CE - 010324000201700203001SENTENCIA20230203151513

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración

Demandado: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

Temas: Rediseño institucional

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Reintegración - SINTRARE contra la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República;1 Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, antes Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas - ACR; y Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

1. Antecedentes

1.1. La demanda2

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 13 7 del

1. Antecedentes

1.1. La demanda2

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 13 7 del CPACA,3 SINTRARE, actuando por intermedio de apoderado , solicitó declarar la

1 En adelante se le denominará Presidencia de la República, conforme lo prevé el Decreto 1784 de 2019. 2 Folios 461 a 496. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.2

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración nulidad de los siguientes actos: i) Decreto 2253 de 2015, expedido por l a Presidencia de la República , por el cual se modifica la estructura de la ACR; ii) Decreto 2254 de 2015, suscrito por el presidente de la República, que modificó la planta de personal de la mencionada Agencia; iii) Resoluciones 2154 del 24 de noviembre de 2015, 302 y 303 del 15 de febrero de 2016, proferidas por la ACR, que establecieron y actualizaron el manual específico de funciones y competencias laborales para dicha entidad; iv) «demás actos administrativos» emanados de la ACR y que se hayan motivado en los Decretos 2153 y 2154 de 2015; v) Acuerdo CNSC-20161000000036 del 11 de abril de 2016, expedido por la CNSC, por el cual se anula el Acuerdo 304 de l 10 abril de 2013 y en su lugar se

2015; v) Acuerdo CNSC-20161000000036 del 11 de abril de 2016, expedido por la CNSC, por el cual se anula el Acuerdo 304 de l 10 abril de 2013 y en su lugar se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera de la ACR - Convocatoria 338 de 2016.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante sostuvo que las disposiciones acusadas violaron los artículos 2, 4, 29, 38, 39 y 209 de la Constitución Política; 3, 4, 34, 36, 37 y 91 del CPACA; 1, 3, 4 y 5 de la Ley 872 de 2003; 46 de la Ley 909 de 2004; 2, 3 y 6 de la Ley 1712 de 2014; 228 del Decreto Ley 19 de 2012; 3 de la Directiva Presidencial 6 de 2014; y la Circular Externa 100-09 de 2015, suscrita por el DAFP.

Al desarrollar el concepto de violación, SINTRARE planteó los siguientes cargos:

1. La ACR le solicitó a la CNSC adelantar un concurso de méritos para proveer los

cargos de carrera, lo cual se materializó con el Acuerdo 304 del 10 de abril de 2013; sin embargo, dicha convocatoria fue objeto de aplazamientos, prórrogas y suspensiones que evidenciaron falencias en el proceso de planeación del certamen con la consecuente vulneración a los principios orientadores de la función pública e inaplicación del sistema de gestión de calidad.

suspensiones que evidenciaron falencias en el proceso de planeación del certamen con la consecuente vulneración a los principios orientadores de la función pública e inaplicación del sistema de gestión de calidad.

En e fecto, luego de la convocatoria, se empezaron a advertir circunstancias3

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración inherentes a la gestión institucional que debieron valorarse con antelación, a saber: 1) incremento de la población objeto de atención; 2) revisión de los procesos misionales y administrativos para incrementar la capacidad institucional; 3) tareas impuestas por el Acto Legislativo 1 de 2013 , que fijó el marco jurídico para la paz; 4) calidades del recurso humano existente y que debía aprovecharse antes de reemplazar los por quienes aprobaran el concurso ; 5) clima organizacional; 6) funciones asignadas a la ACR por la ley de justicia y paz; 7) continuidad de la entidad con posterioridad a los diálogos de paz; y 8) presupuesto asignado a la ACR.

