CE - 010325000201700514001SENTENCIA20230505232908

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandados: Yolanda Isabel Ruales Leyton, en calidad de cónyuge supérstite del señor Manuel Muñoz Paz (Q.E.P.D) y Eidy Mercedes Enríquez, en representación legal del menor Juan Stevan Muñoz

Guzmán

Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Reliquidación de pensión de jubilación – Decreto 546 de

1971. Bonificación por servicios __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, del 16 de abril de 2010, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, el 16 de junio de 2009, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

2010, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, el 16 de junio de 2009, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial, solici tó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de2

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP Nariño, del 16 de abril de 2010, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, el 16 de junio de 2009, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Manuel Muñoz Paz

(Q.E.P.D) contra la extinta CAJANAL hoy UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 52 001 33 31 008 2007 00215 01.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, del 16 de abril de 2010, que confirmó la providencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, el 16 de junio de 2009; ii) declarar que al señor Man uel Muñoz Paz (Q.E.P.D), no le asistía el derecho de reliquidación de su pensión de jubilación con la totalidad de los factores salariales

declarar que al señor Man uel Muñoz Paz (Q.E.P.D), no le asistía el derecho de reliquidación de su pensión de jubilación con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio , en especial en lo relacionado con la inclusión del valor total de la bonificación por servicios; y iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional que perciben los demandados, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C258 de 2013 y SU230 de 2015; incluyendo la bonificación por servicio en una doceava parte.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El señor Manuel Muñoz Paz prestó sus servicios en los siguientes períodos y

entidades:

• Desde el 1.° de mayo de 1978 hasta el 30 de junio de 1992, en la Rama Judicial. - Desde el 1.° de julio de 1992 hasta el 30 de diciembre de 2000, en la Fiscalía General de la Nación.

1. El 26 de enero de 2000, a través de la Resolución 01026, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación al señor Muñoz Paz, en cuantía de $  2.140.250,65, a partir del 1.° de mayo de 1999, condicionada al3

Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación al señor Muñoz Paz, en cuantía de $  2.140.250,65, a partir del 1.° de mayo de 1999, condicionada al3

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, la entidad tomó una tasa de reemplazo del 75 % sobre el promedio de lo devengado en 5 años y 1 m es de servicio, de conformidad con el Decreto 546 de 1971, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Posteriormente, la prestación fue reliquidada mediante la Resolución 23824 del 5 de octubre de 2001, en cuantía de $ 2.432.700,26, pues se tomó el 75% del promedio devengado desde el 1.° de abril de 1994 hasta el 1.° de enero de 2001, con ocasión del retiro del servicio del señor Muñoz Paz.

1. El 6 de noviembre de 200 7, a través de la Resolución 53392 CAJANAL negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación del causante teniendo en cuenta la asignación más elevada percibida en el último añ o de servicio, en los términos del Decreto 546 de 1971.

1. El 16 de junio de 20 09, el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:1

1. El 16 de junio de 20 09, el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:1

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del acto administrativo plasmado en la Resolución No. 53392 del 6 de noviembre de 2007, por la cual, la institución demandada, niega la reliquidación de la pensión de jubilación del actor.

SEGUNDO.- ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL liquide nuevamente la pensión de jubilación que fuese otorgada a favor del quejoso, con el promedio del 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, incluyendo además de los factores ya estimados: las doceavas partes de las primas de navidad, de vacaciones y en fin de la totalidad de estipendios devengados por el trabajador, en cuanto a la bonificación por servicios, deberá incluirse el 100 % del valor certificado en el último año. Efectuada la anterior operación, se descontarán l as sumas ya canceladas por concepto de la Resolución No. 23824 del 5 de Octubre de 2001. Finalmente, aplicará si hay lugar, la prescripción trienal de las sumas resultantes en función a la fecha de solicitud del actor, como también los descuentos a los apo rtes correspondientes sobre los cuales no se haya efectuado deducción legal. Las diferencias deberán ajustarse, mes a mes, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor y tal como lo autoriza el artículo 178 del C.C.A.

TERCERO.- CONDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL a pagar al

deberán ajustarse, mes a mes, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor y tal como lo autoriza el artículo 178 del C.C.A.

TERCERO.- CONDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL a pagar al actor las diferencias resultantes en virtud de la inclusión del 100% del porcentaje de la bonificación por servicios, diferencia que deberá ajustarse, mes a mes, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor y tal como lo autoriza el artículo 178 d el C.C.A. […].

1 Folios 208 al 223 del cuaderno del proceso ordinario.4

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017)

Demandante: UGPP

1. El 16 de abril de 2010, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Sexta, emitió sentencia de segunda instancia, en el entendido de confirmar la providencia expedida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto.2

1. El 4 de mayo de 2010, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo de Nariño.

1. El 24 de septiembre de 2015, falleció el señor Manuel Muñoz Paz.

1. El 10 de marzo de 2016, la UGPP expidió la Resolución RDP 011213 mediante la cual reconoció una pensión de sobreviviente a favor de la señora Yolanda Isabel Ruales Leyton, a partir del 25 de septiembre de 2015.

1. El 25 de junio de 2009, el Juzgado Tercero de Familia de Pasto, emitió, sentencia en primera instancia, en el marco de una acción de tutela interpuesta por la señora

1. El 25 de junio de 2009, el Juzgado Tercero de Familia de Pasto, emitió, sentencia en primera instancia, en el marco de una acción de tutela interpuesta por la señora Eidy Mercedes Enríquez, en representación legal del menor Juan Stevan Muñoz Guzmán, nieto del causante ; para lo cual ordenó a la UGPP descontar, a título de cuota alimentaria a su favor, el 25 % de la pensión de sobrevivientes reconocida a

la señora Yolanda Isabel Ruales Leyton.

1. El 16 de enero de 2017, por medio de la Resolución RDP 000895 la UGPP dio cumplimiento a la providencia referida.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Sexta, el 16 de abril de 2010, expidió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar la providencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, el 16 de junio de 2009, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Manuel Muñoz Paz (Q.E.P.D) contra la extinta CAJANAL, hoy UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:3

2 Folios 267 al 285 del cuaderno del proceso ordinario. 3 Folios 267 al 285 del cuaderno del proceso ordinario.5

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP i) Revisado el acervo probatorio se observa que el demandante es beneficiario del régimen de transición, toda vez que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,

Demandante: UGPP i) Revisado el acervo probatorio se observa que el demandante es beneficiario del régimen de transición, toda vez que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 50 años de edad y laboró en la Rama Judicial 22 años, 2 meses y 29 días. En consecuencia, tiene derecho a que su pensión se reconozca y liquide bajo las condiciones de los artículos 6 del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de

1978.

1. Deben incluirse en la liquidación de la prestación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador perciba como contraprestación del servicio en el último año de servicio, inclusive aquellos contemplados en los literales a) a g) del artículo 12 del Decreto 717 de 1978, aunque no tengan naturaleza salarial, como lo sostuvo el Consejo de Estado en la sentencia del 1.° de marzo de 2007, radicado 76001-23-31-000-2003-04714-01 (4442-05).

1. En aplicación del régimen especial anterior, esto es, el Decreto 546 de 1971 y de la mencionada jurisprudencia del Conse jo de Estado, la pensión de jubilación del demandante, debe ser reliquidada teniendo en cuenta el 75 % de la asignación mensual más alta percibida en su último año de servicio, con la anotación que la bonificación por servicios debe reconocerse en su valor total y no en una doceava parte, como erróneamente lo realizó la entidad demandada.

1. Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión jubilación del actor en los términos expuestos.

parte, como erróneamente lo realizó la entidad demandada.

1. Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión jubilación del actor en los términos expuestos.

Finalmente, se autoriza a la referida entidad a realizar el descuento de los aportes a pensión correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se hubiere efectuado la deducción legal. 1.2. La causal de revisión invocada

La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:6

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP i) En el expediente se acreditó que el señor Muñoz Paz fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende el régimen pensional aplicable es el dispuesto en el Decreto 546 de 1971.

En este sentido, conform e lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la

pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el de recho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación expedida por el DANE.4

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que devenga la demandad a, comoquiera que el causante adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.

1. El Consejo de Estado ha interpretado la regulación de la bonificación por servicios contenida en los Decretos 1042 de 1978 y 247 de 1997, y ha manifestado que la inclusión de aquel emolumento integra el IBL en forma proporcional, es decir, en una doceava parte y no en un 100 %.5 1.3. Contestación a la acción especial de revisión

1.3.1. Yolanda Isabel Ruales Leyton

4 El apoderado de la entidad sostuvo que la Corte Constitucional ha reiterado dicho criterio en las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, las cuales constituyen precedente obligatorio. 5 La entidad recurrente citó al Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección

Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, las cuales constituyen precedente obligatorio. 5 La entidad recurrente citó al Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencias de fechas 8 de febrero de 2007, radicado 25000232500020030648601 (130606); 14 de agosto de 2009, radicado 25000232500020050334601 (1508-08) y 23 de febrero de 2012, radicados 2009-00288 y 2007-00054, entre otras.7

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP La señora Yolanda Isabel Ruales Leyton, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:6

1. La causal invocada por la UGPP resulta infundada, toda vez que la sentencia mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y orden ó la reliquidación de su pensi ón, se profiri ó en armonía con la normativa y la jurisprudencia vigentes, de manera que está protegida por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y confianza legítima.

1. La UGGP en lugar de enfocarse en la demostración de las presuntas causales invocadas, pretende generar una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, corregir algún yerro en la interpretación o la aplicación retroactiva de las normas o criterios sobre el ingreso base de liquidación conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

judicial, corregir algún yerro en la interpretación o la aplicación retroactiva de las normas o criterios sobre el ingreso base de liquidación conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. La parte actora desconoce que mediante la sentencia recurrida , se dio plena aplicación a lo previsto e n los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978 e inciso 2º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, los cuales hicieron extensiva la posibilidad para acceder a la pensión de jubilación de régimen especial calculada con la asignación mensual más alta devengada por todo concepto en el último año de servicio, incluyendo un 100 % del valor certificado por bonificación por servicios.

1. Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo r elacionado a los casos en los que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo, cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida corporación, no puede considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.

1. La conducta desplegada por la UGGP no está enmarcada dentro de los elementos mínimos de buena fe porque pretende desconocer que la providencia recurrida

6 Índices 34 y 35 visibles en la plataforma SAMAI.8

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017)

Demandante: UGPP

6 Índices 34 y 35 visibles en la plataforma SAMAI.8

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP quedó en firme, bajo los parámetros legales y jurisprudenciales vigentes para la época en que se profirió. En consecuencia, al activar el sistema judicial y generar un desgaste en la administración de justicia, debe aplicarse lo preceptuado en los artículos 365 y 366 del CGP respecto a la condena en costas y agencias en derecho.

1.3.2. Eidy Mercedes Muñoz Guzmán, en calidad de representante legal de Juan Stevan Muñoz Guzmán.7

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la señora Eidy Mercedes Muñoz Guzmán guardó silencio.8

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,

7 El 10 de noviembre de 2022, la Sala ordenó a. vincular, en calidad de demandada, a la señora Eidy Mercedes Muñoz Guzmán, representante legal de Juan Stevan Muñoz Guzmán; b. notificar, por Secretaría, la presente acción especial de revisión; y c. correr traslado de aquel escrito por el término de 10 días, en atención a lo dispuesto en el artículo 253 del CPACA. Folios 274 y 275 del cuaderno

Secretaría, la presente acción especial de revisión; y c. correr traslado de aquel escrito por el término de 10 días, en atención a lo dispuesto en el artículo 253 del CPACA. Folios 274 y 275 del cuaderno de la acción especial de revisión. La anterior actuación tuvo origen en que el 12 de mayo de 2022, esta Subsección a través de auto requirió a la UGPP con el fin de que informara si , en la actualidad, se realiza el descuento del 25 % a la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora Yolanda Isabel Ruales Leyton, a título de cuota alimentaria a favor del menor Juan Stevan Muñoz Guzmán, en calidad de nieto del señor Manuel Muñoz Paz (Q.E.P.D.), y representado legalmente por la señora Eidy Mercedes Enríquez. Folios 271 y 272 del cuaderno de la acción especial de revisión. El 21 de junio de 2022, la UGPP contestó afirmativamente el anterior requerimiento. Actuación visible a índices 51 y 52 de la plataforma SAMAI. 8 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que la señora Eidy Mercedes Muñoz Guzmán, guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 14 de diciembre de 2022, esta corporación, notificó por correo electrónico a la demandada el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP y de su auto admisorio; actuación visible a índice 60 de la plataforma SAMAI. De igual manera, véase, constancia secretarial obrante a folio 276 del cuaderno de la acción especial de revisión. 9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo

de revisión. 9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».9

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.10

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».

Finalmente, es oportuno señalar que confo rme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las a cciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las a cciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

En el sub lite, puesto que la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño quedó ejecutoriada el 4 de mayo de 201011 y la acción extraordinaria se interpuso el 2 de junio de 2017,12 a priori, la demanda estaría fuera del término de los cinco años establecido por el artículo 251 del CPACA para estos eventos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, en Sentencia SU-427 de 2016, determinó que el plazo pa ra acudir a la revisión de las decisiones judiciales, por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe contabilizarse a partir del momento en el que la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo CAJANAL, esto es, el 12 de junio de 2013, fecha en la cual inició la sucesión procesal entre estas dos entidades, la presente acción de revisión se encuentra dentro del término previsto por la señalada providencia,

10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 11 Folio 153 del cuaderno de la acción especial de revisión. 12 Folio 232 reverso del cuaderno de la acción especial de revisión.10

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP comoquiera que este se extendía hasta el 12 de junio de 2018.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, del 16

Demandante: UGPP comoquiera que este se extendía hasta el 12 de junio de 2018.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, del 16 de abril de 2010, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite n acudir a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza públ ica, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La rev isión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.11

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de r evisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan c omo efecto el reconocimiento de una prestación,

la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan c omo efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aq uel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo

proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.12

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00514-00 (2379-2017) Demandante: UGPP Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanis mos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,14 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.4.2.