CE - 010325000201900643001SENTENCIA20230516090130

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019)

Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Tema: Causal 2ª del artículo 250 del CPACA

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado judicial del señor Román Darío Roldán Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, del 15 de marzo de 2019, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el 23 de noviembre de 2015, que había negado las pretensiones de la demanda, en el proceso de radicado 05001 33 33 023 2014 01596 01.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la

023 2014 01596 01.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el señor Román Darío Roldán Rodríguez, mediante apoderado, solicitó la revisión de la s entencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, del 15 de marzo de 2019,1 con el fin de obtener su revocatoria.

1 A través de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida el 23 de noviembre de 2015, por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín.2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019)

Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez

1.1.2. Hechos2

Como hechos relevantes, el apoderado del recurrente señaló los siguientes:

1. El 24 de enero de 1955, nació el señor Román Darío Roldán Rodríguez.

1. El señor Roldán Rodríguez laboró en los siguientes períodos e instituciones

educativas:

• Desde el 14 de mayo de 1980 hasta el 31 de marzo de 1993, en las Escuelas Laguna Colorada, Murciélago y Manuel Qui ntín Lame, ubicadas en el municipio de Barranco Minas, en el departamento de Guainí a, conforme consta en el formato único emitido por la FIDUPREVISORA. - Desde el 19 de abril de 1993 hasta el 7 de marzo de 1996, en la Institución

municipio de Barranco Minas, en el departamento de Guainí a, conforme consta en el formato único emitido por la FIDUPREVISORA. - Desde el 19 de abril de 1993 hasta el 7 de marzo de 1996, en la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, como consecuencia del nombramiento realizado por el municipio de Ituango, Antioquia. - Hasta el 19 de septiembre de 2000, en la Institución Núcleo Educativo 0813 en el municipio de Ituango, Antioquia. - Hasta el 30 de marzo de 2007, en la Institución Núcleo Educativo 627 en el municipio de Ituango, Antioquia.

En consecuencia, acreditó más de 20 años de servicio en la docencia oficial territorial – departamental.

1. El 24 de agosto de 2006, CAJANAL expidió la Resolución UGM 42262 por medio de la cual negó al señor Roldán Rodríguez el reconocimiento y pago de una pensión gracia, luego de concluir que no demostró 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión , mediante sentencia del 15 de marzo de 20193 confirmó la providencia del Juzgado Veintitrés

2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite. 3 Folios 130 al 136 del cuaderno del proceso ordinario.3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019)

Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez

acápite. 3 Folios 130 al 136 del cuaderno del proceso ordinario.3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019) Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez Administrativo Oral de Medellín del 23 de noviembre de 2015, que había negado las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2014 01596 01, promovido por el señor Roldán Rodríguez contra la UGPP, en

atención a los siguientes fundamentos jurídicos:

1. Del análisis de las normas que regulan la pensión gracia, entre ellas las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, y de la interpretación que ha realizado el Consejo de Estado, se concluye que aquella prestación se causa únicamente a favor de los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.

1. Se acreditó que a. mediante Resolución 0807 del 29 de marzo de 1993 se hizo un «nombramiento de Directivo Docente nacionalizado»; y b. la vinculación del demandante desde el 5 de marzo de 1980 hasta el 31 de marzo de 1993 fue de carácter nacional, comoquiera que la manera i dónea de probar la prestación del servicio es el acto administrativo de nombramiento y posesión, para lo cual se aportó el nombramiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 07667 del 14 de mayo de 1980.

Así las cosa s, se concluye que aquel período no es computable porque la

el nombramiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 07667 del 14 de mayo de 1980.

Así las cosa s, se concluye que aquel período no es computable porque la vinculación territorial o nacionalizada debe darse hasta el 31 de diciembre de 1980, es decir, «solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes de 1981 en instituciones territ oriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio de carácter nacional ». (Resaltado original del texto).

1. Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, en el entendido que el actor no reúne los requisitos para ser beneficiario de una pensión gracia.

1.1.4. La causal de revisión invocada4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019) Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez El apoderado de la parte recurrente invocó la causal segunda del artículo 250 del CPACA, que señala «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados» y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:

1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, desconoció que el período laborado por el señor Roldán Rodríguez en el municipio de Barrancominas, en el departamento de Guainía , no puede ser considerado como tiempo nacional porque, por un lado, para esa data no se había promulgado la Ley 91 de 1989 y por el otro, el servicio lo prestó bajo la vigencia de la Ley 43 de 1975, «que nacionalizó la educación». Así mismo, omitió pronunciarse sobre la pretensión

91 de 1989 y por el otro, el servicio lo prestó bajo la vigencia de la Ley 43 de 1975, «que nacionalizó la educación». Así mismo, omitió pronunciarse sobre la pretensión de inaplicación del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

1. En sede administrativa la UGPP señaló que el servici o prestado para el hoy recurrente para el año 1980, era de carácter nacionalizado, cuando en la Resolución

42261 de 2006, señaló lo siguiente:

ENTIDAD DESDE HASTA DÍAS DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 1980-03-05 1993-03-31 4.707

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 1993-04-19 2005-04-20 4.322

TOTAL 9.029

1. El Formato único para la expedición de certificado de historia laboral, consecutivo 2335 del 19 de septiembre de 2007, vulnera el derecho al debido proceso, porque no corresponde a la realidad fáctica y jurídica del tiempo de servicio prestado por el señor Roldán Rodríguez pues «en la casilla de [t]ipo de [v]inculación marca con una X, sobre el rótulo NACIONAL, habiendo los siguientes ítems: NACIONAL,

NACIONALIZADO, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL.».

En ese orden, era deber del «jefe de Archivo» (sic) discriminar si la prestación del servicio es nacional, nacionalizado, departamental, municipal, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 594 de 2000 y con la Circular 004 de 2013, e mitida por el Departamento Administrativo de Función Pública.

1. El juzgador no valoró las siguientes pruebas a la luz del precedente sentado por

el artículo 16 de la Ley 594 de 2000 y con la Circular 004 de 2013, e mitida por el Departamento Administrativo de Función Pública.

1. El juzgador no valoró las siguientes pruebas a la luz del precedente sentado por el Consejo de Estado en la sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 25000234200020130468301 (3805-14):5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019)

Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez

• Certificado de historia laboral, formato único, que contiene el tiempo de servicio prestado desde el 14 de mayo de 1980 hasta el 31 de marzo de 1993, en el departamento del Guainía. - Certificado de historia laboral, consecutivo 2335/2007, expedido por el departamento de Antioquia, que registra el período de servicio comprendido entre el 19 de abril de 1993 y el 19 de septiembre de 2007.

1.2. Contestación al recurso extraordinario de revisión

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contr ibuciones Parafiscales (UGPP), por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones:4

1. Los tiempos certificados por las Secretarías de Educación, no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión graci a toda vez, que fueron financiados con recursos del situado fiscal , es decir, de la Nación. En efecto, en el plenario se evidenci ó que la naturaleza de los salarios o parte de ellos percibidos por el actor provienen de recursos de la Nación.

financiados con recursos del situado fiscal , es decir, de la Nación. En efecto, en el plenario se evidenci ó que la naturaleza de los salarios o parte de ellos percibidos por el actor provienen de recursos de la Nación.

Así las cosas, no se acredita el requisito contenido en el numeral 3.° de la Ley 114 de 1913, atinente a «que no haya recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional».

1. La Resolución «17827 de 2005» (sic) que niega el reconocimiento de la pensión gracia, expedida en su momento por CAJANAL, se encuentra ajustada en derecho, por cuanto no se acredito que se hubiese cumplido con el requisito de los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, conforme a certificaciones que reposan en el expediente administrativo.

1. El demandante no cumple con el requisito de prestar sus servicios como docente territorial o nacionalizado por mínimo 20 años, de manera que so lo podría tener derecho a la pensión de jubilación señalada en el artículo 15 de la ley 91 de 1989.

4 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 15 de la plataforma SAMAI.6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019) Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez iv) Debe declararse infundado el recurso extraordinario de revisión, comoquiera que por un lado, no procede frente al simple desacuerdo en la interpretación de la norma ya que no es una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado previamente, y por el otro, no se demostró que la sentencia recurrida fue expedida con fundamento en documentos falsos o adulterados.

ya que no es una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado previamente, y por el otro, no se demostró que la sentencia recurrida fue expedida con fundamento en documentos falsos o adulterados. Finalmente, debe condenarse en costas al actor.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

El presente recurso de revisión se interpuso el 23 de abril de 2019,5 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 6 por lo cual, esta corporación es competente para conocerlo, en virtud del numeral 2.° del artículo 249 ejusdem.7 Asimismo, atendiendo a l criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.8

2.2. Oportunidad

El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[...] podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 27 de marzo de 2019,9 y el recurso de revisión se interpuso el 23 de abril de 2019;10 por lo tanto, el recurso fue presentado dentro del término establecido por la norma

5 Folio 1 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión. 6 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.

por lo tanto, el recurso fue presentado dentro del término establecido por la norma

5 Folio 1 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión. 6 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012. 7 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisi ón contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conoce rán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado seg ún la materia . De los recursos de revisi ón contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 9 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las partes el 21 de marzo de 2019, visible en el folio 137 del cuaderno del proceso ordinario, de manera que cobró ejecutoria el 27 del mismo mes y año. 10 Folio 1 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019)

Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez en cita.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, del 15 de marzo de 2019, está incursa en la causal de revisión del numeral 2.° del artículo 250 del CPACA que establece « 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados».

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión

sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados».

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica en considerar que el recurso de revisi ón constituye una excepci ón al principio de inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia contraria a derecho»; 11 por tal raz ón, su procedencia se limita a las causales taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse de manera restrictiva. En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción, cuyo prop ósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». As í lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C -450 de 2015, donde hizo un detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiar á el presente recurso. En dicha sentencia se expuso lo siguiente: Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha indicado que el recurso extraordin ario de revisión, en t érminos generales, funge como una excepci ón al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se restituya el derecho a l afectado a trav és de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento

expedición, y se restituya el derecho a l afectado a trav és de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho, ha sido dise ñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales

11 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019) Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de revisi ón tal como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de Estado.

Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero su origen inmediato est á en el recurso extraordinario de revisi ón existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia , y como se dirige contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una limitaci ón a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad. [...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisi ón en materia

contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una limitaci ón a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad. [...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisi ón en materia administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisi ón en el campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada . (...) [Negrillas y cursivas del original] Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicci ón contencioso administrativa , el Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la naturaleza y alcance del recurso excepcional de revisi ón. De ah í que en vigencia del antiguo Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión, no obstante, la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas y previa la constataci ón de la ocurrencia de alguna de las expresas causales que autorizan su utilizaci ón, permite enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho al afectado a trav és de una nueva sentencia. As í lo se ñalaba en la siguiente providencia de 2005: Este medio de impugnaci ón ha sido erigido por el Legislador como una excepci ón al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tr ánsito a cosa juzgada

providencia de 2005: Este medio de impugnaci ón ha sido erigido por el Legislador como una excepci ón al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tr ánsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin de que se produzca una decisi ón ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio extraordinario, que constituye una verdadera acci ón impugnatoria con efectos rescisorios, que exista una relaci ón procesal cerrada y por lo mismo no se pueden discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.12

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativ o, sentencia de 18 de octubre de 2005, Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019) Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019) Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe interpretarse como una actuaci ón independiente del asunto de origen, por lo que constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera: […] el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia adicional en la que los in teresados pueden plantear el asunto objeto del litigio original.

Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y p rocedencia, es decir, es un medio de control m ás que consagró el legislador en la jurisdicci ón contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a este recurso al igual que lo hacía el Código de Procedimiento Civil que aquel modific ó, señala que este se debe interponer por medio de una demanda, art ículos 357 y 382 respectivamente. En otros t érminos, el recurso es, se repite una verdadera acci ón o medio de control. En consecuencia, a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado recurso es un nuevo proceso.13

medio de control. En consecuencia, a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado recurso es un nuevo proceso.13 Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248 y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por «i) las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces Administrativos».14 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia objeto de impugnaci ón,15 y debe reunir los requisitos fijados en el art ículo 252 ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal invocada, acompañada de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer. Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias f ácticas que configuran la causal de revisi ón invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de

13 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia de 3 de febrero de 2015; radicado 11001 -03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro. 14 Artículo 249 CPACA. 15 Artículo 251 CPACA.10

de 3 de febrero de 2015; radicado 11001 -03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro. 14 Artículo 249 CPACA. 15 Artículo 251 CPACA.10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019) Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez carácter procedimental.16 En sentencia de 8 de mayo de 2019, 17 esta corporación, respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo

siguiente: [D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisi ón, se prevé, como uno de los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prev é oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso. Paralelamente a estos eventos de revisi ón, la Ley 797 de 2003 estableci ó una acción sui generis para la revisi ón de sumas peri ódicas otorgadas de manera irregular, por lo que su ejercicio est á restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede únicamente por dos causales espec íficas que tienen por finalidad, la protecci ón y recuperaci ón del patrimonio p úblico; iii) en su tr ámite se

a instaurarla; ii) procede únicamente por dos causales espec íficas que tienen por finalidad, la protecci ón y recuperaci ón del patrimonio p úblico; iii) en su tr ámite se aplica el procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales del art ículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas. Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una excepci ón que debe admitirse frente a un fin leg ítimo, su ejercicio entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jur ídica, por lo que no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatori os que

16 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el art ículo 250 del CPACA, deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna c ausal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de car ácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que ata ñen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la

referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que ata ñen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepci ón de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010-00038-00 (REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo. 17 Consejo de Estado, Secci ón Tercera, Subsección A, radicado 2013 -00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00643-00 (4954-2019) Demandante: Román Darío Roldán Rodríguez cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión. 2.4.2. Causal de revisión 2ª del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal prevista en el numeral 2.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados .

[…].

Al respecto, esta Sección18, en armonía con el criterio general de la corporación 19, ha considerado que dicha causal solo se configura cuando la calificación de falsedad, o de adulteración, recae sobre el documento o documentos que sirvieron de fundamento principal para la decisión recurrida20. Por ello, no puede tratarse de cualquier documento; debe ser aquel o aquellos que, por su importancia y trascendencia, tuvieron una incidencia directa en el sentido de la decisión de la sentencia. Además, es preciso señalar que esta condición no admite matices, por lo que si se tachan de falsos otros documentos sin incidencia, se abre la posibilidad de negar la prosperidad de la causal porque, precisamente, existen otros medios diferentes al cuestionado que soportan la determinación adoptada en el fallo a revisar.21De igual manera, se requiere, en principio, que la prueba de la falsedad o adulteración sea documental, lo que excluye la irregularidad en los demás medios probatorios autorizados por el ordenamiento jurídico.22

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 7 de febrero de 2019; radicado: 2002-00579-01(0387-12); C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

19 Ver, entre otras, la sentencia de la Sección Cuarta, de 1 de agosto de 2016, radicado 2015-0002700(21635), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 20 Así los sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 15 de julio de 2010. Expediente 52001-23-31-000-2007-00267-01. 21 C.fr., entre otros, Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de agosto de 2013. Radicado: 11001 -03-15-000-2004-01210-00 (REV). C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 22 Aspecto que excluye la falsedad en medios de prueba diferentes al documental. C.fr., Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero de 2013. Radicado: 11001-03-15-0002008-00638-00 (REV