CE - 010324000201800448001AUTOQUEDISPON20230420083203

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Radicado: 11001 03 24 000 2018 00448 00

Demandante: Sahiet Meza García y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-24-000-2018-00448-00

Demandante: SAHIET STEPHEN MEZA GARCÍA Y OTRO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

APLICA FIGURA DE SENTENCIA ANTICIPADA Y CORRE TRASLADO

PARA ALEGAR

I. ANTECEDENTES

1.1. Los señores José Manuel Marín Ortiz y Sahiet Stephen Meza García, en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política y por el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, promovieron demanda solicitando se declare la nulidad del Decreto nro. 1844 del 1 de octubre de 2018 “Por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de l Sector Administrativo de Defensa ”, para reglamentar parcialmente el Código

cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de l Sector Administrativo de Defensa ”, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar , distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”, proferido por el Ministerio de Defensa Nacional1.

En el escrito de la demanda y en el de subsanación no se solicitó decreto y práctica de pruebas.

1.2. La demanda fue radicada el 31 de octubre de 2018 en esta Corporación, sometida a reparto en la misma fecha y correspondió a este despacho2.

1 Folios 2 a 12 del cuaderno 1. 2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001032400020180044800.2

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1.3. En providencia del 4 de marzo de 2019 fueron remitidas las presentes diligencias al despacho del señor Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, para estudiar sobre la posible acumulación con los procesos que por el mismo asunto allí se tramitaban3, quien por auto del 10 de mayo de 2019 negó la acumulación, por lo que el expediente fue devuelto a este

Valdés, para estudiar sobre la posible acumulación con los procesos que por el mismo asunto allí se tramitaban3, quien por auto del 10 de mayo de 2019 negó la acumulación, por lo que el expediente fue devuelto a este despacho para continuar el trámite respectivo4.

1.4. Por auto del 3 de julio de 2019 se adecuó la demanda al medio de control de nulidad previsto por el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se inadmitió con el propósito que se precisara la parte demandada, el lugar y dirección donde recibe notificaciones y se aportara la constan cia de publicación del acto acusado, o por lo menos la indicación del sitio web donde se podía consultar5. Por lo anterior se concedió a la parte actora un plazo de diez días para que la corrigiera, so pena de rechazo.

1.5. Según informe del 9 de diciembre de 20196 el Secretario de la Sección comunicó sobre el extravío en la Secretaría del expediente, junto con sus respectivos anexos y por auto del 17 de enero de 2020 7 el despacho fijó fecha y hora para la realización de la audiencia de reconstrucción, la cual se llevó a cabo el 31 de enero de 2020, donde se declaró reconstruido el expediente con las copias de las providencias descargadas del Sistema de Información de Procesos “Justicia Siglo XXI” que se habían proferido en el asunto, junto con los informes secretariales aportados por la misma dependencia y los elementos probatorios allegados en la audiencia por el señor Sahiet Stephen Meza García, quien manifestó su interés en que se continuara el proceso8.

el asunto, junto con los informes secretariales aportados por la misma dependencia y los elementos probatorios allegados en la audiencia por el señor Sahiet Stephen Meza García, quien manifestó su interés en que se continuara el proceso8.

1.6. Por auto del 25 de febrero de 2020 se admitió la demanda y se ordenó notificar personalmente al Presidente de la República, a los Ministros de Interior, Justicia y del Derecho y, Defensa Nacional , al Ministerio Público

3 Folio 19 del cuaderno 1. 4 Folios 25 y 26 del cuaderno 1. 5 Folios 30 a 32 del cuaderno 1. 6 Folios 112 a 127 del cuaderno 1. 7 Folio 129 del cuaderno 1. 8 Folios 179 a 184 del cuaderno 1.3

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y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; además, se aceptó el desistimiento de la demanda frente al señor José Manuel Marín Ortíz9.

1.7. En el término para contestar la demanda, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho presentó el respectivo escrito 10, sin formular medios exceptivos ni tampoco solicitó el decreto de pruebas.

1.8. Por último, el Presidente de la República y el Ministerio del Interior, a través de sus apoderadas, presentaron conjuntamente escrito de

medios exceptivos ni tampoco solicitó el decreto de pruebas.

1.8. Por último, el Presidente de la República y el Ministerio del Interior, a través de sus apoderadas, presentaron conjuntamente escrito de contestación de la demanda11 de manera extemporánea, según se indicó en el informe secretarial del 7 de diciembre de 202012.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Generalidades

El artículo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , dispuso que se podrá dictar sentencia anticipada dentro de los procesos contenciosos administrativos en los siguientes eventos:

“Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuan do las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

9 Folios 186 a 188 del cuaderno 1. 10 Folios 209 a 215 del cuaderno 2. 11 Folios 225 a 234 del cuaderno 2. 12 Folio 300 del cuaderno 2.4

9 Folios 186 a 188 del cuaderno 1. 10 Folios 209 a 215 del cuaderno 2. 11 Folios 225 a 234 del cuaderno 2. 12 Folio 300 del cuaderno 2.4

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Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y dem ás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición

intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la cadu cidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso.” (subrayado fuera de texto).

De l a citada disposición se desprende que la posibilidad de proferir sentencia anticipada se encuentra circunscrita a los siguientes supuestos: (i) antes de la audiencia inicial, (ii) en cualquier estado del proceso cuando las partes lo soliciten, (iii) cuando el juez lo estime de oficio dada la existencia de una de las excepciones que se enlista en el numeral tercero,

(i) antes de la audiencia inicial, (ii) en cualquier estado del proceso cuando las partes lo soliciten, (iii) cuando el juez lo estime de oficio dada la existencia de una de las excepciones que se enlista en el numeral tercero, y (iv) cuando surja manifestación de allanamiento o transacción.

Tratándose del tercer escenario, una vez el despacho determine que tiene vocación de prosperidad alguna de las excepciones ya enlistadas, deberá agotarse el trámite previsto en el parágrafo del citado artículo 182A, esto5

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es, correr traslado a las partes a fin de que aleguen de conclusión, así lo ha señalado esta Corporación13:

“(…) De la lectura de la norma se desprende que la posibilidad de emitir sentencia anticipada se encuentra circunscrita a los siguientes supuestos: (i) antes de la audiencia inicial, (ii) en cualquier estado del proceso cuando se presente petición en ese sentido de l as partes, iii) cuando el juez lo estime de oficio dada la existencia de una de las excepciones que se enlista en el numeral 3 , y (iii) cuando surja de manifestación de allanamiento o transacción.

En cuanto al numeral 3, de presentarse esos eventos, se deberá correr traslado a las partes para alegatos de conclusión y se dictará el fallo en los términos del inciso final.

Ahora bien, lo anterior debe leerse en concordancia con lo señalado en el

traslado a las partes para alegatos de conclusión y se dictará el fallo en los términos del inciso final.

Ahora bien, lo anterior debe leerse en concordancia con lo señalado en el parágrafo 2° del artículo 175 del CPACA que estableció que, en los casos en que se vayan a declarar fundadas las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se hará mediante sentencia anticipada. Es decir, se estableció un requisito indispensable para que se pueda dar trámite a la sentencia anticipada, esto es, que alguna de estas excepciones se vaya a declarar fundada. Lo anterior tiene sentido dado que el efecto procesal de encontrar fundada alguna de estas excepciones es la terminación del proceso, ya sea porque el demandante no podía ejercer el derecho de acción o porque el juez no puede pronunciarse sobre un tema que ya fue resuelto por las partes o mediante providencia judicial.

Para explicar este punto, resulta proced ente recordar cómo la jurisprudencia y el ordenamiento legal ha definido los efectos de cada una de estas excepciones.

Respecto a la cosa juzgada resulta particularmente ilustrativo lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-100-19:

“De la cosa juzgada. Reiteración jurisprudencial

2.3. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definiti vas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar

providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definiti vas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.

2.4. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación y, en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor de finitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.

2.5. De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 7 de julio de 2021 . C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001-0324-000-2016-00509-00.6

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fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.

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fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.

2.6. La fuerza vinculant e de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto Inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en materia penal y constitucional (Artículo 243 de la Constitución Política).

2.7. Al operar la cosa juzgada, no solamente se p redican los efectos procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio.

2.8. En principio, cuando un funcionario judicial se percata de la operancia de una cosa juzgada debe rechazar la demanda, decretar probada la excepción previa o de fondo que se proponga, y en último caso, procede una sentencia inhibitoria (…)”.

(se resalta).

El anterior criterio fue reiterado en el siguiente sentido14:

“(…) Entonces, de acuerdo con el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, 15 para emitir sentencia anticipada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juzgador deberá desarrollar los siguientes trámites o adoptar las medidas que a continuación se explican:

(…)

en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juzgador deberá desarrollar los siguientes trámites o adoptar las medidas que a continuación se explican:

(…)

1. Si se trata de la causal del numeral 3º del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Le y 2080 de 2021, 16 es decir, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva, el

trámite será el siguiente:

a. Se correrá traslado para alegar, y en la providencia que así lo ordene, el juzgador precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará; y

b. Escuchados o revisados los alegatos se proferirá sentencia anticipada, pero también s e podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia de manera anticipada, y en consecuencia, se continuará el trámite normal del proceso.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Providencia del 24 de enero de 2022. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente radicación nro. 11001-03-25-000-2015-00951-00. 15 Cita en texto: “ Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 201, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 201, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 16 Cita en texto: “ Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 201, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.7

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c. En el caso de la transacción, enlistada en el tercer evento en el que se puede dictar sentencia anticipada, se procederá en la manera que a continuación se describe (…)” (se resalta).

2.2. El caso concreto

En la presente demanda se formularon los siguientes cargos que fueron denominados así: “CARGOS (1) Y (2) VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 16 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA

PERSONALIDAD Y (2) (sic) AFECTACIÓN AL DERECHO CONSIGNADO EN

EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, IGUALDAD MATERIAL”; “CARGO 3 VULNERACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA ”; “ CARGO 4 VULNERACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL ”; “ CARGO 5 VULNERACIÓN AL DERECHO A LA

DIGNIDAD HUMANA ”; “ CARGO 4 VULNERACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL ”; “ CARGO 5 VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD” Y “ ACLARACIÓN ENCAMINADA A DESVIRTUAR LOS FUNDAMENTOS EN EL QUE EL DECRETO 1844 DE 2018 SE ENCUENTRA

SOPORTADO, INDEBIDA MOTIVACIÓN CARGO 6”.

Al respecto, la parte actora precisó “(…) formulamos 6 cargos en contra del Decreto 1844 de 2018. Los cargos del 1 al 4 (sic) corresponden a contrariedad del decreto con normas en que debería fundarse, especialmente normas de rango constitucional que contienen la protección a los derechos de la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad material, derecho a la salud, y el cargo 5 (sic) por falsa motivación (…)”.

Así las cosas, el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación consiste en determinar:

Con relación al cargo de infracción de normas superiores, s i el acto acusado, esto es, el Decreto nro. 1844 del 1 de octubre de 2018, infringe una, varias o todas las siguientes disposiciones: los artículos 1, 13, 16 y 49 de la Constitución Política.

En lo que atañe a la causal de falsa motivación, la parte demandante afirmó lo siguiente:8

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“(…) consideramos que la parte motiva del decreto 1844 de 2018, el cual cita la sentencia (C -491 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) (sic), tiene una motivación que no logra justificar, ni tampoco a partir de esa sentencia se puede fundamentar la medida represiva que el decreto establece, y a su vez contienen afirmaciones que se encuentran fuera del contexto en el que fueron producidas y en el que pueden llegar a ser entendidas.

Es así como el decreto 1844 de 2018 pretendiendo motiva r la represión que proscribe señala que:

“En sentencia C-491 del 28 de junio de 2012, la Corte Constitucional, al decidir una demanda de constitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, sostuvo que “(…) la prohibición que introdujo el Acto Legislativo 02 de 2009 en el artículo 49 de la Constitución en cuanto al porte y consumo de sustancia estupefaciente o psicotrópica, no conduce a la criminalización de la dosis personal, comoquiera que no comporta una finalidad represiva frente a quien tenga la condición de adicto (…)”.

Frente a esta afirmación merece la pena señalar que la distinción entre un consumidor adicto y no adicto, no es de la órbita del derecho de policía, es más ni siquiera lo es del derecho como rama del conocimiento dentro del universo ontológico. Por el contrario la cita que el decreto propone

consumidor adicto y no adicto, no es de la órbita del derecho de policía, es más ni siquiera lo es del derecho como rama del conocimiento dentro del universo ontológico. Por el contrario la cita que el decreto propone deja ver que el ánimo si es de carácter represivo y a su vez denota la imposibilidad de distinguir entre consumidores adictos y consumidores no adictos y aunque pudiera distinguirse tal condición que omiten, la pregunta de fondo es ¿qué relevancia tiene para el orden público?

En este mismo sentido, creemos que no basta con que el decreto señale normas y contenga enunciados apacib les, es necesario que las políticas públicas sean sustentadas de forma coherente. El decreto hace referencia la convivencia en el espacio público, sin embargo seguimos sin poder conectar la medida con la convivencia en el espacio público. Sin lugar a dudas, la medida desencadenará una persecución de los eslabones más débiles en la cadena de la droga, es decir los consumidores”.

En ese sentido corresponde ría establecer si las medidas adoptadas a través del acto acusado no atienden lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-491 del 28 de junio de 2012.

No obstante, el despacho advierte que, una vez conocida la existencia del proceso adelantado en esta Corporación en el medio de control de nulidad radicado con el nro. 11001-03-24-000-2018-00387-0017 acumulado, en el que también se controvertía la legalidad del Decreto 1844 de 2018 , dispuso la remisión del expediente al despacho del Consejero que lo conocía, para que estudiara su posible acumulación; sin embargo, no fue

el que también se controvertía la legalidad del Decreto 1844 de 2018 , dispuso la remisión del expediente al despacho del Consejero que lo conocía, para que estudiara su posible acumulación; sin embargo, no fue ordenada por no encontrarse reunidos los requisitos legales para ello.

17 Proceso acumulado con el expediente con radicación nro. 11001 -03-24-000-201800399-00.9

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00448 00

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También se observa que, en dicho proceso la Sección Primera profirió sentencia el 30 de abril de 2020, en la que resolvió:

“PRIMERO. DENEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la solicitud de nulidad del Decreto 1844 de 2018, “Por medio del cual se adiciona el capítulo 9º del título 8º de la parte 2ª del libro 2º del Decreto 1070 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”, pero se condicionará y conservará su validez, en el entendido que:

1. El acto demandado reglamenta el CNSCC respecto de los verbos de porte, tenencia y posesión de SPA, cuando esa conducta traspasa la esfera

condicionará y conservará su validez, en el entendido que:

1. El acto demandado reglamenta el CNSCC respecto de los verbos de porte, tenencia y posesión de SPA, cuando esa conducta traspasa la esfera íntima del consumidor dado que se relaciona: i) con la comercialización y/o distribución de SPA, o ii) porque afecta los derechos de terceros y/o colectivos.

2. Los miembros de la Policía Nacional harán uso del proceso verbal inmediato al que hace referencia la norma acusada únicamente cuando se requiera verificar que la dosis personal está s iendo utilizada para fines distintos al consumo de quien la tiene en su poder, ante la existencia de evidencias en torno a que se está atentando contra los derechos de terceros o de la colectividad.

3. Conforme con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-253 de 2019, los comportamientos previstos por los artículos 33 (literal c, numeral 2º) y 140 (numeral 7º) de la ley 1801, únicamente podrán ser corregidos por la Policía Nacional cuando las autoridades competentes fijen, “dentro de los lími tes que impone el orden constitucional” y de manera “razonable y proporcionada”, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en virtud de las cuales el acto de consumo de estupefacientes afecta el orden público.

(…) (mayúsculas y negrillas del original).

En el referido asunto, el litigio se fijó en los siguientes términos:

“(…) El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta del mismo se hace, consiste en d eterminar si el GOBIERNO

“(…) El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta del mismo se hace, consiste en d eterminar si el GOBIERNO NACIONAL con ocasión de la expedición del Decreto 1844 de 1° de octubre de 2018, “por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensá, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”, llegó a quebrantar los artículo s 1°, 2°, 6°, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 49 y 150, 189 numerales 4° y 11 de la Constitución Política, el Acto Legislativo 02 de 2009, el literal j) del artículo 2° de la ley 30 de 1986, así como los artículos 2°, 33, 38, 39, 59, 92, 140, 146, 159, 164, 192, 2 01 y 222 de la Ley 1801 de 2016, (i) al poner en riesgo la vida, honra, bienes y derechos de los consumidores de sustancias prohibidas; (ii) al desconocer la autonomía de las personas haciendo nugatorio el derecho a la libre desarrollo de la personalidad; (iii) al desconocer el principio de legalidad, reserva de ley y tipicidad respecto de las medidas sancionatorias a los consumidores de sustancias en la10

nugatorio el derecho a la libre desarrollo de la personalidad; (iii) al desconocer el principio de legalidad, reserva de ley y tipicidad respecto de las medidas sancionatorias a los consumidores de sustancias en la10

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00448 00

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cantidad denominada dosis mínima; (iv) al extralimitarse en el ejercicio de la competencia tipificando una conducta que está permitida y no puede ser objeto de sanción alguna; (v) al no estar dirigida la medida a fines preventivos y rehabilitadores; (vi) al trasladar la competencia a la Policía Nacional respecto del tratamiento médico y psicológico de las pe rsonas con adicción a sustancias no autorizadas y; (vii) al trasgredir los deberes de las autoridades de Policía.

Concretamente, la señora LUVY KATHERINE MIRADA PEÑA, formuló como cargo de violación el atinente al desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló lo siguiente:

1. Violación del artículo 1o de la Constitución Política, en tanto que no se le otorga un trato digno y acorde a la condición de todos los consumidores de sustancias psicoactivas, además que "la garantía constitucional se pone en riesgo al facultar a la Policía Nacional realizar labores frente a las cuales no se encuentran capacitados", poniendo en peligro su integridad física y sicológica.

constitucional se pone en riesgo al facultar a la Policía Nacional realizar labores frente a las cuales no se encuentran capacitados", poniendo en peligro su integridad física y sicológica.

2. Violación del artículo 2° de la Constitución Política, en la medida en que se pone en riesgo la protección de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los consumidores de sustancias prohibidas, al determinar y trasladar la responsabilidad de la política de consumo de drogas a la

Policía Nacional.

3. Violación del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que no se designa una institución idónea para la garantía de los derechos constitucionales de una población que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, poniendo en riesgo de abusos o maltrato a los consumidores (sic) prohibidas por el acto administrativo.

4. Violación del artículo 49 de la Constitución Política, por cuanto