CE - 010324000202100253001AUTOQUEDECIDE20230317153232

Radicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Expediente: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Accionante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC., Gelec Guachicono S.A.S ESP, Grupo Gelec S.A.S. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 20211, en concordancia con el numeral segundo del artículo 101 del Código General del Proceso (en adelante CGP), procede el Despacho a pronunciarse sobre las excepciones previas en el trámite de la referencia. I. Antecedentes 1.1. El señor Oscar Gerardo Salazar Muñoz, el día 25 de mayo de 2021, instauró demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, pretendiendo la nulidad de la Resolución No. 3437 del 2 de mayo de 2013, “Por la cual se otorga licencia ambiental a la firma grupo GELEC S.A.S., para el proyecto “Construcción Pequeña Central Hidroeléctrica-PCH Guachicono, Municipio de la Sierra, Departamento del Cauca”, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (en adelante CRC)2. 1“Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2º del artículo

175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor: Parágrafo 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas. Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión. Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.” 2 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.Radicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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Adicionalmente, en escrito aparte solicitó la suspensión provisional del acto demandado. 1.2. Aquella fue sometida a reparto el 25 de mayo de 20213 y allegada a este Despacho el 28 de mayo de 20214. 1.3. El Despacho mediante proveído del 10 de febrero de 20225, inadmitió el libelo introductorio. 1.4. La parte actora presentó memorial el 3 de marzo de 20226, corrigiendo los defectos. 1.5. Por medio de auto calendado el día 22 de abril de 20227, el Despacho Sustanciador entendió debidamente subsanada la demanda y, en consecuencia, la admitió por cumplir los requisitos de ley. Ordenó realizar las respectivas notificaciones y dio las instrucciones y advertencias de rigor. 1.6. Según la constancia secretarial que figura en el índice 19 de la plataforma SAMAI, el término para contestar la demanda venció el 16 de junio de 20228, previo a lo cual, las accionadas contestaron la demanda. II. De las excepciones propuestas 2.1. Mediante escrito de contestación de demanda las Sociedades Gelec Guachicono S.A.S. ESP y Grupo Gelec S.A.S, por intermedio de su apoderado, propusieron las siguientes excepciones que denominaron de mérito: 2.1.1. El primero de los medios exceptivos es el de “Inepta Demanda”, al respecto indicaron que, el escrito introductorio no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 137 del CPACA, pues el demandante no definió los conceptos de violación, sino que se limitó a enunciar las normas que consideró estaban siendo vulneradas. De igual forma, advirtieron lo siguiente: 3 Visible a índice 1 ibídem. 4 Visible a índice 3 ibidem 5 Visible a índice 4 ibídem. 6 Visible a índice

se limitó a enunciar las normas que consideró estaban siendo vulneradas. De igual forma, advirtieron lo siguiente: 3 Visible a índice 1 ibídem. 4 Visible a índice 3 ibidem 5 Visible a índice 4 ibídem. 6 Visible a índice 9 ibidem 7 Visible a índice 11 ibidem 8 Según constancia secretarial que obra a índice 19 ibidemRadicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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“2) Es relevante manifestar también que la demanda va dirigida en contra de la resolución 3437 del 2 de mayo de 2013, pero, desde el hecho 20 en adelante hablan de sucesos posteriores que no son relevantes para la discusión de nulidad que plantea el demandante, y que tampoco pueden ser objeto de este medio de control, como lo son la cesión y la solicitud de modificación de licencia ambiental. Es decir, la demanda confunde aspectos de la solicitud modificación de la licencia ambiental que ni si quiera se ha resuelto por parte de la CRC, la cual no tiene ninguna incidencia sobre un alegato de nulidad de la resolución 3437 de 2014. Incluso manifiestan que hay un cambio en el recurso hídrico de veredas que están río arriba, y reiteran apreciaciones sin ningún tipo de prueba como que la generación de energía es para minería. (…) 5) En la página 8 de la demanda se hace referencia a la supuesta vulneración al derecho al agua, alimentación y salud, enmarcados dentro del “Desconocimiento de los derechos de la cultura campesina”, así como a una hipotética “expropiación” del río. Pero en ningún momento la parte demandante demuestra como con la resolución 3437 de 2013 expedida por la CRC se genera la violación de estos derechos en el territorio, ni mucho menos en qué causal de nulidad se enmarca. 6) En la página 8 de la demanda, se manifiesta que el proyecto de la PCH Guachicono afecta los derechos de dos resguardos indígenas (Guachicono y Río Blanco) situados en la parte alta del río Guachicono (Resguardos que no

se encuentran dentro del área de influencia, tal como lo certificaron las autoridades competentes Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior e INCODER). Frente a esta afirmación no se demostró por la parte DEMANDANTE la afectación de estas comunidades, además teniendo en cuenta que el proyecto se localiza según el mismo acto administrativo atacado en “la cuenca media del río Guachicono”, por lo cual por ningún motivo podría perjudicar a comunidades que se encuentren en la parte alta de la cuenca. 7) En la página 9 de la demanda se hace referencia a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad y al acceso progresivo a la propiedad de la tierra, situaciones que no se encuentran demostradas y enmarcadas dentro de una causal de nulidad de los actos administrativos.” 2.1.2. Así mismo, formularon la excepción de “Presunción de legalidad y expedición legal de la Resolución 3437 de 2013 de la CRC”. Afirmaron que, el demandante no tenía razón al indicar que la Resolución 3737 de 2013, fue expedida de manera irregular y bajo falsa motivación, como quiera que al proferir el acto la CRC no desconoció los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. De igual forma, mencionaron que el Ministerio del Interior, el Incoder y las Sociedades vinculadas, se encargaron de verificar la existencia de comunidades étnicas y campesinas en el área de influencia del proyecto, sin encontrar un registro que acreditara la conformación de las mismas. 2.1.3. Propusieron la excepción de “Inexistencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto”. Al respecto, indicaron que el demandante se encontraba en la obligación de demostrarle a esta Corporación que, el proyecto de construcciónRadicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar

que el demandante se encontraba en la obligación de demostrarle a esta Corporación que, el proyecto de construcciónRadicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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de la Central Hidroeléctrica se estaba desarrollando en zonas no tituladas y habitadas de manera regular por Comunidades Indígenas, esto con el fin de controvertir las certificaciones expedidas por el Incoder y el Ministerio del Interior, que declararon la inexistencia de resguardos en el área de influencia de la obra. 2.1.4. Igualmente, presentaron el medio exceptivo denominado, “Ante la inexistencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto no existía deber de adelantar consulta previa”, para el cual adujeron lo siguiente: Señalaron que, se encargaron de socializar el proyecto con los habitantes del sector, pero, para ese momento no existían Comunidades étnicas, indígenas o colectivas afro, registradas ante el Ministerio del Interior, lo que llevó a que la licencia fuera otorgada bajo los parámetros legales correspondientes. Advirtieron que, durante el trámite del licenciamiento ningún habitante de la zona se acercó ante la CRC o las Empresas ejecutantes del proyecto para informarles de su existencia, por tal razón, consideraron que no era necesario realizar el trámite de consulta previa. 2.1.5. Expusieron la excepción de “inexistencia de la obligación de esperar a que se constituya POMC sobre el Río Guachicono”, manifestando que para la expedición de las licencias ambientales no era necesario que, previamente se hubiera constituido el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, pues el Decreto 2811 de 1974, compilado en el artículo 2.2.3.1.5.1. del DUR 1076 de 2015, no prevé dicho requisito. 2.1.6.

Incorporaron la excepción de “Cumplimiento de la obligación de socialización con la comunidad del área de influencia del proyecto”, aduciendo que el artículo 15 del Decreto 2820 de 2010, norma que se encontraba vigente al momento de la expedición de la licencia, preveía que cuando no existieran comunidades étnicas en el área de influencia, no sería necesario adelantar consulta previa, sino que, se debía “informar a las comunidades el alcance del proyecto”. Afirmaron que, dicho trámite se realizó con la población de la vereda el Guabito, corregimiento del Mango, Municipio de la Sierra, Cauca, a quienes se les expusieron de manera clara los aspectos positivos y negativos del proyecto. Con el escrito deRadicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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contestación allegaron copia de las actas de las reuniones realizadas con dicha comunidad. 2.1.7. Formularon la excepción denominada: “Para la época de expedición del A.A y en la actualidad, las comunidades campesinas no son destinatarias del derecho fundamental a la consulta previa”, sosteniendo que la Corte Constitucional ha reconocido otros mecanismos de protección para las comunidades campesinas, lo que indica, que no era necesario surtir el trámite de consulta previa frente a estas. De igual forma, resaltaron que el demandante no mencionó cuáles eran dichas comunidades, dónde se encontraban ubicadas y las razones por las que consideraba que se le estaban vulnerando derechos con la expedición de la licencia. 2.1.8. Presentaron la excepción de “La licencia ambiental expedida en la Resolución 3437 de 2013 respeta el ordenamiento jurídico medio ambiental”. Asegurando que, el actor no tiene ningún sustento probatorio con el cual demuestre que el acto acusado afectó gravemente el medio ambiente. De igual forma, afirmó que la Resolución demandada tiene apariencia de legalidad, ya que fue expedida bajo los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, sin vulnerar normas de tipo ambiental. 2.1.9. Frente a la excepción de “Incumplimiento de la carga de la prueba de la parte demandante”, indicaron que, tal como lo señalaron en la excepción de inepta demanda, el actor desconoció los postulados de la carga de la prueba, pues este debió suministrar al Juez los elementos adecuados para que sus pretensiones fuesen favorables. 2.1.10.

Invocaron el medio exceptivo de “Confusión del demandante entre licencia ambiental y modificación de licencia ambiental; e incandescencia de la demanda para impedir el trámite de modificación de la licencia ambiental”, aseverando que el demandante incurrió en error al afirmar que los estudios de energía y potencia del proyecto PCH Guachicono, no fueron tenidos en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental, pues dicha información fue solicitada por la CRC para el trámite de modificación de la misma, que se realizó en el año 2019, más no, para su expedición, ya que se trataba de procesos diferentes.Radicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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2.1.11. Sobre la excepción de “La motivación del acto administrativo es la debida y verdadera. Inexistencia de falsa motivación”, indicaron que el cargo de falsa motivación no debió ser propuesto, toda vez que, el acto fue debidamente sustentado bajo fundamentos técnicos y científicos, con los cuales se analizó el impacto ambiental que se generaría en la zona. Adujeron que, en la decisión censurada se enunció y distinguió el área de influencia directa e indirecta del proyecto y se especificó que allí no existía rastro de viviendas o infraestructura de comunidades indígenas, lo que les permitió llegar a la conclusión de que no había una afectación negativa en el sector. Por esa razón, la Autoridad Ambiental expidió la licencia. 2.1.12. Respecto de la excepción de “Contestación frente a concepto de violación de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo”, mencionaron que el concepto de pérdida de ejecutoria de la Resolución 3437 de 2013, que expone el demandante, se fundamenta en el artículo 5 del Decreto 4688 de 2005, el cual prevé que las licencias ambientales son expedidas máximo por cinco (5) años. Frente a esto, mencionaron que dicha norma regula exclusivamente las licencias otorgadas para realizar actividades de caza comercial. Llegando a la conclusión de que, el actor pretende aplicar una norma que no tiene relación con la finalidad del proyecto, la cual es la producción de Energía Hidroeléctrica. Por estas razones, consideraron que no puede ser tenido en cuenta el citado término, como el máximo para la vigencia de la licencia ambiental acusada. 2.1.13. Propusieron la excepción de “Prescripción”, en los siguientes términos: “Solicito la prescripción de todos los derechos y acciones que, de conformidad con la legislación o la jurisprudencia, se encuentre que se

de la licencia ambiental acusada. 2.1.13. Propusieron la excepción de “Prescripción”, en los siguientes términos: “Solicito la prescripción de todos los derechos y acciones que, de conformidad con la legislación o la jurisprudencia, se encuentre que se hallaren prescritos o caducados dentro del presente proceso.” 2.1.14. Por último, formularon el medio exceptivo de “innominada”. Bajo los siguientes argumentos: “pido al Honorable Consejo de Estado se sirva declarar probadas las demás excepciones que resulten probadas dentro del presente proceso”. 2.2. En el escrito de contestación de la demanda presentado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca9, fueron propuestas las excepciones 9 Visible a índice 25 ibídem.Radicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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denominadas: (i) “No se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos”, (ii) “ineptitud de la demanda” e (iii) “Innominada o genérica”. De estas, solo formularon los fundamentos de la segunda, en los siguientes términos: “Como bien lo dice la parte demandante, el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 señala que los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria, entre otros casos, cuando estos pierden vigencia (numeral 5). En el caso concreto de las licencias ambientales expedidas por las corporaciones autónomas regionales en calidad de autoridad en materia de protección del medio ambiente, el término de vigencia de esos actos administrativos es de 5 años, contados a partir del día siguiente al de su ejecutoria, de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2041 de 2014 (que no del Decreto 468 de 2005 que relaciona la parte demandante, que contiene el Estatuto del Educador). En este orden de ideas, si la conclusión de la parte demandante es que el acto administrativo ha perdido vigencia por haber transcurrido más de cinco años desde que se expidió sin que se hubiese desarrollado el proyecto para el cual fue solicitado la licencia ambiental, mal puede pretender su declaratoria de nulidad, cuando ha sido un acto administrativo que, en términos coloquiales, ya ha decaído. De hecho, esa es la razón por la cual señala la parte demandante que no procede tampoco el trámite de modificación de la licencia, pues la misma ya no estaría vigente. En este orden de ideas, pierde todo sentido que se demande la nulidad de un acto administrativo que ya no tiene vigencia. Así las cosas, para poder demandar la nulidad del acto administrativo este debe estar vigente, de lo contrario pierde toda utilidad práctica la pretensión y la activación del aparato judicial. Esto es precisamente lo que se observa en el caso que nos ocupa, donde se está

ya no tiene vigencia. Así las cosas, para poder demandar la nulidad del acto administrativo este debe estar vigente, de lo contrario pierde toda utilidad práctica la pretensión y la activación del aparato judicial. Esto es precisamente lo que se observa en el caso que nos ocupa, donde se está demandando la nulidad de un acto administrativo que la misma parte demandante está arguyendo que ha perdido vigencia, lo cual denota la ineptitud de la demanda, que a todas luces deberá ser declarada en la sentencia de fondo.” 10. 2.3. La Secretaría de la Sección Primera corrió traslado de las excepciones el 1 de julio de 2022. El término transcurrió del 5 al 7 del mismo mes y año, sin que la parte demandante realizara pronunciamiento alguno. III. Consideraciones 3.1. Naturaleza de las excepciones Sea lo primero advertir que los medios exceptivos son una herramienta con la que cuenta el demandado para ejercer sus derechos de contradicción y defensa durante el trámite procesal. Así, el Legislador contempló tres (3) tipos, a saber, las previas, las mixtas y las de fondo. 10 Folios 14 y 15, índice 25 SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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La última, es decir, las de fondo, son aquellas que tienen por objeto controvertir las pretensiones en que se funda el libelo introductorio y, por lo tanto, deben ser resueltas al momento de proferir sentencia, pues con ella se controvierte el derecho sustancial que se reclama vía jurisdiccional. Por su parte, las excepciones previas y mixtas tienen como finalidad sanear el proceso en su parte inicial en aras de evitar pronunciamientos inhibitorios, o en caso contrario, terminarlo cuando las falencias tengan tal connotación que sean insuperables. Ahora bien, el carácter mixto se explica en que pueden proponerse para sanear el proceso, y además atacar el medio de control, por lo que pueden, eventualmente, ser resueltas en la sentencia definitiva, siempre que el juez carezca de los suficientes elementos para resolverla en la oportunidad correspondiente. De igual forma, el numeral 3 del artículo 42 de la Ley 2080 establece que, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probadas las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, podrá dictar sentencia anticipada.  Vistas así las cosas, y entendiendo que las excepciones previas y las mixtas buscan atacar el ejercicio del medio de control al existir inconsistencias en la forma en la que fue presentada la demanda, se advierte que la finalidad de este tipo de herramientas es sanear los mencionados vicios en aras de evitar una decisión inhibitoria o, en su defecto, impedir la continuación del proceso en caso de que la naturaleza de las citadas

falencias no permitan su trámite. Es decir, se refieren a situaciones acontecidas de manera previa a que se trabe la Litis, momento éste en el cual existe una verdadera controversia ventilada ante los jueces de la República; de modo que las irregularidades que tengan que ver con situaciones propias del devenir procesal una vez admitida la demanda, tendrán que ser ventiladas en la etapa de saneamiento. En ese mismo sentido esta Corporación ha manifestado: “Resulta propicio comentar aquí la diferencia que existe entre las dos clases de excepciones que puede formular la parte demandada en ejercicio del derecho de defensa, las previas, y las de mérito, siendo aquellas, también denominadas dilatorias o de forma, las que buscan atacar el ejercicio de la acción, por presentarse alguna inconsistencia en la manera como fue presentada la demanda, vale decir, por alguna deficiencia externa; y estas, llamadas también de fondo o perentorias, destinadas a atacar el derecho sustancial reclamado por el accionante. La finalidad de las excepciones previas, es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de lasRadicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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falencias, impedir que continúe el curso del proceso ab inicio, ya que no sería posible, ante su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia; por su parte, la finalidad de las excepciones de fondo, es controvertir la existencia misma y alcance del derecho reclamado por el demandante, por lo que tienen la virtud de enervar las pretensiones y provocar que el fallo correspondiente se constituya en cosa juzgada, dando término de manera definitiva al debate planteado.  Pues bien, teniendo como  premisa tales definiciones, debe el juez, en ejercicio del principio constitucional del iura novit curia, determinar con total claridad, ante omisiones de los postulantes en un proceso sometido a su conocimiento, independientemente del título que hubieren dado a cada una de ellas, si las excepciones planteadas se encaminan a atacar la forma de la demanda o el fondo del asunto, a fin de pronunciarse sobre cada una de ellas en la correspondiente etapa procesal (…).” .   Bajo tal perspectiva, es claro para la Sala que los medios exceptivos señalados en los artículos 100 del CGP no son taxativos y que, en tal medida, corresponde al operador judicial valorar en cada caso en concreto cuáles de las excepciones invocadas en la contestación de la demanda se ajustan o no dentro del análisis antes descrito. En materia contenciosa administrativa la oportunidad para plantearlas es en la contestación a la demanda y en la contestación a la reforma a la demanda. Ahora bien, el momento de resolver las excepciones presentadas fue variado inicialmente por

el artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020, y posteriormente por el parágrafo 2º del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, pues con anterioridad a tales normativas su análisis debía acometerse en la audiencia inicial. En este punto es importante precisar que el artículo 86 de la Ley 2080 de 202111 definió la regla de transición normativa y aplicación de esta norma procesal; por lo tanto, comoquiera que en el caso objeto de examen la demanda fue presentada el 25 de mayo de 202112, es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, y que la regulación sobre la resolución de excepciones fue modificada por el artículo 38 de

11 “De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.   En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” (Se destaca)  12 Visible a índice 1 del Sistema de Gestión Judicial SamaiRadicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

la Ley 2080 de 2021, con efecto general inmediato, esta norma es la aplicable para este caso. En este contexto, para resolver las excepciones propuestas, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 3813 de la ley en comento, el cual, a su vez, remite a lo señalado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. 3.2. Ineptitud de la demanda 3.2.1. Así las cosas, al Despacho le compete resolver si se configura la excepción previa de inepta demanda, si del libelo introductorio no se desprende los motivos por los cuales debe ser declarada la nulidad del acto acusado y no se cuenta con los medios probatorios suficientes. Al respecto, resulta necesario precisar que la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda se encuentra contemplada en el numeral 5 del artículo 100 del CGP, siendo menester recordar puntualmente su contenido: “Artículo 100. Excepciones Previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda: (…) 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones”. Como se observa, dicha excepción se configura siempre que se presenten dos inconsistencias: i) falta de requisitos formales, y/o ii) indebida acumulación de pretensiones. 13 “Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:  Parágrafo 2o.

De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.  Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.  Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.  Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.” (Se destaca)Radicado: 11001 03 24 000 2021 00253 00 Demandante: Oscar Gerardo Salazar Muñoz

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Así las cosas, la manifestación de ineptitud de la demanda tiene la finalidad de advertir que el libelo introductorio no cumple con todas las exigencias de forma, es decir, que no reúne los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la demanda previstos en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA, los cuales indican lo siguiente: “Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder. 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. 7. El lugar y dirección donde las