1. La ACR celebró el Contrato de Consultoría 949 de 2014 con la Fundación de Estudios para el Desarrollo de la Participación e Integración Política y Social en Colombia - Creamos Colombia para adelantar los estudios técnicos que soportarían el proceso de reestructur ación; sin embargo, no hubo un acompañamiento con sujeción a los lineamientos del DAFP, por lo que la firma del acta de liquidación de dicho negocio vulneró la Ley 80 de 1993 , pues con ello se

soportarían el proceso de reestructur ación; sin embargo, no hubo un acompañamiento con sujeción a los lineamientos del DAFP, por lo que la firma del acta de liquidación de dicho negocio vulneró la Ley 80 de 1993 , pues con ello se certificó el cumplimiento del objeto contractual, pese a que aú n no se había entregado el producto final.

1. La ACR omitió comunicar por medios de amplia divulgación y personalmente a los interesados que estaba comenzando las actuaciones tendientes a su rediseño y modificación de la planta de personal , por ejemplo, el acta de inicio de l referido contrato y el estudio técnico , cuyos resultados tendrían re percusiones en los desmovilizados, en la comunidad y en los servidores afectados con la s medidas a implementar.

1. La falta de planificación de la convocatoria quebrantó el principio de economía , ya que se invirtieron recursos públicos para adelantar un concurso que se prorrogó en el tiempo y que estuvo suspendido por la necesidad de reformar la ACR. Al respecto, la entidad manifestó su interés de re visar la situación de los contratistas, iniciar el concurso luego de que culminaran los diálogos de paz, aprovechar el conocimiento y experiencia del personal que venía laborando; sin embargo, los4

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración resultados del estudio técnico reflejaron una contradicción con estos fines, pues lo único que se buscó fue hacer un rediseño a costo cero.

1. El artículo 228 del Decreto Ley 19 de 2012 dispuso que las reformas a las

resultados del estudio técnico reflejaron una contradicción con estos fines, pues lo único que se buscó fue hacer un rediseño a costo cero.

1. El artículo 228 del Decreto Ley 19 de 2012 dispuso que las reformas a las plantas de personal debían estar acompañadas por el DAFP y la ESAP; empero, la primera fue llamad a luego de haberse iniciado el contrato con la Fundación Creamos Colombia y la segunda no participó en el proceso de reestructuración enjuiciado.

1. La Directiva Presidencial 6 de 2014 ordenó a las cabezas del sector informar a la ministra consejera para gobierno y sector pri vado sobre las entidades que pudieran ser reestructuradas . En este caso , el director de la ACR remitió la información al ministro de la Presidencia, es decir, que se quebrantó el citado lineamiento, por cuanto el primero no tenía la condición de cabeza del sector y el segundo carecía de competencia para conocer del asunto.

1. La reestructuración de la ACR estuvo mediada por el inicio de una nueva actuación administrativa, contenida en las reuniones celebradas los días 22 de enero; 3 y 13 de febrero; 9, 25 y 30 de marzo; 14 de abril; 3 y 23 de junio de 2015 .

Estos nuevos trámites tampoco fueron publicados conforme lo ordena el CPACA, pese a que cambiaron los estudios técnicos presentados por la Fundación Creamos Colombia , de esta manera se vulneraron los principios de publicidad y participación.

1. El segundo estudio técnico fue puesto a consideración de la ministra de la Presidencia y no de la ministra consejera para Gobierno y Sector Privado como lo ordenaba la Directiva Presidencial 6 de 2014.

participación.

1. El segundo estudio técnico fue puesto a consideración de la ministra de la Presidencia y no de la ministra consejera para Gobierno y Sector Privado como lo ordenaba la Directiva Presidencial 6 de 2014.

1. Se adelantó una tercera actuación administrativa , mediante oficios suscritos los días 3, 9 y 19 de noviembre de 2015 por la secretaria general del Ministerio de Hacienda. Estas gestiones tampoco fueron pub licadas, pese a que modificaron nuevamente el estudio técnico y constituyeron el fundamento para expedir los5

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración Decretos 2253 y 2254 de 2015 . También se vulneró el principio de economía , en tanto se cambió el estudio presentado por la mencionada fundación.

1. Con ocasión del proceso de reestructuración , se desvincularon a 2 servidores que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, pero estas decisiones también están viciadas de nulidad debido a las irregularidades que se verificaron en el transcurso del rediseño institucional.

1. Durante el proceso de reestructuración, a SINTRARE se le impidió la participación y el acceso a la información , pese a que presentó varias peticiones y acciones de tutela con los que insistió en su derecho a conocer la documentación y acudir a las reuniones y mesas de tr abajo que precedieron a los actos demandados . De este modo se desconoció la Circular Externa 100 -09 de 2015 , pues luego de su expedición la ACR adelantó diferentes actuaciones que debieron darse a conocer al

reuniones y mesas de tr abajo que precedieron a los actos demandados . De este modo se desconoció la Circular Externa 100 -09 de 2015 , pues luego de su expedición la ACR adelantó diferentes actuaciones que debieron darse a conocer al sindicato.

La ACR en varias oportunidades le informó al sindicato que ya se habían surtido todas las etapas del proceso de reestructuración, motivo por el cual no era viable su participación; sin embargo, para el momento en que se emiti eron tales respuestas aún no se había reanudado el concurso de méritos ni expedido los decretos de reestructuración y quedaban pendientes de surtir las siguientes gestiones en las que se debió tener en cuenta a SINTRARE:

1. Reuniones del 22 de enero al 3 de junio de 2015.

1. Remisión de doc umentos para verificación y revisión ante las autoridades competentes, que tuvo lugar los días 22 de julio de 2015;4 28 de agosto de 2015 ;5 14 de septiembre de 2015;6 30 de septiembre de 2015 ;7 7 de octubre de 2015;8 26 de octubre de 2015;9 19 de noviembre de 2015.10

4 SINTRARE afirmó que en esa fecha se envió el estudio técnico a la ministra de la Presidencia. 5 SINTRARE afirmó que en esa fecha se remitió el estudio técnico al DAFP. 6 SINTRARE afirmó que en esa fecha el DAFP remitió los proyectos de decreto al Ministerio de Hacienda. 7 SINTRARE afirmó que en esa fecha el Ministerio de Hacienda otorgó visto bueno a los proyectos. 8 SINTRARE afirmó que en esa fecha se remitieron los proyectos de decreto a la Presidencia de la República.

7 SINTRARE afirmó que en esa fecha el Ministerio de Hacienda otorgó visto bueno a los proyectos. 8 SINTRARE afirmó que en esa fecha se remitieron los proyectos de decreto a la Presidencia de la República. 9 SINTRARE afirmó que en esa fecha se modificaron los proyectos de decreto en relación con la planta de personal. 10 SINTRARE afirmó que en esa fecha se remitieron los proyectos de decreto a la Presidencia de la República para su firma.6

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración 3) El 11 de abril de 2016 se realizó la convocatoria al concurso de méritos, mediante el Acuerdo CNSC – 20161000000036.

1. El tercer estudio técnico en que se fundaron los actos acusados no contó con el aval del DAFP y tampoco se previó la incorpora ción de los contratistas, pues desempeñaban labores misionales y por ello resultaba necesario crear el cargo de reintegrador, así como evitar demandas por «contrato realidad ». Estas inconsistencias demuestran un desconocimiento de la guía de rediseño institucional expedida por el DAFP.

1. La declaratoria de nulidad de los Decretos 2253 y 2254 de 2015 conduce a que también se anulen los demás actos acusados, por cuanto pierden sus fundamentos de hecho y de derecho.

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada en el sub lite estuvo representada por la Nación - Presidencia de la República, 11 la CNSC,12 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ,13 la ARN

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada en el sub lite estuvo representada por la Nación - Presidencia de la República, 11 la CNSC,12 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ,13 la ARN (antes ACR)14 y el DAFP.15 Dichas entidades , actuando por intermedio de sus apoderados, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

1. El sindicato demandante interpretó de manera exegética la Directiva Presidencial 6 de 2014 y no tuvo en cuenta que el cargo de ministro consejero para el buen gobierno conformaba la planta del personal del entonces DAPRE, por lo que la comunicación que dirigió el directo r de la ACR, para informar del proceso de reestructuración, cumplió con su cometido.

1. La reestructuración de la ACR se sujetó a los parámetros legales, al documento

11 Folios 619 a 626. 12 Folios 627 a 640. 13 Folios 679 a 683. 14 Folios 725 a 748. 15 Folios 749 a 766.7

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración Conpes 3554 de 2008 y al Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, teniendo en cuenta las necesidades institucionales , con base en un estudio t écnico avalado por el DAFP y con la viabilidad presupuestal impartida por el Ministerio de Hacienda. Este último actuó en ejercicio de la competencia atribuida por el Decreto 2384 de 2015, con el propósito de garantizar los salarios de los servidores

por el DAFP y con la viabilidad presupuestal impartida por el Ministerio de Hacienda. Este último actuó en ejercicio de la competencia atribuida por el Decreto 2384 de 2015, con el propósito de garantizar los salarios de los servidores públicos y la correcta inversión del presupuesto nacional.

1. La CNSC convocó a concurso de méritos para proveer los empleos vacantes de

la ACR en aras de atender los fines de la carrera administrativa y con respeto de las normas que la regulan. Dicho proceso fue objeto de suspensiones y aplazamientos debido al rediseño institucional que se estaba adelantando en la ACR, pues era imperioso ajustarse a las nuevas necesidades del servicio y a la situación coyuntural que atravesaba el país con ocasión del proceso de paz que se estaba surtiendo , cuyos resultados tendrían profundas repercusiones en la entidad.

1. La ACR estaba facultada para contratar una firma especializada para realizar el estudio técnico que respaldaría su reestructuración, razón p or la que se acudió a la Fundación Creamos Colombia, ya que tenía amplia experiencia en esa clase de análisis. En consecuencia, no se requería la participación de la ESAP. Además, la Ley 1551 de 2012 únicamente previó el acompañamiento de esta última para el orden territorial, mientras que el DAFP hace lo propio en el nivel nacional.

1. Los procesos de reestructuración se rigen por una normativa especial, por lo que no es posible aplicar el CPACA en los términos pretendidos por la parte actora.

A su vez, la motivación contenida en los actos demandados cumple con el principio de publicidad que echan de menos los interesados, conforme lo explicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-994 de 2000.

A su vez, la motivación contenida en los actos demandados cumple con el principio de publicidad que echan de menos los interesados, conforme lo explicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-994 de 2000.

1. La Fundación Creamos Colombia cumplió cabalmente con el objeto contractual y elaboró el estudio técnico de conformidad con los lineamientos del DAFP; sin embargo, como el documento se entregó antes de que se aprobara el presupuesto8

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración de la ACR, fue necesario ajustar el diseño propuesto para que no se incurriera en un déficit fiscal y cumplir con la Directiva 6 de 2014 en tanto ordenó que las modificaciones a las plantas de personal debían hacerse a costo cero.

1. El 21 de enero de 2015, la aludida fundación entregó e l estudio técnico junto con el manual de funciones y competencias laborales , pero este no puede considerarse como un nuevo documento , ni mucho menos es válido sostener que la ACR adelantó varios procesos de reestructuración.

1. Posteriormente la ACR efectuó ajustes en virtud de las observaciones realizadas por la Presidencia de la República, los cuales se remitieron nuevamente al DAFP y al Ministerio de Hacienda para obtener los conceptos favorables y el aval presupuestal, es decir, que tales modificaciones no se hicieron con el ánimo de dar inicio a otra actuación administrativa o elaborar otro rediseño institucional, sino de atender las sugerencias impartidas dentro del trámite que se venía adelantando , las cuales se presentan normalmente en esta clase de asuntos, pues se trata de

inicio a otra actuación administrativa o elaborar otro rediseño institucional, sino de atender las sugerencias impartidas dentro del trámite que se venía adelantando , las cuales se presentan normalmente en esta clase de asuntos, pues se trata de un diálogo entre diferentes estamentos que conlleva revisiones a los estudios técnicos para responder a las necesidades de modernización del Estado, a la política macroeconómica del país y a los requerimientos específicos del servicio.

1. La mencionada Directiva también se cumplió en el sentido de informar a la ministra consejera para gobierno y sector privado sobre la existencia del proceso de reestructuración en comento , para lo cual se le remitió el estudio técnico a través del Oficio OFI15-014785 del 22 de julio de 2015 . E n general, dicha funcionaria estuvo enterada de todos los avances del proceso , como lo demuestra un correo enviado el 10 de marzo de 2015 por el director de la ACR.

1. No existían reuniones pendientes de realizar con el DAFP para revisar el estudio técnico y en las que pudiera participar SINTRARE, pues aquellas habían culminado para el momento en que se constituyó el sindicato. Además, tal participación solamente se implementó por la Circular 100 -09-15 del 31 de agosto de 2015; sin embargo, el 22 de julio de 2015 se había remitido el aludido estudio a la9

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración Presidencia de la República, al DAFP y al Ministerio de Hacienda, por ende, dicha normativa no resultaba aplicable.

Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración Presidencia de la República, al DAFP y al Ministerio de Hacienda, por ende, dicha normativa no resultaba aplicable.

1. El estudio técnico se hizo con la mayor pe ricia y objetividad, se analizaron procesos, cargas de trabajo, misión de la entidad y necesidades de la población beneficiaria del servicio. De esta manera, el proceso de reestructuración obedeció a un examen juicioso de los componentes que el legislador ha fijado para el efecto y la nueva planta de personal permite atender los compromisos atribuidos a la ARN bajo estándares de profesionalismo y calidad , por lo que tampoco es válido sostener que se incurrió en una irregularidad por no crear el cargo de reintegrador; por el contrario, el estudio técnico demuestra que se fortaleció la gestión institucional con la distribución de cargos y asignación de funciones.

1. Tampoco era viable crear el cargo de reintegrador, en tanto generaba costos de funcionamiento adicionales en contravía de lo ordenado por la Directiva Presidencial 6 de 2014, por tal motivo se buscó la mayor eficiencia en la redistribución de los empleos al interior de la ACR, al punto que algunas funciones que antes tenían los contratistas se asignaron al personal de planta para apoyar los equipos de trabajo a nivel territorial.

1. Se proponen las siguientes excepciones: 1) ineptitud de la demanda, por cuanto el concepto de violación se limit ó a reiterar los hechos y resulta genérico frente a la s pretensiones de nulidad , en especial la relacionada con el Acuerdo CNSC-20161000000036 de 2016, pues frente a este no se sustentó cargo alguno; y

frente a la s pretensiones de nulidad , en especial la relacionada con el Acuerdo CNSC-20161000000036 de 2016, pues frente a este no se sustentó cargo alguno; y 2) pleito pendiente, ya que en el Consejo de Estado cursa otra demanda contra el referido acuerdo.

1.3. Decisión de excepciones y sentencia anticipada10

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración Por auto del 8 de abril de 2021 , el magistra do conductor del proceso negó la s excepciones de pleito pendiente e ineptitud de la demanda propuestas por la parte accionada.16

Mediante auto del 19 de mayo de 2022, el despacho evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio en la siguiente forma:17

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, el despacho concluye que el objeto de la controversia que se presenta en el caso sub lite recae en determinar si los actos administrativos acusados vulneran los artículos 2, 4, 29, 38, 39, 113 y 209 de la Constitución Política; 3 (numerales 1, 5, 6, 8, 9 y 12), 4, 34,

36 (incisos 3 y 4), 37 y 91 (numeral 2) del CPACA; 1, 3, 4 (literal a), 5 (li teral d) de la Ley 872 de 2003; 46 de la Ley 909 de 2004; 2, 3 (incisos 1, 8 y 9) y 6 (literal k) de la Ley 1712 de 2014; 228 del Decreto 019 de 2012; el numeral 3 de la Directiva Presidencial 06 de 2014 y la Circular Externa 100-09 de 2015.

1.4. Alegatos de conclusión

SINTRARE, el DAFP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , la ARN y la CNSC reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.18

1.5. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Conforme a la fijación del litigio efectuada en el sub lite, el problema jurídico

16 Folios 771 a 777. 17 Folios 779 a 790. 18 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.11

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración consiste en determinar si la ACR, mediante los actos acusados , acató o no las normas superiores invocadas por el sindicato demandante , relacionadas con el diseño constitucional y legal que rige para los procesos de reestructuración de las entidades públicas.

2.2. Marco normativo

normas superiores invocadas por el sindicato demandante , relacionadas con el diseño constitucional y legal que rige para los procesos de reestructuración de las entidades públicas.

2.2. Marco normativo

La estructura administrativa del Estado cumple un rol fundamental para la consecución de sus fines esenciales, de ahí que los servidores públicos y demás personas que ejerzan función pública deben hacerlo con el propósito de servir al interés general y bajo altos estándares de calidad, moralidad, transparencia y eficacia.

Por su parte, el legislador ha estructurado un andamiaje normativo tendiente a establecer los lineamientos bajo los cuales deben actuar las entidades y autoridades públicas. De estas disposiciones se destacan las Leyes 489 de 1998 y 909 de 2004, en tanto regularon la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, el sistema de empleo oficial y los principios orientadores de la gerencia pública.

Ahora bien, existen dos conceptos fundamentales para el funcionamiento de los órganos del estado, a saber, 1) empleo público y 2) planta de personal. El primero es definido por el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 como «el núcleo básico de la estructura de la función pública» y corresponde al «conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado».

A partir de la anterior definición, esta Subsección ha concluido que la planta de personal se entiende como « la determinación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una entidad estatal a efectos de lograr el

A partir de la anterior definición, esta Subsección ha concluido que la planta de personal se entiende como « la determinación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una entidad estatal a efectos de lograr el cumplimiento de los fines constitucionales y legales a los que responde su12

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración creación y funcionamiento ».19 Esta definición parte de la base de que toda entidad del Estado tiene asignado un número determinado de empleos tendiente a satisfacer sus objetivos misionales.

A su vez, la creación y transformación de una planta de personal obedece a las necesidades del servicio, estructura organizacional, en consonancia con las demandas de los asociados y las posibilidades presupuestales. Para su determinación entran en juego elementos como la cantidad de empleos requeridos; denominación, nivel y grado; requisitos de formación académica y experiencia para ocuparlos; deberes y funciones.

Por su parte, el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 , modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 19 de 2012, se refirió a las reformas de las plantas de personal en los siguientes términos:

Artículo 46. Reformas de plantas de personal . Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaci ones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las

y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaci ones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal.

Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

A su turno , el Decreto 1227 de 2005 , compilado en el Decreto 1083 de 2015, reglamentó las condiciones en que deben surtirse las reformas a las plantas de personal y especificó lo siguiente:

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2020, radicado 11001 -03-25-0002016-00181-00 (0885-2016).13

Radicación: 11001-03-24-000-2017-00203-00 (0019-2018) Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Reintegración Artículo 95. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y t erritorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.

Ejecutiva de los órdenes nacional y t erritorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.

Parágrafo. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Artículo 96 . Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de:

96.1. Fusión, supresión o escisión de entidades.

96.2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

96.3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

96.4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.

96.5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios.

96