CE - 010325000201801216001SENTENCIA20231026151906

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Nidya González de Nates Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, del 14 de junio de 201 7, a través de la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Cali, el 30 de noviembre de 2015, que había negado las pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder parcialmente a ellas.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), por conducto de apoderad a judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del del Valle del Cauca, del 14 de junio de 2017, a través de la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Cali, el 30 de noviembre de 2015, que había negado las pretensiones de la demanda formulada por la señora Nidya González de Nates contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 76 109 33 33 009 2015 00001 01.2

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que la señora Nidya González de Nates , en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparado por la legislación colombiana ; y ii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.1

1.1.2. Hechos

la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.1

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente, señaló los siguientes:

1. El 27 de noviembre de 1948, nació la señora Nidya González de Nates . Prestó sus servicios en los siguientes períodos y entidades:

• Desde el 26 de agosto de 1970 hasta el 28 de agosto de 1981 y desde el 31 de agosto de 1981 hasta el 31 de diciembre de 2002, en la Gobernación del Valle del Cauca. Tuvo interrupciones en las fechas de 22 de octubre de 1976, entre el 26 y el 29 de agosto de 1980 y el 11 y 25 de junio de 1981. - Desde el 1.° de enero de 2003 hasta el 26 de julio de 2010, en el municipio de Cali, ocupando como último cargo el de profesional universitario.

1. El 13 de marzo de 2012, a través de la Resolución UGM 038218 la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada en cuantía de $ 1.744.455, a partir del 1.° de agosto de 2010. Para tal efecto, se tomó una tasa de reemplazo del 85 % del promedio devengado en tre el 1.° de agosto de 2000 y el 30 de julio de 2010, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y con el Decreto 1158 de 1994.

1.° de agosto de 2000 y el 30 de julio de 2010, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y con el Decreto 1158 de 1994.

1. El 2 de diciembre de 2013, CAJANAL emitió la Resolución RDP 054728 en la que negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy demandada,

1 La entidad demandante cita las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y T-039 de 2018 y los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017 . Folio 1 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.3

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP en la que pretendía la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

1. El 6 de octubre de 2014, mediante la Resolución RDP 030402 la UGPP reliquidó la pensión de jubilación de la señora González de Nates, a partir del 1.° de agosto de 2010, con efectos fiscales desde el 19 de junio de 2014, por prescripción trienal, en el equivalente al 85 % del promedio de lo devengado entre el 1.° de agosto de 2000 y el 30 de julio de 2010, de conformidad con los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993. En esa medida, se elevó la cuantía de la prestación en la suma de

y el 30 de julio de 2010, de conformidad con los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993. En esa medida, se elevó la cuantía de la prestación en la suma de $2.424.312.

Aquel acto fue modificado por medio de la Resolución RDP 036707 del 3 de diciembre de 2014, en el entendido de reliquidar la prestación en la suma de $2.424.312, a partir del 1.° de agosto de 2010.

1. El 30 de noviembre de 2015, el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Cali, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Nidya González de Nates contra la UGPP. En ese orden, resolvió acoger los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-230 de 2015, e igualmente señaló:2

Aquí, debe decirse que si bien es cierto la señora NID YA GONZÁLEZ DE NATES, es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la entidad accionada reconoció su pensión de vejez, teniendo en cuenta la norma más favorable, a saber los artículos 33 y 34 ibidem , calculando el monto con base en el 85 % del promedio de lo devengado en el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2000 y el 30 de julio de

2010. En cuanto al ingreso base de liquidación, se advierte que se incluyeron como factores salariales: la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados, es decir, que la parte accionada al momento de calcular el ingreso

2010. En cuanto al ingreso base de liquidación, se advierte que se incluyeron como factores salariales: la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados, es decir, que la parte accionada al momento de calcular el ingreso base de liquidación, aplicó las prescri pciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

1. El 14 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la providencia expedida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Cali, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:3

2 Folios 254 al 259. 3 Folios 260 al 274.4

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. 242 del 30 de noviembre de 2015, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. UGM 038218 del 13 de marzo de 2012; la nulidad de la Resolución No. RDP 054728 del 2 de diciembre de 2013; la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 030402 del 6 de octubre de 2014; y la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 036707 del 3 de diciembre de 2014.

la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 030402 del 6 de octubre de 2014; y la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 036707 del 3 de diciembre de 2014.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP que reliquide la pensión de la señora NIDYA GONZALEZ DE NATES, con el 75% de los factores que comportan salario devengados durante el último año de servicios -26 de julio de 2009 al 26 de julio de 2010-, incluyendo el salario básico, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima técnica, la prima de vacaciones y la prima de navidad, de conformidad con el certificado de salarios allegado con la demanda visible a folio 39 del cuaderno principal, cancelando las diferencias pensionales generadas a partir del 27 de julio de 2010, advirtiendo que de dicha reliquidación no se puede obtener un menor valor a lo que actualmente recibe la actora como mesada pensional.

[…] QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada que realice el descuento de los aportes cuya inclusión se ordena en esta providencia y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.

[…] OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado original del texto).

1. El 4 de julio de 2017, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca.

1. El 18 de octubre de 2017, la UGPP expidió la Resolución RDP 039377 a través de la cual dio cumplimiento a la referida providencia. Aquel acto fue confirmado por la

Administrativo del Valle del Cauca.

1. El 18 de octubre de 2017, la UGPP expidió la Resolución RDP 039377 a través de la cual dio cumplimiento a la referida providencia. Aquel acto fue confirmado por la Resolución RDP 043587 de 2017.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de l Valle del Cau ca, el 14 de junio de 20 17,4 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la providencia expedida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Cali , el 30 de noviembre de 2015, que había negado las pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder parcialmente a ellas, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. El a quo resolvió negar las pretensiones de la demanda con fundamento en la postura sentada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-230 de 2015, según

4 Folios 260 al 274.5

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP la cual el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, se determina en los términos del inciso 3.° del artículo 36 ibidem.

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como

de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de progresividad y de favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en la Sentencia SU-230 de 2015, emitida por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985. iii) En atención a la referida providencia de unificación , a los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicárseles en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

1. En el sub lite se acreditó que la demandante es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque la fecha de su entrada en vigencia tenía 45 años de edad. En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio, comprendido entre el 26 de julio de 2009 y el 26 de julio de 2010.

1. No se configura la excepción de prescripción extintiva del derecho porque el acto administrativo de reconocimiento de la pensión se expidió el 13 de marzo de 2012, la solicitud de reliquidación pensional se presentó el día 13 de noviembre de 2013

1. No se configura la excepción de prescripción extintiva del derecho porque el acto administrativo de reconocimiento de la pensión se expidió el 13 de marzo de 2012, la solicitud de reliquidación pensional se presentó el día 13 de noviembre de 2013 y el último acto administrativo impugnado se profirió el 3 de diciembre de 2014, para finalmente, interponerse la demanda el día 13 de enero de 2015.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).6

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP vi) En ese orden, se impone revocar la sentencia apelada, y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las siguientes Resoluciones: a. UGM 038218 del 13 de marzo de 2013 (nulidad parcial); b.

RDP 054728 del 2 de diciembre de 2013; c. RDP 030402 del 6 de octubre de 2014 (nulidad parcial); y d. RDP 036707 del 3 de diciembre de 2014 (nulidad parcial).

A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación de la demandante, en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 26 de julio de 2009 y el 26 de julio de 2010, con la inclusión de la asignación básica, la

salario promedio devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 26 de julio de 2009 y el 26 de julio de 2010, con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y las primas de servicios, técnica, de vacaciones y de navidad.

La UGPP debe descontar los aportes correspondientes sobre los factores salariales respecto de los cuales no se hubiere realizado la deducción.

1.2. Las causales de revisión invocadas La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est as, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

1. En el expediente se acreditó que la señora González de Nates es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, le es aplicable la Ley 33 de 1985.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al7

1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al7

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional,6 criterio que constituye precedente obligatorio.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoquiera que, se insiste, adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma. iv) La mesada pensional devengada por la señora González de Nates se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la

gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.7

2. Consideraciones

2.1. Competencia

6 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018. 7 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que l a señora Nidya González de Nates, guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 29 de marzo de 202 3, la Secretaría de esta corporación, en cumplimiento del auto del 9 del mismo mes y año, notificó personalmente, por medios electrónicos, a la demandada el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP; visible a índice 40 de la plataforma SAMAI.8

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el

al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9

Por su parte, de igual manera , de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr édito P úblico, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».10

Así mismo , conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos

Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse

8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 10 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.9

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 4 de julio de 201711 y la acción especial de revisión se interpuso el 10 de agosto de 2018,12 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo d el Valle del

dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca, del 14 de junio de 2017, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del

obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

11 Consta en el expediente digital del proceso ordinario que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las partes el 28 de junio de 20 17, visible a índices 23 y 24 de la plataforma SAMAI, de manera que cobró ejecutoria el 4 de julio del mismo. 12 Folio 320 reverso.10

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación periódica.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación d e aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido

sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación d e aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.11

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018)

Demandante: UGPP

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,14 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso

material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 14 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimiento Civil, los

artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 d e 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.12

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01216-00 (4186-2018) Demandante: UGPP Además de las ca