CE - 010325000202000548001SENTENCIA20231003200848

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Paulina Arenas Jiménez Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 30 de septiembre de 2014, a través de la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Bogotá, el 22 de mayo de 2014, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

2014, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad a judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 30 de septiembre de 2014, a través de la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda,2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP el 22 de mayo de 2014 , que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Paulina Arenas Jiménez contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 019 2013 00351 01.

Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que la señora Paulina Arenas Jiménez no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y ii) ordenar a la UGPP reliquidar de la mesada pensional de la demandada, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158

la demandada, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.1

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 22 de mayo de 19 50, nació la señora Paulina Arenas Jiménez . Prestó sus servicios en la Universidad Pedagógica desde el 6 de enero de 1967 hasta el 16 de diciembre de 1967 y desde el 3 de septiembre de 1969 hasta el 30 de junio de 2001, y ocupó como último cargo el de auxiliar administrativo, código 5120, grado 12.

1. El 22 de mayo de 2000, la señora Arenas Jiménez adquirió el estatus jurídico pensional.

1. El 22 de marzo de 2001, a través de la Resolución 6563 la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada en cuantía de $  366.390,44, efectiva desde el 1.° de septiembre de 2000, condicionada al retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, se tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado en 6 años y 5 meses de servicio, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

1 La entidad recurrente cita las Sentencias C -168 de 1995, C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SUservicio, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

1 La entidad recurrente cita las Sentencias C -168 de 1995, C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 227 de 201.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP iv) El 24 de junio de 2002, CAJANAL expidió la Resolución 15888 mediante la cual reliquidó la pensión de jubilación de la señora Arenas Jiménez , en cuantía de $ 401.058.95, efectiva a partir del 1.° de agosto de 2001, para lo cual aplicó el 75 % del promedio de lo devengado entre el 1.° de ab ril de 1994 y el 30 de agosto de

2000.

1. El 15 de enero de 2013, por medio de la Resolución RDP 001503 la UGPP negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy demandada.

1. El 22 de mayo de 2014, el Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Paulina Arenas Jiménez contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2

PRIMERO: Declárese la nulidad de la Resolución No. RDP 001503 del 15 de enero de

Arenas Jiménez contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2

PRIMERO: Declárese la nulidad de la Resolución No. RDP 001503 del 15 de enero de 2013, expedida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, mediante la cual se negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación que devenga la demandante.

SEGUNDO: Declárese constituido el silencio administrativo, frente al recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la anterior resolución, esto es, RDP 001503 del 15 de enero de 2013.

TERCERO: Declárese la nulidad del acto ficto o presunto, resultado del silencio administrativo, respecto del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la resolución No. RDP 001503 del 15 de enero de 2013.

CUARTO: Como consecuencia de la s anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora PAULINA ARENAS JIMÉNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.503.558 de Bogotá, con base en el 75% del salario promedio mensual devengado en el último año de servicio, incluyendo la totalidad de factores salariales, esto es, además de los ya reconocidos, lo devengado por concepto de: subsidio de alimentación, auxilio de

año de servicio, incluyendo la totalidad de factores salariales, esto es, además de los ya reconocidos, lo devengado por concepto de: subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicios (1/12), prima de navidad (1/12) y prima de vacaciones (1/12), desde el 1° de julio de 2001, pero con efectos fiscales a partir del 3 de octubre de 2009, por prescripción trienal, descontando los aportes del sistema de seguridad social pensional, si no se hubieren hecho.

2 Folios 97 al 99 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP QUINTO: Declárense prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de octubre de 2009, por las razones expuestas en la parte motiva.

[…] SÉPTIMO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda. […]. (Resaltado, original del texto).

1. El 30 de septiembre de 20 14, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, en los siguientes términos:3

PRIMERO.- Se confirma parcialmente la sentencia proferida en audiencia el veintidós (22) de mayo de 2014, proferida (sic) por el Juzgado Diecinueve Administrativo de

PRIMERO.- Se confirma parcialmente la sentencia proferida en audiencia el veintidós (22) de mayo de 2014, proferida (sic) por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Segunda, que accedió a las pretensiones dentro del proceso promovido por la señora Paulina Arenas Jiménez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Se modifica el numeral cuarto de la sentencia recurrida para precisar que la entidad demandada realizará el descuento de aportes para pensión sobre los factores que no se han efectuado, durante toda la relación laboral, únicamente en el porcentaje que corresponde a la demandante. […] (Resaltado original del texto)

1. El 9 de septiembre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 036565 mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia emita por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Aquel acto fue confirmado por las Resoluciones RDP 11395 y RDP 17163 del 2018.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 30 de septiembre de 2014, 4 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido confirmar parcialmente y modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Bogotá, Sección Segunda el 22 de mayo de 2014, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

providencia expedida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Bogotá, Sección Segunda el 22 de mayo de 2014, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

3 Folios 99 reverso al 106 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 4 Folios 99 reverso al 106 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP i) Está acreditado que la actora es beneficiaria del régimen de transición contenido en el parágrafo 2° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, que dispuso que quienes a la fecha de su vigencia hubiesen cumplido con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación tendrían derecho a que su prestación se reconociera de acuerdo con las normas anteriores, entre ellas el Decreto 3135 de 1968. Lo anterior, teniendo en cuenta para la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, esto es, el 13 de febrero de 1985, contaba con más de 16 años de servicio.

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual se fundamenta en los principios de progresividad y de favorabilidad en materia

contraprestación del servicio.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual se fundamenta en los principios de progresividad y de favorabilidad en materia pensional y, en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en la Sentencia C-258 de 2013, emitida por la Corte Constitucional. Lo anterior, además, porque la referida providencia, se refiere exclusivamente al sentido y alcance del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, lo cual difiere del sub lite.

1. Por lo expuesto, se impone c onfirmar parcialmente la sentencia emitida en primera instancia, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al demandante en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 30 de junio de 2000 al 30 de junio de 2001, con efectos fiscales a partir del 3 de octubre de 2009, por prescripción trienal. En ese orden, se incluir án la asignación básica, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, primas de navidad, de vacaciones y de servicios y subsidio de alimentación; aquellas primas que se causen anualmente, deberán liquidarse en sus doceavas partes.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP Por su parte, se modifica el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP Por su parte, se modifica el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia apelada, en el sentido de precisar que los descuentos que el juzgado ordenó realizar de los factores salariales sobre los cuales no se realizó aportes , comprenden el período de toda la relación laboral únicamente en el porcentaje que corresponde a la actora.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est as, expuso los siguientes argumentos:

1. En el expediente se acreditó que la señora Arenas Jiménez es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, le es aplicable la Ley 33 de 1985.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación expedida por el DANE.6 ii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoq uiera que, se

6 La apoderada de la entidad sostuvo que la Corte Constitucional ha reiterado dicho criterio en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018; las cuales constituyen precedente obligatorio.7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP insiste, aquella adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.

1. La mesada pensional devengada por la señora Arenas Jiménez se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.7

gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.7

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que cor responda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pension es de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por

7 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que la señora Paulina Arenas Jiménez guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de abril de 2021, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Suaita, Santander , cumplió el despacho comisorio ordenado por esta Subsección y en sentido, notificó personalmente a la demandada el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP; actuación visible a folio 257 del cuaderno 3.

Subsección y en sentido, notificó personalmente a la demandada el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP; actuación visible a folio 257 del cuaderno 3. 8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administr ativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» .8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».10

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos

Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 15 de abril de 201511 y la acción especial de revisión se interpuso el 13 de febrero de 2020,12 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 30 de septiembre de 201 4, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite n acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

10 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 11 Folios 96 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 12 Folio 11 reverso ibidem.9

artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 11 Folios 96 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 12 Folio 11 reverso ibidem.9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020)

Demandante: UGPP 2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos d e naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020)

Demandante: UGPP

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y C rédito

Demandante: UGPP

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y C rédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar q ue el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento

colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario

13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020) Demandante: UGPP de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,14 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador

extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».15

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».16

posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 14 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario

proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 14 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimie nto Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA. 15 Consejo de Es tado, Sala Cuatro Especial de Decisión , sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV). 16 Ibidem.12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00548-00 (1263-2020)

Demandante: UGPP

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en última