CE - 010325000201800009001SENTENCIA20230531145825

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Demandado: Elvira Alvarado de Bautista

Tema: Causales de revisión literales a) y b) d el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Pensión gracia, descuentos en salud

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia proferida el 2 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictad o por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 30 de junio de 2010, que accedió a las pr etensiones de la demanda presentada por Elvira Alvarado de Bautista contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)2.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

Alvarado de Bautista contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)2.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó, en ejercicio de la acción de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la revisión de la sentencia proferida el 2 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-31-009-2007-00061-01, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito

1 En lo que sigue UGPP. 2 En lo sucesivo Cajanal.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: UGPP de Bucaramanga el 30 de junio de 2010, por medio del cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Elvira Alvarado de Bautista contra Cajanal, encaminadas a la reducción al 5% de los descuentos que por concepto de salud le han realizado sobre su mesada de pensión gracia y a reintegrar a su favor las sumas correspondientes al porcentaje descontado en exceso por este concepto, esto es el 7%.

Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia d ictada por el Tribunal Administrativo de Santander el 2 de febrero de 2012, que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 30 de junio de 2010; ii) declarar la falta de l egitimación en la

fallo proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 30 de junio de 2010; ii) declarar la falta de l egitimación en la causa por pasiv a respecto de Cajanal; y iii) ordenar los descuentos en sal ud según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 sobre la mesada de la pensión gracia reconocida a Elvira Alvarado de Bautista.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Cajanal le reconoció a Elvira Alvarado de Bautista , a través de la Resolución 4627 del 31 de mayo de 1995, la pensión gracia en suma equivalente a $65.966.57, a partir del 19 de mayo de 1992, prestación que fue reliquidada, por retiro definitivo del servicio, por medio de la Resolución 29010 del 8 de octubre de 2002 y, en consecuencia, su cuantía resultó en $993.011.25, desde el 1 ° de marzo de ese año.

• Mediante la Resolución 59981 del 20 de noviembre de 2006, en cumplimiento de un fallo de tu tela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá del 21 de julio de 2005 , Cajanal reliquidó la pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales dev engados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional y, por lo tanto, su monto se elevó a $86.152.30, desde del 19 de mayo de 1992.

• Con el Oficio GN 29149 del 28 de septiembre de 2006, Cajanal le negó la

adquisición del estatus pensional y, por lo tanto, su monto se elevó a $86.152.30, desde del 19 de mayo de 1992.

• Con el Oficio GN 29149 del 28 de septiembre de 2006, Cajanal le negó la suspensión de los descuentos que se le realizaban sobre su pensión gracia.

• Elvira Alvarado de Bautista , en e jercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Cajanal con el fin de que se declarara la nulidad de l Oficio GN 29149 del 28 de 2006 y, en consecuencia, se ordenara la reducción al 5 % de los descuentos que por concepto de salud le han realizado a su mesad a pensional y a reintegrar a su favor las sumas correspondientes al porcentaje descontado en exceso por este3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: UGPP concepto, esto es el 7% , asunto que le correspondió al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga y decidido de manera favora ble por medio de la sentencia del 30 de junio de 2010, para lo cual resolvió:

«PRIMERO. DECLARESE la nulidad del oficio GN -29149 del 28 de septiembre de 2006, expedido por la Subdirección de Prestaciones Económicas - Grupo de Nómina de la Caja Nacional de Previsión Social, con fundamento en lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARESE prescrito los valores adeudados y causados con anterioridad al mes de septiembre de 2003.

de la Caja Nacional de Previsión Social, con fundamento en lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARESE prescrito los valores adeudados y causados con anterioridad al mes de septiembre de 2003.

TERCERO: ORDÉNESE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE - en liquidación - abstenerse de continuar descontando de la pensión gracia que devenga ELVIRA ALVARADO DE BAUTISTA, un porcentaje mayor al cinco (5% ) como cotización por concepto de salud.

CUARTO: A título de resta blecimiento del derecho se ordenará a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE - en liquidación -, de acuerdo con las pautas indic adas en la parte motiva, a reintegrar a ELVIRA ALVARADO DE BAUTISTA las sumas que han sido descontadas de la pensión gracia c omo cotización por concepto de salud que excedan del porcentaje del cinco (5%) sobre la mesada pensional, desde el mes de septiembre de 2003 hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, si estas se siguieron realizando, debidamente actualizadas, con la aplicación de la fórmula consignada en la p arte motiva de este proveído. Dicha liquidación deberá realizarla la entidad demandada. (…)».

• CAJANAL interpuso recurso de apelación en contra de la decisi ón anterior, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 2 de febrero de 2012.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia proferida el 2 de febrero de 2012, confirmó la providencia dic tada por el Juzgado Noveno Administrativo

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia proferida el 2 de febrero de 2012, confirmó la providencia dic tada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga en el fallo del 30 de junio de 2010, que accedió a las súplicas de la demanda.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos3:

• Elvira Alvarado de Bautista ingresó al servicio docen te con anterioridad al año 1980, lo que se deduce por el hecho de hab érsele reconocido la pensión gracia, por lo tanto, le resulta inaplicable lo dispuesto en el Decreto 1703 de 2002 y en las Leyes 812 de 2003 y 1122 de 20 07, que modificaron aspectos relac ionados

3 SAMAI, índice 38, documento ED_CUADERNO1_01ANEXOS-PRUEBASY ANEXOS(.pdf) NroActua 38, folios 333 a 347.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: UGPP con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud y se dispuso que su porcentaje fuera en la proporción determinada en la Ley 100 de 1993.

• Así las cosas, el descuento del 12,5% por concepto de salud e fectuado a la pensión gracia de aquella no tiene soporte legal.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recu rrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 4, para lo cual expuso los siguientes

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recu rrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 4, para lo cual expuso los siguientes argumentos5:

• En relación con el literal a), la orden impartida en la sentencia objeto de revisión se produjo con vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que Cajanal no se encontraba legitimada en la causa por pasiva, pues no e ra la entidad llamada a satisface r las pretensi ones de la demanda por no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para la seguridad social en salud.

• En cuanto al literal b), la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedi do al reintegro de las sumas desc ontadas por concepto de aportes a salud sobre la pens ión gracia que se concedió a

Elvira Alvarado de Bautista.

• Tales descuentos, con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se originan en lo dispuesto en los artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993, normativa que establece que son a filiados a dicho sistema los pensionados, razón por la cual, les es exigible el deber de pagar las cotizaciones en un porcentaje del 12 %; de manera que , los docentes

4 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódica s a cargo del tes oro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que imp ongan al tesoro público

fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que imp ongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de di nero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno p or conducto del Ministerio de Trab ajo y Seguridad S ocial, del Ministerio de Ha cienda y C rédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimien to sea el resultado de un a transacción o conciliación judic ial o extrajudicial. La revisión se tramitar á por el p rocedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 5 SAMAI, índice 38, documento ED_CUADERNO1_02OTROS-DEMANDA(. pdf) NroActua 38.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: UGPP beneficiarios de la pensión gracia no se encuentran excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social, puesto que no se encuentran dentro de la excepción prevista en el artículo 279 de la esa ley.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

del Sistema Integral de Seguridad Social, puesto que no se encuentran dentro de la excepción prevista en el artículo 279 de la esa ley.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Elvira Alvarado de Bautista no se pronunció en la instancia procesal.

1.4. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artícu los 20, inciso 1 , de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA6.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marzo de 20197, por tratarse d e un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a establecer lo siguiente : i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander se profirió con vulneración del debido proceso y, en consecuencia, está inmersa e n la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido exce de lo debido de acuerdo con la ley , al haberse accedido a la reducción al 5% de los descuentos que por concepto de salud le han realizado a la mesada de la pensión gracia de Elvira Alvarado de Bautista y a reintegrar a su favor las sumas correspondientes a l porcentaje descontado en exceso por este

reducción al 5% de los descuentos que por concepto de salud le han realizado a la mesada de la pensión gracia de Elvira Alvarado de Bautista y a reintegrar a su favor las sumas correspondientes a l porcentaje descontado en exceso por este concepto, esto es el 7% y, por lo tanto, se configuran los supuestos del lit eral b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisió n contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala). 7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.»6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018)

Demandante: UGPP 2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 8 de la Ley 797 de 2003 9 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimient o de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Supre ma de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las s entencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las s entencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurispru dencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuan do «el reconocimiento se haya obte nido con violació n al debido proceso», la Sala precisa que es necesario que se expong a la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen10.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del proced imiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de

8 «Artículo 20. Revisión de reconoci miento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimien to que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revi sadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus compe tencias, a solicitud del Gobierno por conduc to del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

Justicia, de acuerdo con sus compe tencias, a solicitud del Gobierno por conduc to del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La rev isión también procede cuando el re conocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraord inario de revisión por el respectivo código y podrá s olicitarse en cualquier tiempo por las causales con sagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo co n la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 9 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuad os y especiales.» 10 Consejo de Est ado, Sala 22 Espe cial de Decisión; sentencia de 5 de f ebrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: UGPP 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se

han definido los siguientes11:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proc eso y aquellos actos que

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proc eso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, d el Ministerio de Hacienda y Crédit o Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nació n y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valo r de las pensiones reconocidas en contra de lo ord enado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el deba te sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cu ando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos rela tivos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo

ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos rela tivos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con tod o, conviene recordar que el ejerci cio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron co mo una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo co n violación al debido proceso o si la cuantía reco nocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma , esto es, que «las entidades públicas pag adoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los rec onocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales.»12

11 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Se gunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicad o 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5 733-2018), M.P. R afael Francisco Suárez Varg as; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (24622017), M.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

2017), M.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: UGPP En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 13 han admitido expresamente que la UGPP est á legitimada para promover la revis ión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones . Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legiti mada para acudir ante la Corte Sup rema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las c uales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el en tendido de que el término de caduci dad de cinco años de dicho mecanismo no podrá cont abilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificad as de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.»14

incluir causales cualificad as de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.»14

2.3.2. De la pensión gracia

La Ley 114 de 1913 15 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar d e dicha prestación era necesario que el educador c umpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra p ensión o recompensa de carácter na cional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corpor ación16 señaló que «(…) el propósit o de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nac ión; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación.»

13 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

13 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 14 Consejo de Estad o, Sección Segund a, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras. 15 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 16 Consejo de Estado, Sala Plena d e lo Contencioso Administra tivo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: UGPP Posteriormente, las Leyes 116 de 1928 17 y 37 de 1933 18, en sus artículos 6 y 3, respectivamente, extendieron la pensión grac ia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de instrucción pública.

Luego, el servicio de educación oficial de primaria y secundaria que e ra prestado y financiado por los departamentos y municipios pasó a redefinirse como un servicio público a cargo de la Nación en virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 19, la cual introdujo un proceso gradual de nacionalización que culminó el 31 de diciembre de 1980 y que tenía como pro pósito equiparar las condiciones salariales y prestacionales entre los educadores del nivel territorial y los del nivel nacional.

43 de 1975 19, la cual introdujo un proceso gradual de nacionalización que culminó el 31 de diciembre de 1980 y que tenía como pro pósito equiparar las condiciones salariales y prestacionales entre los educadores del nivel territorial y los del nivel nacional.

Por su parte, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 20, además de restringir el reconocimiento del derech o a la pensión gracia a aquellos docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, dispuso la compatibilidad de esta prestación con la pensión ordinaria de jubilación, así:

«Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de l as Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o l legaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumpl an con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caj a Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible co n la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.»

Así las cosas, esta norma exceptuó la regla que impedía que la pensión gracia y la ordinaria de jub ilación fueran ambas de carácter nacional, lo qu e se permitió únicamente respecto de los docentes departamentales y municipa les que, a 31 de diciembre de 1980, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización que implantó la Ley 43 de 1975. En simila r sentido, el artículo 6 de la Ley 6 0 de 199321 dispuso:

de diciembre de 1980, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización que implantó la Ley 43 de 1975. En simila r sentido, el artículo 6 de la Ley 6 0 de 199321 dispuso:

«El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes naci onales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departam entales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vincul aciones será el reconocido por la Le y 91

17 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 18 «Por la cual se decreta el pago de una pens ión a un servidor público y sobre jub ilación de algunos empleados». 19 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especia l de Bogotá los municipios, las in tendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.» 20 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.» 21 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00009-00 (0009-2018) Demandante: UGPP de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrit al y municipal será incorporado al Fondo Nacional de

Demandante: UGPP de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrit al y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial (…).»

De otro lado, es preciso señalar que el recon ocimiento de esta prestación económica estaba a cargo de Cajanal de c onformidad con lo dispuesto en el Decreto 81 de 1976, en el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 y en el 279 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 2. En la actualidad la pe nsión gracia es asumida por la UGPP.

2.3.3. De los descuentos por co ncepto de cotización o aportes a sal ud sobre la pensión gracia

El artículo 2 22 de Ley 4 ª de 1966 estableció para los pensionados afiliados a Cajanal la obligación de realizar los aportes para financiar los servicios de salud, sin que se hubiera hecho algun a excepción para los beneficiarios d e la pensión gracia, en los siguientes términos:

«Artículo 2º. Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión Social cotizarán con destino a la misma, así: a) C on la tercera parte del primer suel do y de todo aumento, como cuota de afiliación, y b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes. Parágrafo. Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por ciento (5%) de su mesada pensional.»

afiliación, y b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes. Parágrafo. Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco p