CE - 010324000201800019001AUTOQUEDECIDE20231003150121

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Radicado: 11001 03 24 000 2018 00019 00

Demandante: ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-24-000-2018-00019-00

Demandante: ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES

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Demandado: NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Decisión sobre excepciones

AUTO

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, y en concordancia con el numeral segundo del artículo 101 del Código General del Proceso 1 (en adelante CGP) , procede el despacho a pronunciarse sobre las excepciones previas en el trámite de la referencia.

I. Antecedentes

1.1. Mediante memorial radicado ante la secretaría de esta Sección el 6 de diciembre de 2017 , José Manuel Gómez Sarmiento actuando como representante legal y vocero judicial de la Asociación Bancaria y de

I. Antecedentes

1.1. Mediante memorial radicado ante la secretaría de esta Sección el 6 de diciembre de 2017 , José Manuel Gómez Sarmiento actuando como representante legal y vocero judicial de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) , presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad de que trata el artículo 137 del CPACA2 contra un aparte de la disposición contenida en el artículo 3° del Decreto 1990 de 2016 “Por medio del cual se modifica el artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. Y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, en relación con las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de autoliquidación

1 “Artículo 101. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. […] 2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante. || Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones.” 2 Ley 1437 de 2011, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021.2

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00019 00

2 Ley 1437 de 2011, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021.2

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de aportes; se fijan plazos y condiciones 1. 1 para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, respectivamente”, expedido por el Gobierno Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social , y Ministerio del Trabajo.

1.2 Por auto calendado el 4 de junio de 2019, este despacho admitió la demanda y ordenó notificar personalmente al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Salud y Protección, al Ministerio del Trabajo, al Procurador Delegado para la conciliación administrativa y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El término para contestar la demanda venció el 5 de septiembre de 2019.

1.3 Dentro del término dispuesto para ello, el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio del Trabajo, contestaron la demanda mediante sendos escritos, en los cuales se advierte que no formularon excepciones previas o mixtas.

1.4 A su vez, la Presidencia de la República, a través de escrito radicado

mediante sendos escritos, en los cuales se advierte que no formularon excepciones previas o mixtas.

1.4 A su vez, la Presidencia de la República, a través de escrito radicado dentro del término dispuesto para ello, contestó la demanda en la cual se advierte que formuló excepción de “La Presidencia de la República no está legitimada para representar a la Nación en este asunto”.

1.5. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante memorial radicado en tiempo, presentó contestación de la demanda en tiempo, respecto del cual se observa que formuló excepción previa que denominó “caducidad de la acción con fundamento en la teoría de los motivos y las finalidades”.

II. Excepciones propuestas

2.1. La Presidencia de la República se pronunció sobre los hechos y argumentos expuestos en la demanda y se opuso a las pretensiones allí elevadas.

Adicionalmente, formuló la excepción que denominó “La Presidencia de la República no está legitimada para representar a la Nación en este asunto”,3

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con base en que la vinculación del Presidente de la República es irregular, porque se le cita en representación de la Nación.

Explicó que el artículo 159 del CPACA señala que los actos administrativos

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con base en que la vinculación del Presidente de la República es irregular, porque se le cita en representación de la Nación.

Explicó que el artículo 159 del CPACA señala que los actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional deben ser defendidos por los ministros y directores de departamento administrativo responsables , por cuanto son ellos quienes firman el acto acusado y, en consecuencia, cuentan con la capacidad jurídica para la representación judicial, y no el Presidente de la República, como de manera equivocada se consideró en la admisión de la demanda de la referencia.

Afirmó que “ […] por esta razón, se insiste en que el Presidente de la República no debe ser vinculado a estos procesos, sea en forma directa o sea por conducto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, porque esta posibilidad está reservada por la ley a los eventuales procesos donde se discutan contratos o actos contractuales firmados directamente por el Primer Mandatario a nombre de la Nación, supuesto que no se presenta en la demanda de nulidad en contra de este decreto reglamentario, razón por la cual esta irregularidad procesal debe ser corregida, desvinculand o del proceso al Jefe de Estado, en el entendido que la decisión de gobierno contenida en el Decreto 1990 de 2016, está representada por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Por lo tanto, solicitó que se resolviera favorablemente la excepción previa propuestas y , en consecuencia, se ordenara la desvinculación de la Presidencia de la República en el asunto de la referencia.

2.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda pronunciándose sobre los hechos allí relatados, y presentó los argumentos

Presidencia de la República en el asunto de la referencia.

2.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda pronunciándose sobre los hechos allí relatados, y presentó los argumentos que sustenta su oposición a las pretensiones elevadas por la parte actora. En ese mismo escrito formuló la excepción previa que denominó “Caducidad de la acción con fundamento en la teoría de los motivos y las finalidades”, en virtud de la cual afirmó que el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, y que en ese sentido, operó el fenómeno de la caducidad.

Afirmó que “si bien es cierto que con la demanda se persigue la nulidad de un artículo incluido en un acto administrativo de carácter general, no4

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se puede desconocer que, de su eventual nulidad, se generaría un restablecimiento automático de derechos subjetivos de la parte demandante y de terceros incluyendo, pero no limitándose a, la s entidades financieras agremiadas en ASOBANCARIA” . Y agregó que “la finalidad de la parte actora no consiste en promover la defensa general del ordenamiento jurídico, sino que más bien persigue el restablecimiento de un derecho individual del cual creen ser titulares, esto es, la posibilidad

finalidad de la parte actora no consiste en promover la defensa general del ordenamiento jurídico, sino que más bien persigue el restablecimiento de un derecho individual del cual creen ser titulares, esto es, la posibilidad de establecer libremente las tarifas sin recurrir a los criterios objetivos establecidos por el art. 3.2.3.10 del Decreto 780 de 2016”.

En tal sentido, explicó que en aplicación del parágrafo del artículo 137 del CPACA, en virtud del cual se estableció que “Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente” , corresponde tramitar la demanda en los términos del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 CPACA, el cual debe promoverse dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto demandado.

En consecuencia, sostuvo que en el caso objeto de estudio operó el fenómeno de la caducidad, en la medida que transcurrieron más de 4 meses entre “[…] la publicación del Decreto 1990 de 2016, esto es, […] 6 de diciembre de 2016 […]” y la fecha de radicación de la demanda “[…] el 2 de febrero de 2018”.

III. Traslado

La secretaría de esta Sección corrió traslado de las excepciones propuestas entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 2019, término durante el cual el señor José Miguel de La Calle Restrepo3 presentó escrito en virtud del cual se presentó como coadyuvante de la parte demandante, se pronunció sobre las excepciones propuestas por las autoridades

durante el cual el señor José Miguel de La Calle Restrepo3 presentó escrito en virtud del cual se presentó como coadyuvante de la parte demandante, se pronunció sobre las excepciones propuestas por las autoridades demandadas y además solicitó la suspensión del acto administrativo demandado.

3 Mediante auto calendado el 12 de febrero de 2021, el despacho reconoció al señor José Miguel de la Calle Restrepo como coadyuvante de la parte demandante.5

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Particularmente, en cuanto a la excepción previa formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que “[…] en ningún momento se establece de qué hechos o argumentos presentados por la parte accionante se puede desprender la conclusión de que "la finalidad de la parte actora no consiste en promover la defensa general del ordenamiento jurídico, sino que más bien persigue el restablecimiento de un derecho individual del cual creen ser titulares". Por el contrario, el apoderado de la demandada se limita realizar estas afirmaciones generales, sin desarrollar las razones que darían sustento a dicha opinión”, por lo cual no procede un pronunciamiento sobre tal excepción en tanto que carece de sustento argumentativo mínimo.

Afirmó que de la demanda no se desprende ningún derecho particular que pretenda ser restablecido, y que “[…] si bien el accionante representa a

en tanto que carece de sustento argumentativo mínimo.

Afirmó que de la demanda no se desprende ningún derecho particular que pretenda ser restablecido, y que “[…] si bien el accionante representa a Asobancaria, ésta no es otra cosa que una asociación gremial sin ánimo de lucro, que carece de todo contrato de recaudo de los aportes parafiscales regulado por el artículo ahora acusado”.

IV. Consideraciones:

Sea lo primero advertir que las excepciones son una herramienta con la que cuenta el demandado para ejercer sus derechos de contradicción y defensa durante el trámite procesal. Así, el legislador contempló tres tipos de excepciones, a saber, las previas, las mixtas y las de fondo.

Sobre estas últimas, resulta pertinente indicar que corresponde a aquellas que tienen por objeto controvertir las pretensiones en que se fu nda el libelo introductorio y, por lo tanto, deben ser resueltas al momento de proferir sentencia, pues con ella s se controvierte el derecho sustancial que se reclama por vía jurisdiccional.

Por su parte, las excepciones previas y mixtas tienen como final idad sanear el proceso en su parte inicial en aras de evitar pronunciamientos inhibitorios, o en caso contrario, terminarlo cuando las falencias tengan tal connotación que sean insuperables.6

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Ahora bien, el carácter mixto 4 radica en que éstas pueden proponerse para sanear el proceso, y además para atacar el medio de control al existir inconsistencias en la forma en que fue presentada la demanda, por lo que pueden, eventualmente, ser resueltas en la sentencia definitiva, siempre que el juez carezca de los suficientes elementos para resolverlas durante la primera parte del proceso, lo que también es posible, a criterio del juez, que podrá decidir sobre ellas en la audiencia inicial, si para ello hubiere requerido la práctica de pruebas, o mediante auto independiente, antes o en lugar de tal audiencia, según el caso.

De igual forma, el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 establece que, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probadas las exc epciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, podrá dictar sentencia anticipada.

Vistas así las cosas, y entendiendo que las excepciones previas y las mixtas buscan atacar el ejercicio del medio de control en caso de existir inconsistencias en la forma en la que fue presentada la demanda, se advierte que la finalidad de este tipo de herramientas es sanear los mencionados vicios en aras de evitar una decisión inhibitor ia, o en su defecto, impedir la continuación del proceso en caso de que la naturaleza de las falencias encontradas no permita su trámite. Por otra parte, las

mencionados vicios en aras de evitar una decisión inhibitor ia, o en su defecto, impedir la continuación del proceso en caso de que la naturaleza de las falencias encontradas no permita su trámite. Por otra parte, las irregularidades que tengan que ver con situaciones propias del devenir procesal, y que se presenten una vez admitida la demanda, tendrán que ser ventiladas en la etapa de saneamiento.

En ese mismo sentido esta corporación ha manifestado lo siguiente:

“Resulta propicio comentar aquí la diferencia que existe entre las dos clases de excepciones que puede formular la parte demandada en ejercicio del derecho de defensa, las previas, y las de mérito, siendo aquéllas, también denominadas dilatorias o de form a, las que buscan atacar el ejercicio de la acción, por presentarse alguna inconsistencia en la manera como fue presentada la demanda, vale decir, por alguna deficiencia externa; y éstas, llamadas también de fondo o perentorias, destinadas a atacar el derecho sustancial reclamado por el accionante.

La finalidad de las excepciones previas, es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso ab inicio, ya que no sería posible, ante

4 La denominación d e mixtas no es asignada en realidad por el legislador, sino por la doctrina y la jurisprudencia, para referirse a las excepciones originalmente listadas en el numeral 6º del artículo 180 del CPACA expedido en 2011 y actualmente previstas en el numeral 3º d el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, todas las cuales comparten las características aquí explicadas.7

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todas las cuales comparten las características aquí explicadas.7

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su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia; por su parte, la finalidad de las excepciones de fondo, es controvertir la existencia misma y alcance del derecho reclamado por el demandante, por lo que tienen la virtud de enervar las pretensiones y provocar que el fallo correspondiente se constituya en cosa juzgada, dando término de manera definitiva al debate planteado.

Pues bien, teniendo como premisa tales definiciones, debe el juez, en ejercicio del principio constitucional del iura novit curia, determinar con total claridad, ante omisiones de los postulantes en un proceso sometido a su conocimiento, independientemente del título que hubieren dado a cada una de ellas, si las excepciones planteadas se encaminan a atacar la forma de la demanda o el fondo del asunto, a fin de pronunciarse sobre cada una de ellas en la correspondiente etapa procesal ” 5. (Destacado del despacho).

Bajo tal perspectiva, es claro para el despacho que los medios exceptivos señalados en los artículos 100 del CGP y 180 del CPACA no son taxativos y que, en tal medida, corresponde al operador judicial valorar en cada caso en concreto cuáles de las excepciones invocadas en la contestación

señalados en los artículos 100 del CGP y 180 del CPACA no son taxativos y que, en tal medida, corresponde al operador judicial valorar en cada caso en concreto cuáles de las excepciones invocadas en la contestación de la demanda se encuadran dentro del análisis antes descrito6, tal como quedó definido por la Sección Primera de esta corporación en el proveído de 12 de diciembre de 20197.

En materia contencioso administrativa la oportunidad para plantearlas es en la contestación a la demanda, o a su reforma.

Ahora bien, el momento de resolver las excepciones previas que el demandado hubiere presentado fue variado , inicialmente por el artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020, y posteriormente por el parágrafo 2º del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, pues con anterioridad a tales normas su análisis debía acometerse en la audiencia inicial.

En este punto es importante precisar que el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 definió la regla de transición normativa y aplicación de esta norma procesal, conforme a la cual, como quiera que en el caso objeto de examen la demanda fue presentada el 6 de diciembre de 2017, es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y que la regulación sobre la resolución de excepciones fue modificada por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, con efecto general inmediato, esta última es la aplicable para este caso.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto del 9 de

con efecto general inmediato, esta última es la aplicable para este caso.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto del 9 de abril de 2014. Radicado número 27001-23-33-000-2013-00347-01(0539-14). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 6 Así lo consideró este despacho en los autos de 20 de abril de 2021, expediente 11001 -03-24-000-201600516-00, actor: Central de Inversiones S.A. CISA, y 10 de septiembre de 2020, expediente 11001 -03-24000-2018-00018-00, actor Herman Gustavo Garrido Prada. 7 Emitido dentro del proceso 11001 03 24 000 2017 00130 00, actor Carlos de Jesús Baena Eusse y otros (C.

P. Oswaldo Giraldo López).8

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En ese orden de ideas, para resolver los argumentos presentados por las autoridades vinculadas en calidad de demandadas, debe señalarse, en primer lugar, que en cuanto a la excepción formulada por la Presidencia de la República denominada “La Presidencia de la República no está legitimada para representar a la nación en este asunto” , el despacho advierte que se trata de la excepción previa de falta de legitimación en la

de la República denominada “La Presidencia de la República no está legitimada para representar a la nación en este asunto” , el despacho advierte que se trata de la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva.

De otro lado, en relación con la excepción formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público denominada “caducidad de la acción con fundamento en la teoría de los motivos y las finalidades” , el despacho infiere razonablemente que dicho argumento se encuentra construido en dos partes, de la siguiente manera: i) sobre la indebida escogencia del medio de control por parte de la demandante (excepción previa), y ii) sobre la caducidad del medio de control (mixta) que, en criterio de la demandada, corresponde tramitar.

En ese orden de ideas, resulta dable afirmar que las mencionadas autoridades, en realidad, formularon en total tres excepciones, de naturaleza previa y mixta, a saber, por la Presidencia, la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva , mientras que por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de control (previa), y caducidad del medio de control (mixta).

El despa cho llega a los anteriores entendimientos, en ejercicio del principio iura novit curia8, según el cual “corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y di rimirlos según el derecho vigente, calificando

tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y di rimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas

8 Corte Constitucional, sentencia T-851 del 28 de octubre de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). Sobre el particular la Corte Constitucional ha destacado: el “principio iura novit curia, que significa el juez conoce el derecho”. Con este principio “el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente”. Corte Constitucional sentencias T-146 de 2010 y T-047 de 2011 (en ambas M.P. María Victoria Calle Correa) y T-533 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).9

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jurídicas que lo rigen”. En consecuencia, dado que el juez tiene la facultad de examinar los medios exceptivos y determinar la naturaleza que a cada uno de ellos corresponde 9, el despacho advierte que las excepciones formuladas son de naturaleza mixta10 y previa, a partir de lo cual pasará a pronunciarse sobre ellas en este momento procesal.

uno de ellos corresponde 9, el despacho advierte que las excepciones formuladas son de naturaleza mixta10 y previa, a partir de lo cual pasará a pronunciarse sobre ellas en este momento procesal.

Por lo dicho , este despacho logra advertir que , dado que se trata de l ejercicio de herramientas de defensa dispuestas para la parte pasiva, para su resolución deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el parágrafo 2 º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el que a su vez remite a lo señalado en los artículos 100, 101, y 102 del Código General del Proceso, a saber:

“Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar l os defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las

práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.”

Procede entonces este despacho a estudiar y pr onunciarse sobre la s excepciones propuestas, dado aplicación a lo previsto en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso.

9 De conformidad con el principio del iura novit curia, este ejercicio de interpretación se ha aplicado a casos en los que se presentan excepciones que no se encuentran enlistadas en la norma. Al respecto véase Consejo de Estado. Sección Primera. Consejero Ponente Oswaldo Giraldo López. auto de 31 de octubre de 2018. Expediente 25000-23-41-000-2013-02822-01 Actor COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 10 En relación con la excepción que busca poner de presente que el medio de control ejercido no es el correcto, este despacho en providencias anteriores, adoptó la decisión de darle el tratamiento de excepción mixta. Ver

10 En relación con la excepción que busca poner de presente que el medio de control ejercido no es el correcto, este despacho en providencias anteriores, adoptó la decisión de darle el tratamiento de excepción mixta. Ver entre otros los autos de 20 de abril de 2021, expediente 11001-03-24-000-2016-00516-00, actor Central de Inversiones S.A. – CISA y 12 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-24-000-2017-00130-00, actor Carlos de Jesús Baena Eusse.10

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4.1. Sobre la excepción formulada por la Presidencia de la República denominada “ La Presidencia de la República no está legitimada para representar a la ación en este asunto”:

De conformidad con el artículo 115 superior, “el Gobierno nacional está conformado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de los departamentos administrativos. El Presidente y el ministro o director de departamento correspondiente, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno”.

Dicho artículo también dispone que los actos del Presidente únicamente tendrán validez cuando hayan sido suscritos por él y por el respectivo ministro del ramo o director de departamento administrativo, “[…] quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables. […]”. Esto significa que tanto el Presidente de la República como los ministros o directores de

ministro del ramo o director de departamento administrativo, “[…] quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables. […]”. Esto significa que tanto el Presidente de la República como los ministros o directores de departamento administrativo, según el caso, son responsables por los actos administrativos que emiten.

Sobre este aspecto, además, el artíc ulo 159 del CPACA señala lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 159. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efect os judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jera rquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judic