CE - 010325000201900964001SENTENCIA20231026150736

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Myriam Arce Betancourt Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de 15 de junio de 2017, a través de la cual se modificaron los numerales tercero y quinto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali, el 23 de agosto de 2013, que había accedido a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad o judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de 15 de junio de 2017, a través de la cual se modificaron los numerales tercero y quinto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Dieciocho2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP Administrativo de Cali, el 23 de agosto de 2013, que había accedido a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Myriam Arce Betancourt , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 76 00133 31 701 2012 00129 01.

Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que la señora Myriam Arce Betancourt no tiene derecho a que su pensión de jubilación sea reliquidada con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio; ii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993, y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por

ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993, y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional 1; y i ii) ordenar a la demandada reintegrar a la UGPP los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en las sentencias objeto de revisión.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 19 de febrero de 1951, nació la señora Myriam Arce Betancourt. Prestó sus servicios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Valle del Cauca, desde el 2 de agosto de 1976 hasta el 1.° de enero de 2007 y el último cargo que desempeñó fue el de técnico administrativo 3124-13.

1. El 19 de febrero de 2006, la señora Arce Betancourt adquirió el estatus jurídico de pensionada.

1. El 8 de agosto de 2006, a través de la Resolución 38660 CAJANAL reconoció una pensión de jubilación a la demandada en cuantía de $ 859.657.16, a partir del 25 de febrero de 2006, condicionada al retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, la autoridad pensional aplicó los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003, y se usó una

1 La entidad recurrente cita las Sentencias C -168 de 1995, C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU395 de 2017 y SU-023 de 2018.3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP tasa de reemplazo del 76.02 % del promedio de lo devengado entre el 25 de febrero de 1996 hasta el 24 de febrero de 2006.

1. El 19 de febrero de 2008, la prestación fue re liquidada mediante la Resolución 06044,2 en cuantía de $ 915.721.98, a partir del 1.° de enero de 2007. Así, CAJANAL tomó una tasa de reemplazo del 77.52 % del promedio de lo devengado entre el 1.° de enero de 1997 y el 30 de diciembre de 2006, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

1. El 23 de agosto de 2013, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Arce Betancourt contra la UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:3

[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 38660 del 8 de agosto de 2006 y la Resolución No. 06044 del 19 de febrero de 2008 expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social EICE, solamente en los aspectos relativos el régimen aplicable y al ingreso base de liquidación, los que se regirán por las leyes (sic) 33 y 62

Nacional de Previsión Social EICE, solamente en los aspectos relativos el régimen aplicable y al ingreso base de liquidación, los que se regirán por las leyes (sic) 33 y 62 de 1985, por ser beneficiaria la actora del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

TERCERO: CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho a la U nidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, a reliquidar la pensión de vejez reconocida la señora Myriam Arce Betancourt, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.224.271 expedida en Cali (Valle del Cauca), de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación to dos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, de bidamente certificados por la entidad nominadora (asignación básica, bonificación semestral, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones y bonificación de diciembre) y a pagarle las diferencias que resulten entre las mesadas reajustadas y las canceladas, a partir de la causación del derecho.

[…] QUNTO: DECLARAR infundadas las excepciones de “Prescripción de mesadas e inexistencia de la obligación”. […]. (Comillas originales del texto).

1. El 15 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, emitió sentencia de segunda instancia, a través de la cual modific aron los numerales tercero y quinto de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali, en los siguientes términos:4

sentencia de segunda instancia, a través de la cual modific aron los numerales tercero y quinto de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali, en los siguientes términos:4

2 Dicho acto administrativo fue aclarado por la Resolución 29713 del 4 de julio de 2008. 3 Folio 172 del cuaderno 1 de la acción de revisión. 4 Folio 370 del cuaderno 2 de la acción de revisión.4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP PRIMERO.- MODIFICAR los numerales tercero y quinto de la Sentencia N° 118 de 23 de agosto de 2013, proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito

Judicial de Cali, los cuales quedarán así:

“TERCERO: CONDENAR , a título de restablecimiento del derecho a la U nidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, a reliquidar la pensión de vejez reconocida la señora MYRIAM ARCE BETANCOURT, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.224.271 expedida en Cali (Valle), de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985, es decir, teniendo en cuenta el 75% del promedio mensual con la inclusión de todos los factores salariales devengados por aquella durante el último año de servicio, que para el caso que nos ocupa son: Asignación básic a mensual, Bonificación de junio, Bonificación de diciembre, Bonificación por servicios prestados y Prima de Vacaciones, dentro del lapso

aquella durante el último año de servicio, que para el caso que nos ocupa son: Asignación básic a mensual, Bonificación de junio, Bonificación de diciembre, Bonificación por servicios prestados y Prima de Vacaciones, dentro del lapso comprendido entre el 1° de enero de 2006 al 1° de enero de 2007, y así mismo, pagarle las diferencias que resulten entre las mesadas reajustadas y las canceladas, lo anterior, con efectos fiscales a partir del 23 de mayo de 2009 , por prescripción trienal.

