CE - 010325000202000421001SENTENCIA20230509225243

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia Demandado: Luz Gloria Atehortua Soto, en calidad de cónyuge supérstite de Gustavo Adolfo Sánchez Correa (Q.E.P.D) Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, del 23 de noviembre de 2017, a través de la cual se confirmó y aclaró la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, el 1 8 de julio de 2016, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, Pensiones de Antioquia, por conducto de apoderado judicial , solicitó

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, Pensiones de Antioquia, por conducto de apoderado judicial , solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, del 23 de noviembre de 2017, a través de la cual se confirmó y aclaró la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral d e Medellín, el 18 de julio de 2016, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda formulada por el señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa (Q.E.P.D) contra Pensiones de Antioquia , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia radicado 05 001 33 33 001 2015 00819 01.

Con fundamento en lo anterior, pretendió revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 23 de noviembre de 2017, y en su lugar, negar «las pretensiones de reliquidación del señor GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ CORREA, fallecido y sustituido en sus derechos por la señora LUZ GLORIA ATEHORTUA SOTO».

1.1.2. Hechos1

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 11 de febrero de 2008, a través de la Resolución 000036, Pensiones de

1.1.2. Hechos1

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 11 de febrero de 2008, a través de la Resolución 000036, Pensiones de Antioquia reconoció una pensión de jubilación a l señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa, en calidad de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Para tal efecto, la entidad estimó la prestación en la cuantía de $ 619.289, tuvo en cuenta la edad, el tiempo de servicio y el monto del régimen anterior y respecto al IBL acudió al artículo 21 de la referida ley y al Decreto 1158 de

1994.

1. El señor Sánchez Correa, mediante derecho de petición, solicitó a Pensiones de Antioquia la reliquidación de su pensión de jubilación, con el fin de que se le aplicara el precedente contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 011122009, proferida por el Consejo de Estado . Aquella petición fue resuelta de forma negativa.

1. El 18 de julio de 2016, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:2

PRIMERO: SE DECLARA la nulidad de la Resolución No. 00000036 del 11 de febrero de 2008, de la Resolución No. 00000319 del 18 de julio de 2008 y de los oficios o actos Administrativos Nos. Código 130-04-04 del 27 de agosto de 2012 y el No. 130-07-07 del

de 2008, de la Resolución No. 00000319 del 18 de julio de 2008 y de los oficios o actos Administrativos Nos. Código 130-04-04 del 27 de agosto de 2012 y el No. 130-07-07 del

1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite. 2 Folios 82 al 89.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia 28 de enero de 2015, expedidos por PENSIONES DE ANTIOQUIA, mediante los cuales se negó el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez a GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ CORREA , en cuanto para su liquidación no incluyó todos los factores salariales devengados por esta persona en el último año de servicios.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a PENSIONES DE ANTIOQUIA, a efectuar la correspondiente reliquidación de la pensión de jubilación del señor GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ CORREA , con cédula de ciudadanía 70.058.259 incluyendo para tal efecto, los factores salariales certificados creados por normas de carácter legal que devengó durante el último año de servicio. Dicho reconocimiento y re -liquidación (sic) deberá hacerse desde el momento que al demandante se le reconoció la pensión de jubilación.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a PENSIONES DE ANTIOQUIA, A PAGAR las diferencias que resulten de la re-liquidación (sic) ordenada

demandante se le reconoció la pensión de jubilación.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a PENSIONES DE ANTIOQUIA, A PAGAR las diferencias que resulten de la re-liquidación (sic) ordenada en el numeral anterior frente al pago de las mesadas causadas de la pensión de jubilación, a partir de 06 de octubre de 2011.

[…] QUINTO: SE AUTORIZA a PENSIONES DE ANTIOQUIA, para que realice los respectivos descuentos para pensión, sobre los factores salariales que en su debido momento, dejó de efectuar el Nominador.

SEXTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado y subrayado originales del texto)

1. El 23 de noviembre de 20 17, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad , emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar y aclarar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, en los siguientes términos:3

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Medellín, el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).

