CE - 010325000201700760001SENTENCIA20231003104143

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 0325 000 2017 00760 00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Demandado: La Nación, Procuraduría General de la Nación

Temas: Cancelación del registro de inhabilidades en el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la

Nación

SENTENCIA ANTICIPADA UNICA INSTANCIA

Decide la Sala la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada en única instancia contra la Procuraduría General de la Nación.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Carlos Antonio González Guzmán, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo expedido por la viceprocuradora general de la Nación, contenido en la Resolución No. 021 del 14 de septiembre de 2016 por medio2

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

la Nación, contenido en la Resolución No. 021 del 14 de septiembre de 2016 por medio2

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la cual resolvió mantener la i nhabilidad para desempeñar cargos públicos, con fundamento en la Ley 734 de 2002, artículo 38, numeral 1 y, adicional a lo anterior, la nulidad del auto del 9 de febrero de 2017 proferido por el procurador general de la Nación que al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión anterior.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó se ordene a la entidad demandada a retirar la prohibición para ejercer funciones públicas comoquiera que mediante auto del 14 de diciembre de 2015 el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva le concedió la liberación definitiva de la condena proferida por el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila).

1.1.2. Los hechos

Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:

1. El 14 de diciembre de 2015 el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva le concedió la liberación definitiva de la condena proferida por el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila), órgano judicial que en providencia del 30 de junio de 2010 lo condenó a 72 meses de prisión por el delito de

Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila), órgano judicial que en providencia del 30 de junio de 2010 lo condenó a 72 meses de prisión por el delito de falso testimonio al haber interpuesto la acción constitucional de habeas corpus en dos oportunidades, por hechos similares, en favor de un tercero.

1. La decisión del Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, se profirió luego de haber purgado la condena.

1. La Procuraduría General de la Nación como las «otras entidades que conocieron sobre la condena impuesta por el juzgado fallador» fueron informadas a fin de realizar los trámites pertinentes para la cancelación de todas las medidas impuestas.

1. Nunca ha tenido la calidad de servidor público, ni vinculaciones con el Estado, motivo por el cual no es válido que se aplique la Ley 734 de 2022 CDU porque no es «sujeto activo» de esa normatividad.3

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de demanda y en cumplimiento del auto inadmisorio de la demanda del 4 de julio de 2019, en el cual se confirió el término de diez días para que se completara el acápite de las normas violadas y el concepto de violación, 1 se indicó que los actos

de julio de 2019, en el cual se confirió el término de diez días para que se completara el acápite de las normas violadas y el concepto de violación, 1 se indicó que los actos administrativos acusados vulneran la Ley 734 de 2002, en sus artículos 4, 5, 6, 9, 13, 17, 19, 25, 38, 42, 43, 47 y 53 en consonancia con la Constitución Política artículos 6, 13, 15, 25, 29 y 83 por cuanto son contradictorios, ilegales y de forma evidente se encuentran afectados por vía de hecho con fundamento en las siguientes razones:

1. Por cuanto se incrementó sin justa causa y en abierta violación del debido proceso la pena impuesta por fallador la cual consistió en 48 meses de sanción, dado que fue sometido a una sanción penal y pérdida de derechos civiles y políticos por el término de 72 meses y la Procuraduría General de la Nación le impuso 120 meses.

1. Dentro del proceso que se adelantó por la Procuraduría General de la Nación no contó con derecho a la defensa técnica o material y , aun así, se expidió un acto administrativo atentatorio de su derecho fundamental al debido proceso puesto que la sentencia del Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila) fue proferida y ejecutoriada el 30 de junio de 2010 y la Resolución No. 012 es del 14 de septiembre de 2016, es decir, 6 años después.

1. Los artículos 25 y 53 de la Ley 734 de 2002 establecen quienes son sujetos disciplinables y, por ende, en su condición de particular no podía ser sometido a esas

de 2016, es decir, 6 años después.

1. Los artículos 25 y 53 de la Ley 734 de 2002 establecen quienes son sujetos disciplinables y, por ende, en su condición de particular no podía ser sometido a esas disposiciones. Por ello, la Procuraduría General de la Nación, actuó de forma arbitraria por cuanto no respetó al demandante los principios fundamentales al debido proceso, derecho a la defensa y legalidad de la sanción y, con ello, además, lo priva del ejercicio del derecho al trabajo por cuanto las empresas privadas para su vinculación solicitan el certificado de antecedentes disciplinarios.

