CE - 010325000202000383001SENTENCIA20230307084246

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Francisco Rafael Zúñiga García Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, del 8 de octubre de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad o judicial,

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad o judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, del 8 de octubre de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Francisco Rafael Zúñiga García contra aquella entidad , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 20 001 23 33 003 2013 00203 00.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar, del 8 de octubre de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda; ii) declarar que el señor Francisco Rafael Zúñiga García, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP amparado por la legislación colombiana; y iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de

de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 30 de noviembre de 19 39, nació el señor Francisco Rafael Zúñiga García .

Prestó sus servicios en el Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA), desde el 15 de mayo de 1971 hasta el 30 de mayo de 2003 y el último cargo que desempeñó fue el de profesional especializado 3010, grado 16 en la Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola de Valledupar, Cesar.

1. El 30 de noviembre de 1994, el señor Zúñiga García adquirió el estatus jurídico de pensionado.

1. El 20 de diciembre de 2001, a través de la Resolución 28557 la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a l hoy demandado en cuantía de $  1.123.924,36, a partir del 1.° de enero de 2001, condicionada al retiro definitivo del servicio. Posteriormente, la prestación fue reliquidada por virtud de la Resoluci ón 047804 del 30 de noviembre de 2005, por retiro del servicio, de

retiro definitivo del servicio. Posteriormente, la prestación fue reliquidada por virtud de la Resoluci ón 047804 del 30 de noviembre de 2005, por retiro del servicio, de manera que la cuantía ascendió a $ 1.399.546,39, a partir del 1.° de junio de 2003.

1. El 2 de octubre de 201 2, mediante la Resolución RDP 10491 la UGPP negó la reliquidación de la pensión de jubilación pretendida por el hoy demandado. Aquel acto fue confirmado por la Resolución RDP 015144 del 13 de noviembre de 2012.

1. El 8 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Cesar, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP interpuesta por el señor Francisco Rafael Zúñiga García contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 010491 de fecha 2 de octubre de 201 2, suscrita por la [s]ubdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, y, RDP 015144 de fecha 13 de noviembre de 2012, emitida por el [d]irector de Pensiones de esa misma entidad, mediante las cuales se negó al señor FRANCISCO RAFAEL ZÚÑIGA GARCÍA, la reliquidación de su pensión de vejez, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,

FRANCISCO RAFAEL ZÚÑIGA GARCÍA, la reliquidación de su pensión de vejez, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a que reliquide la pensión vitalicia de jubilación reconocida al señor FRANCISCO RAFAEL ZÚÑIGA GARCÍA , incluyendo todos los factores salariales que devengó durante el último año de servicio, pague los reajustes de ley, y, las diferencias de las mesadas a que tiene derecho el demandante, entre lo que ha venido cancelando la entidad demandada y lo que realmente ésta deba pagar, con efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2009, como quiera que los montos anteriores a dicha fecha prescribieron, sin perjuicio de que la entidad pueda descontarle los aportes correspondientes a los factores sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.

Las sumas que resulten de la condena anterior deberán ser canceladas a cargo de los fondos respectivos y se actualizarán en la forma que se indica en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal, de las diferencias que resulten del reajuste o reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al señor FRANCISCO RAFAEL ZÚÑIGA GARCÍA, que al día 12 de junio de 2009 hubieran prescrito. […] (Resaltado original del texto)

1. El 26 de marzo de 2015, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Cesar.

prescrito. […] (Resaltado original del texto)

1. El 26 de marzo de 2015, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Cesar.

1. El 8 de septiembre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 036521 mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar. De esta manera, reliquidó la pensión de jubilación de l señor Zúñiga García, en una cuantía de $ 1.922.068, efectiva desde el 1.° de junio de 2003, con efectos fiscales desde el 12 de junio de 2009. Por virtud de la Resolución RDP 018031 del 5 de mayo de 2016, la UGPP modificó el primer acto, en el sentido de incluir, además, la prima de vacaciones, devengada por aquel, en la reliquidación de la prestación.

1 Folios 125 al 135 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 19 de marzo de 2015, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la UGPP. Folios 136 reverso y 137 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP 1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Cesar, el 8 de octubre de 2014,2 emitió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Francisco Rafael Zúñiga García contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones:

primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Francisco Rafael Zúñiga García contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones:

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, 3 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario debían incluirs e, en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como en el sub lite, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicio y monto de la pensión.

1. Está acreditado que el demandante es beneficiari o del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para la fecha de entrada en vigencia de aquella norma, tenía 54 años de edad . Por su parte, se encuentra probado que la entidad demandada liquidó la pensión de jubilación del demandante en el equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicios.

En consecuencia, en observancia del precedente fijado por el Consejo de Estado, en el ingreso base de liquidación de la prestación del actor deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio (2002 - 2003), a saber , asignación básica, incremento por antigüedad, incentivo de localización, auxilio por

en el ingreso base de liquidación de la prestación del actor deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio (2002 - 2003), a saber , asignación básica, incremento por antigüedad, incentivo de localización, auxilio por

2 Folios 125 al 135 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 19 de marzo de 2015, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la UGPP. Folios 136 reverso y 137 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP retiro, bonificación por servicios y las primas de servicios, de navidad y de vacaciones.

1. En ese orden, se impone declarar la nulidad de los actos administrativos reprochados y a título de restablecimiento del derecho , se ordena a la entidad demandada reliquidar, de forma indexada, la pensión de jubilación del demandante con efectos fiscales desde el 12 de junio de 2009, por prescripción trienal, en el equivalente al 75 % del promedio mensual de los salarios devengados en el último año de servicio.

Finalmente, la UGPP debe a. descontar los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se accede y sobre los cuales no se haya e fectuado la deducción legal; y b. pagar las diferencias entre lo cancelado y lo que realmente

Finalmente, la UGPP debe a. descontar los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se accede y sobre los cuales no se haya e fectuado la deducción legal; y b. pagar las diferencias entre lo cancelado y lo que realmente debe pagar, en los términos previamente expuestos.

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est as, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

1. En el expediente se acreditó que el señor Zúñiga García es beneficiar io del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al6

1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En igual sentido lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU210 de 2017, SU-395 de 2017 , SU -631 de 2017 y T -039 de 2018, las cuales constituyen precedente obligatorio.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe el demandado, comoquiera que, se insiste, aquel adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada

insiste, aquel adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada por el señor Zúñiga García se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional. 1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.4

2. Consideraciones

2.1. Competencia y legitimación

4 Constancia secretarial obrante a folio 251 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.5 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del referido recurso, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.6

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Soc ial, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».7

Es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de est a acción especial de revisión , teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o as umir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En

5 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

5 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revi sión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 7 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 26 de marzo de 20158 y la acción especial de revisión se interpuso el 7 de febrero de 2020,9 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, del 8 de octubre de 2014, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revi sadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales

una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

8 Folio 182 del cuaderno 1 de la acción de revisión 9 Folio 9 reverso ibidem.9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta asp ectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino tam bién otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del

ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del d erecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Demandante: UGPP v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró10 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,11 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

10 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

10 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 11 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoContencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00383-00 (0835-2020) Demandante: UGPP Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».12

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».13

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el o bjeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimo nial al erario».14

primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimo nial al erario».14 Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

12 Consejo de Es tado, Sala Cuatro Especial de Decisión , sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV). 13 Ibidem. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00 (2743