CE - 010324000202200358001AUTOQUERESUEL20230608095726

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Expediente: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Actor: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA Demandados: NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Tema: Decreto n.° 1.165 de 2 de julio de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarr ollo de la Ley 1.609 de 2013 / niega medida cautelar.

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisio nal de los efectos jurídicos de los artículos 2 [par cial], 1 0 [parcial], 13 [parcial], 15 [parcial], 18 [parcial], 32 [parcial], 53 [parcial], 55, 60 [parcial], 64 [parcial], 66 [parcial], 93 [parcial], 112 [parcial], 117 [parcial], 120 [parcial], 148 [parcial], 156 [parcial], 160 [parcial], 180 [parcial], 208 [parcial], 219 [parcial], 220 [parcial], 234 [parcial], 238 [parcial], 239 [parcial], 245 [parcial], 249

[parcial], 290 [parcial], 291 [parcial], 296 [parcial], 299 [parcial], 329 [parcial], 331 [parcial], 332 [parcial], 455 [parcial], 490 [parcial], 4 95 [parcial], 497 [parcial], 513 [parcial], 544 [parcial], 565 [parcial], 574 [parcial], 591 [parcial], 592 [parcial], 596 a 600, 602 a 612, 615 a 651, 652 [parcial], 654 a 673, 681 a 696, 699 a 707, 708 [parcial], 726, 766 [parcial], 773 -2 y 773-4 [parcial] del D ecreto n.° 1.165 de 2 de julio 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1.609 de 2013, expedido por el Gobierno Nacional.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. El ciudadano William Esteban Gómez Molina, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA -, presentó demanda ante esta Corporación judicial, con el fin de declarar la nulidad de los artículos 2° [ aparte], 10° [ aparte], 13° [ aparte], 15 [ aparte - parágrafo], 17 [aparte y parágrafo 1°], 18

[apartes], 32 [ aparte], 53 [ apartes y parágrafo], 55, 60 [ apartes], 64 [ aparte], 66 [aparte], 93 [ aparte], 112 [ aparte], 117 [ aparte], 120 [ aparte], 148 [aparte], 156

[aparte], 93 [ aparte], 112 [ aparte], 117 [ aparte], 120 [ aparte], 148 [aparte], 156 [aparte], 160 [ aparte], 180 [ aparte], 208 [ aparte], 219 [ aparte], 220 [ apartes], 234 [apartes], 238 [apartes], 239 [apartes], 245 [aparte], 249 [aparte], 290 [aparte], 291 [aparte], 296 [ aparte], 299 [ aparte], 329 [ aparte], 331 [ aparte], 332 [aparte], 455 [parágrafo 1° ], 490 [ apartes - parágrafo 2° ], 495 [ aparte], 497 [ aparte], 513 [parágrafo 2° - aparte], 544 [ aparte], 565 [ aparte], 574 [ aparte], 591 [ aparte], 592

1 Índice 2, SAMAI.Radicación: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Demandante: William Esteban Gómez Molina

2 [aparte], 596, 597, 598, 599, 600 [aparte], 602, 603, 604, 605, 606, 6 07, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 [apartes vigentes], 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639

[apartes vigentes], 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 [aparte], 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 [aparte], 726, 766, 773-2 y 774-4 [aparte] del Decreto n.° 1.165 de 2 de julio 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1.609 de 2013, expedido por el Gobierno Nacional.

2. Este Despacho, mediante auto de 9 de septie mbre de 20222, admitió la demanda y ordenó la notificación de dicha providenci a a quienes intervinieron en la expedición del Decreto n.° 1165 de 2 de julio de 2019.

3. Adicionalmente, se tuvo a la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y A duanas N acionales -en adelante DIAN -, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

I.2. La solicitud de medida cautelar

4. La parte actora, en escrito independiente de la demanda, solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los artículos:

directo en las resultas del proceso.

I.2. La solicitud de medida cautelar

4. La parte actora, en escrito independiente de la demanda, solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los artículos:

«[…] 2 (parcial), 10 (parcial), 13 (parcial), 15 (parcial), 18 (parcial), 32 (parcial), 53 (parcial), 55, 60 (parcial), 64 (parcial), 66 (parcial), 93 (parcial), 112 (parcial), 117 (parcial), 120 (parcial), 148 (parcial), 156 (parcial) , 160 (parcial), 180 (parcial), 208 (parcial), 219 (parcial), 220 (parcial), 234 (parcial), 238 (parcial), 239 (parcial), 245 (parcial), 249 (parcial), 290 (parcial), 291 (parcial), 296 (parcial), 299 (parcial), 329 (parcial), 331 (parcial), 332 (parcial), 455 (parcial), 490 (parcial), 495 (parcial), 497 (parcial), 513 (parcial), 544 (parcial), 565 (parcial), 574 (parcial), 591 (parcial), 592 (parcial), 596 a 600, 602 a 612, 615 a 651, 652 (parcial), 654 a 673, 681 a 696, 699 a 707, 708 (parcial), 726, 766 (parcial), 773-2 y 773-4 (parcial) del Decreto 1165 de 2019 […]»

5. La imposición de la cautela fue sustentada de la siguiente forma:

«[…] En la presente oportunidad se solicita la suspensión provisional de los contenidos normativos previamente enunciados, esto, tras considerar que, de

5. La imposición de la cautela fue sustentada de la siguiente forma:

«[…] En la presente oportunidad se solicita la suspensión provisional de los contenidos normativos previamente enunciados, esto, tras considerar que, de continuar ejecutándose, se causa un perjuicio irremediable para todas las personas públicas y privadas, nacionales y extranjeras que interactúan con el sector de Aduanas de la Nación, destinatarios de los procedimientos administrativos sancionatorios contenidos en ellos.

Lo anterior encuentra fundamento en el concepto de violación expuesto en el escrito de demanda , de dónde emerge con absoluta claridad la contradicción entre los actos demandados y los principios de legalidad y de

2 Índice 5, SAMAI.Radicación: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Demandante: William Esteban Gómez Molina

3 tipicidad o taxatividad como integrantes del debido proceso y el principio de reserva de ley en materia administrativa sancionatoria así:

1. En primera medida establece razonablemente el alcance de la derogación de la Constitución de 1886 y todas s us reformas, contenida en el artículo 380 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

1. También existe certeza acerca del alcance de los postulados constitucionales de legalidad y de tipicidad o taxatividad como integrantes del debido proceso y de reserva de ley atribuido por parte del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

1. Consideraciones desde las que arribamos a la premisa de que el presidente, constitucionalmente, no está facultado —no cuenta con la competencia— para regular vía decreto los elementos esenciales del tipo: (i) la

y de la Corte Constitucional.

1. Consideraciones desde las que arribamos a la premisa de que el presidente, constitucionalmente, no está facultado —no cuenta con la competencia— para regular vía decreto los elementos esenciales del tipo: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) la autoridad competente p ara apli carla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposición, y

1. Por tanto, se concluye que las normas demandadas regulan todo aquello que por expresa disposición constitucional le corresponde de manera exclusiva al legislador ordinario, es decir, que fueron expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o sin competencia.

Lo anterior permite evidenciar el efecto dañino del que se busca proteger todas aquellas situaciones no consolidadas con la medida preventiva de suspensión provisional solicitada, pues, de continuar ejecutándose los procedimientos administrativos sancionatorios especiales en contra de los sujetos pasivos de estos mientras se surte todo el proceso, se genera una evidente vulneración a sus derechos fund amentales, en especial los al debido proceso (sic) y las garantías que de él se desprenden. A este respecto, es importante señalar que en la actualidad existe una gran mora procesal, en particular en el trámite de los asuntos como el que acá se ventila, en donde la sentencia por lo regular tarda muchos años en ser dictada […]» -resaltado fuera de texto6. El actor, en su demanda, a la cual se remite la solicitud de suspensión

sentencia por lo regular tarda muchos años en ser dictada […]» -resaltado fuera de texto6. El actor, en su demanda, a la cual se remite la solicitud de suspensión provisional, indicó que las disposiciones acusadas trasgredieron los artículos 2 9, 150 y 380 de la Carta Política.

7. Inicialmente, hizo referencia a que la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-441 de 2021, a través de la cual declaró la inexequibilidad del numeral 4° del artículo 5° de la Ley 1 609 de 2013, norma que estableció los criterios que debía tener en consideración el Gobierno nacional al expedir decretos y actos administrativos para desarrollar la ley marco de aduanas, uno de los cuales consiste en que las disposiciones que constituyeran el régimen san cionatorio y el decomiso d e mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable, deberían estar previstos en decretos.

8. Indicó que la Corte Constitucional, en esa sentencia, decidió que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad qu edaran diferidos hasta el 20 de junio de 2023,Radicación: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Demandante: William Esteban Gómez Molina

4 término dentro del cual el Congreso de la República podría expedir la ley que contenga el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento administrativo aplicable.

9. Citó la sentencia de la Corte Constitucional para señalar que aquella corporación estimó que el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías, así como el

aduanas, así como el procedimiento administrativo aplicable.

9. Citó la sentencia de la Corte Constitucional para señalar que aquella corporación estimó que el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías, así como el procedimiento aplicable, no son materias sometidas a la técnica legislativa de las leyes marco, de tal manera que la expedición de la norma cuestionada -artículo 5°, numeral 4°, de la Ley 1 609 de 2013 - desconoció los principios de legalidad y tipicidad que integran el debido proceso, al trasladar al Gobierno nacional una potestad exclusiva del legislador.

10. Luego a bordó el concepto de violación y s eñaló, en primer lugar, que la derogación de la Carta Política de 1886 ─con sus reformas─ trajo consigo, igualmente, la derogación de las normas con origen en tal constitución, fenómeno que, en su concepto, se denomina «[…] derogatoria por consecuencia, consistente en que la derogatoria de la normativa en que se sustentaban p roduce —necesaria y lógicamente— la pérdida de vigencia de las normas que la desarrollaban, puesto que desaparece el fundamento que sirvió de base para su expedición […]».

11. Mencionó que la Corte Constitucional, en sentido contrario a su concepto, acogió una regla empleada por la Corte Suprema de Justicia «[…] que recogió lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 153 de 1887, según la cual: “Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o su espíritu, se desechará como insubsistente” […]» y según la cual:

legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o su espíritu, se desechará como insubsistente” […]» y según la cual:

«[…] con respecto a la legislación preexistente las exigencias del principio de seguridad jurídica y certidumbre se satisfacen de una manera diversa. En efecto, la regla dominante en este nuevo universo normativo reconoce que el tránsito constitucional no conlleva necesariamente la derogación de todas las normas expedidas durante la vigencia de la Constitución derogada. Por tanto, la legislación preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que la nueva C onstitución no establezca reglas diferentes […]» -Corte Constitucional, Sentencia C-014 de 199312. Estimó, entonces, que: «[…] el Constituyente de 1991 no fijó regla alguna que dispusiese el tránsito constitucional en bloque de las normas infraconstitucionales, esto pese a que sí previó la posibilidad para el Gobierno de convertir en legislación permanente los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de promulgación de ese Acto Constituyente (para lo cual fijó u n plazo de noventa días y la obligación de contar con la aprobación de la Comisión Especial creada para tales fines, art. tran. 6), pero no, se resalta, la permanencia de las demás normas con origen en la Constitución de 1886 […]».Radicación: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Demandante: William Esteban Gómez Molina

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13. Concluyó, desde la anterior perspectiva, que: «[…] la tesis de la Corte Suprema

Demandante: William Esteban Gómez Molina

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13. Concluyó, desde la anterior perspectiva, que: «[…] la tesis de la Corte Suprema de Justicia, acogida por la Corte Constitucional, no encuentra fundamento en disposición alguna en la Constitución, y siendo esta última el parámetro de control, la norma de normas, para nosotros no es posible reconocer como derecho aquello que desconoce sus criterios de validez, razón de donde emerge con claridad la causal de nulidad de infracción de las normas en que deberían fundarse algunos de los actos reglamentarios que más abajo señaló en forma individualizada […]».

14. Afirmó, en segundo lugar, que en el ámbito del derecho sancionatorio administrativo opera el principio de reserva de ley y que apunta a que : «[…] con el fin de evitar la arbitrariedad de la administración, el principio de reserva de ley, consagrado en el artículo 150 de la Constitución Política, exige que la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, la autoridad competente para aplicarla y el procedimiento que debe seguirse para su imposición se regule exclusivamente por el legislador ordinario, es decir, el Congreso de la República […]», añadiendo que «[…] en el derecho administrativo sancionador, como expresión punitiva del Estado, son aplicables mutatis mutandis los mismos principios constitucionales que rigen en materia penal, entre ellos, los principios de legalidad, de tipicidad y de reserva de ley que, a su vez, operan como garantías del debido proces o que se predican de toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]».

principios de legalidad, de tipicidad y de reserva de ley que, a su vez, operan como garantías del debido proces o que se predican de toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]».

15. Destacó, en el sentido anterior, que : «[…] pese a que la jurisprudencia constitucional ha concebido la regla de que en el derecho administrativo sancionador el principio de legalidad no se aplica con la misma rigurosidad exigible que en materia penal, dada la naturaleza de los bienes jurídicos involucrados, ello no excluye la obligación de que, siempre y en todos los casos, i) el comportamiento sancionable, ii) las sanciones, iii) los criterios para su determinación y, iv) los procedimientos previstos para la imposición de las sanciones estén previamente definidos, en forma suficientemente clara, en la ley.

Lo anterior obedece a que los principios de legalidad y de reserva de ley exigen que las limitaciones a los derechos de las personas sean establecidas directamente por el legislador ordinario […]».

16. Aludió a que la reserva de ley en materia sancionatoria administrativa derivaba del artículo 150 de la Carta Política , norma que le asigna al Congreso de la República la facultad de elaborar las leyes, añadiendo , en lo que se refiere al principio de tipicidad como componente del principio de legalidad de las faltas y las sanciones, que este consiste «[…] en la “exigencia de descri pción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación

precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras.” […]», a lo que agregó que en materia sancionatoriaRadicación: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Demandante: William Esteban Gómez Molina

6 administrativa opera una suerte de flexibilización, la cual no puede tener un carácter extremo «[…] al punto que se habilite la arbitrariedad de la Administración en la imposición de las sanciones o las penas […]».

17. Coligió, entonces, que las disposiciones cuestionadas del Decreto n.° 1165 de

2019:

«[…] contravienen la cláusula general de reserva de ley y los principios de legalidad y de tipicidad o taxatividad como integrantes del debid o proceso en materia del derecho administrativo sancionatorio, ya que el Gobierno Nacional no puede, v ía decreto, regular los elementos que componen los procedimientos administrativos sancionatorios especiales en contra de las personas públicas y privadas que interactúan con el sector de Adu anas de la Nación (…) En esta dirección, resulta conducente precisar que la atribución constitucional que se informan en el epígrafe del Decreto 1165 de 2019, para su expedición, es el artículo 189, numeral 25, de la Con stitución Política. Al respecto, bas ta entonces con advertir que al ser éste el resultado de una expresión unilateral de voluntad del Presidente de la República con la firma Ministros de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Comercio, Industria y

respecto, bas ta entonces con advertir que al ser éste el resultado de una expresión unilateral de voluntad del Presidente de la República con la firma Ministros de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, carece de los elementos democr áticos y de consenso que exige la Carta Superior para regular los elementos que componen cualquier procedimiento sancionatorio, ya que las materias que son expresión del poder punitivo o sancionador del Estado no son obj eto de regulación a través de decretos administrativos que se expidan con sujeción a reglas generales contenidas en una ley marco tal y como advierte la Corte Constitucional en la Sentencia C-441 de 2021.

Nótese además que la Ley 7ª de 1991 se entiende de rogada por el artículo 380 de la Con stitución, en los términos que se explica en la primera premisa de esta demanda. […]».

18. Analizó los preceptos cuestionados para señalar, frente a cada uno de ellos, los

siguiente:

«[…] - Respecto de los apartes subraya dos del artículo 2°: (…) Las frases “en el presente decreto” y “o en los demás decretos que lo establezcan” contenidas en esta norma contravienen el principio de reserva de ley y los principios de legalidad y de tipicidad o taxatividad, como integrantes de l principio al debido proceso en materia sancionatorio-administrativa porque la única norma que puede tipificar los hechos u omisiones que constituyan una infracción administrativa es la ley.

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artículo 10: (…) La ex presión “sanciones” contenida en est a norma contraviene los precitados principios porque no existe ley

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artículo 10: (…) La ex presión “sanciones” contenida en est a norma contraviene los precitados principios porque no existe ley que regule o describa los elementos básicos de las obligaciones del importador y exportador, específicamente respecto del pago de sanciones.

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artícu lo 13: (…) La frase “y sanciones” contenida en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestosRadicación: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Demandante: William Esteban Gómez Molina

7 porque no existe ley que determine previamente el sujeto activo y sujetos pasivos de la obligación aduanera relativa al pago de sanciones.

(…)

• Respecto del parágrafo del artículo 15: (…) El parágrafo de esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que la tasa de cambio aplicable para la impos ición de sanciones pecuniarias con base en el valor FOS de la mercancía sea la vigente a la fecha de expedición del requerimiento especial aduanero.

(…)

• Respecto de los apartes subrayados del artículo 17: (…) Las expresiones “sanciones” contenidas en e sta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento y el plazo para el pago de sanciones con aproximación de su valor al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

(…)

• Respecto de los apartes subrayados del artículo 18: (…) Los apartes “sanciones” y

plazo para el pago de sanciones con aproximación de su valor al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

(…)

• Respecto de los apartes subrayados del artículo 18: (…) Los apartes “sanciones” y “[e]l incumplimiento de las obligaciones que se derivan del pago consolidado dará lugar a la imposición de las sanciones que establece el presente Decreto” contenidas en esta norma contrav ienen los principios constitucionale s expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicación de sanciones, ni el procedimiento y el plazo para el pago de sanciones.

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artículo 32: (…) La fr ase “infracciones y sanciones” contenida en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicación de sanciones.

(…)

• Respecto de los a partes subrayados del artículo 53: (…) Los apartes: (…) “Las agencias de aduanas que actúen ante las autoridades aduaneras serán responsables administrativamente por las infracciones derivadas del ejercicio de su actividad. Igualmente, serán responsables p or la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos que suscriban sus agentes de aduanas acreditados ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y respo nderán administrativamente cuando po r su actuación como declarantes hagan incurrir a su mandante o usuario de comercio exterior que utilice sus servicios en infracciones administrativas aduaneras que

Aduanas Nacionales (DIAN) y respo nderán administrativamente cuando po r su actuación como declarantes hagan incurrir a su mandante o usuario de comercio exterior que utilice sus servicios en infracciones administrativas aduaneras que conlleven la liquidación de mayores tributos aduaneros, la imposición de sanciones o el decomiso de las mercancías.”, e (…) “[Y] sanciones pecuniarias que se causen por las operaciones en las que se determine la ocurrencia de alguna de las circunstancias consagradas en el numeral 9 del artículo 597 de este decr eto, respecto del importador o exportador.” (…) Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicación de sanciones, ni las sanciones a imponer.Radicación: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Demandante: William Esteban Gómez Molina

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(…)

• Respecto del artículo 55: (…) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicación de sanciones, entendiendo las causales de inhabilidades e incompatibilidades para obtener la autorización como agencia de aduanas o en sí para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero como sanciones.

(…)

• Respecto de los apartes subrayados del artículo 60: (…) Los apar tes: (…) “[S]anciones”, “El incumpli miento de lo previsto en el inciso anterior, ocasionará la pérdida inmediata de este beneficio durante un (1) año, y la suspensión automática

“[S]anciones”, “El incumpli miento de lo previsto en el inciso anterior, ocasionará la pérdida inmediata de este beneficio durante un (1) año, y la suspensión automática de las demás prerrogativas consagradas en este decreto para los usuarios aduaneros permanentes, mientras se acredi ta el cumplimiento de dichas obligaciones”, e (…) “[Y] la sanción que corresponda”. (…) Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la c onducta o el comportamiento que da l ugar a la aplicación de sanciones, las sanciones a imponer, el plazo para pagarlas, ni la autoridad competente para imponerlas.

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artículo 64: (…) La frase “y sanciones” contenida en esta norma contraviene los princi pios constitucionales expuestos porque no existe ley que regule o describa los elementos básicos de las obligaciones de los usuarios altamente exportadores, específicamente, respecto de la liquidación y cancelación de sanciones.

(…)

• Respecto del apart e subrayado del artículo 66: (…) El aparte: (…) “3. No haber sido sancionado por infracciones tributarias, aduaneras gravísimas, o cambiarias de las contempladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 3° del Decreto número 2245 de 2011 durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud.” (…) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el

número 2245 de 2011 durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud.” (…) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicación de sanciones, entendido el requisito de no haber sido sancionado por infracciones tributarias, aduaneras gravísimas, o cambiarias de las contempladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 3° del Decreto núm ero 2245 de 2011 durante los cinco ( 5) años anteriores a la presentación de la solicitud para ser autorizado como Sociedad de Comercialización Internacional por parte del Ministerio de Comercio, industria y Turismo como una sanción.

(…)

• Respecto del ap arte subrayado del artículo 93: (…) El aparte: [numeral 9°] (…) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicación de sa nciones, entendido el requisito de n o haber sido sancionado con can-celación (sic) de una autorización o habilitación otorgada por la Unidad Administra -tiva Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesRadicación: 11001 03 24 000 2022 00358 00

Demandante: William Esteban Gómez Molina

9 (DIAN), ni hayan sido condenados por la comisi ón de los delitos señalados en el artículo 611 de este decreto, dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la pre-sentación (sic) de la solicitud. Así mismo que no hayan sido representantes

artículo 611 de este decreto, dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la pre-sentación (sic) de la solicitud. Así mismo que no hayan sido representantes legales, socios o miembros de junta directiva de soc iedades que hayan sido objeto de can celación de autorización o habilitación dentro de los cinco (5) años inmediatamente (sic) anteriores a la presentación de la solicitud para la habilitación de los centros de distribución logística internacional como una sanción.

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artículo 112: (…) El aparte “los depósitos serán responsables ante la Nación por las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las normas aduaneras” contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos po rque no existe ley que determine previamente el régimen de responsabilidad administrativa de los depósitos por el incumplimiento de las normas aduaneras.

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artículo 117: (…) El apa rte “[e]l incumplimiento de las ante riores obligaciones dará lugar a la imposición de las sanciones de que trata este decreto” contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el régimen de responsabilidad administra tiva de los titulares de los puntos de ingreso y/o salida para la importación y/o exportación de combustibles líquidos derivados del petróleo que se importen o exporten a través de poliductos y/u oleoductos, bajo control aduanero.

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artículo 120: (…) El aparte: (…) [numeral 9° de

petróleo que se importen o exporten a través de poliductos y/u oleoductos, bajo control aduanero.

(…)

• Respecto del aparte subrayado del artículo 120: (…) El aparte: (…) [numeral 9° de la norma] (…) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicación de sanciones, entendido el requisito de no haber sido sancionado con can -celación (sic) de una autorización o habilitación otorgada por la Unidad Administra -tiva (sic) Especial Direcci