CE - 010315000202306541001SENTENCIA20231127142352

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06541-00

Accionante: CARLOS DANIEL GUIO MUÑOZ

Accionados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA– SE AMPARA. Los obstáculos de índole administrativo no pueden ser una justificación para negar el disfru te de las vacaciones a que tienen derecho los empleados judiciales.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Carlos Daniel Guio Muñoz contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Carlos Daniel Guio Muñoz solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo digno, al desca nso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó al Oficio núm. DESAJBOTHO23-1589 de 17 de octubre de 2023 1 y a la

fundamentales al trabajo digno, al desca nso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó al Oficio núm. DESAJBOTHO23-1589 de 17 de octubre de 2023 1 y a la Resolución núm. 013 de 23 de octubre de 2023 2, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Admini stración Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, respectivamente, y mediante los cuales se afectó el disfrute de sus vacaciones individuales.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

1 Mediante el cual se negó la solicitud de adición presupuestal, para la contratación del reemplazo de l señor Carlos Daniel Guio Muñoz. 2 «[P]or medio del cual decide sobre la solicitud de vacaciones del asistente jurídico».2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06541-00

Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo

siguiente:

2.1. Manifestó que desde el 16 de mayo de 2022 se encuentra vinculado en carrera administrativa a la Rama Judicial y que actualmente se desempeña en el cargo de asistente jurídico grado 19 en el Juzgado Treinta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

2.2. Adujo que se encuentra pendiente de disfrutar el período de vacaciones

asistente jurídico grado 19 en el Juzgado Treinta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

2.2. Adujo que se encuentra pendiente de disfrutar el período de vacaciones causado entre el 16 de mayo de 2022 y el «21 de mayo de 2023».

2.3. Refirió que, por lo anterior, el 2 de octubre de 2023 le solicitó al Juez Treinta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que le concediera sus vacaciones, por lo que dicho funcionario requirió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para que expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara la contratación de su reemplazo, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

2.4. Expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, a través de oficio núm. DESAJBOTHO23-1589 de 2023, informó que no se expediría el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar a su reemplazo, en cumplimiento de la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 20113.

2.5. Refirió que el Juez Treinta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante la Resolución núm. 013 de 23 de octubre de 2023, negó el disfrute de sus vacaciones por necesidades del servicio, puesto que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no garantizó los recursos para la contratación de un reemplazo.

2.6. Con base en lo señalado, el actor adujo que los actos mencionados vulneraron

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no garantizó los recursos para la contratación de un reemplazo.

2.6. Con base en lo señalado, el actor adujo que los actos mencionados vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso y a la igualdad, en tanto que, por no expedirse el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar a su reemplazo, el nominador no concedió sus vacaciones.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3 Asunto: «PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL RÉGIMEN DE

VACACIONES INDIVIDUALES».3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06541-00

Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

«[…] 1º. Se tutelen mi s derechos fundamentales invocados como amenazados, violados y/o vulnerados, dando aplicación a los precedentes jurisprudenciales citados y disponga lo siguiente:

2º. Se ordene a Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá que apropie, en el término que fije el Despacho, las partidas presupuestales necesarias para el nombramiento de mi remplazo y emita el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal - CDP para el disfrute de mis vacaciones por el término de veintidós (22) días, a partir del 26 de diciembre de 2023 y hasta el 17 de enero de 2024.

3º. Se conmine al señor Juez 30 de Ejecucion (sic) de Penas y Medidas de

de diciembre de 2023 y hasta el 17 de enero de 2024.

3º. Se conmine al señor Juez 30 de Ejecucion (sic) de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que una vez sea expedido el CDP por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Adm inistración Judicial Bogotá, decida nuevamente frente a mi solicitud de vacaciones.

4º. Se exhorte a las autoridades respectivas, en este caso al Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para que en el futuro esta situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la apropiación de recursos para designar en encargo a otra persona, para que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin in terferir en la eficiencia de la administración de justicia. […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 31 de octubre de 2023, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso de esta Sección admitió la presente acción de tutela.

Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

5. Igualmente, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectua das las notificaciones a la s autoridades accionadas y a la

vinculada, se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de apoderado judicial, expuso que correspondía a las direcciones seccionales

vinculada, se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de apoderado judicial, expuso que correspondía a las direcciones seccionales administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial, y actuar en calidad de ordenadores del gasto para el cumplimiento de sus obligaciones. Por esto advirtió que esa entidad no era la llamada a dar respuesta sobre el disfrute de las vacaciones del actor.

6.2. De acuerdo con lo mencionado, afirmó que carec ía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene la condición de nominador.4

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Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

6.3. Agregó que no existe un perjuicio irremediable y que de acuerdo con la Circular núm. PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 está prohibido disponer de recursos públicos para contratar el reemplazo de las vacaciones de un empleado judicial.

6.4. Finalmente, precisó que lo que procede en este caso era hacer una efectiva planeación del presupuesto y del servicio, con el fin de que se adelanten las gestiones previas que permitan contar con los apoyos administrativos y funcionales suficientes, para no afectar el cronograma de trabajo.

6.5. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura explicó q ue las acciones u omisiones que el accionante mencionó en su escrito de tutela son atribuibles exclusivamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en razón a que esa entidad es la que actúa como ordenador del gasto, de

acciones u omisiones que el accionante mencionó en su escrito de tutela son atribuibles exclusivamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en razón a que esa entidad es la que actúa como ordenador del gasto, de conformidad con los numerales 2º y 6º del artículo 103 de la Ley Estatutaria núm. 270 de 7 de marzo de 19964.

6.6. De acuerdo con lo anterior, solicitó desvincular a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no es la entidad llamada a responder o cumplir con las órdenes que se expidan con el fin de proteger las garantías constitucionales del accionante.

6.7. Finalmente, señaló que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la adición del presupuesto para la cobertura de reemplazos por concepto de vacaciones, pero que la propuesta no pudo ser considerara porque no se contaba con espacio presupuestal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de

20198.

4 «Estatutaria de la Administración de Justicia».

de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198.

4 «Estatutaria de la Administración de Justicia». 5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 6 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho». 7 «Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 8 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado».5

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Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

VI.2. Cuestión previa

8. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha de resolver, resulta necesario pronunciarse sobre las solicitudes de desvinculación procesal presentadas por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

9. La Sala pone de presente lo preceptuado en el inciso 1º del artículo 98, en los numerales 2° y 7° del artículo 99 y el artículo 103 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que en su tenor literal disponen:

«[…] ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA

numerales 2° y 7° del artículo 99 y el artículo 103 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que en su tenor literal disponen:

«[…] ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (…)

ARTÍCULO 99. D EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

JUDICIAL.

(…)

Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

(…)

2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.

(…)

7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

(…)

ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.

Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de s u jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial […]». (Subrayado fuera del texto)

10. En este contexto, la Sala considera que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sí le asiste legitimación en la causa por pasiva porque tiene funciones relacionadas con la administración de bienes y recursos para el debido funcionamiento de la Rama Judicial y, adicionalmente, funge como ordenador del gasto.6

Judicial sí le asiste legitimación en la causa por pasiva porque tiene funciones relacionadas con la administración de bienes y recursos para el debido funcionamiento de la Rama Judicial y, adicionalmente, funge como ordenador del gasto.6

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Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

11. Por otra parte, y respecto de la solicitud de desvinculación procesal elevada por Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, se observa que, en el auto admisorio de esta acción constitucional, se vinculó en calidad de accionados y de terceros al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, al Juzgado Treinta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Lo anterior permite concluir que la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura no fue vinculada al presente proceso constitucional, motivo por el cual se denegará la solicitud de desvinculación.

12. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer si existe una vulneración de los derechos fundamentales del actor , con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 013 de 2023, que negó el disfrute del derecho a las vacaciones del accionante, y del Oficio núm. DESAJBOTHO23-1589 de 2023, que dispuso no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para la

las vacaciones del accionante, y del Oficio núm. DESAJBOTHO23-1589 de 2023, que dispuso no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación de un reemplazo.

14. Con el fin de resolve r tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso concreto.

VI.4. Derecho al trabaj o en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los empleados judiciales

15. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado .

Asimismo, señala qu e toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

16. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la igualdad de oportu nidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Igualmente, establece como una garantía mínima en favor de los trabajadores , la concerniente al descanso remunerado, el cual tiene como propósito que el empleado recu pere las energías ante el desgaste normal de las mismas originado por la actividad laboral.

17. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:7

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Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

«[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera

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Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

«[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el reposo es una con dición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se desvinculen del servicio , y no hayan gozado de su derecho al descanso remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […] »9. (Negrilla fuera del texto)

18. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: «[…] uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga

[…]»10.

19. En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la interpretación sistemática11 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución Política, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

20. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996,

en los siguientes términos:

20. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996,

en los siguientes términos:

«[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio […]».

21. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado

artículo, precisó lo siguiente:

«[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley, el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá

9 Corte Constitucional. Sentencia C -598 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero; 20 de noviembre de 1997. 10 Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; 9 de diciembre de 1996. 11 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T -09 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C024 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara.8

11 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T -09 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C024 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06541-00

Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello, como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares . Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente - fijar o modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas -, sin que ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […] »12. (Negrilla fuera del texto)

22. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo 146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,

régimen vacacional es individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]».

23. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través de la acción de tutela.

VI.5. El caso concreto

24. El señor Carlos Daniel Guio Muñoz solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó al oficio núm. DESAJBOADO 1589 de 2023 y a la Resolución núm. 013 de 2023, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, respectivamente, y mediante los cuales se afectó el disfrute de sus vacaciones individuales.

25. La Sala empieza por advertir que, en el caso de autos, lo pretendido por el accionante es gozar de las vacaciones causadas en el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2022 y el «21 de mayo de 2023».

12 Corte Constitucional. Sentencia C -037 de 1996. Ref: P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; 5 de febrero

el 16 de mayo de 2022 y el «21 de mayo de 2023».

12 Corte Constitucional. Sentencia C -037 de 1996. Ref: P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; 5 de febrero de 1996.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06541-00

Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

26. En ese sentido, las vacaciones, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, deben ser entendidas como un derecho de naturaleza fundamental y una garantía mínima del trabajador, pues a través de este se busca la recuperación de las energías del empleado afectadas con ocasión del desgaste físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el empleador. Significa lo anterior, que en esta ocasión la acción de tutela constituye un mecanismo idóneo para proteger la posible afectación de una garantía constitucional.

27. En múltiples ocasiones esta Sección13 ha desatado asuntos similares al presente accediendo a las solicitudes de amparo y, como consecuencia de ello, se ha emitido órdenes para que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial asigne los recursos necesarios, para que las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial puedan expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que permita la vinculación de una persona que cubra la ausencia de los actores, por encontrarse disfrutando sus vacaciones.

28. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades consistió en que: «[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los

28. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades consistió en que: «[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores […]»14. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala de

Decisión explicó lo siguiente:

«[…] [V]isto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor, teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las personas. (…)

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo

13 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 1100 1-03-15-0002019-02681-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001 -03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001 -03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000 -23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez Sánchez. 14 Consejo de Estado, Sala de lo C ontencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06541-00

Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de

Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos judiciales […]»15. (Negrilla fuera del texto)

29. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección16 así como laSubsección «B»- de la Sección Segunda17, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del Consejo de Estado, han venido sosteniendo el criterio consistente en que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como medida de protección del derecho, resulta procedente que el juez constitucional ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

30. Teniendo en cuenta lo anterior, en criterio de la Sala existe una vulneración de los derechos fundam entales del señor Guio Muñoz, comoquiera que el aquí accionante no ha podido disfrutar de su periodo vacacional.

31. En este punto, resulta necesario precisar que es competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial «[…] [a]ctuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan […]».

32. Asimismo, se resalta que el fundamento utilizado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá para abstenerse de expedir el certificado de disponibilidad presup uestal solicitado, radica en que, el Consejo Superior de la Judicatura18 y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 19 impartieron una directriz sobre la imposibilidad de expedir certificados de disponibilidad

disponibilidad presup uestal solicitado, radica en que, el Consejo Superior de la Judicatura18 y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 19 impartieron una directriz sobre la imposibilidad de expedir certificados de disponibilidad presupuestal, para el cubrimiento de las vacaciones de los empleados judiciales. Al respecto, señaló la Dirección Seccional de Bogotá:

«[…] En atención al oficio 0262 de fecha 04 de octubre de 2023, mediante la (sic) cual se solicitó disponibilidad presupuestal para remplazo de vacaciones del s ervidor CARLOS DANIEL GUIO MUÑOZ identificado con CC 1024539990, me permito informar que:

Conforme a la Circular PSAC11 -44 del 23 de noviembre de 2011, proferida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, la cual derogó las Circulares 44 y 89 de 2005, aunado al concepto DEAJRHO18-7464 de fecha 5 de enero de 2018 de la Unidad de Recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es menester informar que la derogatoria aplica solo a las limitantes frente a la expedición del CDP para funcionarios judiciales (entiéndase funcionarios: Magistrados, Jueces y Fiscales – Art. 125 Ley 270 de 1996)

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

16 20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administr ativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de 2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 18 Mediante la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011. 19 Mediante el Concepto DEAJRHO18-7464 de 5 de enero de 2018.11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06541-00

Accionante: Carlos Daniel Guio Muñoz

En ese orden de ideas, tratándose de la viabilidad de expedir CDP para personal