SEGUNDO: ACLARAR el numeral segundo del fallo apelado, en cuanto a que los factores de creación legal a tener en cuenta son los siguiente[s]: las primas de vacaciones, de navidad, el subsidio de transporte y la asignación básica. […] (Resaltado original del texto)

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante

vacaciones, de navidad, el subsidio de transporte y la asignación básica. […] (Resaltado original del texto)

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2017,4 confirmó y aclaró el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, el 18 de julio de 2016, que había accedido parcialmente a las

3 Folios 90 al 101. 4 Folios 90 al 101.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia pretensiones de la demanda presentada por el señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa ( Q.E.P.D) contra Pensiones de Antioquia , con sustento en las siguientes

consideraciones:

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liqui dación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio. La anterior postura fue reiterada por el alto tribunal a través de la sentencia del 25 de febrero de 2016.6

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de progresividad y favorabilidad en materia p ensional y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C -258

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de progresividad y favorabilidad en materia p ensional y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985.

1. De conformidad con el mand ato contenido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, al momento de liquidar la pensión de jubilación, deben tenerse en cuenta los factores salariales de origen o creación legal. En ese orden, las normas expedidas por Juntas Directivas, Asambleas departamentales o Concejos municipales no son aplicables para tal efecto, por ser contrarias a la Carta Política de 1991.

1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

1. Revisado el acervo probatorio se observa que el señor Sánchez Correa es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09). 6 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09). 6 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado 25000234200020130154101.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia 1993, y por ello, para efectos pension ales, debía aplicarse la Ley 33 de 1985. En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación deben incluirse todos los factores de carácter legal devengados durante su último año de servicio (1996 - 1997) esto es, la asignación básica, las primas de vacaciones y de navidad y el subsidio de transporte, excluyendo la prima de vida cara por tratarse de un emolumento de creación extralegal.

En lo que respecta al incentivo por antigüedad solicitado por el actor, no se realizará estudio alguno pues no se probó que hubiere sido percibido en el último año de servicio.

1. En ese orden, se impone confirmar la sentencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Medellín que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al demandante en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio, con efectos fiscales a partir del 6 de octubre de 2011, por prescripción trienal. No obstante, se aclara el numeral segundo de la parte resolutiva, en el entendido de ordenar la inclusión de los factores salariales de

de 2011, por prescripción trienal. No obstante, se aclara el numeral segundo de la parte resolutiva, en el entendido de ordenar la inclusión de los factores salariales de carácter legal percibidos en el referido lapso, esto es, la asignación básica, las primas de vacaciones y de navidad y el subsidio de transporte, excluyendo la prima de vida cara por tratarse de un emolumento de creación extralegal.

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. La sentencia recurrida transgrede el derecho al debido proceso, lo cual configura una vía de hecho que , además, vulnera el principio de supremacía constitucional, en la medida que el reconocimiento de la pensión de jubilación con base en todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, bajo los términos de la sentencia de unificación d el 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, desconoce los precedentes jurisprudenciales obligatorios y6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia vinculantes de la Corte Constitucional sobre la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de t ransición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las demás normas legales que regulan la materia.

1. La providencia cuestionada comporta un abuso del derecho, pues con la

personas sujetas al régimen de t ransición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las demás normas legales que regulan la materia.

1. La providencia cuestionada comporta un abuso del derecho, pues con la reliquidación de la pensión de jubilación del causante, se excedió lo debido, en contravía de la aplicación de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y del Acto Legislativo 01 de 2005, conforme a la interpretación dada al régimen de transición por la Corte Constitucional, a través de las Sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU-230 de 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017 y SU -395 de 2017. En consecuencia, se elevó la mesada a la suma de $ 719.082, lo cual reportó un aumento del 16.11 %.

Por lo tanto, la mesada pensional devengada por la hoy demandada se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la prestación reconocida al señor Sánchez Correa y que percibe la señora Atehortua Soto, porque aquel adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de la Ley 100 de 1993 y del referido decreto.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La señora Luz Gloria Atehortua Soto, en calidad de beneficiaria de la pensión de jubilación reconocida al señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa ( Q.E.P.D), por

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La señora Luz Gloria Atehortua Soto, en calidad de beneficiaria de la pensión de jubilación reconocida al señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa ( Q.E.P.D), por intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:7

1. Las decisiones recurridas por un lado, se fundamentaron en los precedentes jurisprudenciales vigentes para la fecha de su expedición y por el otro, están protegidas por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y confianza legítima.

7 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible a índice 10.7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia ii) No puede otorgarse efectos retroactivos a l a Sentencia C-258 de 2013, pues se expidió con posterioridad al reconocimiento pensional del causante, esto es, el 11 de febrero de 2008 . Así mismo, aquella providencia realizó el estudio de las prestaciones percibidas por servidores con régimen especial , tales como los congresistas, entre otros.

1. Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo, cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda

que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo, cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida corporación, no puede considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.

1. Los argumentos de la entidad demandante carecen de veracidad porque se encuentra acreditada la excepci ón de falta de legitimación en la causa pasiva, porque no existe relación jurídico sustancial entre aquella entidad y la hoy demandada, por el contrario, fue con su difunto cónyuge, el señor Sánchez Correa, en razón al vínculo laboral que tuvo con el departamento de Antioquia.

Finalmente, se encuentran acreditas las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe y legalidad del acto administrativo demandado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la

8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)

Demandante: Pensiones de Antioquia

administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto de l proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier natur aleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artíc ulo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia obje to de revisión cobró ejecutoria el 1.° de diciembre de 201710 y la acción especial de revisión se interpuso el 18 de diciembre de 2019,11 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. Legitimación

201710 y la acción especial de revisión se interpuso el 18 de diciembre de 2019,11 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. Legitimación Sobre la legitimaci ón de Pensiones de Antioquia para promover la revisi ón de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, definió lo siguiente: (...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constituci ón no regul ó la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras

9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 10 Folio 79. 11 Folio 5.9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero.

Por su pa rte, de conformidad con el Decreto 3781 de 1991, la administradora de pensiones de Antioquia se creó para, entre otros fines, asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del r égimen de prima media. Al respecto, ve r, entre otras, la Sentencia T -368 de 2018 de la Corte Constitucional y la sentencia del 12 de abril de 2018 12 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

media. Al respecto, ve r, entre otras, la Sentencia T -368 de 2018 de la Corte Constitucional y la sentencia del 12 de abril de 2018 12 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por lo anterior, Pensiones de Antioquia se encuentra legitimada para la presentación de la acción de revisión objeto de estudio. Por otro lado , la Sala observa que si bien el CPACA no prevé la posibilidad de proponer excepciones en el trámite del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que la parte demandada, en la contestación de la acción especial, expuso que se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto , la Sala observa que esta corporación ha sostenido que la fa lta de legitimación en la causa por pasiva se trata de una figura que puede ser abordada desde dos perspectivas, una de hecho y otra material. La primera de ellas se establece en virtud de la relaci ón procesal que se teje entre demandante y demandado con ocasión de la mera atribuci ón que el primero de ellos formula en contra del segundo a través de la pretensión procesal y de su vinculación al proceso cuando se traba la litis. Por su parte, la legitimación material en la causa se refiere a quienes tienen, de un lado, la titularidad del derecho y, de otro, la titularidad de la obligación, es decir, a quienes verdaderamente corresponde asumir la condición de partes dentro del proceso por ser los que, en realidad, ostentan la calidad para exigir lo que reclaman y para negarlo. Pues bien, la Sala encuentra demostrado en el expediente que el 8 de noviembre de 2018, falleció el señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa, 13 quien fungió como

lo que reclaman y para negarlo. Pues bien, la Sala encuentra demostrado en el expediente que el 8 de noviembre de 2018, falleció el señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa, 13 quien fungió como

12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de abril de 2018, radicación: AC 001-03-15000-2017-02284-01. 13 Folio 109.10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 2015 00819 01 . E ste hecho condujo a que Pensiones de Antioquia expidiera la Resolución 2019030017 del 9 de enero de 2019, 14 a través de la cual reconoció a la señora Luz Gloria Atehortua Soto, en calidad de cónyuge supérstite, una pensión de sobreviviente.

Se recuerda que con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, la pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, son figuras jurídicas que están dirigidas a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

En ese orden, la hoy demandada está legitimada en la causa por pasiva , comoquiera que es la beneficiaria de la prestación reconocida al causante en el

carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

En ese orden, la hoy demandada está legitimada en la causa por pasiva , comoquiera que es la beneficiaria de la prestación reconocida al causante en el proceso ordinario, que tuvo como consecuencia la expedición de la sentencia hoy recurrida.

2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, del 23 de noviembre de 2017, se encuentra inmersa en la s causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite n acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

14 Folios 131 y 132.11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los

siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO

periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sis tema de

en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sis tema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilida