CE - 010325000202000051001SENTENCIAFALLO20230515150600

Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN Radicación: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Demandado: NIEVES BAUTISTA GARCÍA

Temas: Literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, IBL Decreto 546 de

1971. IBL Rama Judicial.

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , que confirmó parcialmente la sentencia del 1. º de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá , que accedió a las pretensiones, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Nieves Bautista García.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión1

1.1.1. Las pretensiones

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Nieves Bautista García.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión1

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP interpuso acción de revisión contra la sentencia indicada en el párrafo precedente, para lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señala lo siguiente:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. […] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»2.

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. Infirmar la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, subsección D, que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo

1 Demanda de revisión obrante a folios 1 a 7 del c. ppal. 2 Folio 160 de la acción de revisión.Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá el 1. ° de septiembre de 2017, dentro del proceso ordinario instaurado por la señora Nieves Bautista García contra la UGPP.

2. Declarar que la señora Nieves Bautista García no es acreedora de un derecho adquirido.

dentro del proceso ordinario instaurado por la señora Nieves Bautista García contra la UGPP.

2. Declarar que la señora Nieves Bautista García no es acreedora de un derecho adquirido.

3. Ordenar que la pensión de la señora Nieves Bautista García se liquide conforme a las reglas previstas por las sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU-230 de 2015, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, SU -395 de 2015, SU -631 de 2017 y SU 023 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. De acuerdo con aquellas providencias, se debe adoptar como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso. Los factores base de cotización son los taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresamente c onsagren la condición de factor salarial con incidencia pensional.

4. Ordenar a la señora Nieves Bautista García a restituirle a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, los dineros percibidos y recibidos en exceso por la reliquidación de la mesada pensional con la correspondiente indexación, como consecuencia de las órdenes impartidas en las sentencias objeto de revisión.

1.1.2. Hechos

Los hechos que sirven de fundamento a la presente acción son, en síntesis, los siguientes:

mesada pensional con la correspondiente indexación, como consecuencia de las órdenes impartidas en las sentencias objeto de revisión.

1.1.2. Hechos

Los hechos que sirven de fundamento a la presente acción son, en síntesis, los siguientes:

1. La señora Nieves Bautista García nació el 1. ° de octubre de 19533.

1. Prestó sus servicios en el sector oficial, así:

Entidad Tiempo Rama Judicial , Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá 20/04/1981 al 02/06/19814

Rama Judicial 19/06/1981 al 13/07/19815 Rama Judicial 01/08/1981 al 16/08/19816 Rama Judicial , Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá 17/08/1981 al 31/10/19857

Rama Judicial 01/11/1985 al 30/05/19928

3 Según la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 261 del cuaderno principal. 4 Según certificación laboral expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial obrante a folio 251 vuelto del cuaderno principal. 5 Según certificación laboral expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial obrante a folio 252 vuelto del cuaderno principal. 6 Ibidem. 7 Según certificación laboral expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial obrante a folio 251 vuelto del cuaderno principal. 8 Según certificación laboral expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

6 Ibidem. 7 Según certificación laboral expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial obrante a folio 251 vuelto del cuaderno principal. 8 Según certificación laboral expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial obrante a folio 252 vuelto del cuaderno principal.Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

Fiscalía General de la Nación 01/08/19929 al 09/09/201610

1. El 2 de octubre de 2015, por medio de la Resolución 040852, la UGPP le reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez en una cuantía de $5.349.154.00, efectiva a partir del 2 de octubre de 2006, condicionada a demostrar retiro del servicio. La liquidación se efectuó con el 75%, de los factores salariales percibidos entre el 1. ° de febrero de 2005 y el 30 de enero de 2015, y sobre los cuales se hubieren efectuado los aportes al sistema de seguridad social.

1. La anterior decisión fue confirmada por medio de las Resoluciones 049931 del 26 de noviembre de 2015 y RDP 055029 del 22 de diciembre de 2015.

1. El 1. ° de septiembre de 2017, el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia , en la que ordenó reliquidar el derecho pensional en un monto equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios del causante, con fundamento en las disposiciones contenidas en el Decreto 546 de 1971, así:

reliquidar el derecho pensional en un monto equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios del causante, con fundamento en las disposiciones contenidas en el Decreto 546 de 1971, así:

«CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a reliquidar y pagar a la señora NIEVES BAUTISTA GARCÍA, […] su pensión de vejez con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado durante el último año de servicio, […] con efectos a partir de cuándo se acredite el retiro definitivo del servicio

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones específicamente en lo que respecta al reconocimiento de la mesada catorce, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.».

1. El 9 de marzo de 2018 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , emitió sentencia en la que confirmó parcialmente l a decisión de primera instancia, en el sentido de precisar los factores salariales que deben incluirse en la reliquidación pensional y ordenar el reconocimiento y pago

de mesada catorce. Así lo expuso:

« […] la base de la pensión de jubilación de los func ionarios y empleados beneficiarios del régimen especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, incluye la asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo los conceptos enunciados y todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios, por disposición

incluye la asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo los conceptos enunciados y todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios, por disposición expresa del artículo 12 del Decreto 717 de 1978, […] sin que sea válido sostener que los factores relacionados anteriormente se refieran a una lista taxativa.

[…] tratándose de una persona beneficiaria del régimen de transición, lo procedente es aplicar el régimen anterior en su integridad, esto es, el Decreto 546 de 1971, en virtud del principio de inescindibilidad […].

Ahora bien, la Sala no acoge los plantea mientos expuestos por la entidad demandada, de aplicar al sub examine la sentencia de unificación SU -230 de 2015, proferida por la H. Corte Constitucional, por las siguientes razones: i) […] la Ley 1437 de 2011 trajo un cambio fundamental al otorgarles una preeminencia

9 Tal como consta en la certifica ción laboral emitida por la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, Sección de Talento Humano, de la Fiscalía General de la Nación , obrante en los folios 235 y 236 del cuaderno principal. 10 Fecha de presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

especial a las Sentencias de Unificación del Consejo de Estado señaladas en los artículos 269 y 270, al punto que consagró un recurso especial denominado “Recurso Extraordinario de Unificación” cuando fueran desconocidas por los Tribunales Ad ministrativos, ii) La Corte Constitucional declaró exequible el

los artículos 269 y 270, al punto que consagró un recurso especial denominado “Recurso Extraordinario de Unificación” cuando fueran desconocidas por los Tribunales Ad ministrativos, ii) La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, mediante la Sentencia C-634 de 2011, que señaló el deber de aplicación de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado […].

[…] la sentencia SU-230 de 2015, por ser de tutela tiene efectos interpartes, por lo tanto, como dicho fallo no extendió efectos intercomunis no tiene la vocación de gobernar todos los casos, razón por la cual, esta Sala seguirá aplicando la sentencia del 4 de agosto de 2010 […]».

1. El 26 de noviembre de 2019, la UGPP expidió la Resolución RDP 03560011, por medio de la cual dio cumplimiento a la providencia referida.

1. El 4 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , emitió auto med iante el cual aclaró y adicionó la sentencia, en el sentido de precisar que los factores salariales que integran el IBL de la pensión cuestionada s on «además de los factores reconocidos, como la bonificación judicial y 1/12 parte de la bonificación por actividad judicial, el sueldo, los gastos de representación, y la 1/12 parte de la prima de especial de servicios, 1/12 parte de la prima especial de vacaciones, 1/12 parte de la prima de vacaciones, 1/12 parte de la bonificación por servicios, 1/12 parte de la prima de servicios y 1/12 parte de la prima de navidad»12.

de la prima especial de vacaciones, 1/12 parte de la prima de vacaciones, 1/12 parte de la bonificación por servicios, 1/12 parte de la prima de servicios y 1/12 parte de la prima de navidad»12.

