CE - 010325000202000790001SENTENCIA20231205011051

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

(FONCEP) Demandado: Miguel Bernardo Estrada Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones ( FONCEP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 31 de agosto de 201 7, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el 22 de febrero de 2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) por conducto de apoderad o judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 31 de agosto de 2017, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el 22 de febrero de 2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Miguel Bernardo Estrada contra el FONCEP, dentro del proceso de2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 11001 33 35 021 2014 00109

02.

Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que el señor Miguel Bernardo Estrada , en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y ii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 %, el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.1

1.1.2. Hechos

artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.1

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderad o de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El señor Miguel Bernardo Estrada laboró para el Estado y adquirió el estatus jurídico pensional el 16 de agosto de 2002.

1. El 22 de febrero de 2017, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Miguel Bernardo Estrada contra el FONCEP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 20I4EE44 O 1 del 3 de enero de 2014, proferido por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, a RELIQUIDAR la pensión de jubilación del demandante, señor MIGUEL BERNARDO ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.184.110 expedida en Bogotá, así como a INDEXAR la primera mesada pensional, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- La entidad demandada deberá efectuar los reajustes legales de ley sobre

expedida en Bogotá, así como a INDEXAR la primera mesada pensional, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- La entidad demandada deberá efectuar los reajustes legales de ley sobre las mesadas e igualmente, RECONOCER Y PAGAR al demandante, las diferencias que

1 La entidad recurrente cita las Sentencias C-168 de 1995, C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017. 2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI .3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP resulten a su favor, debidamente actualizadas, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta sentencia, pero solamente de las mesadas causadas A PARTIR 12 DE ABRIL DE 2011, por haberse declarado la cosa juzgada sobre las mesadas causadas con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia proferida por el Juzgado 18 Laboral del

Circuito de Bogotá D.C., descontando los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal, sin que por ello se obstaculice el pago inmediato de los valores decretados a su favor, conforme lo establecido en la parte motiva de esta sentencia. […] (Resaltado y subrayado originales del texto)

legal, sin que por ello se obstaculice el pago inmediato de los valores decretados a su favor, conforme lo establecido en la parte motiva de esta sentencia. […] (Resaltado y subrayado originales del texto)

1. El 31 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, profirió sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó la providencia expedida por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de

Bogotá, Sección Segunda.3

1. El 2 de octubre de 2017, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

1. El 28 de febrero de 2018, el FONCEP expidió la Resolución SPE-GP 0250 mediante la cual dio cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y por el Juzgado Cincuenta y Seis

Administrativo de Bogotá, Sección Segunda.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 31 de agosto de 20174 confirmó la providencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el 22 de febrero de 20 17, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de

demanda, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas

3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI . 4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI . 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación 2500023250002006-0750901 (0112-09).4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

1. En el sub lite se acreditó que el señor Miguel Bernardo Estrada es beneficiario de la Ley 33 de 1985, porque nació el 16 de agosto de 1947 y laboró como empleado público en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, desde el 12 de junio de 1974 hasta el 1° de diciembre de 1996 . En ese orden, se hallaba amparado como empleado público territorial por dicha normativa, al haber laborado por más de 20 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel territorial.

Se precisa que la Sentencia SU-230 de 2015 no es aplicable a la situación fáctica del demandante, comoquiera que lo posición ahí fijada por la Corte Constitucional se refiere a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y

del demandante, comoquiera que lo posición ahí fijada por la Corte Constitucional se refiere a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y como aquel cumplió los 20 años de servicio como servidor público antes del 30 de junio de 1995, quedó sometido en su integridad a la Ley 33 de 1985, en los términos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado.

1. En audiencia inicial celebrada el 7 de diciembre de 2016 , se declaró probada parcialmente probada la excepción de cosa juzgada respecto a las mesadas pensiónales causadas con anterioridad al 11 de abril de 2011, decisión que quedó en firme. Por su parte, el demandante elevó la solicitud de reliquidación pensional el 16 de diciembre de 2013 , de manera que no transcurrió un período superior a 3 años entre dichas fechas . En consecuencia, no operó el fenómeno jurídico de la prescripción trienal de mesadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, tal como lo hizo el a quo.

1. El demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación a partir del 16 de agosto de 2002, con pago de las diferencias pensionales a partir del 12 de abril 2011, más los incrementos anuales de ley. La liquidación de la prestación se efectuará con el 75 % del promedio del último año de servicio, esto es, del 1° de diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1996, teniendo en cuenta la asignación mensual, los subsidios de transporte y alimentación, y las primas de navidad,

diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1996, teniendo en cuenta la asignación mensual, los subsidios de transporte y alimentación, y las primas de navidad, semestral, de vacaciones y de servicios.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020)

Demandante: FONCEP

1. Resulta procedente la actualización del promedio devengado en el último año de servicio (1° de diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1996) hasta la fecha en que se hizo efectiva la pensión (16 de agosto de 2002), en virtud al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, según como lo ha indicado la jurisprudencia de lo contencioso administrativo.

1. De otra parte, no le asiste razón a l demandante cuando en el recurso de apelación afirma que sobre el descuento sobre los factores ordenados deb e aplicarse la prescripción quinquenal, ya que , por un lado , la normativa determina que es obligación del trabajador realizar los aportes a la seguridad social para acceder a la pensión y, por otro lado, porque cuando mediante sentencia judicial se ordena la inclusión de factores salariales para efectos de la reliquidación pensional, debe procederse al descuento de los aportes a la seguridad social correspondientes a dichos factores sobre los cuales no se realizó la deducción legal.

1. Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada. 6

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales

1. Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada. 6

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador vulneró el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre los artículos 21 y 36, inciso 3.º de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y a los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de

6 El 22 de febrero de 2017, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, a través de la sentencia de primera instancia ordenó, entre otras cosas, la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Miguel Bernardo Estrada, en el equivalente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 1 .° de diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1996, incluyendo todos los factores salariales certificados por el empleador a saber: asignación mensual, subsidio s transporte y de alimentación y primas navidad, semestral, de vacaciones y de servicios. Ordenó el reconocimiento de la prestación a partir del 16 de agosto de 2002, con efectos fiscales a partir del 12 de abril de 2011 . Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020)

visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP liquidar la prestación . Con ello, además el fallo acusado transgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

1. Es indiscutible que el régimen especial aplicable a l demandado «es el contemplado en el Decreto 546 de 1971, de conformidad al artículo 36 de la [L]ey 100 de 1993, por estar inmerso en el régimen de transición».

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas , esto es, en el Decreto 546 de 1971, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.7

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe

les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.7

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional del demandado. iv) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional de l señor Estrada se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7 La entidad recurrente advierte que e n igual sentido lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, T-039 de 2018, y el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, rad icado 52001 23 33 000 2012 00143 01.7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.8

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud de l inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud de l inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.10

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 2 de octubre de 201711 y la acción especial de revisión se interpuso el 21 de agosto de 2020,12 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley. 2.3. Legitimación

8 Tras revisar el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Miguel Bernardo Estrada , guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 12 de septiembre de 2022, esta corporación le notificó personalmente el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por el FONCEP. Actuación visible a índice 19 de la plataforma SAMAI. 9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

visible a índice 19 de la plataforma SAMAI. 9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 11 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI. 12 Índice 3 de la plataforma SAMAI.8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP Sobre la legitimaci ón del FONCEP para promover la acci ón de revisi ón contra providencias judiciales que hayan ordenado reconocer o reliquidar pensiones, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente regla: (...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constituci ón no regul ó la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras institu ciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero. [Negrillas fuera del texto] De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Econ ómicas, Cesant ías y Pensiones (FONCEP), en cuanto entidad administradora encargada de re conocer y

funcionamiento financiero. [Negrillas fuera del texto] De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Econ ómicas, Cesant ías y Pensiones (FONCEP), en cuanto entidad administradora encargada de re conocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, está legitimado para interponer la presente acción de revisión. 2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 31 de agosto de 2017, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo 2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos: ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten

PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación.13

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos

13 Sobre el punto se puede consultar la Sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

Demandante: FONCEP limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,15 procede contra

14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para

14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 15 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 d e 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)».

Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.5.2. Alcance de las causales de revisión invocadas

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas y de esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».16

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».17

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».18 (Resaltado fuera del texto).

16 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión , sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV). 17 Ibidem. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00 (2743-13).12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020) Demandante: FONCEP Por su parte, esta Corporación en sentencia de 30 de noviembre de 2021, sostuvo:19

36. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido p