CE - 010324000200400229011SENTENCIA20230316114341

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Radicado: 11001 03 24 000 2004 00229 01

Demandante: Luis Alfonso Camacho Peñaranda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2004 00229 01

Actor: Luis Alfonso Camacho Peñaranda Demandado: Ministerio de Transporte Tesis: Existe cosa juzgada respecto a los cargos relativos a la falta de competencia de la entidad demandada para expedir el acto enjuiciado y de violación al principio de reserva de ley.

No es nulo el acto administrativo que reguló el ingreso de vehículos al servicio público de transporte terrestre automotor de carga, si los efectos de dicha disposición conducen a la imposición de una restricción a las importaciones provenientes de países miembros de la CAN y la OMC.

SENTENCIA – ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda instaurada por el señor Luis Alfonso Camacho Peñaranda, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), contra la Resolución 10500 del 9 de diciembre de 2003, “Por la cual se regula el ingreso de vehículos al Servicio Público de Transporte

Administrativo (en adelante CCA), contra la Resolución 10500 del 9 de diciembre de 2003, “Por la cual se regula el ingreso de vehículos al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga”, proferida por el Ministerio de Transporte.

I. LA DEMANDA

El señor Luis Alfonso Camacho Peñaranda interpuso la demanda en los siguientes términos1.

1.1. Pretensiones

1 Folios 34 a 51.2

Radicado: 11001 03 24 000 2004 00229 01

Demandante: Luis Alfonso Camacho Peñaranda

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“Comedidamente reitero ante el H. Consejo la petición de que se declare nula la Resolución 10.500 del Ministerio de Transporte expedida el 9 de diciembre de 2003, y que se decrete la suspensión provisional, bien de todo el acto demandado, o bien la de su artículo 4”2.

1.2. El acto cuestionado

La Resolución 10500 de 2003, que señala:

“RESOLUCIÓN No. 010500 DE 2003

(9 DIC 2003)

“Por la cual se regula el ingreso de vehículos al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga”

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 769 de 2002, y el Decreto 2053 de 2003.

CONSIDERANDO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 769 de 2002, y el Decreto 2053 de 2003.

CONSIDERANDO

Que las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 769 de 2002 establecen como directrices tanto del transporte como del tránsito, la facultad estatal de regulación, la obligación de la garantía de la prestación del servicio público de transporte en condiciones de accesibilidad, comodidad y seguridad.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 336 de 1996, las autoridades competentes podrán regular el ingreso de vehículos por incremento al servicio público.

Que como consecuencia de los estudios y análisis efectuados por el Ministerio de Transporte que demuestran un envejecimiento continuo y acentuado en el parque automotor del servicio público de transporte terrestre de carga, se hace necesario tomar medidas que incentiven su renovación y reposició n en condiciones, económicas, sociales, financieras y de accesibilidad para los propietarios de este tipo de vehículos.

Que las estadísticas de accidentalidad en carretera muestran que las condiciones técnico mecánicas de los vehículos y la edad de los mismos se constituyen en una de las causas más determinantes de accidentalidad, mortalidad y morbilidad en Colombia.

Que el artículo 37 de la Ley 769 de 2002, establece que el registro inicial de un vehículo puede efectuarse en cualquier organismo de tránsito del país.

Que en mérito de lo expuesto.

2 Folio 51.3

Radicado: 11001 03 24 000 2004 00229 01

vehículo puede efectuarse en cualquier organismo de tránsito del país.

Que en mérito de lo expuesto.

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Demandante: Luis Alfonso Camacho Peñaranda

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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Durante la vigencia de la presente Resolución, el ingreso de vehículos al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, se hará únicamente por reposición, previa demostración que el o los vehículos repuestos fueron sometidos al proceso de desintegración física total, la cancelación de su licencia de tránsito y del Registro Nacional de Carga.

Para los efectos previstos en esta disposición, se entiende por desintegración física total, la descomposición de todos los elementos integrantes del automotor hasta convertirlos en chatarra.

ARTICULO SEGUNDO. - Los Organismos de Transito no podrán efectuar registro inicial a vehículos de servicio público de transporte terres tre automotor de carga, hasta tanto no se presente la certificación de desintegración física total, del o de los vehículos objeto de la reposición, expedida por la entidad autorizada, se demuestre la cancelación de su licencia de tránsito y la condición de equivalencia de que trata el artículo siguiente.

ARTICULO TERCERO. - Condición de Equivalencia para la Reposición. La reposición procede en cualquiera de los siguientes eventos:

• Cuando la configuración del vehículo objeto del registro inicial, sea

de que trata el artículo siguiente.

ARTICULO TERCERO. - Condición de Equivalencia para la Reposición. La reposición procede en cualquiera de los siguientes eventos:

• Cuando la configuración del vehículo objeto del registro inicial, sea equivalente en capacidad de carga a la del vehículo sometido al proceso de desintegración física total.

• Cuando la capacidad de carga del vehículo objeto del registro inicial, sea menor a la del vehículo sometido al proceso de desintegración física total.

• Cuando la capacidad de carga, de acuerdo con la configuración del vehículo sujeto al registro inicial, sea menor o igual a la sumatoria de la capacidad de varios vehículos que fueron sometidos al proceso de desintegración física total para estos efectos.

ARTICULO CUARTO. - El Ministerio de Transporte establecerá las condiciones y requisitos que se deben cumplir para el proceso de desintegración física total y la expedición del certif icado de la misma. En todo caso, las condiciones previstas deberán garantizar la inhabilitación definitiva de todas las partes del vehículo.

ARTÍCULO QUINTO. - VIGENCIA. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO

Ministro de Transporte”3.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

3 Folio 6 (reverso).4

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1.3. Normas violadas y concepto de violación

3 Folio 6 (reverso).4

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1.3.1. Como normas infringidas señaló el artículo 6 de la Ley 105 de 1993, el artículo 66 de la Ley 336 de 1996, la Ley 769 de 2002, los artículos 84, 122, 123, 150, numeral 21º, 150, numeral 23º, 333, 334 y 365 de la Constitución Política; la Ley 8 de 1973, la Ley 457 de 1998, la Ley 170 de 1994 y el Decreto Ley 2053 de 2003.

1.3.2. Señaló que ninguna de las normas que el Ministerio de Transporte citó en la Resolución 10500 de 2003 como fuente de su competencia en realidad le facultan para expedirla, por lo que la entidad incurrió en una extralimitación de funciones y en violación de mandatos superiores, tanto de orden legal como constitucional , aspecto que fundamentó realizando las siguientes consideraciones:

1.3.2.1. Particularmente, s eñaló que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 105 de 1993, el Ministerio de Transporte está facultado para exigir la reposición de vehículos de servicio público colectivo de pasajeros y mixto, garantizando que se sustituyan por nuevos los que hayan cumplido la vida útil, la cual fue determinada por la misma norma en veinte (20) años.

de servicio público colectivo de pasajeros y mixto, garantizando que se sustituyan por nuevos los que hayan cumplido la vida útil, la cual fue determinada por la misma norma en veinte (20) años.

Que, además, esta disposición establece que las autoridades competentes del orden metropolitano, distrital y municipal tienen facultad para suspender transitoriamente, en sus jurisdicciones, el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de transporte de pasajeros, de carga o mixto, supeditando la entrada de un vehículo nuevo al retiro del servicio público de otro que deba ser transformado o que haya cumplido el máximo de vida útil. Agregó que dicha norma señala que el Ministerio de Transporte tiene facultad para definir, reglamentar y fijar los requisitos para la repotenciación o transformación de los vehículos terrestres que operan en el servicio público de pasajeros o mixto, para prolongar su vida útil por diez (10) años y por una única vez.

Añadió que la disposición en comento autoriza al Ministerio de Transporte para establecer los plazos y condiciones para reponer los vehículos de servicio público colectivo de pasajeros o mixto, pero no para los vehículos de carga , con radio de acción distinto al urbano.

De acuerdo con lo anterior , alegó que, a través del acto demandado , el Ministerio de Transporte pretendió regular el ingreso de vehículos al servicio público de transporte5

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terrestre automotor de carga, por lo que vulneró el artículo 6 de la Ley 105 de 1993, pues este no le confiere tal facultad.

1.3.2.2. Arguyó que el Ministerio de Transporte también vulneró el artículo 66 de la Ley 336 de 1996, pues éste faculta a las autoridades competentes en cada una de las modalidades terrestres para regular el ingreso de vehículos por incremento al servicio público, pero no para suspender o suprimir ese ingreso, que fue precisamente lo que hizo el artículo 1 de la Resolución 10500 de 2003, cuando dispuso que “el ingreso de vehículos al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, se hará únicamente por reposición, previa demostración que el o los vehículos repuestos fueron sometidos al proceso de desintegración física total, la cancelación de su licencia de tránsito y del registro Nacional de Carga”.

Agregó que, si el Legislador hubiese querido autorizar al Ministerio de Transporte para impedir o suspender el ingreso d e vehículos al parque automotor por incremento, lo hubiera hecho de manera expresa, de la misma forma en que lo hizo en el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 105 de 1993, que facultó a las autoridades competentes del orden metropolitano, distrital y municipal para “suspender transitoriamente el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de transporte de pasajeros, de acuerdo con las necesidades de la localidad, supeditando la entrada de

competentes del orden metropolitano, distrital y municipal para “suspender transitoriamente el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de transporte de pasajeros, de acuerdo con las necesidades de la localidad, supeditando la entrada de un vehículo nuevo al retiro del servicio público de uno que deba ser transformado o haya cumplido el máximo de su vida útil”.

Adujo que, de acuerdo con el diccionario, suspender es detener o diferir por algún tiempo una acción o una obra; suprimir es hacer cesar o hacer desaparecer, y regular es medir o ajustar, por lo que, de acuerdo con el artículo 27 del Código Civil, que señala que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” , el Ministerio no podía desnaturalizar el significado de los verbos s uspender, suprimir y regular, para crear o atribuirse competencias inexistentes.

Con fundamento en lo anterior, dijo que en la Resolución 10500 de 2003, el Ministerio de Transporte no reguló el ingreso de vehículos por incremento, sino que lo suspendió y lo suprimió, incurriendo así en clara extralimitación de las competencias que le confiere el artículo 66 de la Ley 336 de 1996.6

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1.3.2.3 Indicó que en el acto censurado también invocó el artículo 37 de Ley 769 de

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1.3.2.3 Indicó que en el acto censurado también invocó el artículo 37 de Ley 769 de 2002, en el que sólo se hace mención al registro inicial y a las matrículas de los vehículos, de manera que en dicha norma tampoco se confirió al Ministerio la competencia para suprimir el sistema de incremento como medio de ingreso de vehículos al transporte público de carga ni para establecer la reposición como único mecanismo para ese fin.

Acotó que, en la citada disposición legal, no se mezclaron normas de policía de tránsito con las relacionadas con la intervención en la economía y que, incluso, en el trámite legislativo se propuso congelar el parque automotor de transporte colectivo de pasajeros por cuatro (4) años, pero que el Congreso de la República rechazó esa iniciativa.

Sobre este punto concluyó que la Resolución demandada contiene normas de intervención económica, con profundos efectos en la industria y el comercio de automotores, así como en el transporte terrestre de carga, sin que el Ministerio de Transporte tuviera facultad expresa para expedirlas, pues éstas se encuentran conferidas privativamente por los artículos 333 y 334 de la Constitución al legislador.

1.3.3. Dijo que el Decreto Ley 2053 de 2003, que también fue invocado como fundamento para la expedición del acto enjuiciado, fue vulnerado, dado que el artículo 5.18 ibídem, que consagra las funciones del Despacho del Ministro de Transporte, lo faculta para “adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y de carga en el territorio nacional con cobertura y

5.18 ibídem, que consagra las funciones del Despacho del Ministro de Transporte, lo faculta para “adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y de carga en el territorio nacional con cobertura y frecuencia adecuada a la demanda, en términos de servicio y costo que lo hagan accesible a la mayoría de los usuarios”. Sin embargo, a su juicio, esta disposición se refiere al cubrimiento geográfico, y no otorga competencia al funcionario para ejercer intervención económica en la industria, el comercio y el propio transporte.

Al respecto, mencionó que, al igual que con las disposiciones legales antes aludidas como vulneradas, si el Decreto 2053 de 2003 hubiese tenido el propósito de conferir al Ministro de Transporte la facultad de intervención , lo hubiera señalado expresamente. Agregó que el otorgamiento de facultades a una autoridad debe ser explícita y precisa, más aún, tratándose de facultades para intervenir en la economía7

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y para establecer limitaciones a la libertad de empresa. Que, además, la competencia privativa del Congreso para expedir normas de intervención solamente puede ser delegada mediante leyes, y no través de decretos ley, pues es propia del poder legislativo.

Advirtió que e l artículo 2 del Decreto Ley 2053 de 2003 ratifica las funciones que el

delegada mediante leyes, y no través de decretos ley, pues es propia del poder legislativo.

Advirtió que e l artículo 2 del Decreto Ley 2053 de 2003 ratifica las funciones que el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 confiere al Ministerio de Transporte, pero insistió en que éste no otorga la competencia para dictar mandatos de intervención, menos aún uno que afecte el parque automotor de servicio público de carga.

Concluyó señalando que la congelación del parque automotor del servicio público de transporte de carga crea privilegios para un sector de la industria del transporte, como el camionero individual, pero no para la empresa organizada de transporte, lo que va en detrimento de la competitividad y la productividad del sector real de la economía, razón por la cual no se ve cómo tal medida podría contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país o a la distribución equitativa de oportunidades y a la promoción del desarrollo.

1.3.4. Por otra parte, dijo que el acto atacado vulneró el artículo 7 2 del Acuerdo de Cartagena4, que consagra el Programa de Liberación de Bienes, el cual tiene por objeto eliminar las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro.

Explicó que, de acuerdo con el artículo 73 ibidem, por restricciones de todo orden se entiende cualquier medida de carácter administrativo mediante la cual un país miembro, por decisión unilateral, impida o dificulte las importaciones . No obstante, precisó que, de la regla de eliminación de dichas medidas, se encuentran exceptuadas las orientadas a la protección de la moral pública, a cuestiones de seguridad, al

miembro, por decisión unilateral, impida o dificulte las importaciones . No obstante, precisó que, de la regla de eliminación de dichas medidas, se encuentran exceptuadas las orientadas a la protección de la moral pública, a cuestiones de seguridad, al comercio de armas, a la vida y salud de personas, animales o vegetales ; a la importación o exportación de oro y plata, a la protección del patrimonio nacional de valor artístico y a la exportación o utilización de material nuclear. Entonces, adujo que la norma no consagra ninguna excepción que permita establecer medidas rest rictivas

4 Incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 8 de 1973.8

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sobre la importación y exportación intracomunitaria de vehículos de transporte de carga.

Señaló que, de acuerdo con estas disposiciones, Colombia no puede impedir u obstaculizar unilateralmente la importación de vehículos originarios de los demá s países signatarios del Acuerdo, ni obstruir la expedición de sus licencias de tránsito o su inscripción inicial ante las autoridades nacionales. Además, explicó que, si al Estado colombiano le es vedado establecer las mencionadas restricciones a través d e medidas administrativas unilaterales, resulta manifiestamente antijurídico que un funcionario subalterno lo haga, como ocurrió con la expedición de la resolución atacada. Adicionó que e l movimiento comercial de importación y exportación de

medidas administrativas unilaterales, resulta manifiestamente antijurídico que un funcionario subalterno lo haga, como ocurrió con la expedición de la resolución atacada. Adicionó que e l movimiento comercial de importación y exportación de vehículos auto motores en la Comunidad Andina, incluyendo los de transporte de carga, es dinámico y cuantioso. Y destacó que Colombia, Venezuela y Ecuador suscribieron el Convenio de Complementación en el Sector Automotor , y que tienen entre sí un importante flujo comercial de vehículos automotores.

Puso de presente el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suscrito sin reservas el 28 de mayo de 1979 por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el cual señala que: “los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena (…) Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación”5.

Destacó el principio de prevalencia de los tratados internacionales sobre la legislación interna y dijo que éste había sido desconocido por el Ministerio de Transporte al expedir la Resolución 10500 de 2003. Asimismo, señaló que el artículo 9º de la Constitución Política impuso al Estado el deber de reconocer los principios de derecho internacional y que la Corte Constitucional, en la sentencia C -1189 de 2000, sostuvo que, de acuerdo con el principio de interpretación conforme, las normas internas se

5 Precisó al respecto que el texto vigente de este tratado se encuentra en el Protocolo Modificatorio,

que, de acuerdo con el principio de interpretación conforme, las normas internas se

5 Precisó al respecto que el texto vigente de este tratado se encuentra en el Protocolo Modificatorio, suscrito el 28 de mayo de 1996 en Cochabamba, Bolivia, el cual entró en plena vigencia para Colombia luego de ser ratificado por la Ley 457 de 1998, publicada en el Diario Oficial 43360 de 11 de agosto de 1998.9

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deben leer de manera tal que su sentido armonice al máximo con la Constitución y con las obligaciones internacionales que tiene Colombia.

De acuerdo con el anterior contexto normativo, señaló que la Resolución 10500 de 2003 congeló el parque automotor colombiano de vehículos de servicio público de carga y suprimió el ingreso de vehículos por incremento, dejando como única opción la reposición, esto es, el cambio de un vehículo nuevo por otro viejo que debe ser chatarrizado, lo cual impide el crecimiento natural de ese parque y su renovación, lo que mantiene estático el número de unidades. Lo anterior, a su juicio, es una medida administrativa unilateral del Gobierno colombiano, que obstaculiza e impide las importaciones de automotores de carga provenientes de Venezuela y Ecuador, y conlleva al incumplimiento del Programa de Liberación Andino.

Señaló que era tan evidente el efecto negativo del acto demandado sobre el comercio exterior colombiano y sobre el comercio andino de automotores, que el Ministerio de

conlleva al incumplimiento del Programa de Liberación Andino.

Señaló que era tan evidente el efecto negativo del acto demandado sobre el comercio exterior colombiano y sobre el comercio andino de automotores, que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 250 del 10 de febrero de 2004, “Por la cual se establecen las condiciones y requisitos que se deben cump lir para el proceso de desintegración física total y la expedición del certificado correspondiente, para el registro inicial de vehículos de Servicio Público Terrestre Automotor de Carga”, que en el artículo 12 estableció un régimen de transición para el registro inicial de los vehículos de carga sin las exigencias previstas en la Resolución 10500 de 2003, hasta el día 30 del mes de abril de 2004.

1.3.5. Entre tanto, sostuvo que Colombia, Ecuador y Venezuela son miembros de la Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC), sustituto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante GATT), el cual tiene como objetivo liberar el intercambio mundial de mercancías y se rvicios, y, por tanto, están obligados a cumplir sus normas. Señaló que el artículo XI del GATT establece que ninguna parte contratante puede imponer ni mantener prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto originario de otra parte contra tante, aparte de los derechos de aduanas y otras cargas similares.

En tal sentido, adujo que el artículo XVI, ordinal 4, del Acuerdo de Establecimiento de la OMC , determinó que cada miembro debe asegurarse de la conformidad de su legislación interna con las obligaciones que le imponen los Acuerdos anexos. Que, por10

la OMC , determinó que cada miembro debe asegurarse de la conformidad de su legislación interna con las obligaciones que le imponen los Acuerdos anexos. Que, por10

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tanto, Colombia está obligada a ajustar su legislación a las obligaciones que le impone el GATT.

Con base en lo ex puesto, enfatizó que l a Resolución 10500 de 2003, al congelar el parque automotor de servicio público de carga, cerró la posibilidad de importar a Colombia tanto vehículos armados como sus partes de ensamble o CKD 6, utilizadas por la industria nacional, en aras de proteger a la industria de transporte, la cual, a su juicio, no amerita proteccionismo sino mayor competitividad y productividad.

1.3.6. Por otra parte, alegó que la resolución demandada infringe la Constitución Política.

1.3.6.1. En concreto, señaló que la Resolución 10500 de 2003 vulnera el artículo 84 de la Carta, que prohíbe a las autoridades exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho o una actividad, pues el artículo 1 del acto censurado, prescribe que el ingreso de vehículos solo puede producirse por reposición y que se debe demostrar la cancelación de la licencia de tránsito y del Registro Nacional de Carga de los vehículos repuestos y que estos se hayan sometido al

censurado, prescribe que el ingreso de vehículos solo puede producirse por reposición y que se debe demostrar la cancelación de la licencia de tránsito y del Registro Nacional de Carga de los vehículos repuestos y que estos se hayan sometido al proceso de desintegración física total. Los anteriores, alegó, son requisitos adicionales a los que exige la ley para el ingreso de vehículos al servicio público de transporte de carga y para que las empresas de transporte puedan utilizar su capacidad máxima de carga.

1.3.6.2. Alegó que el Ministerio, además, al expedir el acto acusado , infringió los artículos 122 y 123 de la Carta, que precisan los límites de la función pública, en cuanto señalan que no habrá empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Lo anterior, como quiera que las facultade s usadas por la cartera ministerial demandada para la expedición de la Resolución demandada no derivaban de las funciones que asignó a esa entidad las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 769 de 2002, ni del Decreto 2053 de 2003.

6 Corresponde a la expresión Completely Knocked Down.11

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1.3.6.3. Argumentó que la resolución desconoce el artículo 150 numeral 21º de la Carta

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1.3.6.3. Argumentó que la resolución desconoce el artículo 150 numeral 21º de la Carta Política, que establece como función privativa del Congreso la expedición de las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334 ibidem, pues contiene disposiciones que afectan la indu stria y el comercio de automotores, así como la industria del transporte público de carga, si se tiene en cuenta que inciden sobre su campo natural de acción, su competitividad y su productividad, al congelar el parque automotor de servicio público de carga.

1.3.6.4. Afirmó que el acto también vulnera el artículo 150, numeral 23º, y el artículo 365 de la Carta, que consagra como función privativa del Congreso de la República la expedición de las leyes que regulan la prestación de los servicios públicos, como lo es el transporte público de carga. Es decir, que el Ministerio de Transporte invadió el campo de acción del Legislador al expedir un acto administrativo que pretende regular el servicio público de transporte de carga en cuanto a la dotación del equipo automotor con el cual se presta.

1.3.6.5. Alegó que el acto cuestionado también desconoce artículo 333 de la Constitución, que consagra la libertad económica y la iniciativa privada, y establece que, para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Al punto, enfatizó que la Resolución 10500 de 2003 impide el ingreso de vehículos al parque automotor de servicio público de carga, a no ser que se haga mediante reposición. En el mismo sentido, dijo que la resolución también vulnera el artículo 334 de la Carta, que prescribe que la dirección general de la economía está a

vehículos al parque automotor de servicio público de carga, a no ser que se haga mediante reposición. En el mismo sentido, dijo que la resolución también vulnera el artículo 334 de la Carta, que prescribe que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, el cual intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados. Lo anterior, si se tiene en cuenta que no existe ley ni reglamento que faculte al Ministerio de Transporte para intervenir en la industria productora de automotores, en el comercio distribuidor de éstos ni en la industria del transporte público de carga en la forma en que lo hizo dicho acto, esto es, congelando el parque automotor de ese servicio mediante la prohibición del ingreso de vehículos por incremento , dejando vigente solo