CE - 010325000202000038001SENTENCIA20230410083321

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

(FONCEP) Demandado: Lilia Lozano de Tobos Temas: Causales previstas en los literal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, del 20 de agosto de 2015, a través de la cual confirmó y adicionó el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, el 10 de octubre de 2012, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

2012, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones ( FONCEP), por conducto de apoderada judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, del 20 de agosto de 2015, a través de la cual confirmó y adicionó el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, el 10 de octubre de 2012, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por l a señora Libia Lozano de Tobos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11 001 33 31 027 2011 00515 01.2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, del 20 de agosto de 2015, que confirmó y adicionó el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, el 10 de octubre de 2012 ; ii)

de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, el 10 de octubre de 2012 ; ii) declarar que l a señora Libia Lozano de Tobos , en cuanto a la liquidación de s u mesada pensional, no es acreedor a de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 %, el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2 017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017; y por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 2 7 de enero de 193 1, nació la señora Libia Lozano de Tobos . Prestó sus servicios en los siguientes períodos y entidades: - Desde el 13 de marzo de 196 2 hasta el 30 d e diciembre de 1969, en el departamento de Cundinamarca.

servicios en los siguientes períodos y entidades: - Desde el 13 de marzo de 196 2 hasta el 30 d e diciembre de 1969, en el departamento de Cundinamarca. - Desde el 1 .° de enero de 197 0 hasta el 30 de diciembre de 19 91, en l a Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.

1. El 27 de enero de 1982, la hoy demandada cumplió 20 años de servicio, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el orden territorial.

1. El último año de servicio, esto es, desde el 1.° de enero hasta el 30 de diciembre de 1991, la señora Lozano de Tobos percibió los factores de asignaci ón básica y primas de alimentación, de habitación y de navidad.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP iv) El 15 de agosto de 1985, a través de la Resolución 00866 la Caja de Previsión Social del Distrito de Bogotá reconoció una pensión de jubilación a la señora Lozano de Tobos, a partir del 13 de marzo de 1982.

1. El 14 de enero de 2010, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones ( FONCEP) por medio de la Resolución 000069 reliquidó la pensión de jubilación otorgada, en cuantía de $ 91.980 a partir del 1.° de enero de 1992, con efectos fiscales desde el 29 de septiembre de 2006, por prescripción trienal. Para

jubilación otorgada, en cuantía de $ 91.980 a partir del 1.° de enero de 1992, con efectos fiscales desde el 29 de septiembre de 2006, por prescripción trienal. Para tal efecto, la autoridad pensional liquidó la prestación en el equivalente a un 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio. Aquel acto fue modificado por la Resolución 1418 del 27 de abril de 2010, en el sentido de adicionar al valor reconocido en el incremento de ley para el año 1992.

1. El 10 de octubre de 2012, el Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Lilia Lozano de Tobos contra el FONCEP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

PRIMERO.- Se declara la NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 0069 DEL 14 DE ENERO DE 2010 y de la RESOLUCIÓN No. 1418 DE 27 DE ABRIL DE 2010 a través de las cuales la entidad demandada reliquidó la pensión de jubilación de la señora LILIA LOZANO DE TOBOS, sin incluir la totalidad de los factores salariales devengados por la demandante en el último año de servicios.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENA al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEPa reliquidar y pagar de forma indexada , las

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENA al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEPa reliquidar y pagar de forma indexada , las mesadas de la pensión vitalicia de jubilación no prescritas de la señora LILIA LOZANO DE TOBOS […] con el promedio de lo devengado en el último año de servicio prestados, incluyendo como factores salariales además de la asignación básica y la prima de alimentación, los demás factores salariales percibidos por el (sic) demandante durante el último año de servicios, a saber, prima de habitación y prima de navidad, y a pagarle la diferencia d e las respectivas mesadas, haciendo el correspondiente reajuste, reliquidación efectiva a partir del 1° de enero de 1992, pero con efectos fiscales desde el 29 de septiembre de 2006, en virtud de que ha operado el fenómeno de la prescripción Es de anotar que si sobre los factores omitidos, no se hicieron aportes, la entidad podrá efectuar los respetivos descuentos.

TERCERO.- Se declara probada la excepción de PRESCRIPCIÓN de las mesadas pensionales de la parte demandante causadas del 29 de septiembre de 2006 hacia atrás.

1 Folios 144 al 157 del cuaderno 1 del proceso ordinario.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP CUARTO.- Se CONDENA a la entidad demandad a pagar a la parte demandante los valores correspondientes al reajuste de la pensión mensual de que tratan los numerales

Demandante: FONCEP CUARTO.- Se CONDENA a la entidad demandad a pagar a la parte demandante los valores correspondientes al reajuste de la pensión mensual de que tratan los numerales anteriores, actualizados de acuerdo con lo expresada en la parte motiva d e esta providencia, conforme los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la siguiente fórmula: […]

QUINTO.- Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda . […]. (Resaltado y subrayado originales del texto).

1. El 20 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión , emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar y adicionar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, en los siguientes términos:2

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá del 10 de octubre de 201 2, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora LILIA LOZANO DE TOBOS contra el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEPque ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación incluyendo los factores salariales de prima de habitación y prima de navidad, por las razones expuestas en esta sentencia y adiciónese en el siguiente sentido:

CUARTO:

[…] La entidad demandada deberá efectuar los descuentos por concepto de aportes a

de prima de habitación y prima de navidad, por las razones expuestas en esta sentencia y adiciónese en el siguiente sentido:

CUARTO:

[…] La entidad demandada deberá efectuar los descuentos por concepto de aportes a seguridad social, sobre los factores salariales ordenados incluir en esta sentencia, en el evento de no haberlos efectuado y en la proporción que le corresponde al empleado. […] (Resaltado original del texto).

1. El «14 de septiembre de 2015»,3 quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión.

1. El 1.° de diciembre de 2015, el FONCEP expidió la Resolución 002505 mediante la cual dio cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión y por el

Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

2 Folios 194 al 223 del cuaderno 1 del proceso ordinario. 3 Si bien la entidad recurrente manifiesta que la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 14 de septiembre de 2015, la Sala advierte que de conformidad con la constancia expedida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, l a fecha de ejecutoria data del 21 de septiembre de 2015. Folio 242 del cuaderno 1 del proceso ordinario.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020)

Demandante: FONCEP

de septiembre de 2015. Folio 242 del cuaderno 1 del proceso ordinario.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020)

Demandante: FONCEP El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión , mediante sentencia del 20 de agosto de 20 15,4 confirmó y adicionó el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, el 10 de octubre de 201 2, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Lilia Lozano de Tobos contra el FONCEP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. Revisado el acervo probatorio se observa que la señora Lilia Lozano de Tobos, es beneficiaria, por un lado, de la transición contenida en el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, comoquiera que para la fecha de su entrada en vigencia (13 de febrero de 1985) contaba con más de 15 años de servicio del Estado y, por el otro, del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Por ello, le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión reconocida de acuerdo con el régimen anterior, esto es, el Decreto 3135 de 1968 y en el Decreto 1045 de 1978.

En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio.

1978.

En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio.

1. Pese a que el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 contiene un listado taxativo de factores salariales, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, en virtud del principio de favorabilidad, aquella norma realiza una mera enunciación, por lo cual al momento de efectuar la liquidación de la prestación se debe tener en cuenta la s sumas que de manera habitual la demandante percibiera como contraprestación en el último año de servicio (desde el 31 de diciembre 1990 hasta el 31 de diciembre de 1991) a saber: asignación básica, primas de habitación, de navidad y de alimentación.

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas

4 Folios 194 al 223 del cuaderno 1 del proceso ordinario. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de progresividad y de favorabilidad en materia pensional

contraprestación del servicio.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de progresividad y de favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en la Sentencia SU-230 de 2015, emitida por la Corte Constitucional.

1. En consecuencia, teniendo en cuenta que el a quo ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos expuestos, se confirmará la providencia de primera instancia, pues se demostró que la actora tiene derecho a la reliquidación de la prestación, en el equivalente al 75 % del promedio mens ual percibido en el último año de servicio, con efectos fiscales desde el 29 de septiembre de 2006, por prescripción trienal.

Por su parte, se adiciona el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada en el sentido de precisar que se auto riza a la entidad demandada a descontar el valor de los aportes a seguridad social que la actora no hubiere cubierto respecto de los factores que se ordenan incluir en la reliquidación de la prestación. Lo anterior, por cuanto si bien el a quo así lo ordenó en la parte motiva, no lo dijo expresamente en la parte resolutiva de la providencia del 10 de octubre de 2012.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,

a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión mediante la sentencia objeto de revisión vulneró el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre los artículos 21 y 36, inciso 3.º de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación. Con ello, además el fallo acusado t ransgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP ii) En el expediente se acreditó que la señora Lozano de Tobos es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para la fecha de su entrada en vigencia en el orden territorial, contaba con más de «40 años de edad».

1. Es indiscutible que el régimen pensional aplicable a la demandada es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de

1993. En este sentido, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la

1993. En este sentido, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplic able es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En igual sentido lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y T-039 de 2018, las cuales constituyen precedente obligatorio.

1. «La pensionada NO adquirió el derecho pensional antes del 30 de junio de 1995, sino con posterioridad ». A pesar de ello, las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que el ingreso base de liquidación no forma parte del régimen anterior, sino que, para tales efectos, se debe aplicar el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de

1993.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe

que, para tales efectos, se debe aplicar el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoquiera que, se insiste, aquel adquirió el estatus jurídico de pensiona da en vigencia de aquella norma.8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP vi) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada la señora Lozano de Tobos se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente l a sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La señora Lilia Lozano de Tobos , por intermedio de apoderado , se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:6

1. La providencia recurrida fundamentó su decisión en la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 4 de agosto de 2010, la cual contenía el criterio vigente al momento de que aquella se emitiera, puesto que mantuvo la posición de reconocer la pensión de jubilación en el equivalente al 75 % con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

1. El Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, señaló que los casos en los que ha operado la cosa juzgada,

los factores salariales devengados en el último año de servicio.

1. El Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, señaló que los casos en los que ha operado la cosa juzgada, como es en el sub lite , resultan inmodificables. Igualmente, estableció que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida Corporación, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.

En consecuencia, la entidad recurrente no acreditó la configuración de las causales invocadas, por lo que se impone declarar improcedente la presente acción especial de revisión.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.7 Asimismo, atendiendo

6 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 26 de la plataforma SAMAI. 7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.8

Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.8

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 21 de septiembre de 20159 y la acción especial de re visión se interpuso el 13 de diciembre de 2019,10 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley. 2.3. Legitimación Sobre la legitimaci ón del Fondo de Prestaciones Econ ómicas, Cesant ías y Pensiones (FONCEP) para promover la acci ón de revisi ón contra providencias judiciales que hayan ordenado reconocer o reliquidar pensiones, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente regla: (...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constituci ón no regul ó la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen

Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero. [Negrillas fuera del texto] De acuerdo con lo anterior, el FONCEP, en cuanto entidad administradora encargada de re conocer y pagar las cesant ías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, está legitimado para interponer la presente acción de revisión.

Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 13 de diciembre de 2019, como consta en el folio 22 reverso del cuaderno de la acción de revisión; razón por la cual su trámite no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma. 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 9 Folio 242 del cuaderno del proceso ordinario. 10 Folio 22 reverso del cuaderno de la acción de revisión.10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP 2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, del 20 de agosto de 2015, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido

se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excedi ere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo 2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administr ativo y de lo Contencioso11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00038-00 (0039-2020) Demandante: FONCEP Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del

ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solve ncia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encu entra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión c