CE - 010325000202000592001SENTENCIA20230501231326

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

(FONCEP) Demandado: Álvaro Cortés Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 30 de junio de 2016, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, el 11 de julio de 2014, que había accedido a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 100 1333 5024 2012 00343 01.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

derecho con radicado 100 1333 5024 2012 00343 01.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) por conducto de apoderad a judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 30 de junio de 2016, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, el 11 de julio de 2014, que había accedido a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Álvaro Cortés contra el FONCEP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 1001 33 35 024 2012 00343 01.2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 30 de junio de 2016, que confirmó parcialmente y modificó la providencia del Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá emitida el 11 de julio de 2014; ii) declarar que el señor Álvaro Cortés, en cuanto a la liquidación de s u mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y iii)

el señor Álvaro Cortés, en cuanto a la liquidación de s u mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 % , el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017; y por el Consejo de Estado en la sentencia de unificac ión del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 13 de julio de 1945, nació el señor Álvaro Cortés, de manera que contaba con 49 años, 11 meses y 17 días de edad para el 30 de junio de 1995, cuando entró en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el Distrito Capital.

1. Desde el 4 de enero de 1972 hasta el 11 de abril de 2001, el señor Cortés prestó sus servicios en la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital de Bogotá, Unidad de

Pagaduría.

1. Desde el 4 de enero de 1972 hasta el 11 de abril de 2001, el señor Cortés prestó sus servicios en la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital de Bogotá, Unidad de

Pagaduría.

1. El 13 de julio de 2000, el hoy demandado adquirió el estatus jurídico pensional cuando cumplió 55 años de edad, pues el requisito de tiempo de servicio lo alcanzó el 4 de enero de 1992.

1. Durante el último año de servicio, comprendido entre el 12 de abril de 2000 y el 12 de abril de 2001, el señor Cortés devengó los siguientes factores salariales: asignación básica y primas de navidad, de vacaciones, técnica, de antigüedad y de servicios.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP v) El 17 de diciembre de 2002, el FONCEP emitió la Resolución 000341 mediante la cual reconoció al señor Álvaro Cortés una pensión de jubilación, con efectos fiscales desde el 13 de julio de 2000.

1. El 1.° de octubre de 2012, el FONCEP expidió el Oficio 2012EE17841 a través del cual negó una solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación, elevada por el hoy accionado.

1. El 11 de julio de 2014, el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Álvaro Cortés contra el

Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Álvaro Cortés contra el FONCEP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

PRIMERO. Decretar la nulidad parcial del Oficio N°. 2012EE17841 del 1 de octubre de 2012, mediante la (sic) cual se negó la reliquidación d e la pensión de jubilación al accionante.

SEGUNDO: Ordenar a al (sic) Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones “FONCEP”, efectuar la reliquidación de la pensión de jubilación del señor

ÁLVARO CORTÉS identificado con la [c]édula de [c]iudadanía No. 3.175.228 de Soacha, en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicios prestados teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio, que corresponden a sueldo básico, prima técnica, prima de antigüedad, 1/12 prima de servicios, 1/12 prima de vacaciones y 1/12 prima de navidad (1/12) ; con efectos fiscales a partir del 13 de abril de 2001, momento a partir del cual produjo el pago de la pensión de jubilación con los respectivos reajustes pensionales previstos en la ley.

TERCERO. Ordenar «a al » (sic) Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones “ FONCEP”, pagar a la (sic) demandante las diferencias de las mesadas reconocidas y los valores que resulten de la nue va liquidación, a partir del 4 de

Pensiones “ FONCEP”, pagar a la (sic) demandante las diferencias de las mesadas reconocidas y los valores que resulten de la nue va liquidación, a partir del 4 de septiembre de 2009, las anteriores a esta fecha se declaran prescritas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. En caso de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones “FONCEP”, deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes. […] (Resaltado original del texto)

1. El 30 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, profirió sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó parcialmente y modificó l os ordinales primero y segundo de la parte

1 Folios 54 al 73 del cuaderno de la acción especial de revisión.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, en los siguientes términos:2

PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el once (11) de julio de dos mil catorce (2014), por el Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda, dentro del proceso promovido por el señor Álvaro Cortés contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesan tías y

Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda, dentro del proceso promovido por el señor Álvaro Cortés contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesan tías y Pensiones - FONCEP-, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral primero de la providencia recurrida para precisar que la nulidad del Oficio No. 2012EE17841 de 01 de octubre de 2012 es total y no parcial, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la providencia recurrida para precisar que la reliquidación pensional procede desde el 13 de abril de 2001, pero con efectividad fiscal a partir de 04 de septiembre de 2009 por prescripción trienal.

CUARTO.- ADICIONAR el numeral cuarto de la providencia recurrida para precisar que se hará el descuento de aportes para pensión sobre los factores que no se han efectuado durante toda la relación laboral, únicamente en el porcentaje que corresponde al actor y atendiendo a lo dispuesto por el H. Consejo de Estado , según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. […]. (Resaltado y subrayado originales del texto).

1. El 14 de julio de 2016, quedó ejecutori ada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

1. El 12 de diciembre de 2016, el FONCEP expidió la Resolución 0975 mediante la cual dio cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y por el Juzgado Veinticuatro

cual dio cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia de l 30 de junio de 20163 confirmó parcialmente, modificó los numerales primero y segundo y adicionó el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, el 11 de julio de 2014, que había accedió a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Álvaro Cortés contra el FONCEP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

2 Folios 74 al 97 del cuaderno de la acción especial de revisión. 3 Índice 28 de la plataforma SAMAI, en el que obra, de manera digital, el expediente del proceso ordinario.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP i) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen

aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 , en virtud de los principios de inescindibilidad y favorabilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa el principio de favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C -258 de 2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985. Lo anterior, además, tiene fundamento en los artículos 10 y 270 del CPACA.

1. En el sub lite se acreditó que el señor Álvaro Cortés al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 a nivel territorial, esto es, el 30 de junio de 1995, contaba con más de 40 años de edad, por lo que es beneficiari o del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio comprendido entre el 12 de abril de 2000 y el 12 de abril de 2001, a saber: asignación básica y primas de antigüedad, técnica, de servicios, de navidad y de vacaciones.

factores devengados durante su último año de servicio comprendido entre el 12 de abril de 2000 y el 12 de abril de 2001, a saber: asignación básica y primas de antigüedad, técnica, de servicios, de navidad y de vacaciones.

1. En consecuencia, teniendo en cuenta que el a quo ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos expuestos, se confirmará parcialmente la providencia de primera instancia, comoquiera que ordenó la reliquidación de la prestación, en el equivalente al 75 % del promedio mensual percibid o en el último año de servicio , con la inclusión de los factores devengados en ese período y tal

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09).6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP como lo precisó juzgado, aquellos emolumentos que se causaron de forma anual, deben liquidarse en doceavas partes.

Por su parte, se modifica el numeral primero de la parte resolutiva de la providencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad total del Oficio 2012EE17841 del 1.° de octubre de 2012 y no parcial, como lo ordenó el a quo, porque a través de aquel la entidad demandada negó un derecho que debía reconocer al demandante.

Por otro lado, se modifica el ordinal segundo en el entendido de señalar que los efectos fiscales, por prescripción trienal, de la reliquidación de la pensión de

la entidad demandada negó un derecho que debía reconocer al demandante.

Por otro lado, se modifica el ordinal segundo en el entendido de señalar que los efectos fiscales, por prescripción trienal, de la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al actor son a partir del 4 de septiembre de 2009. Lo anterior, en atención a que si bien el a quo determinó aquella fecha, posteriormente dispuso que la reliquidación pensional tendría efectos fiscales desde el 13 de abril de 2001.

Finalmente, se adiciona el numeral cuarto de la parte resolutiva en el sentido de precisar que la entidad demandada hará los descuentos de los aportes a pensión, correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se hubiere efectuado la deducción legal en toda la relación laboral, teniendo en cuenta las proporciones de ley a cargo del empleado.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante l a sentencia objeto de revisión vulneró el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política , porque se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre los artículos 21 y 36, inciso 3.º de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación . Con ello, además el fallo acusado transgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los

y 36, inciso 3.º de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación . Con ello, además el fallo acusado transgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

1. Es indiscutible que a. el régimen pensional aplicable a l demandado es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP 1993; y b. adquirió el estatus jurídico pensional el 1 3 de julio de 200 0, cuando alcanzó la edad exigida en la Ley 33 de 1985, esto es, en vigencia de la Ley 100 de

1993.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación. Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el

específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.5

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional del demandado.

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional de l señor Cortés se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor Álvaro Cortés, por intermedio de apoderado , se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:6

1. La providencia recurrida fundamentó su decisión en la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 4 de agosto de 2010, la cual contenía el criterio vigente al momento de que aquella se emitiera, de ahí que mantuvo la posición de

5 La entidad recurrente advierte que e n igual sentido lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, SU-427 de 2016,

Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, T-039 de 2018, y el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01. 6 Memorial allegado por correo electrónico, obrante a índice 20 de la plataforma SAMAI.8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP reconocer la pensión de jubilación en el equivalente al 75 % con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

1. La entidad demandante no puede ampararse del principio de sostenibilidad fiscal para fundamentar la procedencia de la acción especial de revisión, porque aquel no está por encima de los derechos fundamentales, como es el pensional, el cual permite vivir dignamente, como el caso del se ñor demandado, a quien se le pretende disminuir su pensión de jubilación obtenida sin fraude a la ley y con arreglo al debido proceso.

1. L os argumentos de la entidad demandante carecen de veracidad porque se encuentra acreditada la excepción de cosa juzgada.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.7 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el

al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.8

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En

7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 27 de febrero de 2020 como consta en el folio 22 reverso del cuaderno de la acción de revisión; razón por la cual su trámite no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma.9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 14 de julio de 20169 y

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 14 de julio de 20169 y la acción especial de revisión se interpuso el 27 de febrero de 2020,10 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley. 2.3. Legitimación Sobre la legitimaci ón del FONCEP para promover la acci ón de revisi ón contra providencias judiciales que hayan ordenado reconocer o reliquidar pensiones, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente regla: (...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constituci ón no regul ó la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero. [Negrillas fuera del texto] De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Econ ómicas, Cesant ías y Pensiones (FONCEP), en cuanto entidad administradora encargada de re conocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, está legitimado para interponer la presente acción de revisión. 2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

legitimado para interponer la presente acción de revisión. 2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 30 de junio de 2016, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación a l debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas

9 Folio 53 del cuaderno de la acción de revisión. 10 Folio 22 reverso del cuaderno de la acción de revisión.10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los

siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten

PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo c on sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de

siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimi ento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00592-00 (1471-2020) Demandante: FONCEP iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a

Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando s e concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,12 procede contra

11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales

carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirm