CE - 010325000201801167001SENTENCIA20231017153724

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Título
CE - 010325000201801167001SENTENCIA20231017153724
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandados: José Adonay Salazar Useche Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación. Bonificación por recreación _____________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, del 31 de agosto de 2017, a través de la cual se modificó el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, el 30 de junio de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial, solicitó infirmar la sentencia d el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, del 31 de agosto de 2017, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 54 001 33 33 004 2012 00143 01.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 31 de agosto de 2017; ii) declarar que el señor José Adonay Salazar Useche no es acreedor de un derecho adquirido amparable por2

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018) Demandante: UGPP la legislación colombiana ; iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional1 y por el Consejo de Estado; 2 y iv) subsidiariamente, ordenar la exclusión de la bonificación por recreación, dado que no constituye factor salarial.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

subsidiariamente, ordenar la exclusión de la bonificación por recreación, dado que no constituye factor salarial. 1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

  1. El 3 de junio de 1 951, nació el señor José Adonay Salazar Useche. Prestó sus

servicios en los siguientes períodos y entidades:

  • Desde el 1.° de mayo de 197 4 hasta el 30 de septiembre de 19 77, en el Ministerio de Salud. - Desde el 1.° de enero de 1966 hasta el 31 de agosto de 1997, en el Instituto de Salud de Norte de Santander y como último cargo ocupó el de técnico de saneamiento. ii) El 18 de marzo de 200 8, a través de la Resolución 12400, la Caja Nacional de Previsión Social ( CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación al señor Salazar Useche, en cuantía de $ 572.066,58, a partir del 3 de junio de 2006. Para tal efecto, la entidad tomó una tasa de reemplazo del 75 % sobre el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, esto es, entre el 1.° de septiembre de 1987 y el 31 de agosto de 1997.
  1. El 25 de mayo de 2 012, a través de la Resolución RDP 003053 la UGPP negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación del causante teniendo en cuenta la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, en los términos del Decreto 1045 de 1978. Aquel acto fue confirmado por la Resolución RDP

inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, en los términos del Decreto 1045 de 1978. Aquel acto fue confirmado por la Resolución RDP 014132 del 31 de octubre de 2012.

1 La entidad recurrente cita las Sentencias C-168 de 1995, C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017 y SU -631 de 2017 y en los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017. 2 La entidad recurrente cita la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.3

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018) Demandante: UGPP iv) El 30 de junio de 20 15, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:3

[…] TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto desencadenado del silencio administrativo de la UGPP, con ocasión a la solicitud elevada el día 23 de marzo de 2012, que negó la reliquidación de la pensión mensual vitalicia de vejez al señor JOSE ADONAY SALAZAR USECHE, por las circunstancias mencionadas en la presente decisión.

CUARTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

SALAZAR USECHE, por las circunstancias mencionadas en la presente decisión.

CUARTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, a expedir un nuevo acto administrativo de reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor JOSE ADONAY SALAZAR USECHE, identificado con la C.C. N° 10.159.812, incluyendo los factores salariales devengados durante los últimos diez años de servicio laborados comprendidos entre el 1.° de agosto de 1996 al 1.° de agosto de 1997, los cuales son la (sic) primas de navidad, prima de servicios, pr ima de vacaciones, vacaciones, bonificación por servicios, bonificación por recreación, subsidio de transporte, auxilio de alimentación, de conformidad con lo previamente expuesto.

QUINTO: ORDENAR el pago de las diferencias pensionales dejadas de devengar desde la fecha 23 de marzo de 2009 hasta inclusive la ejecutoria de la sentencia y las que se generen a futuro como consecuencia de la reliquidación de la base pensional.

SEXTO: DECLARAR probada la excepción propuesta por la UGPP de “PRESCRIPCIÓN” pero del pago de las mesadas o acreencias pensionales causadas con anterioridad al 23 de marzo de 2009.

[…] DÉCIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. […]. (Resaltado y comillas originales del texto).

  1. El 22 de julio de 2015, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, emitió auto

parte motiva del presente proveído. […]. (Resaltado y comillas originales del texto).

  1. El 22 de julio de 2015, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, emitió auto mediante el cual aclaró el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, así:4

PRIMERO: ACLARAR el numeral cuarto de la providencia de fecha 30 de junio de 2015, en el sentido de que la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor JOSE ADONAY SALAZAR USECHE identificado con C.C. No. 10.159.812, se realizará con inclusión de todos los factores salariales devengados durante su último año de servicios, el cual comprendió desde el 1 de agosto de 1996 al 1 de agosto de 1997, y no por e l periodo señalado en la prenombrada decisión, en donde se dejó consignado “ durante los últimos diez años de servidos laborados", por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

  1. El 31 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, en los siguientes términos:5

3 Folios 129 al 138 del cuaderno 1 del proceso ordinario. 4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índica 30 de la plataforma SAMAI. 5 Folios 139 al 144 del cuaderno 1 del proceso ordinario.4

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018)

Demandante: UGPP

5 Folios 139 al 144 del cuaderno 1 del proceso ordinario.4

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018)

Demandante: UGPP

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia de fecha 30 de junio de 2015, aclarada mediante auto del 22 de julio de ese mismo año, emanada del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por el señor JOSE ADONAY SALAZAR USECHE en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“SEGUNDO (sic): A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, a realizar una nueva liquidación de la pensión mensua l de jubilación reconocida al señor JOSE ADONAY SALAZAR USECHE, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.159.812, mediante la Resolución 12400 del 18 de marzo de 2008, la cual debe ser reconocida a partir del 3 de junio de 2006, con indexación de la primera mesada pensional, y liquidada con fundamento en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de prestación de servicios, (del 31 de agosto de 1996 a 31 de agosto de 1997), con la inclusión de todos los

salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de prestación de servicios, (del 31 de agosto de 1996 a 31 de agosto de 1997), con la inclusión de todos los factores percibidos, tal y como se acredita en las certificaciones de factores salariales que obran en folios 22 a 32 y 239 a 248 del expediente, como lo son: asignación básica mensual, prima de navidad, prima de servicio, prima de vacaciones, vacaciones, bonificación por servicios, bonificación por recreación, subsidio de transporte y subsidio de alimentación , liquidando los denominados bonificación por servicios, bonificación por recreación, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicio y vacaciones en doceavas (1/12) partes, atendiendo a que estos factores se pagan de manera anual, actualizados a la fecha de la presente sentencia, descontándole los aportes que no haya realizado la parte demandante.

[…] A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP a cancelar al señor JOSE ADONAY SALAZAR USECHE, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.159.812, las diferencias que existen entre lo debido y lo efectivamente pagado por concepto de la citada prestación, sumas que se pagarán desde el 23 de marzo de 2009, debidamente indexadas conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, según la fórmula señalada en la parte motiva de la presente providencia, realizando los respectivos descuentos correspondientes a los aportes no efectuados”. […] (Resaltado, cursiva y comillas originales del texto).

el artículo 187 del CPACA, según la fórmula señalada en la parte motiva de la presente providencia, realizando los respectivos descuentos correspondientes a los aportes no efectuados”. […] (Resaltado, cursiva y comillas originales del texto).

  1. El 8 de septiembre de 2017, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo de Norte de Santander.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander , el 31 de agosto de 201 7, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, el 30 de junio de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones d e la5

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018) Demandante: UGPP demanda presentada por el señor José Adonay Salazar Useche contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:6

  1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, 7 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario debían incluirse, en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.
  1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su

servicio.

  1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
  1. Se acreditó que el demandante tiene derecho a la aplicación del régimen de transición referido, de manera que en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio comprendido entre el 31 de agosto de 1996 a 31 de agosto de 1997 , a saber: asignación básica mensual, primas de navidad, de servicio, de vacaciones, vacaciones, bonificaciones por servicios y por recreación, y subsidios de transporte y de alimentación. Las bonificaciones por servicios y por recreación y las primas de vacaciones, de navidad, de servicio y las vacaciones deben liquidarse en doceavas partes, atendiendo a que se pagan de manera anual.
  1. En ese orden, se impone confirmar parcialmente la sentencia emitida en primera instancia, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al demandante, con efectos fiscales desde el 23 de marzo de 2009, por prescripción trienal, en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio.

De otro lado, se modifica el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia apelada, en el entendido de precisar que los factores, percibidos de forma anual, denominados bonificaciones por servicios y por recreación y las primas de vacaciones,

De otro lado, se modifica el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia apelada, en el entendido de precisar que los factores, percibidos de forma anual, denominados bonificaciones por servicios y por recreación y las primas de vacaciones, de navidad, de servicio y vacaciones, deben liquidarse en una doceava parte.

6 Folios 139 al 144 del cuaderno 1 del proceso ordinario. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).6

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018)

Demandante: UGPP

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó la s causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta s, expuso los siguientes argumentos:

  1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
  1. En el expediente se acreditó que el señor Salazar Useche es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende el régimen

123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

  1. En el expediente se acreditó que el señor Salazar Useche es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el período si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE.8

  1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe el demandado, comoquiera que, se insiste, adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.

8 La entidad recurrente manifiesta que la Corte Constitucional, en igual sentido, lo ha señalado en

adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.

8 La entidad recurrente manifiesta que la Corte Constitucional, en igual sentido, lo ha señalado en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, las cuales constituyen precedente obligatorio.7

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018) Demandante: UGPP iv) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada por el señor Salazar Useche se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor José Adonay Salazar Useche, por intermedio de apoderado , se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:9

  1. Las causales invocadas por la UGPP resultan infundadas toda vez que la sentencia ejecutoriada del Tribunal Administrativo de Norte de Santander se profirió en armonía con la normativa y la jurisprudencia vigentes. En consecuencia, está protegida por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y confianza legítima, razón por la cual no existe ningún motivo para que se admita su análisis o modificación.
  1. Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el

existe ningún motivo para que se admita su análisis o modificación.

  1. Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los que ha operado la cosa juzgada pues estos resultan inmodificables. Así mismo, cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida corporación, no puede considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.10 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente

9 Índice 25 visible en la plataforma SAMAI. 10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».8

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018) Demandante: UGPP para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.11

Demandante: UGPP para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.11

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p úblico o a fondos de naturaleza p ública la obligaci ón de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».

Finalmente, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 8 de septiembre de 201712 y la acción especial de revisión se interpuso el 30 de julio de 2018,13 por lo que es dable concluir

la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 8 de septiembre de 201712 y la acción especial de revisión se interpuso el 30 de julio de 2018,13 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, del 31 de agosto de 2017, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención cole ctiva que le eran legalmente

11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 12 Expediente digital del proceso ordinario visible a índica 30 de la plataforma SAMAI. 13 Folio 182 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.9

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018)

Demandante: UGPP aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOC IMIENTO DE SUMAS PER IÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Púb lico, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de rev isión

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de rev isión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

  1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación periódica.
  1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,10

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018) Demandante: UGPP del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

  1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la prot ección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad

contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la prot ección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

  1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita rea brir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
  1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,15 procede contra sentencias

14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,15 procede contra sentencias

14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 15 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimie nto Civil, los11

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01167-00 (4043-2018) Demandante: UGPP ejecutoriadas «buscando esencialment

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