ejercida dentro del medio de control de reparación directa promovido por la parte actora contra16

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la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la falla en el servicio por hechos ocurridos el 18 de marzo de 2014, en el cual el señor VICENTE MANUEL, mientras se encontraba en el sector conocido como “Monomacho”, cerca de su lugar de residencia en el Municipio de Acandí – Chocó, pisó una mina

marzo de 2014, en el cual el señor VICENTE MANUEL, mientras se encontraba en el sector conocido como “Monomacho”, cerca de su lugar de residencia en el Municipio de Acandí – Chocó, pisó una mina antipersonal la cual le ocasionó amputación de su pierna izquierda

La parte actora estima que, al proferir la providencia cuestionada, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio de confianza legitima, habida cuenta que, a su juicio, se incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución , al haber proferido la providencia de 27 de abril de 2023, dentro del medio de control de reparación17

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directa identificado con el número único de radicación 2015-0057001.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

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directa identificado con el número único de radicación 2015-0057001.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimien to de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.18

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia. El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional co