CE - 010324000201600634001SENTENCIASENTENCIA20231024084043

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación número: 11001032400020160063400

Demandante: Medplus Group S.A.S.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Temas: Signos descriptivos ; causales absolutas de irregistrabilidad ; distintividad

adquirida. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Medplus Group S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.12032 de 16 de marzo de 2016 y 42562 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Medplus Group S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que

1. Medplus Group S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12032 de 16 de marzo de 2016, “por

1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 20-36. 3 Prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”2

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medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos y 42562 de 27 de junio de 2016, “por la cual se resuelve un recurso de apelación” , expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL , para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, en adelante Clasificación

Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

RECUPERACIÓN INTEGRAL , para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…]PRIMERA. DECLARESE LA NULIDAD de las siguientes resoluciones:

1. Resolución No. 12032 del 16 -marzo-2016 proferida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se negó el registro de la marca CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (Nominativa) para distinguir: "servicios médicos; cuidados de higiene u de belleza para personas", servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por mi representada.

1. Resolución N o. 42562 del 27 -junio-2016 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio del cual resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 12032 del 16 -marzo-2016, declarando agotada la vía gubernativa.

SEGUNDA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO , ORDENAR a la entidad demandada CONCEDER EL REGISTRO COMO MARCA NOMINATIVA del signo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL para servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por mi representada.

TERCERA. ORDENAR el registro de la sentencia que aquí se profiera, en la gaceta de propiedad industrial de la entidad demandada. […]”

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

de propiedad industrial de la entidad demandada. […]”

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

4 Cfr. Folio 199.3

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4.1. Solicitó, el 12 de marzo de 2015, ante la parte demandada, el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de marzo de 2015 , en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 722, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de Nuevas Creaciones , mediante la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016 , negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 42562 de 27 de junio de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016. Normas violadas

núm. 42562 de 27 de junio de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y b) del artículo 134, y los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; el artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83 y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena ; y el artículo 333 de la Constitución Política de la

República de Colombia. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Señaló que, a su juicio, la expresión CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL era un elemento integrante de algunos de sus signos distintivos lo que la dotaba de una “significativa representatividad y notoriedad”. Asimismo, indicó que es titular de un nombre comercial de un centro de terapias, el cual también gozaba de un amplio reconocimiento en el sector salud, hechos que demostraban la identificación, diferenciación y distinción en el mercado de los servicios . En ese sentido, negar el4

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registro como marca del signo solicitado habilita la posibilidad de que otros actores del mercado hicieran un aprovechamiento injusto del prestigio ajeno.

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registro como marca del signo solicitado habilita la posibilidad de que otros actores del mercado hicieran un aprovechamiento injusto del prestigio ajeno. 6.2. Manifestó que el si gno cuyo registro como marca fue solicitado, CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL, contaba con distintividad intrínseca pues permit ía al consumidor elegir y diferenciar los servicios que dese aba adquirir y, en ese sentido, la interpretación que había hecho la parte demandada , analizando sus elementos de forma aislada , había sido incorrecta pues debió tenerse como una expresión compuesta. 6.3. Indicó que existían una multiplicidad de marcas que , según el criterio aplicado al caso concreto, debieron haber sido negadas, y que desde esa perspectiva era claro que el signo solicitado como marca cumplía con el requisito de distintividad. 6.4. Concluyó que el signo solicitado para ser registrado como marca contaba con las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 y , en consecuencia, debió ser registrado por parte de la parte demandada. Contestación de la demanda

La parte demandada

7. La parte demandada 5 contestó la demanda 6 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

7.1. Explicó que el signo solicitado como marca era descriptivo de los servicios para la recuperación del paciente, servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese sentido , se encontraba incurs o en la causal de irregistrabilidad prevista el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

la recuperación del paciente, servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese sentido , se encontraba incurs o en la causal de irregistrabilidad prevista el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

7.2. Adujo que, a su juicio, la distintividad adquirida, que pretendía atribuirle la parte demandante al signo solicitado como marca, no se había probado.

5 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 63-66. 6 Cfr. Folios 52-62.5

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Audiencia Inicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de febrero de 20207, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y en la audiencia inicial de 17 de febrero de 2020 8: i) realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso; ii) declaró saneado el proceso; iii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iv) fijó el objeto del litigio; vi) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vii) prescindió de la audiencia de pruebas; viii) suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial y se hizo una advertencia respecto de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y ix) realizó el respectivo control de legalidad.

1. suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial y se hizo una advertencia respecto de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y ix) realizó el respectivo control de legalidad.

Interpretación prejudicial

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 2021 9, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…]La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134

Literales a) y b), 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; también solicitó que se interpretaran los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en específico de los Artículos 134 Literales a) y b); y, 135 limitando su interpretación a los Literales b) y e), y el párrafo final del mencionado artículo, por ser pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 136 de la Decisión antes mencionada debido a que no es materia controvertida la irregistrabilidad de un signo cuando afecte los derechos de un tercero. Tampoco procede la interpretación de los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en v ista de que a la fecha de presentación de la solicitud del signo materia de discusión (12 de marzo de 2015) se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]”

7 Cfr. Folio 86-87 8 Cfr. Folios 93-99

se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]”

7 Cfr. Folio 86-87 8 Cfr. Folios 93-99 9 Visible en índice 33 del aplicativo SAMAI.6

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10. En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del trámite procesal y traslado para alegatos de conclusión

11. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 25 de febrero de 202210: i) reanudó el trámite procesal; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iv) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión ; y v) corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

12. Dentro del término legal, las partes demandante11 y demandada12 reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación respectivamente.

13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa c omunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) el marco

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa c omunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) la Interpretación Prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 2021 ; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad de un signo; vii) el marco normativo sobre las causales absolutas de irregistrabilidad referentes a signos descriptivos ; viii) el marco normativo sobre las causales absolutas de irregistrabilidad referentes a signos descriptivos; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo

10 Visible en índice 34 del aplicativo SAMAI. 11 Visible en índice 42 del aplicativo SAMAI. 12 Visible en índice 41 del aplicativo SAMAI.7

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de 2019 13, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala

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de 2019 13, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 17.1 La Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016 14, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL, para identificar servicios de la Clase 44 de Clasificación Internacional de

Niza.

17.2. La Resolución núm. 42562 de 27 de junio de 2016 15, mediante la cual el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016.

El problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la d emanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en las interpretaciones prejudiciales, determinar: 18.1 Si las resoluciones núms. 12032 de 16 de marzo de 2016 y 42562 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE

de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE

13 Mediante el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 14 Cfr. Folios 09-11. 15 Cfr. Folios 12-13.8

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RECUPERACIÓN INTEGRAL, para identificar "servicios m édicos, tratamientos de higiene y de belleza para personas" , servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales a) y b) del artículo 134 y los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; el artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83; y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 333 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 18.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad par a ser registrado como marca y, en ese sentido, si es apto para distinguir servicios en el mercado y si es susceptible de representación gráfica y, en segundo lugar, si el signo solicitado es notorio en el sector de prestación de servicios médicos y de recuperación

apto para distinguir servicios en el mercado y si es susceptible de representación gráfica y, en segundo lugar, si el signo solicitado es notorio en el sector de prestación de servicios médicos y de recuperación

19. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 2021 , en la que interpret ó los literales a) y b) del artículo 134; los literales b) y e) y el párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 ; y no interpretó el artículo 136 ibidem, el artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83; y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993 del

Acuerdo de Cartagena

20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comu nidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena16, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

16 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. D icho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.9

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Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. D icho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.9

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Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200017 de la Comisión de la Comunidad Andina18. Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina19

22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina20 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

17 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la

estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artícu lo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas , ampliar el

denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas , ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de la s marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 18 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 19 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13

de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 20 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.10

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de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

24. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

25. Asimismo, prevé en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

25. Asimismo, prevé en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición prevé que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

27. En el artículo 34 se prevé que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 202121

21 Visible en índice 33 del aplicativo SAMAI.11

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Interpretación Prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 202121

21 Visible en índice 33 del aplicativo SAMAI.11

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29. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este

caso:

“[…] La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literales a) y b), 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; también solicitó que se interpretaran los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de C artagena. Procede la interpretación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en específico de los Artículos 134 Literales a) y b); y, 135 limitando su interpretación a los Literales b) y e), y el párrafo final del mencionado artículo, por ser pertinentes.

No procede la interpretación del Artículo 136 de la Decisión antes mencionada debido a que no es materia controvertida la irregistrabilidad de un signo cuando afecte los derechos de un tercero. Tampoco procede la interpretación de los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en vista de que a la fecha de presentación de la solicitud del signo materia de discusión (12 de marzo de 2015)

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en vista de que a la fecha de presentación de la solicitud del signo materia de discusión (12 de marzo de 2015) se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. 1.7. E