CE - 010326000201000050001SENTENCIARESUELVE20231212145028

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE (E): NUBIA MARGORTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Radicación número:

Actor: Demandado: Tema: Nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-26-000-2010-00050-00

Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e hijos y Cía Ltda Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CARACTO DE TRÁMITE - MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Caducidad /

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Probada SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, promovida por la sociedad Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e hijos y Cía Ltda contra la Resolución No. 1170 del 10 de junio de 2009, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca l , por la cual se impuso una medida preventiva de suspensión de actividad minera adelantada en el área cobijada por el contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007, localizada en la cantera ubicada en la vereda La Esmeralda en jurisdicción del Municipio de Tocancipá 2 , se inició un proceso sancionatorio y se formularon cargos. I.- ANTECEDENTES 1.1.- La demanda

localizada en la cantera ubicada en la vereda La Esmeralda en jurisdicción del Municipio de Tocancipá 2 , se inició un proceso sancionatorio y se formularon cargos. I.- ANTECEDENTES 1.1.- La demanda

1. La apoderada de la sociedad demandante presentó acción de nul idad y restablecimiento del derecho, 3 -prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo 4 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. remitido por competencia s al Consejo de Estado-, en contra de la CAR, dirigida a obtener «la nulidad de la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009, expedida por el Director En adelante, CAR. 2 En adelante, el Municipio. 3 Folio 1 a 18 cuaderno principal

En adelante CCA. E Folios 28 a 29 cuaderno principal2

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CARGeneral de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca: el restablecimiento de los derechos que le fueron afectados con la expedición de la misma y la reparación del daño, al tenor de lo dispuesto en el artículo 85 del CCA.»

1.2.- Hechos

2. La sociedad demandante indicó que mediante la Resolución núm. 51053 de 12 de agosto de 1992. el Ministerio de Minas y Energía le otorgó la Licencia Minera núm. 12600 de 16 de marzo de 2007 por el término de diez (10) años contados a

de agosto de 1992. el Ministerio de Minas y Energía le otorgó la Licencia Minera núm. 12600 de 16 de marzo de 2007 por el término de diez (10) años contados a partir del 1° de abri l de 1994, fecha de inscripción en el Registro Minero Nacional para la explotación de arenas silíceas o cuarzosas en la cantera ubicada en la vereda La Esmeralda del Municipio de Tocancipá, la cual lleva implícita la Licencia Ambiental por disposición expresa del artículo 246 del Decreto 2655 de 1988Código de Minas-.

3. Mencionó que la sociedad demandante inició su actividad minera con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 1753 de 1994, no obstante que el título minero fue inscrito en el Registro Minero el 29 de junio de 1994. 4 Expuso que la sociedad demandante presentó ante la CAR en tres (3) ocasiones el Plan de Manejo Ambiental -en adelante PMApara su evaluación, así: i) el 14 de febrero de 1995 con radicado núm. 01440; ii) el 18 de noviembre de 2003; y (iii) el 4 de agosto de 2008, evaluado mediante concepto técnico núm. 2067 de 30 de octubre de 2008. 5 Comentó que mediante la Resolución 156 de 10 de junio de 1998, la CAR inició proceso administrativo sancionatorio contra la sociedad demandante, al considerar que «las actividades de explotación minera adelantadas en la cantera de su propiedad ubicada en la vereda la Esmeralda en el municipio de Tocancipá eran

proceso administrativo sancionatorio contra la sociedad demandante, al considerar que «las actividades de explotación minera adelantadas en la cantera de su propiedad ubicada en la vereda la Esmeralda en el municipio de Tocancipá eran violatorias de la normatividad ambiental», e impuso como medida preventiva la suspensión de la actividad minera 6 . 6 Relató que mediante la Resolución 1169 de 10 de junio de 2009, la CAR levantó la medida preventiva de suspensión de las actividades relacionadas con la explotación de la cantera, impuesta por la mencionada Resolución 156 de 10 de junio de 1998 que, además, exoneró a la sociedad demandante de toda responsabilidad por violación a las normas ambientales.

7. Señaló que mediante la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 la CAR inició nuevo proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio por la actividad minera desarrollada por la sociedad demandante, ordenando la suspensión de la Folio 3 cuaderno principal3

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CARactividad minera adelantada en el área cobijada por el contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007, localizada en la cantera ubicada en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del Municipio. 1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de violación 8 La sociedad demandante invocó como normas violadas los artículos 29 de la

La Esmeralda, en jurisdicción del Municipio. 1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de violación 8 La sociedad demandante invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 38 y 49 del CCA; 204 del Decreto 1594 de 1984; y 84 y 85 de la Ley 99 de 1993.

9. La parte actora formuló como cargos de nulidad los siguientes: (i) infracción de las normas en que debían fundarse, (ii) falsa motivación y (iii) desviación de poder,

los cuales se sintetizan de la siguiente forma: (i) Infracción de las normas en que debían fundarse lo. La sociedad demandante afirmó que con la expedición de la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 se inició un proceso sancionatorio con fundamento en los mismos hechos que dieron lugar a la actuación administrativa sancionatoria en la cual la CAR había expedido la Resolución 156 de 10 de junio de 1998, con lo cual se configuró la caducidad prevista en el artículo 38 del CCA. tAnotó que, con la mencionada resolución 156, la CAR impuso medida preventiva de suspensión de la actividad minera en la cantera ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio, al encontrar que era violatoria de la normatividad ambiental; sin embargo, dicha medida fue levantada mediante la Resolución 1169 de 10 de junio de 2009, la cual, además, exoneró de toda responsabilidad a la sociedad demandante.

12. Sostuvo que transcurridos once años de trámite de un proceso sancionatorio sin que dentro del mismo se hubiera expedido decisión definitiva, la CAR inició nueva

sociedad demandante.

12. Sostuvo que transcurridos once años de trámite de un proceso sancionatorio sin que dentro del mismo se hubiera expedido decisión definitiva, la CAR inició nueva actuación administrativa mediante la Resolución acusada 1170 de 10 de junio de 2009, en vez de ordenar cesar todo procedimiento en contra del presunto infractor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del Decreto 1594 de 1984.

13. Expresó que si bien los artículos 84 y 85 de la Ley 99 de 1993 facultan a la CAR para imponer sanciones y medidas preventivas, la resolución cuestionada debió evaluar la gravedad de la infracción y determinar el presunto daño o peligro a los recursos naturales derivado de la continuación de la actividad que pretendía suspender, o que la actividad se hubiera iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización.4

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR14. Aclaró que la actividad minera adelantada por la sociedad demandante al haber iniciado actividades con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993, solo requería de la aprobación del PMA, mas no de licencia ambiental .

15. Mencionó que el PMA presentado el 4 de agosto de 2008 y evaluado mediante concepto técnico núm. 2067 de 30 de octubre de ese año en el que se recomendó al área jurídica su aprobación, no fue aprobado por la CAR mediante acto administrativo.

concepto técnico núm. 2067 de 30 de octubre de ese año en el que se recomendó al área jurídica su aprobación, no fue aprobado por la CAR mediante acto administrativo.

16. Exaltó que no obstante el acto acusado era de aquellos denominados de trámite «[. . .] como lo es el inicio de un proceso sancionatorio, también contiene una decisión de carácter particular que afecta un derecho adquirido de conformidad con las leyes vigentes y, en consecuencia, contra ella proceden los recursos de reposición y de apelación, pues de conformidad con la normatividad vigente en el momento de su expedición, no había norma expresa que estableciera que contra los actos administrativos de carácter ambiental que adoptaran medidas preventivas no procedía recurso 7 ».

17. Destacó que el acto administrativo demandado desconoció el artículo 29 de la Constitución Política al no conceder los recursos en vía gubernativa, pues el derecho a la defensa establece la posibil idad de controvertir una decisión administrativa que afecte derechos, cree o modifique situaciones jurídicas, lo que imponía garantizar la doble instancia.

18. Manifestó que la no procedencia de los recursos en vía gubernativa contraría lo dispuesto en el artículo 49 del CCA. , «[. ..] puesto que este señala la excepción a la regla general, y las excepciones a una norma legal son taxativas, no le está dado al operador jurídico señalar excepciones que la ley no consagra 8 »

19. Precisó que si bien la Ley 99 de 1993 faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para que adopten medidas preventivas e impongan sanciones, no prevé que contra tales decisiones no procedan recursos.

19. Precisó que si bien la Ley 99 de 1993 faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para que adopten medidas preventivas e impongan sanciones, no prevé que contra tales decisiones no procedan recursos.

20. En el mismo sentido, argumentó que los decretos 2811 de 1974 y 1220 de 2003 tampoco prevén norma alguna que establezca que contra las decisiones que impongan sanciones y medidas preventivas no procedan los recursos. De hecho, este último decreto derogó la expresión "y medidas preventivas" contenida en el artículo 6° del Decreto 1768 de 1994, debiéndose entender que no es que no precedan los recursos, sino que respecto de las medidas preventivas no aplica el efecto devolutivo 9 . 7 Folio 11 cuaderno principal Folio 13 cuaderno principal

9. Folio 12 cuaderno principal5

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR21. Explicó que, «[. . .] por no existir a la fecha de expedición de la resolución incoada, norma expresa que estableciera que contra los actos administrativos que imponen medidas preventivas no proceden recursos, debió apl icarse la norma general, es decir conceder los recursos, no contra todas las decisiones contenidas en la resolución, pero sí contra el artículo 1 0 mediante el cual se impone una medida preventiva toda vez que esta medida crea una situación particular generadora de efectos negativos para su destinatario.'°»

(ii) Falsa motivación y desviación de poder

resolución, pero sí contra el artículo 1 0 mediante el cual se impone una medida preventiva toda vez que esta medida crea una situación particular generadora de efectos negativos para su destinatario.'°» (ii) Falsa motivación y desviación de poder 22.Alegó que la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 tuvo como fundamento normas que no le eran aplicables, tales como el inciso 2° del artículo 179 del Decreto ley 2811 de 1974 y el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 500 de 2006 : por cuanto la actividad minera que venía realizando la sociedad demandante en la cantera ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio se venía haciendo de conformidad con las normas vigentes para el momento de la concesión de la licencia minera en 1992.

23. Puntual izó que el artículo 179 del Decreto 2811 de 1974 -Código de Recursos Naturales Renovalesno aplica a la explotación minera, «pues con ésta no se está aprovechando el suelo, sino el subsuelo. Adicionalmente, es una norma propia de la explotación de recursos naturales y los minerales son recursos naturales no renovables, los cuales están sujetos a su propia reglamentaciónll», reconociendo que por tratarse de explotación minera a cielo abierto le era aplicable el artículo 60 de la Ley 99 de 1993.

24. Adujo que el artículo 2° del Decreto 500 de 2006, por el cual se modificó el artículo 40 del Decreto 1220 de 2005, tampoco aplica al caso sub judice, por cuanto la actividad minera cuestionada con el acto administrativo demandado se inició con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993 y sus decretos

artículo 40 del Decreto 1220 de 2005, tampoco aplica al caso sub judice, por cuanto la actividad minera cuestionada con el acto administrativo demandado se inició con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la cual se ajustaba a la normatividad vigente para el otorgamiento del título minero 12600 de 16 de marzo de 2007. 25.Agregó que el hecho de que el PMA presentado por la sociedad demandante no fuera aprobado por la CAR mediante acto administrativo, teniendo en cuenta que fue evaluado y recomendado para su aprobación mediante el concepto técnico 2076 de 30 de octubre de 2008, se traduce en una desviación de poder. (iii) Restablecimiento del derecho

26. En relación con el restablecimiento del derecho, estimó que la omisión de la CAR en la expedición del instrumento ambiental, ocasionó a la sociedad demandante un in Ibidem " Folio 13 cuaderno principal6

Radicado: 11001 -03-26-000-201 0-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CARdaño, el cual fue estimado así: (i) Lucro cesante: Por la suma de seiscientos ochenta y seis millones de pesos ($686.000.000), con ocasión del cierre de la cantera entre el 26 de junio de 2009 y la fecha de presentación de la demanda, es decir. 12 de enero de 2010, teniendo como base el promedio mensual de cinco millones de pesos ($5.000.000) del valor de las ventas durante los tres meses anteriores al cierre; (ii) Daño emergente: Por la suma de cuatrocientos noventa y

decir. 12 de enero de 2010, teniendo como base el promedio mensual de cinco millones de pesos ($5.000.000) del valor de las ventas durante los tres meses anteriores al cierre; (ii) Daño emergente: Por la suma de cuatrocientos noventa y ocho mil lones novecientos cincuenta mil pesos ($498.950.000), por concepto del valor pagado por la adquisición de arena que le permitiera seguir cumpliendo los contratos suscritos. El valor total por daños fue estimado en la suma de mil ciento ochenta y cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos ($1.184.950.000).

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

27. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CARpor conducto de apoderada judicia1 12 , se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y sustento legal , en la medida en que el acto acusado tuvo como fundamento las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentaria que aplicaban para el momento de su expedición.

28. Adicionalmente, presentó como excepción previa la denominada «Inepta demanda», al considerar que «[. . .] de la revisión del libelo dennandatorio se evidencia que el mismo carece de definición de pretensiones, es decir, se puede deducir que busca la nulidad de la Resolución 1170 de 10 de junio de 2010, pero no es clara su petición respecto del restablecimiento del derecho [. ..] 13 », lo cual incumple los requisitos de la demanda, previstos en los artículos 137 y 138 del CCA. 29 Respecto de los cargos endilgados, se pronunció en los siguientes términos:

(i) Infracción de las normas en que debía fundarse

incumple los requisitos de la demanda, previstos en los artículos 137 y 138 del CCA. 29 Respecto de los cargos endilgados, se pronunció en los siguientes términos: (i) Infracción de las normas en que debía fundarse 30 La apoderada afirmó que el expediente sancionatorio aperturado a la luz de la Resolución 156 de 10 de junio de 1998, por la cual se impuso una medida preventiva de suspensión de la actividad minera que venía desempeñando la sociedad demandante en la cantera ubicada en la vereda la Esmeralda en jurisdicción del Municipio de Tocancipá, terminó con la expedición de la Resolución 1169 de 10 de junio de 2009 «[. ..] para evitar la violación del debido proceso a la sociedad SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS Y COMPAÑIA LIMITADA [. . .]14», la cual decidió: (i) levantar la medida preventiva de suspensión de la actividad minera y; (ii) exonerar de toda responsabil idad a la sociedad demandante. 12 Folios 153 a 202 cuaderno principal 13 Folio 194 cuaderno principal 14 Folio 163 cuaderno principal7

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR31 . Puso de presente que la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 tuvo como fundamento el «Contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007» suscrito entre la sociedad demandante con Ingeominas, y no los hechos que dieron

fundamento el «Contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007» suscrito entre la sociedad demandante con Ingeominas, y no los hechos que dieron lugar a la expedición de la Resolución 156 de 10 de junio de 1998. La mencionada resolución dio lugar a la imposición de medida preventiva de suspensión de la actividad minera y la formulación de pliego de cargos a la sociedad demandante, con fundamento en lo previsto en el inciso 2° del artículo 179 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 500 de 2006. 32 Mencionó que la actividad minera real izada por la sociedad demandante era de tracto sucesivo al haber persistido en el tiempo, incluso, con posterioridad a la expedición de la Resolución 156 de 10 de junio de 1998, lo cual impedía la configuración del fenómeno de la caducidad frente a la facultad sancionatoria de la CAR.

33. Explicó que no era cierto que la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 tuviera que llevar implícita la estimación o evaluación de la gravedad de la infracción, por cuanto con este acto administrativo, apenas se estaba aperturando el proceso sancionatorio y se imputaron los cargos. Fue así, como la actuación administrativa adelantada tuvo como fundamento las visitas a campo realizadas al área de la mina y los informes técnicos, estando pendiente por cursar toda la etapa probatoria que daría lugar a un acto definitivo que decida de fondo el trámite sancionatorio ambiental , como lo fue la expedición de la Resolución 2323 de 9 de julio de 2010.

daría lugar a un acto definitivo que decida de fondo el trámite sancionatorio ambiental , como lo fue la expedición de la Resolución 2323 de 9 de julio de 2010. 34 Recalcó que los artículos 84 y 85 de la Ley 99 de 1993 no aplican para actos de trámite como el que nos ocupa, más aún, teniendo en cuenta que la medida preventiva impuesta mediante el acto acusado se fundamentó en el principio de precaución que autoriza la imposición preventiva cuando exista peligro de daño grave e irreversible, y no se derivó de una de las sanciones previstas en el artículo 85 ibidem, toda vez que no era un acto definitivo.

35. Enfatizó que a partir de la Declaración Internacional de Río de 1992, Colombia acogió en su legislación interna el «Principio de precaución» previsto en el artículo 1°, numeral 6, de la Ley 99 de 1993, según el cual el Estado tiene el deber de intervenir haciendo uso de sus facultades preventivas, represivas y aún coactivas, cuando exista la posibilidad de que una actividad humana pueda causar impacto, afectación o degradación del medio ambiente.

36. En cuanto a la no concesión de recursos en la vía gubernativa, argumentó que la CAR dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 187 del Decreto 1594 de 1984, que establece que las medidas sanitarias surten efectos inmediatos y que contra ellas no procede recurso alguno. En el mismo sentido, también dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 49 del CCA, que indica que contra los actos de trámite no proceden los recursos, excepto en los casos previstos en norma expresa.8

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

dispuesto en el artículo 49 del CCA, que indica que contra los actos de trámite no proceden los recursos, excepto en los casos previstos en norma expresa.8

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

(ii) Falsa motivación y desviación de poder 37 Indicó que la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 tuvo como fundamento (i) el «Contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007» suscrito entre la sociedad demandante con Ingeominas, (i i) las visitas a campo realizadas al área de la mina, y (iii) los informes técnicos núms. 1692 de 30 de noviembre de 2007 y 351 de 16 de febrero de 2008, que difieren de los supuestos fácticos que sirvieron de soporte a la expedición de la Resolución 156 de 10 de junio de 1998.

38. Señaló que la formulación del pliego de cargos consignado en el acto acusado tuvo como sustento lo previsto en el inciso 2° del artículo 179 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 500 de 2006, pues la sociedad demandante venía ejerciendo la actividad minera desde 1992 sin contar con las obras de manejo ambiental para las aguas lluvias, el suelo y las zonas de recuperación del área ni con el respectivo instrumento de manejo y control ambiental . 39.Anotó que la sociedad demandante no puede alegar a su favor su propia culpa,

obras de manejo ambiental para las aguas lluvias, el suelo y las zonas de recuperación del área ni con el respectivo instrumento de manejo y control ambiental . 39.Anotó que la sociedad demandante no puede alegar a su favor su propia culpa, teniendo en cuenta que venía realizando actividades mineras desde 1992 sin contar con el instrumento ambiental que la autorizaba, no obstante haber sido requerida en reiteradas oportunidades por la CAR para que aportara documentos e información pertinente para su aprobación.

40. Finalmente, expresó que no se apreciaba una mala intención del funcionario que expidió el acto acusado, tendiente a buscar perjudicar a la sociedad demandante y, mucho menos, que quisiera sacar provecho para sí o para un tercero.

(iii) Restablecimiento del derecho 41 Afirmó que teniendo en cuenta que tal y como se evidencia del informe técnico 158 de 3 de febrero de 2010 y la visita a campo realizadas al área de la mina, estaba plenamente demostrado que la actividad minera nunca fue suspendida, por lo que el acto acusado no podía haber generado daño alguno a la sociedad demandante, razón por la cual no había lugar a restablecer derecho alguno. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION 42 El Magistrado sustanciador, mediante auto de 25 de mayo de 2016 15 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. Dentro de dicho plazo la parte demandante y la parte demandada, reiteraron sus argumentos. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesa1 16 . 15 Folio 213 cuaderno principal

demandante y la parte demandada, reiteraron sus argumentos. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesa1 16 . 15 Folio 213 cuaderno principal 16 Folio 241 cuaderno principal9

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CARCabe señalar que el doctor Oswaldo Giraldo López se declaró impedido para conocer del presente proceso, el cual fue declarado fundado a través de auto de 4 de septiembre de 2023, por Sala Unitaria.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1.- Competencia

43. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo'', aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 18 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 19 .

IV.2.- Cuestión previa: análisis de la excepción de inepta demanda

44. La Sala observa que la parte demandada presentó la excepción previa denominada «Inepta demanda», al considerar que la demanda no cumple con los requisitos previstos en los artículos 137 y 138 del CCA, por no individualizar la pretensión relacionada con el restablecimiento del derecho y no señalar los fundamentos de derecho que la sustentan.

45. Sobre este asunto, la Sala en sentencia de 23 de septiembre de 2021 2 ° señaló: «[L]a Sala recuerda que el numeral 7 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil

fundamentos de derecho que la sustentan.

45. Sobre este asunto, la Sala en sentencia de 23 de septiembre de 2021 2 ° señaló: «[L]a Sala recuerda que el numeral 7 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil

(en adelante CPC) señala que la excepción de inepta demanda se configura por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Por su parte, el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo estatuye el contenido de la demanda y en su numeral 4 dispone que «[c]uando se trate de la impugnación de un 17 "ARTÍCULO 128. del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía. en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral.

No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única instancia. 18 "ARTÍCULO 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien asi como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior".

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". 18 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado". 2° Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Bogotá, D.C. , veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 66001-23-31-000-2008-00062-02a,10

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00

Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CARacto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación».

A partir de una lectura integral de la demanda, se evidencia que el demandante sí desarrolló el concepto de la violación, en relación con los artículos 209 de la Constitución Política; 19 de la Ley 336 de 1996; 14 (numerales 6° y 7°) y; 15 (inciso segundo), 18 y 37 del Decreto 172, contrario a lo afirmado por el recurrente. En efecto, la Sala encuentra que el actor efectivamente precisó los cargos de nulidad, en cuanto indicó que la resolución censurada fue expedida con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, con falsa motivación y con desviación de poder. En cuanto al concepto de violación, la Sala también evidencia que el actor sustentó la demanda en los siguientes argumentos: (. ..)

normas en que debía fundarse, con falsa motivación y con desviación de poder. En cuanto al concepto de violación, la Sala también evidencia que el actor sustentó la demanda en los siguientes argumentos: (. ..) Así pues, y contrario a lo sostenido por el recurrente, el actor sí desarrolló los cargos de nulidad y el concepto de la violación, razón que convierte en impróspera la excepción de inepta demanda formulada por el tercero interesado en las resultas del proceso». (Resaltado y negrilla fuera de texto)

46. En atención a lo dispuesto en la jurisprudencia en cita, la Sala encuentra que las pretensiones de la demanda fueron debidamente individualizadas, al señalar que se formulaba demanda de nulidad y restablecimiento del derecho «dirigida a obtener la nulidad de la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional de CundinamarcaCAR-; el restablecimiento de los derechos que le fueron afectados con la expedición de la misma, y la reparación del daño, al tenor de lo dispuesto en el artículo 85 del CCA. 21 ». 47 Además, encuentra que el concepto de violación fue ampliamente desarrollado, al señalar: «lo anterior por la lesión de los derechos al debido proceso y