La entidad demandada deberá actualizar los factores salariales que se ordena incorporar al ingreso base de liquidación, sobre los cuales no se haya realizado retención alguna, utilizando la fórmula financiera más técnica y expedita tanto para la reliquidación de la mesada pensional como para realizar los descuentos que ordena la jurisprudencia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Nacional.

QUINTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de mesadas sobre las sumas causadas con anterioridad al 23 de mayo de 2009.”

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida […]. (Subrayado, resaltado y comillas originales del texto).

1. El 5 de julio de 2017, quedó ejecutori ada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca.

1. El 22 de noviembre d e 201 7, la UGPP expidió la Resolución RDP 0437655 mediante la cual dio cumplimiento a la s sentencias emitidas por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

mediante la cual dio cumplimiento a la s sentencias emitidas por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 15 de junio de 20176 modificó los numerales tercero y quinto de la parte resolutiva de la providencia

5 La Resolución RDP 043765 de 2017 fue confirmada a través de las Resoluciones RDP 010415 y 016472 de 2018. 6 Folios 359 al 370 del cuaderno 2 de la acción de revisión.5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali, el 23 de agosto de 2013, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, 7 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio. Dicha postura fue reiterada por el Consejo de Estado a través de la sentencia de 2 de febrero de 2017.8

1. El Consejo de Estado en sede de tutela 9 ha sostenido que la aplicación de la variación jurisprudencial que introdujo la Sentencia SU -230 de 2015 expedida por la Corte Constitucional, a procesos judiciales iniciados con anterioridad a la expedición de dicho pronunciamiento implica la afectación al principio de confianza

variación jurisprudencial que introdujo la Sentencia SU -230 de 2015 expedida por la Corte Constitucional, a procesos judiciales iniciados con anterioridad a la expedición de dicho pronunciamiento implica la afectación al principio de confianza legítima. Lo anterior, aunado a la observancia del principio de la condición más beneficiosa que en materia laboral integra el ordenamiento jurídico nacional y que forma parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo con el ar tículo 93 de la Constitución Política.

1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

1. De acuerdo con el acervo probatorio la señora Arce Betancourt es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que para el 1.° de abril de 1994, fecha de la entrada en vigencia la referida norma, contaba con más de 15 años de servicio.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09). 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de febrero de 201 7, radicació n N.º 25000234200020130154101. 9 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de mayo de 2017, radicado N.° 11001-03-15-000-2016-02635-01.6

25000234200020130154101. 9 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de mayo de 2017, radicado N.° 11001-03-15-000-2016-02635-01.6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP Así las cosas, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante el último año de servicio de la señora Arce Betancourt (desde el 1.° de enero de 2006 hasta el 1.° de enero de

2007).

1. En consecuencia, teniendo en cuenta que el a quo ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos expuestos, se confirma la providencia de primera instancia, sin embargo, se modifican los ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en el sentido de ord enar la reliquidación de la prestación, a partir del 23 de mayo de 2009, por prescripción trienal.

Finalmente, se condena a la entidad demandada a «actualizar los factores salariales que se ordena incorporar al ingreso base de liquidación, sobre los cuales no se haya realizado retención alguna, utilizando la fórmula financiera más técnica y expedita tanto para la reliquidación de la mesada pensional c omo para realizar los descuentos que ordena la jurisprudencia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Nacional.».10

1.2. La causal de revisión invocada

El apoderado de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del

artículo 48 de la Constitución Nacional.».10

1.2. La causal de revisión invocada

El apoderado de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est a, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 . Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

1. La demandada no adquirió el derecho pensional antes del 1.° de abril de 1994, sino con posterioridad. A pesar de ello, el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, no tuvo en cuenta que el ingreso base de liquidación no forma parte del

10 Folio 370 del cuaderno 2 de la acción de revisión.7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP régimen anterior, sino que, para tales efectos, se debe aplicar el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. Se acreditó que el régimen pensional aplicable a la señora Myriam Arce Betancourt es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo

Betancourt es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 ibidem, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación por el DANE. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional 11 y el Consejo de Estado, criterio que constituye precedente obligatorio.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional de la señora Arce Betancourt, comoquiera que adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional de la señora Arce Betancourt se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Arce Betancourt se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

11 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018.8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP Vencido el término para presentar contestación a la demanda de revisión, la parte demandada guardó silencio.12

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 ejusdem.13 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.14

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En

previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 10 de julio de 201715 y el recurso de revisión se interpuso el 28 de noviembre de 2019, 16 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

Es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de esta demanda, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

12 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que la señora Myriam Arce Betancourt, guardó silencio. 13 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 15 Folio 358 del cuaderno 2 de la acción de revisión. 16 Folio 8 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019)

Demandante: UGPP

16 Folio 8 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019)

Demandante: UGPP

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, de 15 de junio de 201 7, se encuentra inmersa en la causa l de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de

reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación periódica.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación d e aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo

proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró17 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,18 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador

extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera

17 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión s e opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 18 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario

proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 18 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 d e 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.12

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00964-00 (6675-2019) Demandante: UGPP se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».19

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».20

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito

los reconocimient