1. El 21 de julio de 2020, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , de acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría del Juzgado Séptimo Administrativo

de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda13.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión14

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, profirió sentencia el 9 de marzo de 2018, en la que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, en el sentido de precisar los factores salariales que debían ser tenidos en cuenta en la reliquidación de la prestación y ordenar el reconocimiento y pago de la mesada catorce, con sustento en las siguientes consideraciones:

1. El concepto de asignación salarial más alta abarca todos los pagos que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios, por disposición expresa del artículo 12 del Decreto 7 17 de 1978. Así lo interpretó el Consejo de Estado, en sentencia del 17 de marzo de 201115.

11 Páginas 227 a 235 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI. 12 Los factores cuya inclusión al IBL ordenó el Tribunal fueron precisados en el auto del 4 de junio de

11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI. 12 Los factores cuya inclusión al IBL ordenó el Tribunal fueron precisados en el auto del 4 de junio de 2020, que aclaró y adicionó la sentencia (páginas 237 a 244 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI) . 13 Página 254 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI. 14 Sentencia a páginas 188 a 201 y auto de aclaración y adición de la sentencia a páginas 237 a 244 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2011, radicado: 250002325000200503884 01 (0538-09), demandante: José Rosalino Segovia Montenegro.Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, 16 emitida por el Consejo de Estado, se fijó el criterio respecto de los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidación de las pensiones del régimen de transición y según el cual, aunque la ley no señala taxativamente los factore s de salario, debían incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador, en el último año de servicio, percibiera como contraprestación.

salario, debían incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador, en el último año de servicio, percibiera como contraprestación.

Frente a este aspecto, los artículos 10, 269 y 270 del CPACA introduje ron el deber de aplicación de las sentencias de unificación emitidas por el Consejo de Estado y, además, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, las sentencias proferidas en sede de tutela tienen efectos inter partes y no pueden extenderse a la generalidad de los casos.

1. En el sub lite , no está en discusión la calidad de la demandante como beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, para su entrada en vigor, tenía la edad de 35 años de edad y contab a con más de 20 de servicios y, por lo tanto, le asiste el derecho a que su pensión de vejez se determine en las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstas en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

1. En ese orden, la señora Nieves Bautista García tiene derecho a la pensión de jubilación con el 75% de la asignación más elevada durante el último año de servicios «anterior a la adquisición del estatus pensional»17, con inclusión «además de los factores reconocidos, como la bonificación judicial y 1/12 parte de la bonificación por actividad judicial, el sueldo, los gastos de representación, y la 1/12 parte de la prima de especial de servicios, 1/12 parte de la prima especial de vacaciones, 1/12 parte de l a prima de vacaciones, 1/12 parte de la bonificación por servicios, 1/12 parte de la prima de servicios y 1/12 parte de la

1/12 parte de la prima especial de vacaciones, 1/12 parte de l a prima de vacaciones, 1/12 parte de la bonificación por servicios, 1/12 parte de la prima de servicios y 1/12 parte de la prima de navidad»18, conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, efectiva a partir del 2 de octubre de 2003.

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad accionante invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:

1. La sentencia objeto de revisión contraría la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los Convenios 102 y 128 de la OIT sobre la Seguridad Social, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política; la Ley 100 de 1993, los Decretos 546 de 1971, 717 de 1978, 911 de 1978 y 1158 de 1994, el Acto Legislativo 01 de 2005 y demás normas concordantes.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09). 17 Esta precisión se realizó mediante auto del 4 de junio de 2020, que aclaró y adicionó la sentencia (páginas 237 a 244 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI).

(páginas 237 a 244 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI). 18 Los factores cuya inclusión al IBL ordenó el Tribunal fueron aclarados en el auto del 4 de junio de 2020, que aclaró y adicionó la sentencia (páginas 237 a 244 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI) .Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

1. El derecho reconocido en la decisión cuestionada excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una liquidación pensional en contravía de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. La señora Nieves Bautista García, al estar cobijada por el régimen de transición, dado que tenía más de 35 años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, tiene derecho al recon ocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por el Decreto 546 de 1971. No obstante, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así lo ha interpretado la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos 19, que se constituían en precedente obligatorio para los jueces de primera y segunda instancia.

1. La liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues aumenta la mesada pensional de la de mandada, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial. Tal situación permite observar que se configura un abuso palmario

1. La liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues aumenta la mesada pensional de la de mandada, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial. Tal situación permite observar que se configura un abuso palmario del derecho que ocasiona un grave detrimento del erario y quebranta el interés general.

1.3. Contestación de la acción20

Dentro del término, la señora Nieves Bautista García, mediante apoderado, dio respuesta a la acción de revisión para solicitar que se denieguen las pretensiones. Como fundamentos de su oposición, indicó lo siguiente:

1. La demanda de revisión extraordinaria fue presentada anticipadamente, comoquiera que la sentencia de segunda instancia no se encontraba ejecutoriada, pues posteriormente se emitió un auto de aclaración y adición de aquella.

1. Las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del p roceso ordinario se encuentran ajustadas a la legalidad en tanto aplicaron el régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971 del que es destinataria por haber prestado sus servicios a la Rema Judicial y haber quedado inmersa en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El Tribunal Administrativo ciñó su decisión a los principios de favorabilidad e inescindilidad normativa.

1. La tesis expuesta por la Corte Constitucional en la sentencia C -258 de 2013 no se refiere a los regímenes especiales. Así lo explicó el Consejo de Estado en sentencia del 12 de septiembre de 201421.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

sentencia del 12 de septiembre de 201421.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala, en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra

19 Corte Constitucional, sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, entre otras. 20 Páginas 432 a 442 del documento obrante a índice 13 de SAMAI. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2014; radicación: 25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014); demandante: Gladys Agudelo Ordoñez.Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.22.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201923:

«[…] ARTÍCULO 13. - DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección segunda […]

3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia

de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección segunda […]

3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]».

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza […]a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación»24.

De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos.

Por lo anterior, es posible concluir que esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la demanda de revisión formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra la sentencia proferida 9 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Nieves Bautista García.

2.2. Legitimación

De acuerdo con el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y el artículo 156

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Nieves Bautista García.

2.2. Legitimación

De acuerdo con el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interposición de esta acción, comoquiera que se le asignó la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

22 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.». 23 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado. 24 Cabe agregar, que la Corte Constit ucional, a través de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

2.3. Oportunidad de la acción

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dent ro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial» . En el sub lite, la

previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dent ro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial» . En el sub lite, la sentencia del 9 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, fue aclarada y adicionada mediante auto del 4 de junio de 2020 25, el cual fue notificado por estado del 15 de julio de 2020, es decir que ambas providencias quedaron ejecutoriadas el día 21 de julio de la misma anualidad, de acuerdo con la constancia emitida por la Secretaría del Juzgado Sé ptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda26. Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 12 de diciembre de 201927, es posible concluir que aquella se encuentra en tiempo.

Por último, en la contestación de la demanda, la señora Nieves Bautista García, indicó que la demanda de revisión fue presentada anticipadamente, comoquiera que la sentencia de segunda instancia no se encontraba ejecutoriada, pues posteriormente se emitió un auto de aclaración y adición de aquella, argumentos que fueron decantados en el auto del 19 de noviembre de 2021 28, razón por la cual no habrá lugar a un nuevo pronunciamiento sobre el mismo tema.

2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al

del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al ordenar el reconocimiento de la pensión de la señora Nieves Bautista García , cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo el ingreso base de liquidación del Decreto 546 de 1971 y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 29 introdujo en el ordenamiento colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS

PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE

25 Páginas 237 a 244 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI. 26 Página 254 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI. 27 Folio 7 reverso del c. ppal. 28 Índice 17 del sistema informático SAMAI.

11001333500720160039200, obrante en el índice 10 de SAMAI. 27 Folio 7 reverso del c. ppal. 28 Índice 17 del sistema informático SAMAI. 29 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 De 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales.».Radicado: 110010325000202000051 00 (0052-2020)

Demandante: UGPP

NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o conve