CE - 010325000201901048001SENTENCIA20231018152736
Detalles
- Título
- CE - 010325000201901048001SENTENCIA20231018152736
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Rosa Bojacá de Calvo, en calidad de beneficiaria pensional del señor Carlos Calvo Castro (Q.E.P.D) Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación _____________________________________________________________________ Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 11 de noviembre de 2014, a través de la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá , el 1 8 de enero de 2013, que había accedido a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá , el 1 8 de enero de 2013, que había accedido a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Soc ial ( UGPP), por conducto de apoderada judicial, pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 11 de noviembre de 2014, a través de la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá, el 18 de enero de 2013, que había accedido a las pretensiones de la demanda , dentro del2
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de r adicado 11001 33 31 011 2012
00117 01.
Con fundamento en lo anterior, además, solicita i) declarar que el señor Carlos Calvo Castro (Q.E.P.D), en cuanto a su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y ii) ordenar a la UGPP reliquidar la mesada pensional de la demandado, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 % conforme lo previsto en el Decreto 1047 de 1978, el ingreso base de liquidación previsto
mesada pensional de la demandado, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 % conforme lo previsto en el Decreto 1047 de 1978, el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993, y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -427 de 2016, SU210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
1.1.2. Hechos Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:
- El 28 de abril de 1950, nació el señor Carlos Calvo Castro. Prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde el 20 de agosto de 1987 hasta el 30 de junio de 2009.
- EL 19 de agosto de 2007, el señor Calvo Castro adquirió el estatus jurídico pensional.
- El 27 de junio de 200 8, a través de la Resolución 27082 CAJANAL reconoció una pensión de jubilación al hoy demandado, en cuantía de $ 692.581.26, a partir del 1.º de octubre de 200 7, condicionada al retiro definitivo del servicio. Posteriormente, la prestación fue reliquidada mediante la Resolución PAP 51577 del 2 de mayo de 2011, efectiva desde el 1.° agosto de 2009.
octubre de 200 7, condicionada al retiro definitivo del servicio. Posteriormente, la prestación fue reliquidada mediante la Resolución PAP 51577 del 2 de mayo de 2011, efectiva desde el 1.° agosto de 2009.
- El 1 8 de enero de 201 3, el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Carlos Calvo Castro contra CAJANAL, hoy UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1
1 Folios 206 al 213 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.3
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP […] SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. PAP 051577 del 2 de mayo de 2011, suscrita por el Liquidador de la Caja Nacional de Previsión SocialCAJANAL E.I.C.E. en liquidación, de conformidad con lo explicado en la parte motiva de éste proveído.
TERCERO: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social - EICEen Liquidación
(Decreto No. 2196 del 12 de junio del 2009, suprime la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE, ordena su liquidación y designa un liquidador, por ello las obligaciones que se desprendan de las providencias proferidas dentro de los procesos que se adelantan contra esta entidad, estarán a cargo de este último), a lo siguiente:
a) Reliquidar el valor de la mesada pensional de jubilación reconocida al señor CARLOS
se desprendan de las providencias proferidas dentro de los procesos que se adelantan contra esta entidad, estarán a cargo de este último), a lo siguiente:
a) Reliquidar el valor de la mesada pensional de jubilación reconocida al señor CARLOS CALVO CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.100.518 de Bogotá, para que ésta se calcule sobre el setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio mensual devengado en el año anterior a la fecha de retiro del servicio incluyendo todos los factores devengados en dicho año, es decir: asignación básica, bonificación por servicios, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de riesgo y las doceavas partes de prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad realizando los respectivos descuentos o aportes al sistema de seguridad pensional, en el porcentaje del empleado y los reajustes de ley, efectiva a partir del 1° de agosto de 2009, fecha de retiro del servicio.
b) Pagar la diferencia entre la liquidación anulada y la ordenada en el literal anterior, más lo correspondiente a la indexación, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 178 del C.C.A.
