CE - 010325000201900884001AUTOQUERESUEL20230421115221
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- Título
- CE - 010325000201900884001AUTOQUERESUEL20230421115221
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , Trece (13) de abril de dos mil veint itrés (202 3)
REFERENCIA: NULIDAD RADICADO: 11001 03 25 000 201 9 008 84 00 ( 6370 -2019 )
DEMANDANTE: JAIRO BENJAMIN VILLEGAS ARBEL ÁEZ
DEMANDADO: NACIÓN -MINISTERIO DE TRABAJO,
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
TEMA: RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR .
SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
Procede el despacho a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por el señor Jairo Benjamín Villegas Arbel áez , dentro del proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Medio de control de nulidad y solicitud de medida cautelar .
El señor Jairo Benjamín Villegas Arbeláez promovió medio de control de nulidad simple contra la Nación -Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública .
Al efecto, deprecó l a nulidad Circular Conjunta 100 -002 del 6 de febrero de 2019, expedida por la Ministra de Trabajo y el Director
el Departamento Administrativo de la Función Pública .
Al efecto, deprecó l a nulidad Circular Conjunta 100 -002 del 6 de febrero de 2019, expedida por la Ministra de Trabajo y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el siguiente aparte que traza l as competencias de las mesas individuales o singulares:Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2 En las mesas individuales únicamente se podrán negociar las condiciones del empleo materia de capacitación y bienestar social e incentivos. Bajo ninguna circunstancia se podrán acordar temas salariales y prestacionales, o de revisión de plantas de persona l, materias de competencia de la mesa nacional.
Como presupuestos fácticos, el demandante expuso que el aparte transcrito está en contravía de lo señalado , en especial, en el artículo 2.2.2.4.4 del Decreto Único Reglamentario 1072 de l 26 de mayo de 2015, así :
Artículo 2.2.2.4.4. Materias de negociación . Son materias de negociación:
1. Las condiciones de empleo, y
2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la conce rtación de las condiciones de empleo.
negociación:
1. Las condiciones de empleo, y
2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la conce rtación de las condiciones de empleo.
PARÁGRAFO 1. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes materias:
1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos.
2. Las competencias de dirección , administración y fiscalización del
Estado.
3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras
especiales y de la carrera administrativa general y sistemas específicos.
4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas.
5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria.
En las mesas individuales únicamente se podrán negociar las condiciones del empleo materia de capacitación y bienestar social e incentivos. Bajo ninguna circunstancia se podrán acor dar temas salariales y prestacionales, o de revisión de plantas de personal, materias de competencia de la mesa nacional.
Explicó que en la formación de la Circular Conjunta 100 -002 de 2019 se transgredió el debido proceso al limitar la participación sindical en las mesas individuales o singulares, lo cual desconoceSolicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
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3 el bloque de constitucional integrado por los artículos 87, 98, 151 y 154 de la OIT, 39 y 55 de la Carta y 2.2.2.4.4 y 2.2.2.4.6 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015.
Aclaró que la noción de planta de personal expresa «todos los aspectos más importantes de las “relaciones laborales” o “condiciones de empleo” que es la materia u objeto de la negociación colectiva (salarios y prestaciones) , según el bloque de constitucional [...]»
Que en las exclusiones «de la negociación colectiva determinadas en el artículo 2.2.2.4.4 del DUR 1071/15 NO se menciona siquiera las palabras “plantas de personal”, ni “temas salariales o prestacionales”; por tanto, el intérprete no puede crear o derivar o suponer o deducir excepciones, las que por su carácter exceptivo o restrictivo debe ser expresas y típicas»
Destacó que la mesa nacional a que alude el aparte acusado no existe , ni tiene competencia para reformar las plantas de personal, ya que ello depende de cada entidad u organismo , mediante un procedimiento administrativo complejo.
1.2. Pronunciamiento de las entidades demandadas.
existe , ni tiene competencia para reformar las plantas de personal, ya que ello depende de cada entidad u organismo , mediante un procedimiento administrativo complejo.
1.2. Pronunciamiento de las entidades demandadas.
1.2.1. Departamento Administrativo de la Función Pública .
El apoderado de la aludida entidad señal ó que la Circular Conjunta 100 -002 del 6 de febrero de 2019 no es pasible de control jurisdiccional, por cuanto solo imparte «instrucciones para la correcta aplicación del Decreto 1072 de 2015».
Que este tipo de actos no produce efectos jurídicos externos, ya que se limitan a (i) brindar una orientación para el desarrollo de la actividad administrativa ; (ii) reprod ucir el contenido de otras normas o decisiones y (iii) impartir instrucciones.Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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4 Precisó que la Circular Conjunta 100 -002 de 2019 no vulnera los artículos 2.2.2.4.4. y 2. 2.2.4.6. del Decreto 1072 de 2015, por cuanto replica y confirma la obligatoria aplicación de estos últimos. Tampoco desconoce las previsiones que, según el demandante, conforman el bloque de constitucional del derecho de asociación sindical y de negociaci ón colectiva, en la medida en que no alude a ellas.
Tampoco desconoce las previsiones que, según el demandante, conforman el bloque de constitucional del derecho de asociación sindical y de negociaci ón colectiva, en la medida en que no alude a ellas.
Que, en todo caso, «en la mesa individual (singular o de contenido particular) no están llamadas a discutirse temáticas propias de las autoridades nacionales, como son el incremento salarial, reconocimie nto de primas, bonificaciones, seguros, revisión de las plantas de personal, iniciativas de ratificar convenios internacionales relacionados con condiciones laborales, revisión de regímenes laborales y, en general, competencias directas del Presidente de l a República o de iniciativa gubernamental, pues la participación de tales autoridades nacionales en este escenario es meramente facultativa. Sin embargo, ello no implica la violación de derecho constitucional, laboral o de negociación colectiva de ninguno de los miembros de los sindicatos, en la medida en que, como quedó explicado, las asociaciones de empleados de las distintas entidades públicas participan en unidad de pliego en la mesa nacional (general o de contenido común) a través de las federaciones o confederaciones a las cuales se encuentran afiliados».
1.2.2. Nación – Ministerio de Trabajo
La apoderada de la cartera ministerial indicó que la Circular Conjunta 100 -002 del 6 de febrero de 2019 «se contrae a establecer una forma o método ordenado para la realización de las negociaciones sobre aspectos como los salarios y las prestaciones» . Lo anterior, con el fin de evitar duplicidad y atender que hay procedimientos para la consecución de apropiaciones presupuestales .Solicitud de medida cautelar
negociaciones sobre aspectos como los salarios y las prestaciones» . Lo anterior, con el fin de evitar duplicidad y atender que hay procedimientos para la consecución de apropiaciones presupuestales .Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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II. CONSIDERACIONES
Para resolver la s solicitud es antes expuesta s, resulta oportuno hacer las siguientes precisiones .
2.1 Problema s jurídico s
Se deben resolver en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿Las circulares contienen actos administrativos enjuiciables ante la jurisdicción y, por tanto, son susceptibles de suspensión provisional?
2. ¿El aparte cuestionado de la Circular Conjunta 100 -002 de 2019 transgredió el debido proceso al limi tar la participación sindical en las mesas indi viduales o singulares , lo cual desconoce el bloque de constitucional integrado por los artículos 87, 98, 151 y 154 de la OIT, 39 y 55 de la Carta y, 2.2.2.4.4 y 2.2.2.4.6 del Decreto Único Reglamentario 1072 de
2015 ?
Para tal efecto se analizarán los siguientes temas: (i) las m edidas cautelares, (ii) los requisitos para el decreto de medidas cautelares,
2015 ?
Para tal efecto se analizarán los siguientes temas: (i) las m edidas cautelares, (ii) los requisitos para el decreto de medidas cautelares, (iii) la posibilidad de demandar las circulares expedidas por las autoridades públicas; (iv ) breve reseña normativa y jurisprudencial y (v) el estudio en vía de solicitud de susp ensión provisional del aparte acusado.
2.2 De las medidas cautelares
De conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, las medidas cautelares podrán ser preventivas,Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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6 conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.
Esta misma norma establece que el Juez o Magistrado Ponente está facultado para decretar una o varias de las sigui entes medidas:
«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar á las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no ha cer.
[…]»
Ahora bien, según la norma en comento, en los eventos en que la medida cautelar implique el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en l a adopción de la decisión correspondiente, razón por la cual deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos par a ello en el ordenamiento vigente.
2.3 Requisitos para el decreto de medidas cautelares en el CPACASolicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
ordenamiento vigente.
2.3 Requisitos para el decreto de medidas cautelares en el CPACASolicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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7 Con respecto a los requisitos legales para el decreto de las medidas cautelares, el artículo 231 del C PACA dispone:
«ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci ón de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:
1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir,
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de p onderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes
condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.»
De la norma en comento se extrae que los requisitos exigidos para que proceda el decreto de una medida cautelar varían según la naturaleza de esta. En ese sentido, la primera parte de la norma establece los requisitos de la suspensión provisional de actos administrativos; mientras que la segunda parte, condensa los requerimientos que deben concurrir en el evento en el que se prete nda una medida cautelar diferente (preventiva, conservativa o anticipativa, según sea el caso).Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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8 Según la norma trascrita, tratándose de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, el solicitante tendrá la
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8 Según la norma trascrita, tratándose de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, el solicitante tendrá la carga procesal de sustentar razonadamente en qué consiste la violación de las normas superiores que genera o generó el acto acusado, para que sea a partir de esa sustentación, en conjunto con el análisis de las pruebas allegadas con la respectiva solicitud (si es del caso), que el operador judicial realice la valoración inicial (o primigenia) de legalidad del acto y determine si existe mérito o no para el decreto de dicha cautela 1.
Aunado a ello, la norma igualmente señala que en los eventos en los que se pretenda el resta blecimiento de derechos y/o la indemnización de perjuicios, quien pretende la suspensión provisional del acto deberá probar la existencia de los mismos siquiera de forma sumaria.
Ahora si lo que se depreca es otra medida cautelar, se exigirá al solicitan te demostrar la apariencia de buen derecho, la ponderación de intereses y el peligro en la mora.
2.4 Posibilidad de demandar las circulares expedidas por las autoridades públicas
El artículo 137 (inciso 3º) del CPACA prevé que a través del medio de control de nulidad «[...] puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro .»
Esta Corporación ha precisado que las circul ares son pasibles de ser enjuiciadas ante la jurisdicción en cuanto revistan el carácter de actos administrativos, entendidos éstos como la manifestación de la voluntad de la administración, destinad a a producir efectos
ser enjuiciadas ante la jurisdicción en cuanto revistan el carácter de actos administrativos, entendidos éstos como la manifestación de la voluntad de la administración, destinad a a producir efectos
1 Sobre el particular, véase: Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 17 de marzo de 2015. Rad. 11001 -03 -15 -000 -2014 -03799 -00 (IJ).Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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9 jurídicos, en cuanto crean, suprimen o modifican una situación jurídica.
Sin embargo, cuando se limitan a reproducir el contenido de otras normas o las decisiones de otras instancias o brindan orientaciones o instrucciones a sus destinatarios sin que contengan decisiones, no son susceptible s de control judicial. 2
En el presente asunto, la circular conjunta demandada es susceptible del medio de control de nulidad, en la medida en que fija , dentro del « Pacto por el Trabajo Decente» , los lineamientos normativos , temporales y de organización para el proceso de negociación con las organizaciones sindicales de empleados públicos que iniciará en el año 2019 , el cual se debe adelantar atendiendo (i) el procedimiento establecido en el Decreto 1072 de 2015; (ii) las competencias del Presidente de la Republica y de las demás autoridades comprometidas; (iii) los principios de previsión
atendiendo (i) el procedimiento establecido en el Decreto 1072 de 2015; (ii) las competencias del Presidente de la Republica y de las demás autoridades comprometidas; (iii) los principios de previsión y provisión presupuestal consagrados en la ley, ordenanza o acuerdo, (iv) una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública , (v) dos ámbitos: uno general o de contenido común que se adelantará en la mesa nacional «con efectos para todos los empleados públicos» y, otro, singular «o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o municipio y una o varias organizaci ones sindicales.» , (v i) una fecha límite -28 de febrero de 2019 - para presentar los pliegos unificados de peticiones, con los cuales se conformarán los equipos negociadores , (vi i) el establecimiento de una secretaria técnica y un calendario y (v iii ) la asignación de unas
2 En el mismo sentido ver sentencias de 20 de marzo de 2012, Sección Segunda Subsección “B”, C.P. Gerardo Arenas Monsa lve , Expediente: 1575 -2012, Sección Cuarta, sentencia de 13 de marzo de 1998, Expediente: 8487; Sección Primera, sentencia de 19 de marzo de 2009, Expediente 00285, C.P. Doctor Rafael Ostau de Lafont Pianeta; de 3 de febrero de 2000, Expediente: 5236. C.P. Do ctor Manuel Santiago Urueta; de 14 de octubre de 1999, Expediente 5064. C. P. Doctor: Manuel Urueta Ayola y pro videncias de 10 de febrero de 2000, Expediente: 5410 y de 1.º de
Santiago Urueta; de 14 de octubre de 1999, Expediente 5064. C. P. Doctor: Manuel Urueta Ayola y pro videncias de 10 de febrero de 2000, Expediente: 5410 y de 1.º de febrero de 2001, Expediente 6375, ambas con ponencia de la Consejera Olga Inés Navarrete Barrero.Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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10 facultades , las cuales , en lo pertinente , están condensadas en el acápite acusado .
Conforme a lo expuesto , la Circular Conjunta 100 -002 de 2019 es un acto administrativo y, por tal razón, es pasible de ser (i) enjuiciado a través del medio de control de nulidad y (ii) objeto de solicitud de medida cautelar de suspensión provisional.
2.5 Breve reseña normativa y jurisprudencial
El Convenio 151 de la OIT consagra de manera general los derechos de sindicalización y de negociación colectiva de los empleados públicos. La Corte Constitucional , mediante sentencia C-377 de 1998, declaró exequible ese instrumento y la Ley 411 del 5 de noviembre de 1997 que lo aprobó en la legislación interna .
Para reglamentar la aludida ley, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 160 de l 5 de febrero 2014, el cual se incorporó al Decreto
5 de noviembre de 1997 que lo aprobó en la legislación interna .
Para reglamentar la aludida ley, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 160 de l 5 de febrero 2014, el cual se incorporó al Decreto Único Reglamentario 1072 d el 26 de mayo de 2015 del sector trabajo . Esta última previsión, en los artículos 2.2.2.4 .1 a 2.2.2.4 .15, regula en la actualidad las negociaciones colectivas entre entidades o autoridades públicas y las organizaciones sindicales de empleados públicos.
En términos generales los referenciados artículos desarrollan lo siguiente : ( i) 2.2.2.4.1 ámbito de aplicación : a todos los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, salvo algunas excepciones 3; (ii) 2.2.2.4.2 reglas de aplicación : el respeto «de la competencia constitucional y legal
3 «1. Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas;
2. Los trabajadores oficiales;
3. Los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congres o corporaciones territoriales, y,
4. El personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. »Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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11 atribuida a las entidades y autoridades públicas» y del «presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo [...]» y, la conformación de «una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública.» ; (iii) 2.2.2.4.3 definiciones de: empleado público , condiciones de empleo, autoridades públicas competentes, organizaciones sindicales y negociación ; (iv) 2.2.2.4.4 materias de negociación : «condiciones de empleo» y «relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo», con excepción de algunos temas 4; (v) 2.2.2.4.5 partes en la negociación ; (vi) 2.2.2.4.6 ámbitos de la negociación : el general o de contenido común y el singular o de contenido particular « por entidad o por distrito, departamento o municipio» ; (vii) 2.2.2.4.7 condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación ; (viii) 2.2.2.4.8 grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora ; (ix) 2.2.2.4.9 reglas
condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación ; (viii) 2.2.2.4.8 grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora ; (ix) 2.2.2.4.9 reglas de la negociación ; (x) 2.2.2.4.10 términos y etapas de la negociación ; (xi) 2.2.2.4.11 actas , (xii) 2.2.2.4.12 ac uerdo colectivo ; (xiii) 2.2.2.4.13 cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo ; (xiv) 2.2.2.4.14 garantías durante la negociación y (xv) 2.2.2.4.15 capacitación .
Concretamente , en el artículo 2.2.2.4.4 (parágrafo s 1 y 2) del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 se indicó que (i) el tema de estructura orgánica e interna de las entidades no es objeto de negociación y (ii) en «materia salarial podrá haber concertación, consultando las posibilidades fiscales y presupuestales; sin
4 «1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos.
2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado.
3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera administrativa general y sistemas específicos.
4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas.
5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relació n legal y reglamentaria.»Solicitud de medida cautelar
administrativa general y sistemas específicos.
4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas.
5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relació n legal y reglamentaria.»Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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12 perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial, se respetarán los límites que fije el Gobierno Nacional. En materia prestacional las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda vez que por mandato constitucional y legal la única auto ridad competente para regular la materia es el Presidente de la República .»
Sobre l o último , e l Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante concepto del 22 de junio de 2016 5, precisó que en materia prestacional las entidades públicas no tienen la facultad de negociar o concertar, en los siguientes términos:
De acuerdo con lo expuesto, es viable concluir que en materia prestacional las entidades públicas no tienen facultad de negociar y c oncertar, toda vez que por mandato constitucional y legal la única autoridad competente para regular la materia es el Presidente de la República Adicionalmente, es preciso señalar que en criterio de esta Dirección Jurídica, dentro del acuerdo laboral podrá n tratarse aspectos relacionados con la flexibilización del horario de trabajo, siempre que se respete la jornada laboral de 44 horas a la semana y sin que
Jurídica, dentro del acuerdo laboral podrá n tratarse aspectos relacionados con la flexibilización del horario de trabajo, siempre que se respete la jornada laboral de 44 horas a la semana y sin que se vea afectada la prestación del servicio; aspectos relacionados con el mejoramiento de las condici ones en el puesto de trabajo; propender por un ambiente laboral seguro; adopción de medidas encaminadas a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los empleados; adopción de programas de capacitación y estímulos, bienes tar social e incentivos y los demás aspectos que contribuyan a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Así las cosas, es viable concluir que no se considera viable que las entidades públicas dentro del acuerdo laboral pacten situacione s distintas a las contempladas en la norma y comprometan el presupuesto público en situaciones como las planteadas en su escrito; es decir, en el otorgamiento de un seguro de vida o un auxilio por muerte para sus empleados públicos.
También enfatizó que e n materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las posibilidades fiscales y presupuestales, así:
5 Departamento Administrativo de la Función Pública, concepto d2l 22 de junio de 2016, radicado 20166000135811Solicitud de medida cautelar Radicación : 11001 03 25 000 2019 00884 00 (6370 -2019)
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Se considera procedente hacer énfasis en que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 5 del Decreto 1072 de 2015, señala que en materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las posibilidades fiscales y presupuestales; en ese orden de ideas, en criterio de esta Dirección Jurídica, la entidad deberá contemplar el impacto presupuestal de sus acuerdos laborales antes de suscribirlos. De manera general, este Departamento ha señalado que las entidades públicas podrán acordar co n los sindicatos de empleados públicos asuntos como la remuneración establecida para los diferentes empleos, resaltando que para las entidades del nivel territorial se deberán tener en cuenta los niveles salariales máximos establecidos por el Gobierno Naci onal, para lo cual se deberá contar previamente con la disponibilidad presupuestal y responder a la política macroeconómica del Estado. Por su parte, en el artículo 2.2.2.4.6 (parágrafo) del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 se señaló que en « el ámb ito general o de contenido común, la negociación se realizará con representantes de las Confederaciones y federaciones sindicales de empleados públicos y los representantes de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, de Planeación Nacio nal y del Departament
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