1.2. Trámite

1 Folios 62 a 634

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) La demanda fue presentada ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá. Mediante auto del 1 de septiembre de 2017, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá declaró la falta de competencia y ordenó la remisión al Consejo de Estado con fundamento en el numeral 2º del artículo 149 del CPACA, toda vez que los actos administrativos demandados fueron proferidos por una autoridad del orden nacional y carecen de cuantía dado que a través de ellos se resolvió la solicitud del señor Carlos Antonio González Guzmán tendiente a lograr la cancelación de la sanción que aparecía en los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.2

resolvió la solicitud del señor Carlos Antonio González Guzmán tendiente a lograr la cancelación de la sanción que aparecía en los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.2

1. El 20 de julio de 2020, la Sección Segunda, Subsección A admitió la demanda, ordenó notificar personalmente a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del CPACA; notificar personalmente al agente del ministerio público; notificar personalmente al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como lo señalan los artículos 610 y 612 del Código General del Proceso; notificar por estado a la parte demandante de acuerdo con lo previsto en el artículo 201 del CPACA y correr traslado a la entidad demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al ministerio público por el término de 30 días acorde con lo establecido en el artículo 172 del CPCA. 3

1.3. Contestación de la demanda

La parte demandada contestó la demanda4 y propuso la excepción previa de ineptitud por «ausencia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial» la cual se declaró no probada mediante auto del 24 de junio de 2021. 5

2 Folios 40 a 41 3 Folio 84 4 SAMAI actuación 30 5 Folios 97 a 103. En esa providencia se indicó lo siguiente: «A su turno, se tiene por sentado que las pretensiones del demandante están encaminadas, de manera exclusiva y sin otro fin particular, a que, producto de la eventual nulida d de los actos administrativos enjuiciados, se «ordene a la entidad

pretensiones del demandante están encaminadas, de manera exclusiva y sin otro fin particular, a que, producto de la eventual nulida d de los actos administrativos enjuiciados, se «ordene a la entidad demandada [a] retirar la prohibición a ejercer funciones públicas (…)», sanción que se derivó de la condena penal a 72 meses de prisión que le impuso el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila), mediante sentencia del 30 de junio de 2010, por el delito de falso testimonio. Ahora bien, grosso modo, los argumentos que sustentan dicha petición están fundados, de una parte, en que la mencionada sanción le limita su derecho al trabaj o en el sector privado, en tanto que las empresas no lo contratan por la existencia del antecedente disciplinario aludido; y, de otra, debido a que ya cumplió con la pena5

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Igualmente, propuso las excepciones de fondo, inexistencia de la causa petendi y la «innominada o genérica »; la primera la fundamentó en que la inhabilidad legal así como los registros de la condena penal, actualmente, es decir, para el momento de contestación de la demanda, no son visibles en el certificado de antecedentes, pues los diez años para la permanencia de la inhabilidad contemplados en el artículo 38, numeral 1 de la Ley 734 de 2022, una vez se cumpli eron implicaron inactivar la

contestación de la demanda, no son visibles en el certificado de antecedentes, pues los diez años para la permanencia de la inhabilidad contemplados en el artículo 38, numeral 1 de la Ley 734 de 2022, una vez se cumpli eron implicaron inactivar la anotación; es así que pre tender la nulidad del acto expedido por el despacho de la viceprocuradora general de la Nación no generaría efecto material alguno, por lo tanto, no existe razón alguna para declarar la nulidad de los actos administrativos. Respecto a la segunda solicitó se declare siempre que los supuestos de hecho resulten acreditados en el proceso.

En el escrito de contestación, se expresaron los siguientes argumentos de defensa:

1. La anotación que se realizó en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad —SIRI— a nombre del demandante obedeció al registro de una decisión penal impuesta por el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila) por el delito de falso testimonio, en la cual se le impuso la condena de prisión e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 72 meses en el proceso penal 20090120, mediante fallo condenatorio de primera instancia del 30 de junio de 2010.

1. Esa condena fue objeto de extinción el 14 de diciembre de 2015, razón por la cual dejó de estar visible la anotación en el certificado de antecedentes al momento del registro del evento, es decir el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, se mantuvo en el certificado de inhabilidad para ejercer cargos públicos contenida en el artículo 38, numeral 1 de la Ley 734 de 2022, en razón a que dicho artículo determina que esta

en el certificado de inhabilidad para ejercer cargos públicos contenida en el artículo 38, numeral 1 de la Ley 734 de 2022, en razón a que dicho artículo determina que esta

impuesta, por lo que no hay lugar a mantener la aludida anotación. En este orden de ideas, el despacho concluye que las pretensiones de la demanda carecen de contenido económico, puesto que, sin perjuicio de que el medio de control incoado es el de nulidad y restablecimiento del derecho, solo se busca ejercer el control de legalidad de los actos administrativos enjuiciados y de cuyo análisis no se deriva el reconocimiento inmediato de una suma de dinero. Por consiguiente, no hay lugar a exigir el requisito de procedibilidad que contempla el numeral 1º del artículo 161 del CPACA, que concierne a la conciliación prejudicial».6

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inhabilidad se genera por una situación fáctica específica y es que se presente una condena penal superior a cuatro años , independiente de que esta se extinga o prescriba; es decir, el único requisito es que se produzca la condena y que esta se encuentre en firme, contándose su término desde la ejecutoria.

1. El artículo 38 de la Ley 734 de 2002 prevé en alusión a las inhabilidades, que se constituyen para desempeñar cargos públi cos a partir de la ejecutoria del fallo y entre ellas, se destaca la siguiente: «1. Además de la descrita en el inciso final del

se constituyen para desempeñar cargos públi cos a partir de la ejecutoria del fallo y entre ellas, se destaca la siguiente: «1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político».

1. Así las cosas, no le asiste razón al actor cuando afirma que la Procuraduría General de la Nación incrementó la sanción impuesta por un juez penal sin aplicar el principio de legalidad, ya que, a su juicio, la sanción impuesta fue de 72 meses y el órgano de control lo sancionó a 10 años, pues el artículo 38, numeral 1 de la Ley 734 de 2022, establece que la inhabilidad se presenta cuando existe una condena de pena privativa de la libertad superior a cuatro años por la comisión de un delito doloso.

1. En el caso del señor González Guzmán debido a que la pena impuesta por el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila) correspondió a la privativa de la libertad de 72 meses por el punible de falso testimonio, al superar los cuatro años de que trata el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2022, la consecuencia que se generó fue la inhabilidad por disposición legal de diez años los cuales se contabilizan a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión, que en este caso fue el 30 de junio de 2010 la cual se desactivó automáticamente del sistema SIRI una vez cumplido el término señalado, esto es, el 29 de junio de 2020.

a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión, que en este caso fue el 30 de junio de 2010 la cual se desactivó automáticamente del sistema SIRI una vez cumplido el término señalado, esto es, el 29 de junio de 2020.

1. Las inhabilidades de carácter general y legal son aplicables respecto de todas las personas, independientemente de que s ean o no servidores públicos, y siempre que se cumpla el presupuesto de haber sido sancionados disciplinariamente con destitución o penalmente con interdicción de derechos y funciones pú blicas, como aconteció en el caso que nos ocupa, por lo que no es cierto como lo predica el7

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandante que la Procuraduría General de la Nación, aplicó inadecuadamente la Ley 734 de 2022 puesto que él no era sujeto disciplinari o, ya que la inhabilidad no s urgió por una sanción disciplinaria sino derivada de una condena penal impuesta por la autoridad judicial competente ante la comisión del delito de falso testimonio.

1. No es cierto como lo alude el demandante que se le vulneró su derecho al trabajo en el sector privado con ocasión a la información consignada en el certificado de antecedentes, ya que el registro de inhabilidades que allí aparezca, es un filtro utilizado por la administración pública, orientado a que solo ingresen a ella personas con la más al ta probidad y, por ende, los registros le impedirán, mientras estén

de antecedentes, ya que el registro de inhabilidades que allí aparezca, es un filtro utilizado por la administración pública, orientado a que solo ingresen a ella personas con la más al ta probidad y, por ende, los registros le impedirán, mientras estén vigentes, ocupar cargos, contratar con el Estado y ejercer funciones públicas, pero no impiden acceder a un empleo en el sector privado, por lo cual no inciden en la consecución de trabajo o en la celebración de contratos con el sector privado.

1. En lo referente a la inhabilidad para contratar con el Estado que aparecía en el certificado de antecedentes disciplinarios ordinario, es pertinente indicar que ésta se generó automáticamente porque se dieron las condiciones contenidas en el numeral 1°, literal d) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, por lo que se registró la anotación en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación desde el 30 de junio de 2010 hasta el 29 de junio de 2015, por tratarse de una inhabilidad de carácter general.

1.4. Decisión de prescindir de la audiencia inicial

Mediante auto del 9 de junio de 2022, se dispuso prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, se incorporaron las pruebas documentales aportadas por el actor y la entidad accionada, en la demanda y en la contestación y se fijó el litigio. 6

1.5. Alegatos de conclusión

1.5.1. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos:7

6 Folios 105 a 112 7 SAMAI actuación 608

1.5.1. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos:7

6 Folios 105 a 112 7 SAMAI actuación 608

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. La anotación que le aparecía al demandante en el certificado de antecedentes disciplinarios ordinario para desempeñar cargos públicos no es una sanción disciplinaria o condena penal impuesta por la Procuraduría General de la Nación sino una consecuencia legal. Esa anotación se registró en la base de datos de l órgano de control por tratarse de una inhabilidad de carácter legal, aplicable respecto de todas las personas , servidores públicos o no, que hayan sido condenad as penalmente a pena privativa de la libertad por un término mayor a cuatro años.

1. En lo referente a la inhabilidad para contratar con el Estado que aparecía en el certificado de antecedentes disciplinarios ordinario del actor, es pertinente indicar que ésta se generó automáticamente porque se di eron las condiciones contenidas en el numeral 1°, literal d) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, por lo que se registró la anotación en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación desde el 30 de junio de 2010 hasta el 29 de junio de 2015 por tratarse de una inhabilidad de carácter general.

anotación en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación desde el 30 de junio de 2010 hasta el 29 de junio de 2015 por tratarse de una inhabilidad de carácter general.

1. Dicha inhabilidad es aplicable respecto de todas las personas, sin distinción de la naturaleza del empleo que desempeñen, que hayan sido sancionad as disciplinariamente con destitución o penalmente con inte rdicción de derechos y funciones públicas, (hoy inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas), inhabilidad que no es una sanción o pena impuesta por funcionario judicial, sino una consecuencia de carácter legal que le impide a una persona contratar con el Estado, por haber sido condenada a la pena accesoria en mención.

1. Así pues, las inhabilidades de carácter general y legal son aplicables respecto de todas las personas, independientemente a que sean servidores públicos o no, y cuando se cumpla el presupuesto de haber sido sancionad as disciplinariamente con destitución o penalmente con interdicción de derechos y funciones públicas, (hoy inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas) como ocurri ó en el presente caso, por lo que no es cierto como lo predica el demandante que la Procuraduría General de la Nación aplicó inadecuadamente la Ley 734 de 2002.9

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) La inhabilidad legal antes mencionada, así como los registros de la condena

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) La inhabilidad legal antes mencionada, así como los registros de la condena penal, actualmente no son visibles en el certif icado de antecedentes ordinario, pues los diez años para la permanencia de inhabilidad contemplados en el artículo 38, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002, una vez se cumplió el término legal antes señalado, se inactivó.

1.5.2. El demandante no presentó alegatos de conclusión

2. Consideraciones

2.1. Análisis de los medios exceptivos inexistencia de la causa petendi y la «innominada o genérica».

Con respecto a la primera excepción denominada inexistencia de la causa petendi, la cual se fundamentó en que como para la fecha de contestación de la demanda la inhabilidad legal , así como los registros de la condena penal no son visibles en el certificado de antecedentes, pues los diez años para la permanencia de la inhabilidad contemplados en el artículo 38, numeral 1º de la Ley 734 de 2022, una vez se cumplió el término antes se ñalado, se inactivó, se advierte que ello no obsta para que jurisdicción de lo contencioso -administrativo examine la legalidad las decisiones acusadas por cuanto durante el lapso en que estuvieron vigentes tuvieron efectos jurídicos.

La segunda excepción, no tiene argumentación alguna y, por ello, comprende la Sala que podrá ser encausada siempre que se advierta la configuración de algún medio exceptivo de fondo.

2.2. Problema jurídico

jurídicos.

La segunda excepción, no tiene argumentación alguna y, por ello, comprende la Sala que podrá ser encausada siempre que se advierta la configuración de algún medio exceptivo de fondo.

2.2. Problema jurídico

Conforme al auto qu e prescindió de la audiencia inicial , fijó el litigio y ordenó dictar sentencia anticipada del 9 de junio de 20 228, el objeto de la controversia que se presenta en el caso sub-lite, recae en determinar si los actos administrativos acusados,

8 Folios 105 a 11210

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fueron expedidos con infracción de los artículos 6, 13, 15, 25, 29 y 83 de la Constitución Política y 4, 5, 6, 9, 13, 17, 19, 25, 38, 42, 43, 47 y 53 de la Ley 734 de 2002.

2.3. Marco Normativo

La función de registro de las sanciones penales (respecto de servidores públicos o particulares) o disciplinarias, de las inhabilidades derivadas de aquellas, de las condenas impuestas contra los servidores públicos o contra los particulares que desempeñen funciones públicas, está a cargo de la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, cuyos reportes se realizan con la información suministrada por el funcionario o la autoridad que impuso la sanción,

desempeñen funciones públicas, está a cargo de la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, cuyos reportes se realizan con la información suministrada por el funcionario o la autoridad que impuso la sanción, conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Ley 734 de 2022 que señala lo siguiente:

«Artículo 174. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía , deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes. El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1° del artículo 38 de este Código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente. La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso,

refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabil idades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro»9 (subrayado no original)

Por su parte la Resolución Interna No. 461 de 2016 identifica las clases de certificados, así:

9 Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C -1066 de 2002, en el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento11

Radicación: 11001-0325-000-2017-00760-00 (4002-2017)

Demandante: Carlos Antonio González Guzmán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Artículo 6°: Clases de Certificado. El certificado de antecedentes será de dos clases: Ordinario y Especial.

a) El certificado de antecedentes Ordinario deberá c ertificar: 1. Las sanciones ejecutoriadas impuestas por autoridad competente dentro los cinco (5) años

Ordinario y Especial.

a) El certificado de antecedentes Ordinario deberá c ertificar: 1. Las sanciones ejecutoriadas impuestas por autoridad competente dentro los cinco (5) años anteriores a su expedición, aun cuando su duración sea inferior o instantánea. 2. Las sanciones e inhabilidades que se encuentren vigentes al momento de su expedición aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años desde la ejecutoria del fallo que las impuso.

b) El certificado de antecedentes Especial deberá tener el mismo contenido del ordinario más la anotación de las inhabilidades intemporales previstas para determinados cargos en la Constitución Política y las leyes vigentes a la fecha de su expedición. El Certificado de antecedentes especial se expedirá exclusivamente para certificar la ausencia de inhabilidades cuando la Constitución Política y las leyes lo exijan como requisito para el ejercicio de funciones públicas o el desempeño de cargos debidamente regulados por la administración pública. PARÁGRAFO 1°. Transcurridos cinco (5) años contados desde la fecha de ejecutoria de la sanción, el sistema de información inactivará automáticamente el registro. PARÁGRAFO 2°. Si el término de la inhabilidad es superior a cinco (5) años, una vez se cumpla el término previsto, procederá la inactivación automática del registro […]»

2.4. Hechos probados

En el citado auto que prescindió de la audiencia inicial , fijó el litigio y ordenó dictar sentencia anticipada se incorporaron pruebas documentales aportadas por el actor y la entidad demandada, en la demanda y su contestación , de las cuales puede n acreditarse los siguientes aspectos:

sentencia anticipada se incorporaron pruebas documentales aportadas por el actor y la entidad demandada, en la demanda y su contestación , de las cuales puede n acreditarse los siguientes aspectos:

2.4.1. El 30 de junio de 2010 el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila), condenó al señor Carlos Antonio González Guzmán a la pena principal de 72 meses de prisión al hallársele autor responsable de la conducta punible de falso testimonio y lo condenó a la pena no privativa de la libertad de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual a la sanción corporal.10

2.4.2. El 14 de diciembre de 2015 el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva declaró a favor del señor Carlos Antonio González Guzmán la

10 Igualmente, dispuso que en el numeral tercero: que no había lugar a proferir condena por concepto de perjuicios materiales ni morales y en el numeral cuarto: que el sentenciado no es merecedor a los mecanismos sustitutivos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la