La indexación mencionada, se efectuará con la aplicación de los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta para el efecto la fórmula ya explicada en la parte considerativa. […] (Resaltado original del texto)
- El 11 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión , emitió sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de
Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión , emitió sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá, en los siguientes términos:2
PRIMERO: CONFÍRMASE parcialmente la sentencia de dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013), proferida por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a la motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- MODIFÍQUENSE los literales a) y b) del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia antes referida, los cuales quedarán, así:
"TERCERO: CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a:
a) Reconocer, revisar y liquidar al señor CARLOS CALVO CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.100.518, el valor de la pensión de jubilación que percibe desde el 1o de agosto de 2009, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los salarios por él devengados durante el último año de servicio, comprendido entre el 1o de agosto de 2008 y el 31 de julio de 2009, incluyendo además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados (factores ya reconocidos en las Resoluciones Nos.
2 Folios 214 al 225 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.4
bonificación por servicios prestados (factores ya reconocidos en las Resoluciones Nos.
2 Folios 214 al 225 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.4
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP 27082 de 17 de junio de 2008 y PAP-51577 de 2 de mayo de 2011), lo correspondiente a auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de riesgo, 1/12 parte de la prima de navidad, 1/12 parte de la prima de vacaciones y 1/12 parte de la prima de servicios. La entidad de previsión en mención, deberá reliquidar sobre el nuevo valor de la pensión, los respectivos reajustes dispuestos por la ley, todo de acuerdo a la considerativa de este proveído.
Igualmente, deberá realizar los descuentos por aportes a pensión no efectuados, en la proporción que le corresponde a la parte accionante en su condición de trabajador.
b) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, reconocerá el pago a la parte demandante de las diferencias resultantes entre lo reconocido hasta el moment o y lo que le corresponda de acuerdo a esta providencia, en forma indexada, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 178del C.C:A; al momento de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, tendrá en cuenta para desc ontar lo ya aceptado y recibido en virtud de lo ordenado en las Resoluciones Nos. 27082 de 17 de junio de 2008 y PAP-51577 de 2 de mayo de 2011.
aceptado y recibido en virtud de lo ordenado en las Resoluciones Nos. 27082 de 17 de junio de 2008 y PAP-51577 de 2 de mayo de 2011.
La indexación mencionada, se efectuará con la aplicación de los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta para el efecto la fórmula ya explicada en la parte considerativa".
TERCERO.- En lo demás estese a lo decidido en la sentencia recurrida . […] (Resaltado y comillas originales del texto).
- El 12 de noviembre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 047051 mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, el 11 de noviembre de 2014, confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá , el 18 de enero de 2013, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:3
- El a quo declaró la nulidad parcial del acto administrativo censurado y a título de restablecimiento del derecho condenó a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE) a reliquidar la pensión de jubilación del demandante en el equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores devengados en el último año de servicio.
EICE) a reliquidar la pensión de jubilación del demandante en el equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores devengados en el último año de servicio.
3 Folios 134 al 145 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.5
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP ii) El Decreto 1933 de 1989 dispone que las normas ge nerales sobre la pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional, se aplicarán a los empleados del DAS, a diferencia de quienes cumplían sus funciones al interior de aquella entidad como dactiloscopistas y detectives de cualquier denominación o grado. Significa lo anterior, que a los primeros los rige las disposiciones contenidas en las Leyes 6 de 1945, 33 de 1985 y 71 de 1988 y el Decreto 3135 de 1968.
En ese orden, en el sub lite debe observarse la Ley 33 de 1985 en lo relacionado con los requisitos de la edad, tiempo de servicio y monto y el Decreto 1933 de 1989 respecto a los factores salariales, conforme lo ha sostenido en Consejo de Estado.
- La prima de riesgo debe incluirse en la liquidación de la pensión de jubilación del personal vinculado al DAS, comoquiera que jurisprudencialmente el Consejo de Estado así lo ha señalado.
- Del material probatorio se advierte que el señor Ca lvo Castro a. laboró en el Departamento Administrativo de Seguridad por 21 años, 11 meses y 11 días, teniendo como último cargo el de técnico 305 -05; y b. percibió en el último año de servicio ,
Departamento Administrativo de Seguridad por 21 años, 11 meses y 11 días, teniendo como último cargo el de técnico 305 -05; y b. percibió en el último año de servicio , comprendido entre el 1.° de agosto de 2008 y el 31 de julio de 2009, los siguientes factores: asignación básica, auxilios de alimentación y transporte, bonificación por servicios y primas de navidad, de servicios, de vacaciones y de riesgo y vacaciones.
El factor de vacaciones no es posible incluirlo en la liquidación de la prestación porque equivale a la bonificación por recreación, la cual no es constitutiva de salario de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado.
- Por lo expuesto, se impone confirmar parcialmente la sentencia apelada que accedió a la pretensión de reliquidación de la pensión de jubilación del actor teniendo en cuenta lo devengado en el último año de servicio.
Por su parte, se modifican los literales a) y b) del numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia apelada, en el sentido de precisar que el último año de servicio del demandante está comprendido entre el 1.° de agosto de 2008 y el 31 de julio de 2009, pues el a quo no lo determinó; y de ordenar la inclusión, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados previamente reconocidas, de los auxilios de6
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP alimentación y de transporte, la prima de riesgo, y las doceavas partes de las primas de vacaciones, de servicios y de navidad, en razón a su causación anual.
Demandante: UGPP alimentación y de transporte, la prima de riesgo, y las doceavas partes de las primas de vacaciones, de servicios y de navidad, en razón a su causación anual.
La entidad demandada deberá reliquidar sobre el nuevo valor de la pensión, los respectivos reajustes dispuestos por la ley e igualmente, descontará los aportes a pensión no efectuados sobre los factores que se incluyen en esta oportunidad, en la proporción que le corresponde al trabajador.
Finalmente, en consideración al artículo 2 del Decreto 575 de 2024, compete a la UGPP reconocer al demandante el pago de las diferencias resultantes entre lo reconocido hasta el momento y lo que le corresponda de acuerdo a esta providencia, en forma indexada, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 178 del CCA. Al momento de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes, tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido en virtud de lo ordenado en las Resoluciones 27082 del 17 de junio de 2008 y PAP 51577 del 2 de mayo de 2011.
1.2. Las causales de revisión invocadas
La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:
- El juzgador se apartó de la interpretación que había desarr ollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los
Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
- En el expediente se acreditó que el señor Calvo Castro es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , comoquiera que no ocupó ninguno de los cargos de excepción en los términos del Decreto 1835 de 1994 .
En este sentido, las prerrogativas de transición consisten en que las personas cobijadas por éstas, les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, esto es, la Ley 33 de 1985.7
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP «Es indiscutible que el régimen especial aplicable a [e]l señor CALVO CASTRO CARLOS es el contemplado en el Decreto 1047 de 1978, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por estar inmerso en el régimen de transición».4
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación e mitida por el DANE. En igual sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional,5 criterio que constituye precedente obligatorio.
- El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional del señor Calvo Castro.
- En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional del demandado se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión6
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.7
2. Consideraciones
2.1. Competencia
4 Folio 6 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 5 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018. 6 La Sala observa que el 20 de abril de 2020, el señor Carlos Calvo Castro falleció, conforme se
de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018. 6 La Sala observa que el 20 de abril de 2020, el señor Carlos Calvo Castro falleció, conforme se acreditó en el registro civil de defunción indicativo serial 9145212, obrante a folio 438 del cuaderno 3 de la acción especial de revisión. Posteriormente, el 14 de agosto de 2020, la UGPP emitió la Resolución RDP 018569 a través de la cual reconoció una pensión de sobreviviente a la señora Rosario Bojacá de Calvo , en calidad de beneficiaria del causante. Folios 439 al 442 del cuaderno 3 de la acción especial de revisión. 7 Constancia secretarial obrante a folio 451 del cuaderno 3 de la acción especial de revisión.8
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP Esta corporación es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p úblico o a
de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p úblico o a fondos de naturaleza p ública la obligaci ón de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».10
Finalmente, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 10 de diciembre de 201411 y la acción especial se interpuso el 1 0 de diciembre de 2019,12 por lo que es dable concluir que
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 10 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, tambi én reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 11 Folio 167 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 12 Folio 10 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.9
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP fue presentado dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, del 11 de noviembre de 2014, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con l a
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con l a ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo 2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOC IMIENTO DE SUMAS PER IÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de di nero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Ha cienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del10
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:
- Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
- Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
- Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
- Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
- De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revi sar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
- Igualmente, se entienden exclu idos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin11
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01048-00 (6777-2019) Demandante: UGPP legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,14 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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