CE - 010326000201500091001SENTENCIA20231107143451

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Demandado: PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ Medio de control: REPETICIÓN Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – INEXISTENCIA DE DOLO Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra del señor Pedro Gabriel Franco Maz, exdirector general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de dolo, con ocasión de la condena impuesta por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se anuló la resolución número 570 del 15 de agosto de 2007, a través de la cual se declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón en el cargo de jefe de escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Subdirección de Investigación Científica. Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en contra del señor Pedro Gabriel Franco Maz. I. ANTECEDENTES 1. La

Medicina Legal y Ciencias Forenses - Subdirección de Investigación Científica. Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en contra del señor Pedro Gabriel Franco Maz. I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito radicado el 22 de agosto de 2012 (fl. 3 cdno. 1), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de apoderada judicial promovió demanda de repetición en contra del señor Pedro Gabriel Franco Maz (fls. 3 a 17 cdno. 1) en la cual se formularon las siguientes pretensiones: “PRIMERA: Declárese al doctor PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.408.421 de Bogotá, como responsable a título de dolo1 de los perjuicios patrimoniales causados al 1 “Por haber proferido acto administrativo de insubsistencia, acto declarado nulo por cuanto no correspondió al ejercicio legítimo de la facultad discrecional, sino por el contrario lo ubica dentro de los actos reglados sentencia C-778 de 2003, MP Jaime Araujo Rentería. Véase también sentencia C-374 de 2002, MP Clara Inés Vargas Hernández con la que la Corte Constitucional, al resolver laExpediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como consecuencia de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C, en sentencia de fecha 2 de junio de 2011, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el doctor Luis Alberto Ramírez Ortegón. SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se condene al doctor PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.408.421 de Bogotá, ex director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al pago total de la suma de dinero que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue condenado a pagar al doctor LUIS ALBERTO RAMÍREZ ORTEGÓN, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C mediante la sentencia de fecha 2 de junio de 2011 y que canceló en su totalidad, esto es la suma de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ($424.748.052) incluidos los descuentos de ley. TERCERA: Que el monto de la condena que se profiera contra el doctor PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.408.421 de Bogotá, ex director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sea de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo, y se reconozcan los intereses que correspondan desde la fecha en que se efectuó el pago por la tesorería del instituto y ordenado en la

sentencia al señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ ORTEGÓN, hasta que se dé cabal cumplimiento al fallo debidamente ejecutoriado que ponga fin al presente proceso (…).” (fls. 3 a 4 cdno. 1 - mayúsculas fijas y negrillas del texto original). 2. Hechos Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) El 15 de agosto de 2007, el señor Pedro Gabriel Franco Maz en la condición de Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, profirió la resolución número 570 mediante la cual declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón en el cargo de jefe de escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Subdirección de Investigación Científica. 2) Por lo anterior, el señor Luis Alberto Ramírez Ortegón presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de la cual solicitó que se declarara la ilegalidad del mencionado acto administrativo, así como también que se ordenara el reintegro laboral y el pago de las sumas de dinero que dejó de demanda de inconstitucionalidad, promovida en contra, entre otros, de los artículos 5 y 6 de la Ley

678 de 2001, se presume que existe dolo por las siguientes causas i) obrar con desviación de poder.”.Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales. 3) El 26 de julio de 2010, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Bogotá profirió sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda. 4) El 2 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C revocó la anterior decisión por considerar que la resolución enjuiciada no fue debidamente motivada, en consecuencia, ordenó el reintegro laboral del demandante y condenó a la entidad accionada a reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el señor Luis Alberto Ramírez Ortegón. 5) A través de la resolución número 00565 del 30 de septiembre de 2011 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dispuso el reintegro laboral del accionante y, a través de la resolución número 0001344 del 7 de diciembre de 2011, reconoció en su favor el valor de cuatrocientos veinticuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil cincuenta y dos pesos ($424.748.052). 6) Según acta del 1º de febrero de 2012 el Comité de Conciliación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses decidió repetir en contra del señor Pedro Gabriel Franco Maz (fls. 1 a 17 cdno. 1). 7) El señor Pedro Gabriel Franco Maz, con la decisión de declarar la insubsistencia del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón incurrió en dolo, por cuanto, su conducta se encuentra dentro

de las causales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 (original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022); el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C declaró la nulidad de la resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 con fundamento en que el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no motivó debidamente dicho acto administrativo (fls. 12 a 14 cdno. 1). 4. Contestación de la demanda La demanda de la referencia fue admitida en única instancia el 5 de febrero de 2014 (fls. 60 a 63), providencia en la que se ordenó la notificación personal del señor Pedro Gabriel Franco Maz.Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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Mediante escrito radicado el 20 de junio de 2015, el demandado se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó que obró con dolo o culpa grave en la condición de director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la época de los hechos; además, la mencionada resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 tuvo como fundamento la normatividad vigente para la época en que fue proferida (fls. 1 a 7 cdno. 1). 5. Audiencia inicial El 12 de diciembre de 2018, se llevó a cabo audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la que el a quo se pronunció sobre la excepción propuesta por el demandado “la demanda carece de expresión concreta de las normas violadas”, expresó que sería resuelta al momento de proferir decisión de fondo conforme lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 187 del CPACA. Dicha decisión tomada en audiencia no fue objeto de recurso alguno (fls. 246 a 258 cdno. 1). En consecuencia, señaló que el litigio se circunscribía a lo siguiente: “El objeto del presente proceso se circunscribe a determinar si fue la presunta conducta dolosa o gravemente culposa del ex director Pedro Gabriel Franco Maz, la que dio lugar a la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C el 2 de junio de 2011 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-020-2008-00081-01 o si por el contrario como lo firma la parte demandada su conducta no configuró dolo ni culpa grave.” 6. Alegatos de conclusión Por auto del 22 de septiembre de 2021 (índice 44 SAMAI) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el

el contrario como lo firma la parte demandada su conducta no configuró dolo ni culpa grave.” 6. Alegatos de conclusión Por auto del 22 de septiembre de 2021 (índice 44 SAMAI) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto. En dicha oportunidad procesal, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la parte demandada reiteraron los argumentos planteados durante el trámite del proceso (índice 49 y 50 SAMAI); el Ministerio Público solicitó que se declare la responsabilidad patrimonial extracontractual del demandado porque la condena impuesta en contra del actor se debió a su desconocimiento de las normas de carrera administrativa imperativas respecto de los cargos de carrera con nombramiento en provisionalidad (índice 51 SAMAI).Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas. 1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión Presentada la demanda de manera oportuna2, el objeto de la controversia planteada consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad al señor Pedro Gabriel Franco Maz con ocasión de la expedición de la Resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón en el cargo de jefe de escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Subdirección de Investigación Científica, acto administrativo que posteriormente fue anulado en sentencia emitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, motivo por el cual la entidad demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la servidora afectada con dicho acto administrativo3. La parte demandante alega la presunción de dolo consagrada en los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, con sustento en que el aquí demandado obró con desviación de poder al proferir el acto administrativo que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón pues, según la sentencia de condena, no hubo motivación de dicho acto administrativo. 2

pues, según la sentencia de condena, no hubo motivación de dicho acto administrativo. 2 Según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la demanda de repetición debe presentarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública, en consonancia con los criterios dados en la sentencia C-832 de 2001 de la Corte Constitucional para la aplicación del numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. En el asunto objeto de estudio la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 23 de junio de 2011 (fl. 468 cdno. 1), el pago de la condena se materializó el 21 de diciembre de 2011 (fl. 64 cdno. préstamo 4) dentro del término de los 18 meses establecidos en el artículo 177 del CCA, en ese orden la entidad tenía plazo para presentar la demanda de repetición a más tardar hasta el 22 de diciembre de 2013 y, comoquiera que fue radicada el día 22 de agosto de 2012 (fl. 3 cdno. 1), lo fue dentro del término fijado en la ley para el efecto. 3 El presente asunto tiene prelación

conforme a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación en el acta No. 10 del 25 de abril de 2013, sin sujeción al turno.Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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Para lo anterior la Sala determinará, primero, si los elementos objetivos de la acción de repetición consistentes en la existencia de la condena y el pago se hallan acreditados y, posteriormente, verificará si se encuentran demostrados los supuestos de hecho para que opere la presunción de dolo alegada y que llevaron a la causación del daño antijurídico por el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue condenado y tuvo que pagar perjuicios en favor de un tercero y, si como consecuencia de ello debe reembolsar las sumas pagadas por la entidad demandante. Las pretensiones de la demanda serán negadas, porque, por una parte, no se acreditó el supuesto de hecho para que operara la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 678 de 2001 y, por otro lado, porque el demandado desvirtuó la presunción prevista en el numeral 2 ibidem. 2. Análisis del caso Para el análisis del presente caso la Sala abordará su estudio en el siguiente orden: 1) generalidades de la acción de repetición, 2) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago, y 4) la calificación de la conducta del demandado. 2.1 Generalidades de la acción de repetición El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este4, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un

reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. 4 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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2.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio Para la Sala no hay duda de la existencia de una condena judicial impuesta en contra de la parte actora consistente en pagar una suma de dinero, pues, obra en el expediente la copia de la sentencia del 2 de junio de 2011 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que declaró la nulidad de la Resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 expedida por el entonces director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, en consecuencia, ordenó a título de restablecimiento del derecho el reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el señor Luis Alberto Ramírez Ortegón (fls. 410 a 464 cdno. 1). 2.3 La acreditación del pago Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes documentos: 1) La Resolución número 1344 de 7 de diciembre de 2011, por medio de la cual la Secretaría General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reconoció y ordenó el pago en favor del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón i) del valor de trescientos cincuenta y dos millones setenta y seis mil setecientos treinta y tres pesos ($352.076.733) por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir entre el 16 de agosto de 2007 y el 6 de diciembre de 2011 y, ii) la suma de setenta y dos millones seiscientos setenta y un mil trescientos diecinueve pesos ($72.671.319) por aportes al sistema general de seguridad social (fls. 182 a 184 cdno. 1). 2) El certificado emitido por la Coordinadora Grupo Nacional de Gestión de Tesorería del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 64 cdno. préstamo 4)

por aportes al sistema general de seguridad social (fls. 182 a 184 cdno. 1). 2) El certificado emitido por la Coordinadora Grupo Nacional de Gestión de Tesorería del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 64 cdno. préstamo 4) en la que señaló que al señor Luis Alberto Ramírez Ortegón se le realizaron dos pagos por concepto de la sentencia judicial proferida el 2 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, así: Fecha Orden de pago Tercero Valor Banco CTA

2011-12-21 213580211 Luis Alberto Ramírez Ortegón $352.076.733 Banco Popular 141160374Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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2011-12-21 213589711 Instituto Nacional de Medicina Legal $72.671.319 Pago de seguridad social Pago de seguridad social 3) A partir de los elementos antes reseñados la Sala considera que estos, en su conjunto, constituyen elementos suficientes para demostrar el pago total de la condena, postura que es acorde con lo señalado por esta Subsección que en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado presupuesto5. 2.4 Calificación de la conducta del demandado. Con base en lo anterior, la Sala pasa a analizar la conducta del demandado y la posibilidad de calificarla como dolosa conforme a la presunción contenida en los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 -original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022calificación con base en la cual se formulan las súplicas de la demanda, se seguirá el siguiente derrotero: 1) régimen aplicable, 2) hechos probados y, 3) análisis de la conducta específica del demandado. 2.4.1 Régimen aplicable Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe considerarse que los hechos se refieren a que fue el señor Pedro Gabriel Franco Maz, quien en su condición de director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante Resolución número 570 del 15 de agosto de 2007, declaró insubsistente el acto de

nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón en el cargo de jefe de escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Subdirección de Investigación Científica, época en la que ya estaba vigente la Ley 678 de 20016. 1) El artículo 5 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que es posible presumir el dolo del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas “iuris tantum”, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente número 45522, MP Martín Bermúdez Muñoz. 6 Promulgada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001.Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de culpabilidad en cabeza del demandado7, sin embargo, es deber de la entidad actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos. 2) En el proceso de la referencia, respecto del sujeto pasivo de la acción Pedro Gabriel Franco Maz, en la demanda se aludió a la presunción de dolo consagrada en los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 (original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022) y como argumento se precisó que el demandado obró con desviación de poder, porque, según la sentencia que anuló el acto administrativo demandado, no se motivó el acto administrativo por medio del cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón. 3) No obstante, se advierte que, por una parte, no se acreditó el supuesto de hecho para que opere la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 678 de 2001 y, por otro lado, el demandado desvirtuó la presunción prevista en el numeral 2 ibidem. 2.4.2 Hechos probados De conformidad con las pruebas decretadas y aportadas al proceso, los hechos probados más relevantes para la decisión de la controversia planteada son los siguientes: 1) El demandado Pedro Gabriel Franco Maz suscribió la Resolución número 570 de 15 de mayo de 2007 a través de la cual declaró la insubsistencia

decretadas y aportadas al proceso, los hechos probados más relevantes para la decisión de la controversia planteada son los siguientes: 1) El demandado Pedro Gabriel Franco Maz suscribió la Resolución número 570 de 15 de mayo de 2007 a través de la cual declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del funcionario Luis Alberto Ramírez Ortegón en el cargo de jefe de escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Subdirección de Investigación Científica, en los siguientes términos: 7 Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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“El director general en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004 RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Declarar insubsistente el nombramiento hecho al doctor LUIS ALBERTO RAMÍREZ ORTEGÓN, identificado con cédula de ciudadanía 79.102.534 de Engativá, en el cargo de JEFE DE ESCUELA, Clase I, Grado 22, destinado a la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Subdirección de Investigación Científica. ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, DC, 15 AGO 2007 (firmado) PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ” (fl. 14 cdno. 3 - mayúsculas fijas y negrillas del original). 2) Contra ese acto administrativo el señor Luis Alberto Ramírez Ortegón presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que fuese anulado y, en consecuencia, que se ordenara su reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, con apoyo en que el acto administrativo carecía de motivación (fls. 181 a 199 cdno. 3). 3) El 26 de julio de 2010, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con sustento en lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 23 de 1993, el cargo de Jefe de Escuela Clase I Grado 2 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Subdirección de Investigación Científica es un cargo de libre nombramiento y remoción. Así las cosas, el no señalamiento de los

23 de 1993, el cargo de Jefe de Escuela Clase I Grado 2 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Subdirección de Investigación Científica es un cargo de libre nombramiento y remoción. Así las cosas, el no señalamiento de los motivos del retiro en el acto de desvinculación es, a juicio del despacho, un infundado reproche de la demanda, pues tal silencio lo autoriza de modo expreso el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.” (fls. 338 a 348 cdno. préstamo 1). 4) El 2 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C revocó la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de la Resolución número 570 de 15 de mayo de 2007 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el funcionario afectado con la referida decisión administrativa (fls. 410 a 464 cdno. préstamo 1). En este contexto señaló lo siguiente:Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366) Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Repetición Sentencia de única instancia

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“Es claro entonces que el cargo de Jefe de Escuela, Clase I, Grado 22 o su equivalente Asesor Clase 1 Grado 13, no corresponde al ámbito de dirección institucional de la Fiscalía General de la Nación, ni tampoco hace parte de los cargos denominados de libre nombramiento y remoción que establece el artículo 59 de la Ley 909 de 2004, por lo que se concluye que el cargo desempeñado por el actor es de aquellos de carrera administrativa, cuya naturaleza es la regla general, dado que no encaja dentro de las descripciones legales como la excepción a esa regla, por definición expresa de la ley. Si bien es cierto que el Acuerdo 023 del 28 de junio de 1993, señaló en su artículo tercero que son cargos de libre nombramiento y remoción en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los allí señalados, dentro de los cuales se dice que lo son los empleados de las subdirecciones del mismo instituto, tal clasificación no es de orden legal y por tanto no consulta la regla del artículo 125 constitucional. No podia entonces el Fiscal General de la Nación, como presidente de la Junta Directiva del Instituto, determinar la naturaleza de los empleos, que deviene de la ley. Así la clasificación hecha por el acuerdo no puede desconocer la Carta y la Ley, que efectuó una clasificación clara e inequívoca para todas las entidades del orden nacional cuyas reglas generales son aplicables conjuntamente con el Estatuto Orgánico de la Fiscalía en los asuntos no regulados expresamente por estos. La certificación n.º 1832-2008-OP del 26 de septiembre del 2008 expedida por

el Jefe de la oficina de Personal Doctor Jorge Almario Torres, señala que el demandante, no se incribió a concurso alguno en carrera administrativa, entre otras cosas porque de conformidad con el artículo 39 de la ley 398 de 2004 en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no está implementada la carrera administrativa, por cuanto esta facultad le fue otorgada a la Junta Directiva sin que hasta la fecha se haya reglamentado. La ausencia de la carrera, tampoco modifica la naturaleza del empleo ni el tipo de nombramiento, que ha de interpretarse en los precisos términos legales. Ahora bien, para proveer cargos de carrera, el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación ley 938 de 2004, en su artículo 70, determina que cuando no se pueda hacer mediante nombramiento en propiedad, se procederá el nombramiento mediante la figura de encargo, atendiendo al llenado de los requisitos y el perfil del cargo respectivo; y cuando no fuere posible proveer dicho cargo en la forma anteriormente descrita, se procederá al nombramiento en provisionalidad, el cual en ningún caso generará derechos de carrera. Motivo por el cual al haber sido nombrado el actor en un cargo de carrera especial en la Fiscalía General de la Nación, sin haberse presentado al respectivo concurso de méritos, su vinculación con el Instituto Nacional de Medicina