CE - 010324000202100897001AUTOQUERESUEL20230213084521

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-24-000-2021-00897-00

Demandante: CAMILO ARÉVALO FARFÁN

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Tema: Decreto 835 de 27 de julio de 2021, por medio del cual se establecen disposiciones referentes a los viajes del Presidente y el Vicepresidente de la República de Colombia

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídico s del Decreto 835 de 27 de julio de 20211, acto administrativo expedido por el Presidente de la República, por el Ministro de Defensa Nacional y por los directores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El ciudadano Camilo Arévalo Farfán, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en

la que elevó las siguientes pretensiones:

«[…] Primera: Que se declare la nulidad del Decreto 835 del 27 de julio de

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en la que elevó las siguientes pretensiones:

«[…] Primera: Que se declare la nulidad del Decreto 835 del 27 de julio de 2021 “por el cual se establecen disposiciones en materia de viajes del Presidente de la Repúbl ica y el Vicepresidente de la República” expedido por el Presidente de la República de Colombia, i) por haberse expedido de forma irregular.

Segunda: Que se declare la nulidad de los numerales 10, 12, 13 y 14 del artículo 5 del Decreto 1185 del 2021 “por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” expedido por el Presidente de la República de Colombia, i) por haberse expedido con falta de competencia al exceder los límites de la potestad reglamentari a y i i) con infracción de las normas en que deberían fundarse […]». (subrayado fuera de texto original)

1 “por el cual se establecen disposiciones en materia de viajes del Presidente de la República y el Vicepresidente de la República”.2

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Demandante: Camilo Arévalo Farfán

2. Este Despacho, mediante auto de 16 de diciembre de 2021 admitió la demanda únicamente respecto del Decreto 835 de 2021 y orden ó desglosar las piezas procesales pertinentes para conformar un expediente separado, en relación con la pretensión de nulidad instaurada en contra de los numerales 10, 12, 13 y 14 del

procesales pertinentes para conformar un expediente separado, en relación con la pretensión de nulidad instaurada en contra de los numerales 10, 12, 13 y 14 del artículo 5º del Decreto 1185 de 30 de septiembre de 2021 . En providencia de la misma fecha, se cor rió traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante.

I.2. Solicitud de medida cautelar

3. El señor Camilo Arévalo Farfán , para efectos de sustentar la s olicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional del Decreto 835 de 2021,

expuso lo siguiente:

«[…] El día 27 de julio de 2021, con la firma del Presidente de la República, Iván Duque, el Ministro de Defensa, Diego Molano, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, y del Director del De partamento Administrativo de la Función Pública, Neiro Alvis, se expidió el Decreto 835 de 2021 “Por el cual se establecen disposiciones en materia de viajes del Presidente de la República y el Vicepresidente de la República”, el cual en el artículo 1 señala lo siguiente:

“Artículo 1. Desplazamientos del Presidente y Vicepresidente de la República. Todos los desplazamientos que adelanten el Presidente de la República y el Vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional deber án hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen.

La Casa Militar y la Jefatura para la Protecci ón Presidencial, en coordinaci ón con las Fuerzas Militares y la Policía, dispondrán dentro de sus protocolos de las

por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen.

La Casa Militar y la Jefatura para la Protecci ón Presidencial, en coordinaci ón con las Fuerzas Militares y la Policía, dispondrán dentro de sus protocolos de las acciones necesarias para que los desplazamientos al interior del país o fuera de éste, se efectúen de acuerdo a lo se ñalado en el presente artículo y manteniendo siempre de manera independiente los esquemas de seguridad.

Parágrafo 1. En caso de que el Presidente de la República y Vicepresidente de la República deban asistir a un mismo evento se adoptar án medidas tendientes para que no est én presentes de manera simult ánea en el mismo lugar, y la llegada y salida se lleven a cabo por separado.

Parágrafo 2. Con el fin de garantizar los principios constitucionales considerados y de mantener las condiciones de seguridad , el Vicepresidente de la República no podrá salir del pa ís cuando el Presidente de la Rep ública se encuentre fuera del territorio nacional, salvo que éste, por razones excepcionales de necesidad, lo autorice expresamente.” (subrayado por fuera del texto original)

[…]

El Decreto 835 del 27 de julio de 2021 “por el cual se establecen disposiciones en materia de viajes del Presidente de la República y el Vicepresidente de la República” es objeto de demanda ya que se expidió de forma irregular dado que no da cuenta de las circunstancias fácticas que motivaron la supuesta alteración del orden público que llevaron a la det erminación de prohibir después de tres años de gobierno la prohibición y mucho menos porque las mismas no podrían extenderse al exterior. […] Resulta fundamental resaltar lo

alteración del orden público que llevaron a la det erminación de prohibir después de tres años de gobierno la prohibición y mucho menos porque las mismas no podrían extenderse al exterior. […] Resulta fundamental resaltar lo contenido en el artículo 3 del Decreto Único Reglamentario 869 de 2016, el cual se ñala que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene por objeto la dirección, formulación, coordinación, ejecución y evaluación de la política3

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Demandante: Camilo Arévalo Farfán

exterior, lo cual está bajo la tutela directa y única del Presidente de la República. El mencionado artículo indica: […]

Con las funciones anteriormente transcritas, no solo se establece el límite de las competencias otorgadas a dicha entidad, teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 121 de la Constitución Política, sino que demarca la imposibilidad de dele gar a otra s personas funciones similares o crear dependencias cuyas funciones estén otorgadas a una entidad según lo dispone el literal k) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Ahora bien, en relación con las funciones del Despacho del Ministerio de Relac iones Exteriores, el artículo 7 del Decreto 869 de 2016 dispone que es al Ministro a quien le asiste la facultad de formular y proponer al Presidente la política exterior, hacer el seguimiento a los compromisos derivados de las relaciones internacionales, realizar evaluaciones y generar propuestas de ajustes a la política exterior. A su vez, el ministro junto con el Presidente es quien representa al Gobierno en todos los actos relativos a la celebración de instrumentos internacionales, y expresamente, se in dica que es la persona

internacionales, realizar evaluaciones y generar propuestas de ajustes a la política exterior. A su vez, el ministro junto con el Presidente es quien representa al Gobierno en todos los actos relativos a la celebración de instrumentos internacionales, y expresamente, se in dica que es la persona encargada de dirigir y aprobar los temas que deban ser incluidos en la agenda del Presidente de la República y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en dicha agenda. Al respecto el artículo 7 dispone: […]

De igual forma, resulta fundamental en este punto subrayar que los artículos 208 y 211 de la Constitución Política de Colombia los cuales establecen que los ministros son los jefes administrativos de sus respectivas dependencias y bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde a ellos y solo a ellos, formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley, y por último, según reza lo contenido en el 211, el Presidente podrá delegar en los minis tros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine, más no, en la figura de jefe de gabinete la cual es ajena al ordenamiento jurídico colombiano […]».

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

4. De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado a las entidades demandadas, para que, en el término de (5) días, se pronunciaran sobre ella s, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.2

5. La apoderada judicial del Presidente de la República y del Departamento

demandadas, para que, en el término de (5) días, se pronunciaran sobre ella s, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.2

5. La apoderada judicial del Presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 3, al momento de pronunciarse respecto de la medida cautelar, solicitó que la misma f uera denega da por « por falta de argumentos que respalden tal petición».

6. Como sustento de ello afirmó lo siguiente:

«[…] lo primero que se advierte es que el Decreto 835 de julio 27 de 2021, atiende a la naturaleza de un decreto ejecutivo o administrativo que, como se dejó e xpuesto en las consideraciones del mismo, impartió instrucciones en materia de seguridad para los desplazamientos del Presidente y Vicepresidente de la República, donde el primer mandatario al amparo de la

2 Índice 5 Expediente digital. Sede Electrónica Judicial SAMAI 3 Índice 13 Expediente digital. Sede Electrónica Judicial SAMAI4

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Demandante: Camilo Arévalo Farfán

facultad administrativa previs ta en el artículo 18 9 de la Constitución Política, hizo uso de su función ordinaria, en decisión de gobierno integrada con el Ministro de Defensa Nacional y los Directores de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Función Pú blica, que junto con él lo suscribieron.

Una desprevenida lectura del decreto censurado confirma que el mismo, además de no contener prohibición alguna relacionada con el orden público

República y del Departamento Administrativo de la Función Pú blica, que junto con él lo suscribieron.

Una desprevenida lectura del decreto censurado confirma que el mismo, además de no contener prohibición alguna relacionada con el orden público y/o su alteración, de manera expresa describe el marco normativo que le sirve de sustento, para el caso los artículos 189 y 202 de la Constitución Política y el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, en su epígrafe señala que mediante dicho acto se establecen disposiciones en materia de viajes del Presidente y el Vicepresidente d e la República, expo ne los argumentos que respaldan y justifican su expedición y, seguidamente, dispone las medidas e instrucciones pertinentes o atinentes a la materia, contenidas en las prescripciones relacionadas en los artículos 1 a 3, entre otros aspectos.

Adicionalmente, es evidente que el escueto argumento que el actor expone para justificar la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 835 de 2021 no tiene vocación de prosperar porque no justificó debidamente su proced encia, conforme lo p reviene el artículo 229 de

C.P.A.C.A […]»

7. Por su parte, el apoderado judicial del Departamento Administrativo de la Función Pública4 solicitó al Despacho que deniegue la solicitud provisional de la referencia porque «no obra argumento, párrafo o indicació n alguna en la que se justifique la medida cautelar deprecada por el actor».

8. En tal sentido, indicó lo siguiente:

«[…] la medida de suspensión provisional mencionada en la referencia de la demanda, no cumple con el lleno de requisi tos legales exigidos, al carecer de,

8. En tal sentido, indicó lo siguiente:

«[…] la medida de suspensión provisional mencionada en la referencia de la demanda, no cumple con el lleno de requisi tos legales exigidos, al carecer de, en primer lugar, una sustentación fáctica que le permita al juzgador evidenciar de una simple verificación directa la transgresión de una norma; que en ese mismo sentido existiese una subordinación jurídica entre las no rmas indilgadas y en último lu gar y no menos importante, que se sustente la razón por la que dicha norma jurídica debe ser suspendida, explicando los motivos que, en el parecer del actor, pongan en manifiesto peligro la seguridad jurídica de no suspenderse el mismo. Explicado esto y co mo se viene explicando a lo largo de este escrito, la supuesta medida no genera siquiera una vaga hipótesis de esas razones, por lo que incumple los requisitos de pertinencia y conducencia naturales de las medidas cautelares.

En tales condiciones, y tenie ndo en cuenta que el señor Camilo Arévalo Farfán no desvirtuó la presunción de legalidad que ampara el Decreto 835 de julio 27 de 2021; ni tampoco se encuentra configurada en el sub lite alguna de las causales de nulidad previ stas en el inciso segundo del artículo 137 del CPACA, para que proceda la suspensión o anulación del precepto demandado […]»

9. Finalmente, e l Ministerio de Defensa Nacional, a través de su apoderada judicial, se pronunció respecto de la medida cautelar de precada por el demandante; sin embargo, tal pronunciamiento se hizo extemporáneamente, de

9. Finalmente, e l Ministerio de Defensa Nacional, a través de su apoderada judicial, se pronunció respecto de la medida cautelar de precada por el demandante; sin embargo, tal pronunciamiento se hizo extemporáneamente, de

4 Índice 14 Expediente digital. Sede Electrónica Judicial SAMAI5

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00897-00

Demandante: Camilo Arévalo Farfán

conformidad con e l informe secretarial obrante en el índice 18 de la Sede Electrónica parala Gestión Judicial SAMAI . Lo anterior en tanto que el término para pronunci arse al respecto vencía el jueves 20 de enero de 2022 y, dicha entidad hizo su manifestación el viernes 21 del mismo año , motivo por el cual la misma no será tenida en cuenta.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

10. Uno de los motivo s que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del ju ez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que es time necesarias para “ proteger y garantizar, tempo ralmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

11. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares

cautelares que es time necesarias para “ proteger y garantizar, tempo ralmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

11. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

12. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impide n que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perj uicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.5

13. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que “ podrá decretar las que considere nece sarias”6. No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad , si se armoniza

voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad , si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “ documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de

5 Artículo 230 del CPACA 6 Artículo 229 del CPACA6

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00897-00

Demandante: Camilo Arévalo Farfán

ponderación de intereses , que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla”. (resaltado fuera del texto)

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

14. En el marco de las diver sas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo 7 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en l os artículos 231 8 y siguientes del

CPACA.

15. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decid e de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida, esto en razón de que su finalidad está dirigida a «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un

constitucionalidad o legalidad en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida, esto en razón de que su finalidad está dirigida a «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».9

16. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de los cri terios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora , o perjuicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas 10. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202111, precisó lo siguiente:

7 El artículo 230 del CPACA. seña la que el Juez puede de cretar, cuando haya lugar a ello, “ una o varias de las siguientes ” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “ vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir

un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. 8 «[…] Artículo 231. Requisi tos para decretar las m edidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito sep arado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derech o y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]». 9 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]». 9 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Expediente: 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 11 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 27 de mayo de 2021. Expedient e: 54001-23-33-0002018-00285-01.CP. Oswaldo Giraldo López.7

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00897-00

Demandante: Camilo Arévalo Farfán

[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el p erjuicio por la mora se configura cuando se advier te prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras tran scurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 de l CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la a rgumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder

administrativo (art. 231 de l CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la a rgumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […] 12 (negrillas fuera del texto original

III.3. Del caso concreto

17. En el asunto sub examine, la parte actora solicitó la suspensión provisional del Decreto 835 de 27 de julio de 2021 , luego de considerar que dicho acto administrativo vulnera los a rtículos 150-7 y 189 -16 de la Constitución Política , los artículos 38 y 54 de la Ley 489 de 1998, el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, y el Decreto Único Reglamentario 869 de 2016, por cuanto fue expedido de manera irregular.

18. En suma, el demandante sostiene que el acto a cusado fue expedido s in tener en cu enta las facultades otorgadas por la ley al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la política exterior y las relaciones internacionales.

19. Por su parte, las entidades demandadas insistieron en que la medida cau telar debe ser denega da ante la falta de carga argumentativa del demandante para su procedencia.

20. En tal orden de ideas, antes de abordar las acusaciones del demandante, el Despacho considera pertinente establecer si el Decreto 835 de 27 de julio de 2021 está o no produciendo efectos jurídicos.

21. Con dicho propósito, lo primero es indicar que el Gobierno nacional, a través del acto acusado , estableció los lineamientos para los desplazamientos del

2021 está o no produciendo efectos jurídicos.

21. Con dicho propósito, lo primero es indicar que el Gobierno nacional, a través del acto acusado , estableció los lineamientos para los desplazamientos del Presidente y Vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional.

22. Ahora bien, el 13 de o ctubre de 2022, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2003, “Por el cual se deroga el Decreto 835 de 2021 que estableció disposiciones en materia de viajes del Presidente de la República y el Vicepresidente de la República”. El art ículo 1° de dicho acto administrativo derogó el acto acusado en

este proceso, así:

12 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001 -03-24000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00897-00

Demandante: Camilo Arévalo Farfán

«[…] Artículo 1°. Derogatoria. Deróguese el Decreto 835 de3 27 de julio de 2021 “Por el cual se establecen disposiciones en materia de viajes del Presidente de la República y el Vicepresidente de la República” […]»

23. En ese contexto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2003

2021 “Por el cual se establecen disposiciones en materia de viajes del Presidente de la República y el Vicepresidente de la República” […]»

23. En ese contexto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2003 de 202 2, el acto acusado perdió su fuerza ejecutoria y su vigencia dado que la norma posterior lo derogó expresamente.

24. Sobre este fenómeno, el numeral 5º del artículo 91 del CPACA , precisa lo

siguiente:

«[…] Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo . Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mien tras no hayan sido an ulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: […]

5. Cuando pierdan vigencia. […]»

25. La Corte Constitucional, al referirse a la “ pérdida de vigencia ” por el fenómeno

de derogatoria13, ha indicado lo siguiente:

«[…] La derogación ha sido definida como la “abolición, anulación o revocación de una norma jurídica por otra posterior, procedente de autoridad legítima (…)”14.

Se entiende entonces que se trata de una situación en la cual un enunciado legal es retirado del ordenamiento jurídico por voluntad de quien tiene la potestad para expedir tales mandatos y, opera bajo el supuesto según el cual, entre varias manifestaciones de voluntad vertida sobre el mismo asunto, ha de acogerse la última. […]

Respecto del fenómeno jurídico de la derogación el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, ha establecido lo siguiente:

sobre el mismo asunto, ha de acogerse la última. […]

Respecto del fenómeno jurídico de la derogación el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, ha establecido lo siguiente:

“Artículo 3. Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.” […]».

26. Adicionalmente, esta corporación judicial pacíficamente ha sostenido que, en eventos asociados a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto demandado, como ocurre en el presente caso , resulta improcedente el estudio de la solicitud de decreto de medida cautelar.

27. Precisamente, en el auto de 29 de enero de 2014, la Sección Primera d el

Consejo de Estado consideró lo siguiente:

13 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 14 Cabanellas Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 28ª. Edición vol. III, Heliasta, Buenos Aires 2003, p.1589

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00897-00

Demandante: Camilo Arévalo Farfán

«[…] 1.3. La suspensión provisional, además, es una medida cautelar que apunta a enervar la eficacia, los efectos, del acto administrativo, como se colige no solo de la doctrina y la jurisp rudencia, sino también del artículo 91.1 de la Ley 1437 de 2011.

Esa misma disposición, se expresa, igualmente, que hay pérdida de la fuerza

colige no solo de la doctrina y la jurisp rudencia, sino también del artículo 91.1 de la Ley 1437 de 2011.

Esa misma disposición, se expresa, igualmente, que hay pérdida de la fuerza ejecutoria cuando el acto administrativo “pierde vigencia” – artículo 91.5-, lo que ocurre cuando se presenta el fenómeno de derogació n de la norma, entendido como “el acto de proceder, mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un precepto jurídico precedente”15.

2. Es decir, que la suspensión provis