CE - 010325000201800933001SENTENCIA20231017114249

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: José Vicente Dueñas Moreno

Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________ Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del CPACA, aplicables por remisión expresa del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala procede a decidir de fondo la acción especial de revisión de la referencia.

1. Antecedentes 1.1. La acción de revisión 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP, por conducto de apoderad o judicial, solicitó infirmar la sentencia del 31 de octubre de 2011 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Tunja (Boyacá) , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

del 31 de octubre de 2011 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Tunja (Boyacá) , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001 33 31 011 2008 000 83 00, mediante la cual ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor José Vicente Dueñas Moreno con el 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales por él percibidos, a partir del 4 de abril de 2006.

1 En adelante UGPP.2

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP Como consecuencia de lo anterior, la entidad pidió reliquidar la mesada pensional del accionado conforme a las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU 395 de 2017, SU -631 de 2017, T -039 de 2018 y a los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017, todos emitidos por la Corte Constitucional, ajustando el ingreso base de liquidación a las directrices fijadas en los artículos 21 o 36, numeral 3.º, de la Ley 100 de 1993, con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, debidamente cotizados.

De igual modo, solicitó ordenar al accionado reintegrar todas las sumas pagadas en exceso, debidamente indexadas. 1.1.2. Hechos El apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

De igual modo, solicitó ordenar al accionado reintegrar todas las sumas pagadas en exceso, debidamente indexadas. 1.1.2. Hechos El apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes: i) El 4 de abril de 1951, nació el señor José Vicente Dueñas Moreno. ii) Entre el 16 de mayo de 1974 y el 27 de diciembre de 2007, el demandado prestó sus servicios para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Por tal motivo, acreditó un total de 12.102 días laborados, correspondientes a 1.728 semanas cotizadas. iii) El 29 de septiembre de 2006 , la extinta Cajanal expidió la Resolución 51243, por la cual reconoció al señor Dueñas Moreno una pensión de vejez equivalente a $ 1’048.405,07 COP, efectiva a partir del 4 de abril de 2006. La prestación fue otorgada de manera condicionada hasta que el beneficiario demostrara su retiro del servicio. iv) El 15 de diciembre de 2008 , mediante la Resolución 60689, la extinta Cajanal reliquidó la pensión del interesado, y elevó su cuantía a $ 1’171.245,80 COP, efectiva a partir del 28 de diciembre de 2007 , « pero condicionada a que el interesado demostrara el retiro definitivo del servicio». v) Inconforme con lo anterior, el señor José Vicente interpuso demanda de acción de nulidad y restablecimien to del derecho en contra de la Resolución 512433

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018)

Demandante: UGPP

acción de nulidad y restablecimien to del derecho en contra de la Resolución 512433

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP del 29 de septiembre de 2008, la cual fue decidida e l 31 de octubre de 2011 , por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Tunja (Boyacá). vi) El 15 de abril de 2013, la UGPP expidió la Resolución RDP 16848, por la cual se dio cumplimiento a la decisión judicial aludida, y reliquidó la pensión de jubilación del señor José Vicente Dueñas Moreno en la suma de $ 2’337.493 COP, efectiva a partir del 28 de diciembre de 2007. vii) El 6 de mayo de 2016, la mencion ada entidad emitió la Resolución 018182, a través de la que modificó el artículo séptimo de la Resolución RDP 16848 del 15 de abril de 2013, referente al pago de la indexación ordenada en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y sobre los in tereses moratorios en virtud del artículo 177 ibidem. 1.1.3. La sentencia objeto de revisión El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Tunja (Boyacá) expidió la sentencia del 31 de octubre de 2011, por la cual se declaró la nulidad de la Resolución 51243 del 29 de septiembre de 2006, emitida por Cajanal y, a título de restablecimiento, ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor José Vicente Dueñas Moreno con el 75 % del promedio mensual de todos los factores

Resolución 51243 del 29 de septiembre de 2006, emitida por Cajanal y, a título de restablecimiento, ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor José Vicente Dueñas Moreno con el 75 % del promedio mensual de todos los factores devengados durante el año anterior al retiro del servicio , y con la inclusión de los siguientes emolumentos: sueldo bási co; auxilio de alimentación ; subsidio de transporte; las primas de navidad, de vacaciones y de servicios ; y las vacaciones, con efectos fiscales a partir del 4 de abril de 2006. Para efectos de lo anterior, el a quo se basó en lo expuesto en la sentencia d e unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. 1.2. Las causales de revisión invocadas El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 79 7 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se4

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP desconoció el dere cho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 –inciso 2.º– y 124 de la Constitución Política.

principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 –inciso 2.º– y 124 de la Constitución Política.

1. En el expediente se acreditó que el señor José Vicente Dueñas Moreno es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, conforme al inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por estas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación , la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado dur ante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación del

DANE. En igual sentido , lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias C168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018, las cuales constituyen precedente obligatorio.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la prestación que percibe el demandado , comoquiera que, se insiste, él adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de la citada norma.

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la pensión devengada por el señor José Vicente Dueñas Moreno se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para tal fin, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.5

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP 1.3. Contestación a la acción especial de revisión La abogada Helena Salazar Casas (qui en obra como curadora ad litem del señor José Vicente Dueñas Moreno), contestó la demanda de revisión de la referencia y se opuso a su prosperidad, conforme a los siguientes argumentos: i) Salvo la Sentencia C -168 de 1995, las demás providencias invocadas no son aplicables al caso concreto del accionado, ya que fueron expedidas con posterioridad al fallo objeto de revisió n. Además, las emitidas dentro de acciones de tutela solo tienen efectos inter partes. ii) Por su parte, las Sentencias SU -427 de 2016 y SU -631 de 2017 únicamente

posterioridad al fallo objeto de revisió n. Además, las emitidas dentro de acciones de tutela solo tienen efectos inter partes. ii) Por su parte, las Sentencias SU -427 de 2016 y SU -631 de 2017 únicamente permiten a la UGPP acudir a la revisión de las sentencias proferidas antes del 12 de junio de 2013, siempre y cuando «se crea o exista abuso del derecho» , caso que no ocurre en el asunto de la referencia. iii) Por último , propuso la «excepción previa » que denominó «incertidumbre en relación con la existencia del demandado», ya que por la edad del señor José Vicente Dueñas Moreno y debido a la Pandemia del COVID 19, es importa nte establecer si el accionado fue una de las víctimas fatales de dicho virus y si su pensión aún se encuentra vigente. 1.4. Concepto del Ministerio Público El procurador delegado ante la Sección Segunda del Consejo de Estado no se pronunció.

2. Consideraciones 2.1. Cuestión previa Como se adujo en precedencia, la curadora ad litem del señor José Vicente Dueñas Moreno puso en duda si su representado aún se encontraba con vida después de la Pandemia del COVID 19 y si la pensión objeto de revisión todavía estaba vigente.6

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP Para tal fin, mediante el auto del 1.º de junio de los corrientes, el magistrado ponente ordenó requerir a la UGPP para que informara al despacho si la pensión reconocida al señor Dueñas Moreno aún estaba activa.

En cumplimiento de lo anterior, la apoderada de la UGPP, mediante memorial visible

ordenó requerir a la UGPP para que informara al despacho si la pensión reconocida al señor Dueñas Moreno aún estaba activa. En cumplimiento de lo anterior, la apoderada de la UGPP, mediante memorial visible en el índice 68, certificó que, en efecto, la referida prestación se sigue cancelando en favor del accionado. Por tal motivo, se seguirá adelante con la sentencia que decida de fondo el litigio de la referencia. 2.2. Competencia Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobiern o por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».2 Así mismo, es oportuno señalar que , de conformidad a los artículos 6.º –numeral 6– del Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU -427 de 2016. De igual modo, y a pesar de que la providencia objeto de revisión fue proferida por un juzgado administrativo, se advierte que la acción especial de revisión que hoy

de 2016. De igual modo, y a pesar de que la providencia objeto de revisión fue proferida por un juzgado administrativo, se advierte que la acción especial de revisión que hoy ocupa la atención de la Sala se interpuso con anterioridad a la expedición de la Ley 2080 de 2021, 3 por lo tanto, es dable concluir, tal y como se indicó en el auto

2 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 3 Sobre este punto, conviene indicar que el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021 adicionó el artículo 249 del CPACA, en el sentido de establecer que las reglas de competencia allí establecidas también7

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP admisorio del 19 de junio de 2019, 4 que la competencia para su resolución recae de manera exclusiva en el Consejo de Estado. 2.3. Oportunidad El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».

A su turno, la Corte Constitucional –en la Sentencia SU -427 de 2016 – habilitó y extendió el término para interponer la demanda de revisión cuando el recurrente es la UGPP, así:

A su turno, la Corte Constitucional –en la Sentencia SU -427 de 2016 – habilitó y extendió el término para interponer la demanda de revisión cuando el recurrente es la UGPP, así: Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal. (Se resalta)

Dicho de otro modo, cuando el accionante en revisión sea la UGPP, y la sentencia haya quedado ejecutoriada antes de que dicha entidad asumiera sus funciones como sucesora procesal de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, el término de los 5 años para interponer la demanda deberá contabilizarse, en todo caso, a partir del 12 de junio de 2013 y hasta el 12 de junio de 2018.

Por tal motivo, y comoquiera que , en el asunto sub judice, la sentencia impugnada data del 31 de octubre de 2011 , la cual se notificó por edicto el 9 de noviembre de ese año y quedó en firme el 15 de noviembre siguiente ,5 –es decir, antes d el 12 de junio de 2013–, y la acción especial de revisión se presentó el 8 de junio de 2018, es

ese año y quedó en firme el 15 de noviembre siguiente ,5 –es decir, antes d el 12 de junio de 2013–, y la acción especial de revisión se presentó el 8 de junio de 2018, es dable concluir que se interpuso dentro de la oportunidad legal.

aplican para conocer de las solicitudes de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, reguladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por tal motivo, y a partir del 25 de enero de 2022 (en atención del artículo 86 de la mencionada Ley 2080), las acciones de revisión incoadas contra l as providencias emitidas por los juzgados administrativos deberán ser resultas por los tribunales administrativos, y no por el Consejo de Estado. 4 Folios 296 al 299 del expediente. 5 Folio 291 del cuaderno 2, perteneciente al expediente 15001 33 31 011 20 08 0083 00, allegado en calidad de préstamo.8

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP 2.4. El problema jurídico Consiste en establecer si la sentencia del 31 de octubre de 2011, proferida por el Juzgado Seg undo Administrativo de Descongestión de Tunja (Boyacá), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001 33 31 011 2008 00083 00, está inmersa en las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite acudir a la acción especial de revisión «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «[c]uando la

la Ley 797 de 2003 , que permite acudir a la acción especial de revisión «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 2.5. Marco normativo 2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003 El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos: ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOC IMIENTO DE SUMAS PER IÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturale za podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralo r General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso

República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.9

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del CPACA, lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes: i) Son susceptibles del recurso no sol o las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público –, del contralor General de la

actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público –, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que conceden las pensiones. iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la l ey, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita analizar de nuevo sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde, respectivamente. v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos rel ativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.10

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzg ada y la seguridad jurídica, pero,

Demandante: UGPP Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzg ada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía r econocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde reiter ó6 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, 7 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada ad mite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.5.2. Alcance de las causales de revisión Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales , las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente

6 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente

6 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acci ón de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisi ón judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 7 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, art ículo 192; y (iv) En materia contencioso -administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoContencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.11

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP o por montos que no corresponden a la ley . Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensio nes irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».8

Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación ha señalado que la finalidad de l a norma trascrita consiste en dotar « a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».9 Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».10 Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere

2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención. Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan pla ntear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

8 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV). 9 Ibidem. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014 00845 00 (2743-13).12

Radicación: 11001 03 25 000 2018 00933 00 (3179-2018) Demandante: UGPP 2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Mediante la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,11 la Sala Plena de lo

por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Mediante la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,11 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las siguientes reglas:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre consideraciones, la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe d arse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de

1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplic ación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en l