CE - 010325000202100641001SENTENCIA20230524162924

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Beatriz Cuellar

Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, IBL de la Ley 33 de 1985

SENTENCIA

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 004, de fecha 28 de junio de 2018, que confirmó la del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán de 19 de septiembre de 2016, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP pidió infirmar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, proferir una nueva decisión en la que se disponga lo siguiente:

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP pidió infirmar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, proferir una nueva decisión en la que se disponga lo siguiente:

SEGUNDA: Declarar que la señora Beatriz Cuellar en cuanto a la liquidación de la mesada pensional, ordenada en las sentencias objeto de revisión, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, y en su lugar ordenar la reliquidación y pago de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en las sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, SU -230 de 2015, SU-395 de 2017, y SU 023 de 2018 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, y la reciente de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, siendo el ingreso base de liquidación el fijado en inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y/o el artículo 21 de dicha Ley - últimos 10 años, incluyendo únicamente los factores base de cotizació n taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.

TERCERA: Ordenarle a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a reliquidar y pagar la mesada pensional a la señora Beatri z Cuellar calculando el ingreso base de liquidación de la prestación reconocida conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y/o artículo 21 de dicha Ley, teniendo en cuenta como factores base de cotización

prestación reconocida conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y/o artículo 21 de dicha Ley, teniendo en cuenta como factores base de cotización los taxativamente determinados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.2

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad accionante señaló los siguientes:

1. La señora Beatriz Cuellar nació el 6 de junio de 1952 1 y prestó sus servicios al Estado, en el Hospital Francisco de Paula Santander de Santander de Quilichao (Cauca), desde el 1 de septiembre de 1970 hasta el 30 de abril de 2009 , donde su último cargo fue el de técnico operativo.2

1. El 30 de octubre de 2012, mediante la Resolución 033106, la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, en cuantía de $856.612,55, efectiva a partir del 6 de junio de 2007 y condicionada a su retiro definitivo del servicio. Lo anterior, teniendo en cuenta «el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constituciona l (…)», determinado por

el salario promedio de 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constituciona l (…)», determinado por los factores asignación básica y bonificación por servicios prestados.3

1. El 18 de mayo de 2012 , a través de la Resolución RDP013934, Cajanal reliquidó la pensión de la señora Beatriz , por nuevos tiempos de servicio y retiro de finitivo, hasta la suma de $946.824, con efectos a partir del 1 de mayo de 2009.4

1. El 11 de abril de 2014, la señora Cuellar solicitó a Cajanal la revisión de su pensión de vejez para que, en aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985, le fuera reliquidada con la inclusión de todos los factores que devengó en su último año de servicio.5

1. El 28 de mayo de 2014, con la Resolución RDP016943, Cajanal EICE negó la solicitud, al considerar ajustada la reliquidación a la Ley 100 de 1993 y a los factores salariales del Decreto 1158 de 1994. 6 Contra este acto, la señora Beatriz presentó el recurso de apelación.7

1. El 20 de agosto de 2014 , Cajanal EICE en Liquidación, mediante la Resolución RDP025498, negó la apelación y confirmó la decisión anterior en todas y cada una de sus partes.8

1. El 8 de octubre de 2014 , la señora Beatriz, por conducto de apoderado, promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de obtener la

partes.8

1. El 8 de octubre de 2014 , la señora Beatriz, por conducto de apoderado, promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones RDP013934 de 18 de mayo de 2012, RDP016943 de 28 de mayo de 2014 y RDP025498 de 20 de agosto de 201 4; y, como restablecimiento del derecho, la reliquidación de su pensión en cuantía equivalente al 75% del promedio del salario devengado en su último año de servicio y la inclusión de todos los factores percibidos, en aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985 y el artículo 45 del Decreto 1045 de

1978.9

1 Conforme a la copia de su Registro Civil de Nacimiento, archivo 5 del expediente administrativo. 2 Según la Resolución 013934 de 30 de octubre de 2012 expedida por Cajanal, folios 25-35 del expediente electrónico. 3 Ibidem. 4 Folios 37-43 del expediente digital. 5 Folios 7-9 del expediente digital. 6 Folios 11-13 ibidem. 7 Folio 17 ibidem. 8 Folios 19-22 ibidem. 9 Folios 55-63 del expediente digital.3

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co viii) El 19 de septiembre de 2016, el Juzgado Sexto Administrativo del circuito de Popayán

www.consejodeestado.gov.co viii) El 19 de septiembre de 2016, el Juzgado Sexto Administrativo del circuito de Popayán accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró la nulidad total de las resoluciones RDP013934 de 18 de mayo de 2012 y RDP025498 de 20 de agosto de 2014; en consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de la actora con el 75% del promedio mensual de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, teniendo en cuenta, además de la asignación básica, l as doceavas partes (1/12) de la bonificación por prestación de servicios, y de las primas de navidad, serv icios y vacaciones.10

1. Contra la anterior decisión, la UGPP presentó el correspondiente recurso de apelación, donde solicitó revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por cuanto la negativa a reliquidar la pensión de la actora se sustentó en las leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.11

1. El 28 de junio de 2018 , el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la decisión de primera instancia.12

1.1.3. La sentencia objeto de revisión13

Se somete a revisión la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 004, de 28 de junio de 2018 , que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora Beatriz Cuellar contra la UGPP, confirmó la del Juzgado Sexto Administrativo del circuito de Popayán favorable a las pretensiones de la demanda.

derecho adelantado por la señora Beatriz Cuellar contra la UGPP, confirmó la del Juzgado Sexto Administrativo del circuito de Popayán favorable a las pretensiones de la demanda. Los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

1. La demandante tenía más de 35 años de edad y 15 de servicio a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para el orden territorial, por lo que es beneficiaria de su régimen de transición y tiene derecho a que su pensión se reconozca y liquide bajo las condiciones de la normativa anterior, esto es, las leyes 33 y 62 de 1985.

1. En ese sentido, el artículo 3.º de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 del mismo año, enlista cuáles son los factores salariales que conforman la base de liquidación de los empleados oficiales. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 4 de agosto de 2010,14 la norma en comento no señaló taxativamente los referidos factores, sino que enunció algunos, por lo que pueden incluirse otros que hayan sido devengados por el trabajador en su último año de servicio.

1. El criterio anterior también debe aplicarse en consideración a las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado de fechas 12 de septiembre de 2014, 25 de febrero de 2016 (radicado 2013-01541-01) y 9 de febrero de 2017.

1. Así las cosas, conforme a las pruebas allegadas al proceso, 15 se tiene que, durante su último año de servicio, «30 de abril de 2008 y el 30 de abril de 2009» , la actora devengó

1. Así las cosas, conforme a las pruebas allegadas al proceso, 15 se tiene que, durante su último año de servicio, «30 de abril de 2008 y el 30 de abril de 2009» , la actora devengó como fact ores, además de los ya reconocidos de asignación básica y bonificación por servicios prestados, las primas de servicios, navidad y vacaciones; sin que haya lugar a reconocer como factores las vacaciones y la bonificación por recreación.

10 Folios 163-186 ibidem. 11 Folios 199-213 ibidem. 12 El contenido de la sentencia se resume en el siguiente punto. 13 Folios 436-457 del expediente digital. 14 De la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 4 de agosto de 2010. 15 Hace alusión a una certificación de salarios obrante en los folios 22-23 del cuaderno principal del proceso ordinario.4

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) En consecuencia, le asiste el derecho a la demandante de que su pensión de vejez sea reliquidada con la inclusión del 75% de todos los factores salariales devengados durante su último año de servicio, tal como lo ordenó el a quo, cuya decisión debe confirmarse.

La sentencia cobró ejecutoria el día 18 de julio de 2018.16

1.1.4. La causal de revisión invocada

La UGPP considera que la providencia demandada está incursa en la causal de literal b)

La sentencia cobró ejecutoria el día 18 de julio de 2018.16

1.1.4. La causal de revisión invocada

La UGPP considera que la providencia demandada está incursa en la causal de literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permi te la revisión de una sentencia judicial cuando «(…) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 17 Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

1. La sentencia comporta un abuso del derecho, pues la reliquidación de la pensión en los términos allí consignados excede lo debido según la normativa reguladora, ya que si bien «Es claro como lo consideró el juzgador que la parte pasiva es beneficiaria de régimen de transición (…)», de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo correcto sería «aplicar el régimen anterior a la edad, tiempo -semanas de cotización y mont o-tasa de reemplazo, instituyendo en el inciso 2º de esta normativa que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) debe ser el indicado en el artículo en cita», esto es, con los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994».18

1. La decisión del T ribunal Administrativo del Cauca atenta contra la sostenibilidad fiscal del Estado, comoquiera que la orden de reliquidación pensional no atendió debidamente al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a los precedentes vinculantes respecto de la forma de computar el ingreso base de liquidación de las personas sujetas al régimen de transición,

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a los precedentes vinculantes respecto de la forma de computar el ingreso base de liquidación de las personas sujetas al régimen de transición, en concreto, a la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013.19

1.2. Contestación a la acción de revisión

La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio.20

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La demanda, que en ejercicio de la acción de revisión ocupa la atención de la Sala, fue interpuesta el 27 de septiembre de 2021 ,21 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),22 por lo que esta corporación es competente para conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 249 ejusdem23. Asimismo, atendiendo al criterio de

16 Según constancia de ejecutoria del Tribunal Administrativo del Cauca, folio 460. 17 Folio 1 del expediente digital de la acción de revisión. 18 Folio 6 ibidem. 19 Folio 2 del expediente digital de la acción de revisión. 20 Según constancia secretarial obrante en el índice 21 del Samai. 21 Según constancia de radicación en ventanilla virtual del índice 21 del aplicativo Samai. 22 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012. 23 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribu nales

secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribu nales Administrativos.» (Resalta la Sala).5

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.24

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimient os que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza (…) a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».25

2.1.2. Legitimación

La Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016, consideró que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de

La Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016, consideró que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas Especiales de Decisión,26 ha admitido expresamente que la UGPP está habilitada para adelantar esta clase de procesos. Adicionalmente, es conveniente resaltar que, según el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013,27 la UGPP tiene competencia para adelantar o asumir acciones de esta naturaleza.

2.1.3. Oportunidad

La UGPP invocó como causal de revisión la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En ese sentido, puesto que la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca quedó ejecutoriada el 18 de julio de 2018,28 y la acción especial de revisión se interpuso el 27 de septiembre de 2021, 29 la presente demanda se encuentra dentro del término de los cinco años que prevé el artículo 251 del CPACA para estos eventos.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 004 , de 28 de junio de 2018 , está inmersa en la causal b) del

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 004 , de 28 de junio de 2018 , está inmersa en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la revisión cuando «(…) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

24 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 25 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP. 27 «Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las siguientes funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen. […]» 28 Según constancia de ejecutoria del Tribunal Administrativo del Cauca, folio 460. 29 Según constancia de radicación en ventanilla virtual del índice 21 del aplicativo Samai.6

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021)

Demandante: UGPP

29 Según constancia de radicación en ventanilla virtual del índice 21 del aplicativo Samai.6

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 30 estableció la posibilidad de revisar las providencias judiciales que hubieran decretado (o decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las siguientes circunstancias:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . [Apartes tachados INEXEQUIBLES] Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien el pr ecepto jurídico transcrito indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, actualmente regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que presenta ciertas particularidades que han sido advertidas y señaladas tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

1. Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, como los autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como los de transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor

acuerdos, tales como los de transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o de l Procurador General de la Nación (artículo 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público,

30 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones pre visto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.7

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b),

el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inf eriores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que estos mecanismos se instituyeron como una excepción que solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo o rdenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde reiteró 31 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,32 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.3.2. La causal de revisión invocada

legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.3.2. La causal de revisión invocada

La entidad demandante invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señala lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. […] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

31 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriore s a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 32 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados:

un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 32 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.8

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00641-00 (3205-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, cabe recordar que en la exposición de motivos33 de la Ley 797 de 2003, que introdujo en el ordenamiento la acción de revisión, se precisó que el propósito de las causales de revisión era contrarrestar los graves casos de corrupción que se estaban presentando en los reconocimientos pensionales en todo el país, de manera que se evitaran los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. Concretamente, se indicó lo siguiente:

Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la

los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. Concretamente, se indicó lo siguiente:

Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. (Negrillas fuera del texto)

En cuanto a su finalidad, esta corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)».34 Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «(...) consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuic ios de carácter patrimonial al erario».35

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas p