CE - 010325000201100530001SENTENCIA20231031114547

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE : GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26 ) de octubre de dos mil veint itré s (202 3).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: JHON ALDRIN ECHAVARRÍA LLOREDA

Demandado: NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN

Tema: Proceso disciplinario. Derecho fundamental al debido proceso. Valoración probatoria. Decreto 01 de 1984

Sentencia de única instancia

I. ASUNTO

La Sala de la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado , conoce en única instancia de la acción instaurada por Jhon Aldrin Echavarría Lloreda contra la Nación - Procuraduría General de la Nación - Policía Nacional.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 1

Jhon Aldrin Echavarría Lloreda , por medio de apoderad o y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Jhon Aldrin Echavarría Lloreda , por medio de apoderad o y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución 008 de 31 de octubre de 2006, expedida por la Procuraduría Regional del Guainía dentro del proceso discip linario que cursó con el radicado 038060152005, por medio de la cual se le sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 15 años .

• Decisión disciplinaria de segunda instancia de 15 de mayo de 2007, proferida por la Procuraduría 19 Delegada para la Vigilancia Administrativa, por medio del cual se confirmó la decisión anterior .

Como consecuencia de la declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, solicitó : (i) que se ordene a la

1 Folio 1 del cuaderno principal.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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2 Procuraduría Gener al de la Nación que se retire del registro de sanciones disciplinarias el nombre del demandante; (ii) que se ordene el reintegro de este al cargo del cual fue destituido o a otro de igual o superior jerarquía; (iii) que se le pague por concepto de

sanciones disciplinarias el nombre del demandante; (ii) que se ordene el reintegro de este al cargo del cual fue destituido o a otro de igual o superior jerarquía; (iii) que se le pague por concepto de daño eme rgente la suma que resulte probada en el proceso; (iv) que se cancele a título de lucro cesante los salarios, vacaciones, primas vacacionales, bonificaciones especiales de recreación, primas de navidad, primas de servicio, auxilio de cesantía e intereses s obre ésta, bonificaciones por servicios prestados, aportes a salud y pensiones y demás prestaciones a que tiene derecho un empleado de igual categoría y salario, incorporado a la planta de personal docente de la Secretaría de Educación – Departamento del G uainía, desde la fecha de su destitución hasta que se produzca el reintegro; (v) que por concepto de perjuicios inmateriales se le otorgue la suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales; (vii) que se condene a la demandada en costas y agencias en de recho; (ix) que se cumpla la sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del CCA; y (x) que se actualicen los valores reconocidos en la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 178 y 179 del CCA. .

2.2. Hechos relevantes 2

Como argumentos fácticos relevantes se tendrán los siguientes:

2.2.1. Jhon Aldrin Echavarria perteneció a la planta de personal docente de la Secretaría de Educación del departamento del Guainía.

2.2.2. Fue nombrado mediante el Decreto 269 de 1998 y efectivamente se vinculó a la mencionada planta docente a partir

docente de la Secretaría de Educación del departamento del Guainía.

2.2.2. Fue nombrado mediante el Decreto 269 de 1998 y efectivamente se vinculó a la mencionada planta docente a partir del 24 de julio de 1998.

2.2.3. Con ocasión de una queja presentada en su contra por supuesto abuso sexual presuntamente cometido el 25 de abril de 2003, se adelantó la investigación 038060152005 que culminó con su sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un término de 15 años por parte de la Procuraduría Regional del Guainía.

2.2.4. Dicha decisión fue confir mada posteriormente por la Procuraduría 19 Delegada para la Vigilancia Administrativa.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación 3

Como normas violadas señaló las siguientes:

2 Folios 2 y 3 del cuaderno principal. 3 Folios 4 a 16 del cuaderno principal.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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3

• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. - Convención Americana sobre derechos humanos. - Constitución Política: artículos 1, 2, 29, 93 y 94.

Bogotá D.C. – Colombi a

3

• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. - Convención Americana sobre derechos humanos. - Constitución Política: artículos 1, 2, 29, 93 y 94. - Ley 734 de 2002 - Código Contencioso Administrativo: artículos 85, 135, 136.2, 137, 138 y 139.

El señor apoderado de la parte demandante como concepto de la violación, alegó la vulneración del derecho al debido proceso por la indebida valoración que se hizo de las pruebas tanto en primera como en segunda instancia.

Al respecto, indicó que en el trámite disciplinario se ignoraron o se les restó mérito a algunas pruebas q ue beneficiaban al señor Echavarría Lloreda, y que por el contrario se estructuró la responsabilidad disciplinaria a través de una apreciación parcializada y desacertada del acervo probatorio.

Concretamente, hizo referencia a que se dio por probada la res ponsabilidad disciplinaria del demandante a partir de indicios que se estructuraron a partir de premisas falsas.

En efecto, señaló que se ignoró que para el momento en que supuestamente sucedieron los hechos el demandante no habitaba en el lugar en el que se practicó la inspección judicial; además, que no es cierto que el desempeño académico de la alumna M.A.R 4. haya desmejorado con posterioridad a la supuesta ocurrencia de la violación puesto que jamás se caracterizó por su buen desempeño académico; por o tra parte, manifestó que no se valoró de manera integral el dictamen físico por medio del cual se concluyó que hubo

violación puesto que jamás se caracterizó por su buen desempeño académico; por o tra parte, manifestó que no se valoró de manera integral el dictamen físico por medio del cual se concluyó que hubo tal delito, cuando no necesariamente el «himen festoneado» y los «desgarros en el área genital» implican que se haya producido precisamente una violación y menos aún, cuando en dicha prueba expresamente se indicó que no se encontró evidencia de violencia física; a lo anterior agregó que no resulta plausible que la menor haya aceptado acompañar al demandante a su domicilio el 25 de abril de 200 3 con el propósito de transcribir unas calificaciones, debido a que el día 24 de abril de 2003 fueron entregados los boletines académicos; además, que la mencionada menor modificó su versión inicial, y que pasó de señalar que sostuvo relaciones sexuales co n su profesor a acusarlo de haberla violado; así mismo, argumentó que varios compañeros de la denunciante realizaron diversas manifestaciones que conducirían a la absolución del señor Echavarría Lloreda y que no fueron tenidas en cuenta.

De manera expresa concluyó lo siguiente:

4 Se utilizan las siglas para proteger su identidad.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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4

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4

«De todo lo dicho, es evidente que la Procuraduría transgredió el debido proceso del demandante al ignorar medios de prueba (como la declaración del arrendador del docente sancionado), valorar erradamente otras (las declaraciones d el rector Jaime Espinosa y los manuscritos y declaraciones de estudiantes) y apreciar de manera parcial el caudal probatorio, desconociendo las normas citadas como violadas en esta demanda, lo que le impidió ver que en realidad existía duda de la existenci a de la falta endilgada y de la responsabilidad de Jhon Aldrin Echavarría Lloreda, circunstancia que a la luz del principio de presunción de inocencia daba lugar a un fallo absolutorio y no condenatorio, que ha destruido la honra y buen nombre de un servid or público sin la certeza de la falta que se le imputa».

2.4 . Contestación de la demanda 5

La Procuraduría General de la Nación por intermedio de apoderada judicial presentó escrito de contestación de la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la misma, con base en los argumentos que se resumen a continuación:

En primer lugar, manifestó que en el acápite de hechos la parte demandante reprodujo los argumentos de oposición a los fallos disciplinarios.

Por otra parte, puso de presente que el señor apoderado de Jhon

En primer lugar, manifestó que en el acápite de hechos la parte demandante reprodujo los argumentos de oposición a los fallos disciplinarios.

Por otra parte, puso de presente que el señor apoderado de Jhon Aldrin Echavarría Lloreda si bien incluyó un acápite de concepto de la violación, en el mismo no indicó de manera clara de qué manera se presentó el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y de las normas invocadas como transgr edidas.

En cuanto al fondo de la controversia, manifestó que el derecho fundamental al debido proceso fue respetado en todo momento desde el inicio del trámite disciplinario, lo que es posible observar desde el auto de cargos, el cual cumple con las forma lidades exigidas en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, puesto que al «disciplinado se le indicó el origen de los hechos objeto de investigación, se relacionaron una a una las pruebas recaudadas por la Procuraduría, se determinó la norma que describe el derecho, deber, prohibiciones que regulan la conducta funcional y específica del servicio público investigado; se describió la conducta violatoria del deber o prohibición fundamento de cada cargo, se identificó la norma infringida y la determinación provi sional de la naturaleza de la falta. Se le señaló igualmente la gravedad o levedad de la falta

5 Folios 114 a 127 del cuaderno principal.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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5 y la forma de culpabilidad de la conducta, en cada uno de los cargos esgrimidos».

Así mismo, señaló que al señor Echavarría Lloreda se le puso de presente la po sibilidad de recurrir el fallo sancionatorio, oportunidad aprovechada por este.

De manera expresa sostuvo que las faltas imputadas se fundamentaron en pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso y no en prejuicios o en percepciones personales y que el fallo disciplinario guarda perfecta consonancia con el auto de cargos.

Además , propuso las excepciones de: a. legalidad de los actos administrativos, que fundó en el hecho de que la demandada actuó de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídi co; b. innominada.

2.5. Corrección de la demanda 6

En la oportunidad pertinente el señor apoderado de la parte demandante presentó solicitud de corrección de la demanda. En la misma modificó el acápite relacionado con los perjuicios, en el sentido de agregar por concepto de daño emergente la suma de dos millones quinientos mil pesos, relativos al pago de los honorarios de su abogado en el trámite disciplinario. Por otra parte, a título de

sentido de agregar por concepto de daño emergente la suma de dos millones quinientos mil pesos, relativos al pago de los honorarios de su abogado en el trámite disciplinario. Por otra parte, a título de daño a la vida de relación, pidió que se condene a la demandada al pago de cien salarios mínimos.

Además, agregó nuevos hechos. En específico, manifestó que la Fiscalía 33 Seccional de Inírida Guainía precluyó la investigación en contra del señor Echavarría Lloreda por no encontrar elementos que llevaran al convencimi ento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable. En el mismo sentido, puso de presente que la mencionada entidad encontró serias contradicciones en lo expresado en el transcurso de la investigación penal por parte de M.A.R.

2.6. Contestación de la corrección de la demanda 7

El señor apoderado de la Procuraduría General de la Nación contestó la corrección de la demanda y reiteró su oposición a las pretensiones de la misma. En su escrito, manifestó que los hechos objeto del pre sente proceso fueron debidamente juzgados en desarrollo del trámite disciplinario y agregó que en el curso del mismo el demandante contó con todas las garantías para ejercer

6 Folios 215 a 220 del cuaderno principal. 7 Folios 253 a 261 del cuaderno principalNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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6 debidamente su defensa por lo que no es posible tener la acción de nulidad y resta blecimiento del derecho como una tercera instancia del mismo.

Por otra parte, respecto de los nuevos hechos indicó que estos serían objeto de prueba dentro del trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y que algunos de los apartes de la exposición corresponden a consideraciones subjetivas.

Además, puso de presente que en el momento en que el disciplinado recurrió la decisión proferida en primera instancia utilizó los mismos argumentos con los que pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos demandados en sede judicial.

Así mismo, quiso resaltar que el proceso disciplinario es diferente al proceso penal y que la exoneración en tal ámbito no implica que se deba resolver en idéntico sentido en el trámite disciplinario.

2.7. Alegatos de conclusión

Concluida la etapa probatoria se ordenó correr traslado para presentar alegatos de conclusión, oportunidad aprovechada por ambas partes para presentar sus alegatos, tal como se establece a continuación:

a. Jhon Aldrin Ech avarría Lloreda 8.

El señor apoderado de la parte demandante reiteró sus argumentos

ambas partes para presentar sus alegatos, tal como se establece a continuación:

a. Jhon Aldrin Ech avarría Lloreda 8.

El señor apoderado de la parte demandante reiteró sus argumentos y además, expuso los que se resumen a continuación:

En primer lugar , manifestó que , contrario a lo afirmado por la demandada, no se busca convertir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en una tercera instancia, sino que el interés de la misma es demostrar que se violó el derecho al debido proceso. Al respecto sostuvo que la Procuraduría Regional del Guainía no «cumplió con las garantías sustanciales y proce sales dentro de la investigación adelantada» en contra del señor Echavarría Lloreda «al no analizar de fondo y en su conjunto la totalidad del acervo probatorio», por lo que profirió una decisión parcializada hacia la supuesta víctima.

En sus alegatos, el señor apoderado de la parte demandante se refirió de manera expresa respecto de cada uno de los cargos que le fueron formulados al señor Echavarría Lloreda, tal como se resume a continuación:

8 Folios 281 a 298 del cuaderno prin cipal.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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7

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7 - Cargo primero: señaló que Jhon Aldrin Echavarría Lloreda jamás irrespetó a la menor M.A.R. ni la invitó a su casa para que le ayudara a pasar unas notas y mucho menos la forzó o accedió carnalmente.

• Cargo segundo: manifestó que el señor Echavarría Lloreda jamás ejecutó actos de violencia sexual en contra de la supuesta víctima y que no existe una sola prueba que demuestre sin lugar a dudas la culpabilidad de su representado y que la entidad demandada vulneró las garantías sustanciales y procesales de este pues de las pruebas que obran en el expediente dedujo asp ectos que no constan en las mismas.

Además de lo expuesto, reiteró que la Fiscalía General de la Nación encontró serias contradicciones en lo expresado en el transcurso de la investigación por la menor M.A.R.

b. Procuraduría General de la Nación 9.

La pa rte demandada por conducto de apoderada presentó alegatos de conclusión en los que reiteró sus argumentos de defensa. Además, expuso las consideraciones que se resumen a continuación:

En primer lugar, hizo referencia a la independencia de la investigación penal de la disciplinaria, y trajo a colación las sentencias que han señalado que , si bien existen similitudes entre ambos regímenes, cada uno de ellos tiene sus particularidades, y que cuando se analiza una misma conducta desde las dos ópticas

investigación penal de la disciplinaria, y trajo a colación las sentencias que han señalado que , si bien existen similitudes entre ambos regímenes, cada uno de ellos tiene sus particularidades, y que cuando se analiza una misma conducta desde las dos ópticas se puede l legar a conclusiones distintas pues no hay identidad de objeto ni de causa. Como consecuencia de lo anterior, indicó que la absolución penal no conlleva necesariamente la exoneración de la responsabilidad disciplinaria.

Por otra parte, se refirió a los pr esuntos perjuicios morales y sostuvo que no quedaron probados en el presente trámite, dado que la prueba testimonial que se practicó hizo alusión a hechos que «resultan inútiles e inconducentes para demostrar el supuesto daño moral irrogado al demandante», y que en el transcurso del proceso expresamente se manifestó que el señor Echavarría Lloreda no fue asistido profesionalmente por un psicólogo.

2.8. Concepto del ministerio público

En el presente caso no se rindió concepto.

9 Folios 299 a 308 del cuaderno principal.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

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8

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, es competente en única instancia para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 13, del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo .

3. 2. Del proceso disciplinario y la sanción

El proceso disciplinario inició con ocasión de la queja presentada por el señor Manuel Sánchez López, en condición de secretario de educación del Departamento de Guainía, quien remitió la denuncia presentada por la señora Sonia Martínez Díaz el 25 de octubre de 2004, en la que señaló que el docente Jh on Aldrin Echavarría Lloreda abusó sexualmente de su hija M.A.R. 10.

En el auto de apertura se dispuso la práctica de pruebas 11.

Mediante el auto de 24 de agosto de 2005 , le fue formulado pliego de cargos a l señor Echavarría Lloreda 12; y por medio de memorial presentado por el apoderado de la hoy demandante el 9 de septiembre de 2005 se rindieron descargos 13.

El 31 de octubre de 2006 se profirió la decisión sancionatoria de primera instancia en la que se sancionó al señor Jhon Aldrin Echav arría Lloreda con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de 15 años 14; a través del 15

primera instancia en la que se sancionó al señor Jhon Aldrin Echav arría Lloreda con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de 15 años 14; a través del 15 de mayo de 2007 , la Procuraduría 19 Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó la anterior decisión 15, actos disciplinarios que se resumen a continuación:

Pliego de cargos de 24 de agosto de 2006

Decisión sancionatoria de primera instancia de 31 de octubre de 2006

Cargos :

«CARGO PRI MERO: El señor JHON ALDRÍN ECHAVARRÍA LLOREDA, en su condición de Docente del Colegio de educación Básica la Primavera de la

Resuelve :

«PRI MERO. DECLARAR DEMOSTRADOS Y NO DESVI RTUADOS, e l Cargo Primero y Segundo elevados en contra del señor

10 Folios 174 y ss. cuaderno 2. 11 Folios 174 y ss. cuaderno 2. 12 Folios 278 y siguientes, cuaderno 2. 13 Folios 299 y siguientes, cuaderno 2. 14 Folios 271 y 272 del cuaderno 2 . 15 Folios 318 y siguientes, cuaderno 2 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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9 ciudad de Inírida departamento del Guainía, al parecer omitió el deber de tratar con respeto y rectitud a una de sus alumnas, y valiéndos e de la relación originada por razón del servicio, el día 25 de abril de 2003 inquirió a la menor M.A.R. , quien se encontraba en el Colegio adelantando actividades propias de la institución, con el propósito de pasar unas notas en las planillas de califica ciones, invitación dirigida para que la alumna acudiera a la casa del docente; la cual tue atendida por aquella, y una vez allí el señor ECHAVARRÍA LLOREDA, luego de valerse de ardides, sometió por la fuerza a la menor y la accedió carnalmente. (art.34 num .6° Ley 734 de 2002). Se dice también que el docente en mención, con su conducta presuntamente extr alimitó sus funciones, dado que como persona está llamado a brindar ejemplo a los educandos de la institución donde se desempeñaba como tal; toda vez que pre valiéndose del mismo y de los problemas por los que pasaba en aquella época la estudiante M.A. R. , logró convencerla, inicialmente para hablar sobre esto, para luego proponerle cump lir una actividad propia de sus labores, cual era la de pasar unas

problemas por los que pasaba en aquella época la estudiante M.A. R. , logró convencerla, inicialmente para hablar sobre esto, para luego proponerle cump lir una actividad propia de sus labores, cual era la de pasar unas calificac iones a las planillas, hasta llegar como se dice a someterla por la fuerza y acceder la carnalmente, en la casa de éste, ocasionándole a la menor daños sicológicos y físicos. Situación que a la postre repercutirá en ella. (art.35 num -1° Le y 734 de 2002).

CARGO DOS : Se imputa al Docente implicado, el haber e jecutado presuntamente, actos de violencia sexual, contra uno de sus subalternos, ya que su actuar se dirigió a causar en la alumna mencionada, perjuicios que a la postre pueden resultar irreparables no s olo frente a su mismo ser, sino frente a la imagen que pueda tener por la agresión recibida, repercutiendo hacia los demás que como el cumplen dicha labor, (Art.35 num.6° C.U.D.).

Además, ese actuar desplegado por el docente, prevaliéndose de su cargo y ej ecutado en forma abusiva, lo dejó incurso dentro de la normatividad penal conocida como Acceso Carnal Violento, referido en nuestro Estatuto Penal Vigente en el artículo 208, dejándolo inmerso dentro de los postulados que se enuncian en el artículo 48 nume ral primero de la Ley 734 de 2002, pues se valió de artificios y engaños, al

Vigente en el artículo 208, dejándolo inmerso dentro de los postulados que se enuncian en el artículo 48 nume ral primero de la Ley 734 de 2002, pues se valió de artificios y engaños, al JHON ALDRIN ECHAVARRÍA LLOREDA, identificado con la cédula de ciudadanía (…) , e xpedida en Turbo (Antioquia), en su condición de Docente del Colegio La Primavera de la ciudad de Inírida Departamento del Guainía, para la época de los hechos de conformidad con lo e xpuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. I MPONER COMO SANCI ÓN

DISCIPLINARIA AL SEÑOR ECHAVARRÍA

LLOREDA, POR HABERLO ENCONTRADO RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE, de los cargos demostrados, DESTI TUCI ÓN como Docente (sic) del Colegio la Primavera de la ciudad de Inírida en el Departamento del Guainía conforme lo establece el artículo 44, numeral primero de la Ley 734 de 2002. TERCERO. I MPONER COMO INHABILIDAD GENERAL UN TERMI NO DE QUINCE (15) AÑOS, para el ejercicio de funciones públicas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 45 literal d.

CUARTO. Previamente a hacer efectiva la sanción como la inhabilidad, se deberá e xcluir al docente J HON ALDRIN ECHAVARRÍA LLOREDA del Escalafón Nacional Docente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Para

sanción como la inhabilidad, se deberá e xcluir al docente J HON ALDRIN ECHAVARRÍA LLOREDA del Escalafón Nacional Docente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Para lo cual se oficiará a la Secretar ía de Educación del Departamento del Guainía para que procedan y con copia al Ministerio de Educación Nacional, a la dependencia de escalafón respectiva .

QUINTO : Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría, se librar án las comunicaciones al nominador para que proceda a hacer efectiva la sanción en los términos del artículo 172 -3 y su Parágrafo, de la Ley 734 de 2002.

SE XTO : NOTIFICAR la presente decisión al servidor público sancionado, haciéndole saber que contra ella procede el recurso de apelación, que podrá interponer dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación, para ante la Procuraduría Deleg ada Para la Vigilancia Administrativa, que en reparto corresponda. En el evento de no ser recurrida procédase a hacer efectiva la sanción impuesta.

SÉPTI MO. En firme esta determinación, e informado por parte de la secretaria de Educación Departamental la exclusión de que trata el artículo tercero del resuelve y una vez ejecutoriado reg ístrese en el programa SIRI de esta Regional. 17.

17 Folios 271 y 272 del cuaderno 2 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

programa SIRI de esta Regional. 17.

17 Folios 271 y 272 del cuaderno 2 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2011 -00530 -00 (2045 -2011)

Demandante: Jhon Aldrin Echavarría Lloreda

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10 pretender aparentemente hacer creer a la menor que se tratarían asuntos personales o académicos que por aquella época aquejaban a la menor, para luego, argüir el paso de unas nota s a las planillas, cuando su intensión (sic) era al parecer accederla sexualmente; hecho ocurrido el 25 de abril de 2003. Los acontecimientos analizados encuentran mayor respaldo probatorio sobre la presunta responsabilidad disciplinaria de parte del encar tado ECHAVARRÍA LLOREDA, en el sentido que éste para pretender hacer válidas sus exculpaciones alude (sic) algunos comportamientos de parte de la alumna , llegando hasta el punto de mencionar a compañeros de ésta como testigos de tales situaciones, que segú n él, y de acuerdo a sus apreciaciones, son contrarias a lo manifestado por M.A.R. ; pero que luego frente a las manifestaciones de la lesionada y de las pruebas que obran dentro del plenario, desmienten su dicho, las mismas serán objeto de valoración en su oportunidad. La conducta imputada representa

pero que luego frente a las manifestaciones de la lesionada y de las pruebas que obran dentro del plenario, desmienten su dicho, las mismas serán objeto de valoración en su oportunidad. La conducta imputada representa además la realización objetiva de comportamientos descritos en la ley penal como delito sancionable a título de dolo, cometida con ocasión de la función pública del servidor investigado, porque precisamente su accionar puede hallarse inmerso en las comportamientos punibles que describe el Código Penal al tipificar el delito de Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce años; de ahí que la situación fáctica planteada, ubica al encartado como el sujeto activo que ideó y ejecutó las acciones que han sido señaladas, lo cual conlleva a deducir un claro desconocimiento de los principios y valores morales y éticos que deben mover la labor de todo educador tal como lo prevé nuestra misma Constitución Política cuando se h abla en su artículo 2°, que uno de los fines esenciales del Estado es la prosperidad general, y la garantía de los derechos y deberes consagrados en ella, de donde emerge obviamente la educación que se imparte a todos los asociados con base en aquellos pri ncipios y valores que deben ser inculcados, no solo en cada