CE - 010326000201500155001AUTOQUERECHAZ20230502101733

Radicado: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (25597)

Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA Radicación: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (55597) Solicitantes: MARÍA LILIANA GÓMEZ CASTILLO Y OTROS Asunto: Decisión de la solicitud La Sala decide la solicitud de extensión de jurisprudencia presentada por los señores María Liliana Gómez Castillo, en nombre propio y en representación de su menor hija Llerly Karina Gómez Castillo, y Larry Saieth Cardona Gómez.

I. SÍNTESIS DEL CASO Los peticionarios solicitan que se extiendan a su situación particular los efectos de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011), dentro del radicado 76001 -23-25-000-1996-02331-01 (19355), y que, por consiguiente, se condene a las entidades demandadas al pago de los perjuicios morales y patrimoniales por la muerte del señor Victor Ariel Cardona, ocurrida, según adujeron, como retaliación por no unirse a las filas de un grupo armado al margen de la ley.Radicado: 11201-93-26-000-2015-00155-00 (55597) solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros

Il. ANTECEDENTES

grupo armado al margen de la ley.Radicado: 11201-93-26-000-2015-00155-00 (55597) solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros Il. ANTECEDENTES 1. —Lasolicitud de extensión El veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), a través de apoderado judicial, los señores María Liliana Gómez Castillo, en nombre propio y en representación de su menor hija Llerly Karina Gómez Castillo, y el señor Larry Saieth Cardona Gómez, cónyuge e hijos del señor Víctor Ariel Cardona, respectivamente, presentaron solicitud para que a su situación particular se le extiendan los efectos de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011), radicado 76001-23-25-0001996-02331-01 (19355), por medio de ta cual se condenó al Estado por la muerte de cinco personas en hechos en los que se acreditó la participación de agentes de la Fuerza Pública?. En su escrito, se plantearon como pretensiones especificas las siguientes”: “PRIMERA. Por los fundamentos de hecho y de derecho enunciadas (sic) SE (sic) condene al ESTADO en CABEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA COMO RESPONSABLE DIRECTO POR LA FALLA DE SERVICIO (falta de medidas eficaces y eficientes de protección a civiles), como también se condene a FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por OMISIÓN incumplimiento a deber CONSTITUCIONAL DE GARANTIZAR

PRINCIPIOS DE JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS

DE VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

incumplimiento a deber CONSTITUCIONAL DE GARANTIZAR PRINCIPIOS DE JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS DE VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. - Por los daños MATERIALES Lucro cesante. A futuro 1) Indemnización futura [manifestación de lucro cesante por daño futuro]: De no haberse producido el daño está acreditado con la MUERTE DEL SEÑOR VÍCTOR ARIEL CARDONA y murió a sus 26 años, habría llevado una vida normal, de acuerdo con el promedio de vida que certifica el 1 Según el sello de correspondencia recibida en el Consejo de Estado, visible en el folio 26, C.1. 2 También hacen alusión a providencias citadas en la sentencia de unificación invocada, en particular a: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación 27000-23-31-000-1997-03029-01 (20334); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicación 18002-23-31-000-199900454-01 (24392) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación 73001-23-31000-2003-01736-01 (35413). Además, solicitan que se tengan en cuenta las sentencias enunciadas en el boletín de 6 de febrero de 2015 del Honorable Consejo de Estado, que tratan sobre la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 3 Folios 1 al 26, C.1.Radicado: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (55597)

Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros

derecho internacional humanitario. 3 Folios 1 al 26, C.1.Radicado: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (55597) Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros departamento Administrativo Nacional de estadística, DANE, hasta los 75 años continuo de la relación o vinculo de pareja, resultando por tanto un interés directo que nos permite calificar el perjuicio como inequívocamente cierto. : Ahora bien el siniestro ocurre cuando el occiso cumple 26 años y el estimado de longevidad en Colombia ya supera 75 años, lo que da una diferencia 49 años futuros con un salario de un millón de pesos como PREGONERO O COBRADOR DE BUSES nos da un TOTAL DE 588 MESES X $1'000.000.00 un millón de pesos mensuales como salario SUBTOTAL $588"000.000.00 QUINIENTOS OCHENTA Y ocho millones de pesos

2POR LOS PERJUICIOS MORALES -Para la señora MARÍA LILIANA GÓMEZ CASTILLO (compañera) 100

S.MV - Para el señor LARRY SAJETH CARDONA GÓMEZ (HIJO) 100 S.MV - Para la menor LLERLY KARINA GOMEZ CASTILLO (HIJA) 100 S.MV Y DEMAS INDEMNIZACIONES QUE USTED CONSIDERE H CONSEJERO de carácter moral y de reconocimiento como víctimas de violencia”. Como sustento fáctico de su solicitud, indican que el señor Victor Ariel Cardona fue víctima de intimidaciones y amenazas de muerte por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.), con el fin de que se uniera a ese grupo subversivo,

Como sustento fáctico de su solicitud, indican que el señor Victor Ariel Cardona fue víctima de intimidaciones y amenazas de muerte por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.), con el fin de que se uniera a ese grupo subversivo, situación que lo obligó a abandonar por un tiempo el municipio de Florida — Valle del Cauca, en donde residía junto a su familia. Tiempo después, al considerar que era seguro, regresó a ese lugar; sin embargo, el quince (15) de septiembre de dos mil dos (2002) fue asesinado, crimen por el que la Fiscalía adelantó una investigación que finalmente fue archivada. Manifiestan que la víctima era quien velaba por la manutención de su familia y que su prematura muerte impidió que reconociera legalmente —con la inscripción en el registro civil de nacimiento— a su hija menor Llerly Karina Gómez Castillo. Respecto a las razones por las cuales deben extenderse los efectos de la sentencia de unificación invocada, los solicitantes afirman que en este caso se encuentra probado el daño —la muerte del señor Cardona— y el incumplimiento del deber estatal de protección sobre la víctima, al no garantizar su vida. Además, sostienenRadicado: 11001-03-26-000-2018-00155-00 (55597) Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros que la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación impidió que se garantizara el principio de reparación integral y el deber del Estado de “velar por el respeto por el derecho a la verdad y resarcimiento de las víctimas GARANTIZANDO EL

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y LA REPARACIÓN INTEGRAL A LOS

el principio de reparación integral y el deber del Estado de “velar por el respeto por el derecho a la verdad y resarcimiento de las víctimas GARANTIZANDO EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y LA REPARACIÓN INTEGRAL A LOS AFECTADOS POR EL DELITO”, dejando en “la incertidumbre e impunidad la muerte de quien era eje de familia, compañero y padre de dos hijos”. Por último, solicitan que se unifique jurisprudencia en los siguientes términos, “ART 269, 270, 271 LEY 1437 UNIFICACIÓN Y EXTENSIÓN POR TRASCENDENCIA SOCIAL // SON PARTE DE ESTA SOLICITUD DE EXTENCIÓN (sic) LA REITERACIÓN POR PARTE DE SALA TERCERA DEL HONORABLE CONSEJO - DEESTADO QUE CONDENÓ AL ESTADO POR LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR FALLA EN EL SERVICIO. // SOLICITUD DE APLICACIÓN ART 269, 270 Y 271 LEY 1437 Solicitud de unificación jurisprudencial PARA MI PODERDANTE”.

2. Trámite y oposición a la solicitud 2.1. Por auto de tres (3) de noviembre de dos mil quince (2015), se ordenó correr traslado de la solicitud a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional, a la Policía Naciónal y a la Fiscalia General de la Nación, quienes intervinieron así: 2.1.1. El Ministerio de Defensa Nacional sostuvo que la solicitud de extensión de jurisprudencia resulta improcedente en tanto ella fue puesta en conocimiento de la administración después de haber sido radicada ante el Consejo de Estado?, es decir sin respetar el procedimiento establecido para el efecto; además, indicó que la sentencia invocada no tiene la condición de ser

conocimiento de la administración después de haber sido radicada ante el Consejo de Estado?, es decir sin respetar el procedimiento establecido para el efecto; además, indicó que la sentencia invocada no tiene la condición de ser de unificación jurisprudencial y que, en todo caso, no hay identidad entre los supuestos fácticos y jurídicos allí expresados y la situación de los peticionariosf. Folio 49 del €. 1. a $ Así, aduce que ante el Ministerio se radicó el 10 de noviembre de 2015, mientras que ante el Consejo de Estado fue radicada mucho antes, el 25 de septiembre de ese mismo año. $ Folios 118 al 124 del C. 1.Radicado: 11064-03-26-000-2015-00155-00 (55597) Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros Finalmente, señaló que en los eventos en que se discute la responsabilidad del Estado el mecanismo de extensión de jurisprudencia no es viable, en tanto su definición exige el agotamiento del proceso probatorio pertinente. 2.1.2. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que no es posible acceder a la solicitud de extensión de jurisprudencia, pues esta se radicó ante el Consejo de Estado el nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015), sin que previamente se hubiera presentado petición ante la autoridad administrativa, lo cual solo sucedió el once (11) de noviembre del mismo año. En ese sentido, señaló que no se cumplió el procedimiento establecido en la ley para la prosperidad de este tipo de solicitudesf. 2.1.3. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó intervención en la que se opuso a la solicitud, bajo la consideración

prosperidad de este tipo de solicitudesf. 2.1.3. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó intervención en la que se opuso a la solicitud, bajo la consideración de que la providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011) no es de unificación y que, en todo caso, no se evidencia identidad entre la situación fáctica alli análizada y la planteada por los solicitantes?. 2.2. Posteriormente, mediante auto de diecinueve (19) de noviembre dos mil veintiuno (2021), el Despacho dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por la parte actora, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio Público??. 2.2.1. Así, en primer lugar, los solicitantes insistieron en que el daño antijurídico se encuentra acreditado con la muerte del señor Victor Ariel Cardona, originado por la omisión de la Policia Nacional y el Ejército Nacional al no evitar el acto de violencia contra la vida de la víctima, lo que constituye una falla en el servicio de protección. Además, adujeron que la Fiscalía también es indirectamente responsable por no haber esclarecido las 7 Se aclara que, en realidad, la fecha de radicación es veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015). 8 Folios 72 al 76 del C. 41. 9 Folios 64 al 64 del C. 1. 10 Índice 49 de SAMAL.Radicado: +1001-03-26-000-2015-00155-00 (55597)

Solicitantes: Maria Liliana Gómez Castillo y otros

9 Folios 64 al 64 del C. 1. 10 Índice 49 de SAMAL.Radicado: +1001-03-26-000-2015-00155-00 (55597) Solicitantes: Maria Liliana Gómez Castillo y otros circunstancias en las que ocurrió la muerte, con lo cual se desconocieron sus derechos de verdad, justicia y reparación. En consecuencia, solicitaron que, en aplicación de los principios convencionales de distinción, inmunidad, favorabilidad e igualdad, se garantice la reparación de los perjuicios ocasionados??. ,2.2.2. La Fiscalía General de la Nación indicó que no resulta procedente el “recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia”,.toda vez que “el fallo de segunda instancia no desconoció o inaplicó la sentencia de Unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 4 de mayo de 2011, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero Radicado No 76000123250001996223101”, la cual hace referencia a “las denominadas prácticas de limpieza social”, en tanto lo que los solicitantes reprochan es el incumplimiento del “deber de salvaguarda y protección de los ciudadanos”!?. 2.2.3. Por su parte, la Policía Nacional señaló que la parte actora no agotó el requisito relacionado con haber formulado la petición de extensión de los efectos de la sentencia de unificación ante la autoridad administrativa, antes de acudir al Consejo de Estado, y que, en todo caso, la sentencia invocada no comparte los mismos supuestos fácticos del caso al que se refiere este trámite. Además, explicó que si la muerte del señor Victor Ariel Cardona ocurrió el

de acudir al Consejo de Estado, y que, en todo caso, la sentencia invocada no comparte los mismos supuestos fácticos del caso al que se refiere este trámite. Además, explicó que si la muerte del señor Victor Ariel Cardona ocurrió el quince (15) de septiembre de dos mil dos (2002), momento en que los solicitantes conocieron del hecho dañoso, para la fecha en la que se radicó la solicitud de extensión ya habían transcurrido mucho más de los dos años previstos en la ley para el ejercicio de la acción judicial de reparación directa. En todo caso, y respecto a la responsabilidad que se le endilga, explicó que no se demostró que la víctima hubiera sido objeto de amenazas ni que, en ese 1 Índice 51 de SAMAI. Escrito radicado el veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 12 Índice 59 de SAMAI. Escrito radicado el catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).Radicado: 11001-03-26-0600-2015-00155-00 (53597) Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros caso, hubiera denunciado ante las autoridades esa situación, por lo cual no puede alegarse una omisión en sus deberes de prevención?. 2.2.4. Finalmente, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa presentó el Concepto No. 148 de dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual solicitó rechazar por improcedente la solicitud promovida, ya que no se adelantó el procedimiento administrativo previó ante las autoridades y los supuestos de hecho narrados por los solicitantes difieren de los que fueron objeto de la sentencia de

improcedente la solicitud promovida, ya que no se adelantó el procedimiento administrativo previó ante las autoridades y los supuestos de hecho narrados por los solicitantes difieren de los que fueron objeto de la sentencia de unificación de cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011), proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado?! 2.3. Agotadas las etapas correspondientes, el expediente ingresó al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponde.

Il. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Subsección es competente para resolver la presente solicitud de extensión de jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) en concordancia con lo establecido en el numeral 3” del artículo 14 del Acuerdo 080 de 2019 —Reglamento Interno de la Corporación—. 13 Simultáneamente la entidad propuso la nulidad de este trámite por indebida notificación, solicitud que fue resuelta negativamente mediante providencia de veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 14 Índice 60 de SAMAL. 15 "Artículo 14. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá competencia para: (...) Decidir las solicitudes de extensión . de jurisprudencia. En aquellas Secciones integradas por Subsecciones estas decidirán dichas solicitudes, salvo que la Sección asuma la competencia de oficio, a petición de parte, del Ministerio Público o de la Subsección.” (se resalta).Radicado: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (55597)

Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros

Público o de la Subsección.” (se resalta).Radicado: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (55597) Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros í

2. Problema jurídico Corresponde a la Sala establecer si es posible extender a la situación de los solicitantes los efectos de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011), dentro del radicado 7600123-25-000-1996-02331-01 (19355). | | Para el efecto, se plantearán algunas consideraciones generales sobre el mecanismo de extensión de jurisprudencia y los elementos que se exigen para su procedencia, a partir de lo cual se resolverá el caso concreto.

3. Generalidades del mecanismo de extensión de jurisprudencia 3.1. La figura de la extensión de jurisprudencia se introdujo en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), como un mecanismo que permite, de un lado, garantizar la aplicación uniforme del derecho por parte de la administración pública y, del otro, reducir la excesiva e innecesaria litigiosidad con los consecuentes efectos en materia de congestión judicial. Así, se trata de una herramienta que permite extender los efectos de una sentencia de unificación en la que el Consejo de Estado haya dispuesto el reconocimiento de un derecho, a casos que guarden la misma identidad fáctica y jurídica?. 3.2. Tal y como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, este procedimiento fue previsto en dos etapas; la primera, que se encuentra reguladafáctica y jurídica?. 3.2. Tal y como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, este procedimiento fue previsto en dos etapas; la primera, que se encuentra reguladaen el artículo 102 del CPACA, en la cual el peticionario acude de manera previa a la autoridad administrativa para solicitar la extensión de los efectos de la sentencia de unificación de que se trate, con lo cual se busca que “las personas puedan acceder de manera directa, pronta y eficaz ante la Administración Pública para que sea ésta la que, en armonía con las decisiones judiciales que se han tomado en n 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de mayo de 2021, radicación 11001-03-25-000-2017-00609-00. :Radicado: 11001-03-26-900-2015-00155-00 (55597) Solicitantes: María Liiana Gómez Castillo y otros casos idénticos, pueda resolver, en igual forma, los que se presenten ante ella, lo cual, a la postre, redunda en menor litigiosidad y descongestión judicial”.

Esta fase se fundamenta en “el deber que tiene la administración de resolver y aplicar las normas en forma homogénea, ? cuando los fundamentos jurídicos y fácticos presentados en el escrito de la solicitud y en la sentencia cuya extensión se persigue son idénticos”?, sin que se “generen debates jurídicos adicionales a los resueltos en la sentencia unificadora”2% Y una segunda, que tiene lugar en sede judicial y que se encuentra regulada en el artículo 269 del CPACA, etapa que solo se activa ante la negativa de la administración o su silencio. En ella, el solicitante eleva la misma petición, pero esta

Y una segunda, que tiene lugar en sede judicial y que se encuentra regulada en el artículo 269 del CPACA, etapa que solo se activa ante la negativa de la administración o su silencio. En ella, el solicitante eleva la misma petición, pero esta vez, ante el Consejo de Estado, cuya competencia se limita a establecer si se trata de una sentencia de unificación, si ella puede ser extendida a otra situación por haber reconocido un derecho subjetivo y si, en efecto, se trata de un caso análogo que se enmarque en el supuesto unificado. 3.3. Ahora bien, dadas sus particulares caracteristicas, la solicitud-de extensión de jurisprudencia no se tramita como un proceso judicial ni constituye propiamente una demanda”, sino que tiene las características de una petición judicial que da inicio a un trámite de carácter especial y sumario. Como lo ha dicho el Consejo de Estado, se trata de un “trámite previo y optativo a la presentación de una demanda, esto por cuanto su interposición: i) no es obligatoria; li) suspende la caducidad y ¡¡i) habilita al interesado a demandar en el evento que sea negada la extensión de efectos de una sentencia??2 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 22 de septiembre de 2016, radicación 11001-03-26-000-2016-00032 00, radicación interna 56360. 18 Cita en original: "Arias García, Fernando. Derecho Procesal Administrativo, 22. Edición. — Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.” 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de abril de 2019, radicación 11004-03-25-000-2013-01473-00.

Grupo Editorial Ibáñez.” 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de abril de 2019, radicación 11004-03-25-000-2013-01473-00. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 17 de marzo de 2014, radicación 11001-03-25-000-2013-00069-00. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 28 de agosto de 2021, radicación 11001-03-25-000-2020-00334-00. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 8 de septiembre de 2016, radicación 11001-0326-000-2014-00108-00.Radicado: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (55597) - Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros Si bien esta característica tiene como efecto que esta solicitud esté exenta de los rigorismos propios de una demanda, para que el mecanismo de extensión de jurisprudencia sea utilizado de manera razonable es necesario exigir el cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedencia que se refieren, fundamentalmente, a los siguientes aspectos?”: ¡) La presentación de un escrito razonado donde se indique con claridad cuál es la sentencia de unificación en la que se funda la solicitud —siendo aconsejable que se adjunte copia de la misma-— y el por qué se considera que la parte solicitante se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho de aquél a quien se le reconoció un derecho en la providencia de unificación; li) El aporte de la prueba de que, en efecto, se elevó solicitud previa ante la administración en ese mismo sentido y que esta contestó de forma

derecho de aquél a quien se le reconoció un derecho en la providencia de unificación; li) El aporte de la prueba de que, en efecto, se elevó solicitud previa ante la administración en ese mismo sentido y que esta contestó de forma negativa o guardó silencio; | 11) Estar acompañada de las pruebas que pretenda hacer valer, y iv) Haberla presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la respuesta negativa total o parcial de la entidad o, en su defecto, al silencio de la misma. Además, una lectura armónica de los artículos 102 y 269 del CPACA exige que la solicitud se presente antes de que ocurra la caducidad de la pretensión judicial. 3.4. Establecido el cumplimiento de esas formalidades, corresponderá entonces al juez adoptar la decisión que corresponda, teniendo presente que su prosperidad estará supeditada a que, como atrás se indicó, se logre determinar que el derecho reconocido en la sentencia de unificación puede ser extendido a un caso que resulta análogo al del supuesto unificado. 23 Estas exigencias se encuentran previstas en las normas de la Ley 1437 de 2011 que rigen la materia y han sido delimitadas también por la jurisprudencia del Consejo de Estado. A este asunto se refieren los artículos 102 y 269 del CPACA y, entre muchas otras, las providencias del Consejo de Estado de la Sección Segunda, Subsección A, auto del 27 de mayo de 2021, radicación 1100103-25-000-2017-00609-00; Sección Tercera, Subsección A, auto del 6 de diciembre de 2019,

radicación 11001-03-26-000-2019-00086-00; y Sección Tercera, Subsección B,. auto del 14 de septiembre de 2017, radicación 11001-03-26-000-2014-00071-00, radicación interna 51295. 10Radicado: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (55597) Solicitantes: Maria Lillana Gómez Castillo y otros Así lo concluyó, por ejemplo, la Sección Segunda del Consejo de Estado al decidir la solicitud de un soldado profesional que, con fundamento en la sentencia de unificación del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016) proferida por esa sección dentro del radicado 85001-33-33-002-2013-00060-01, solicitó que se le aplicara la regla allí prevista en cuanto al reconocimiento del reajuste salarial y prestacional del 20% a los soldados voluntarios que luego se incorporaron como profesionales. Para llegar a tal conclusión, esa Sección indicó: “[p]or lo expuesto en precedencia, la Sala considera que resulta procedente extender los efectos de la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016 proferida dentro del proceso con radicación 850013333002201300060-01 (3420-15), toda vez que se encuentran acreditados los mismos supuestos fácticos y jurídicos del solicitante respecto de la sentencia invocada, por lo tanto, de conformidad con el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el inciso 4 del artículo 269 ibídem, se ordenará al Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional reconocer y pagar las diferencias salariales y prestacionales del 20% a favor del señor Jesús Arcesio Castañeda

Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional reconocer y pagar las diferencias salariales y prestacionales del 20% a favor del señor Jesús Arcesio Castañeda Robles (...) (se resalta). Como se advierte del análisis efectuado por la Sección Segunda en esa oportunidad, la procedencia de la extensión está fundada en el cotejo entre los supuestos fácticos y jurídicos de la sentencia de unificación invocada y los de la solicitud, lo que plantea serias dificultades para que, por esta vía, se examinen asuntos como la legalidad de actos administrativos y/o de contratos o casos relacionados con la responsabilidad estatal”, pues no se trata de un proceso litigioso donde exista la posibilidad de sopesar pruebas y argumentos , Para lo que interesa a esta causa, y específicamente respecto del tema de la responsabilidad estatal, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado: “Y es que en lo que se refiere al derecho de daños, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su posición en el sentido de indicar que, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 24 de junio de 2021, radicación 11001-03-25-000-2017-00316-00. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 22 de septiembre de 2016, radicación 11001-03-26-000-2016-00032 00, radicación interna 56360. 28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 14 de octubre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2020-00349-00.

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 14 de octubre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2020-00349-00. 11Radicado: 11001-03-26-000-2015-00155-00 (55597) Solicitantes: María Liliana Gómez Castillo y otros Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico o único título de imputación?? En ese entendido, véase que, a manera puramente ilustrativa, en los casos en los que se imponen medidas de privación de la libertad de las personas, el Estado asume frente a ellas obligaciones de custodia y vigilancia que se traducen en una garantía de seguridad personal de los internos, razón por la cual la jurisprudencia de la Sección ha considerado que el régimen de responsabilidad que procede en esas circunstancias, en principio, es el objetivo; no obstante lo anterior, cuando se evidencie y se encuentre probada una falla en el servicio como causante del hecho dañoso deberá ser preferida y así ser declarada?, Así pues, lo antes narrado evidencia las dificultades que representa el

objetivo; no obstante lo anterior, cuando se evidencie y se encuentre probada una falla en el servicio como causante del hecho dañoso deberá ser preferida y así ser declarada?, Así pues, lo antes narrado evidencia las dificultades que representa el mecanismo de extensión de jurisprudencia en los casos que se ventile una posible responsabilidad extracontractual del Estado, toda vez que en aquellos es vital el debate probatorio mediante el cual se pueda acreditar, en debida forma, tanto las circunstancias fácticas como jurídicas respecto de las cuales se pretenda una indemnización y que lleven certeza al juez para proferir una decisión en el caso bajo estudio. (...) lo natural correspondería dirigirse directamente a la jurisdicción contenciosa para que, de acuerdo a las circunstancias fácticas y probatorias del caso concreto, se profiera una decisión de fondo.” (Se resalta). En ese sentido, la Sección ha reconocido los obstáculos que plantean los casos relacionados con la responsabilidad estatal para la procedencia de la figura de la extensión, no solamente porque no existe en relación con ellos un título de imputación único aplicable sino porque en estas causas siempre se presentan particularidades que dificultan la categorización como casos análogos.