CE - 010326000201800089001SENTENCIASENTENCIA20230328103000

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846)

Demandante: PEDRO CLAVER MEDINA MESA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE AIPE (HUILA)

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Asunto: ÚNICA INSTANCIA

Síntesis del caso: se pretende la nulidad de los actos administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 proferidos por el municipio de Aipe (Huila) por el hecho de ser contrarios a las normas en que debían fundarse, por haber sido proferidos con falsa motivación y con desviación de poder.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por los señores Pedro Claver Medina Mesa, Carmenza Medina Mesa, Cecilia Medina de Alfaro, Alba Luz Medina de Cerquera, Luis Alberto Medina Mesa, Jorge Eliécer Medina Mesa, Ángel Alberto Medina, Cielo Esperanza Medina Mesa, Stella Medina Mesa, Gladys Medina Mesa, Rosa Virginia Medina Mesa, Susana Medina Mesa, Hernando Medina Mesa (qepd) representado por sus hijos Ana Milena Medina Pascuas, Fernando Medina Pascuas, Claudia Marcela Medina Pascuas, Carolina Medina y Fredy Medina Pascuas, en contra de los actos administrativos de 18 de diciembre de 2007 y 7

representado por sus hijos Ana Milena Medina Pascuas, Fernando Medina Pascuas, Claudia Marcela Medina Pascuas, Carolina Medina y Fredy Medina Pascuas, en contra de los actos administrativos de 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 expedidos por el municipio de Aipe (Huila) “dentro del Proceso Administrativo de Solicitud de Pago de Perjuicios de Carmenza Medina Mesa y otros contra Ecopetrol”.

La parte resolutiva del acto administrativo de 18 de diciembre de 2007 dispone lo siguiente:2

Expediente no. 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846) Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros Nulidad y Restablecimiento del derecho – única instancia

“PRIMERO: No acceder a la petición invocada por el Doctor JUAN MIGUEL CUENCA CLEVES en calidad de apoderado de CARMENZA,

CECILIA, ALBA, LUZ, LUIS ALBERTO, HERNANDO, PEDRO

CLAVER, JORGE ELIECER, ÁNGEL ALBERTO, CIELO ESPERANZA, STELLA, GLADYS, ROSA VIRGINIA Y SUSANA MEDINA MESA , en el sentido de hacer cesar los trabajos que ECOPETROL viene efectuando en el predio de su propiedad identificado como Lote No. 3 Santa Helena.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a las partes y sus apoderados.

TERCERO: Comunicar la expe dición de esta decisión a la Procuraduría Provincial de Neiva, a la Procuraduría Regional del Huila, a la Procuraduría Ambiental y Agraria del Huila y Caquetá, al Juzgado

TERCERO: Comunicar la expe dición de esta decisión a la Procuraduría Provincial de Neiva, a la Procuraduría Regional del Huila, a la Procuraduría Ambiental y Agraria del Huila y Caquetá, al Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe y a la Personería Municipal de

Aipe.” (fl. 33 cdno. no. 1).

Y, en la parte resolutiva del acto administrativo del 7 de mayo de 2008 se dispuso:

“PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por este Despacho el pasado dieciocho de diciembre de dos mil siete (2007) dentro del trámite administrativo de solicitud de perjuicios incoada por el Dr. JUAN MIGUEL CUENCA CLEVES como apoderado de los hermanos

MEDINA MESA.

SEGUNDO: Comuníquese la anterior decisión a la Procuraduría Provincial de Neiva, a la Procuraduría Regional del Huila y a la Procuraduría Ambiental y Agraria del Huila y Caquetá” (fls. 3 7 y 38 ibidem).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2008 en la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial del Huila, los señores Pedro Claver Medina Mesa, Carmenza Medina Mesa, Cecilia Medina de Alfaro, Alba Luz Medina de Cerquera, Luis Alberto Medina Mesa, Jorge Eliécer Medina Mesa, Ángel Alberto Medina, Cielo Esperanza Medina Mesa, Stella Medina Mesa, Gladys Medina Mesa, Rosa Virginia Medina Mesa, Susana Medina Mesa, Hernando Medina Mesa (qepd) representado por sus hijos Ana Milena Medina Pascuas, Fern ando

Medina, Cielo Esperanza Medina Mesa, Stella Medina Mesa, Gladys Medina Mesa, Rosa Virginia Medina Mesa, Susana Medina Mesa, Hernando Medina Mesa (qepd) representado por sus hijos Ana Milena Medina Pascuas, Fern ando Medina Pascuas, Claudia Marcela Medina Pascuas, Carolina Medina y Fredy Medina Pascuas, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 18 a 27 cdno. no. 1) con las siguientes súplicas:3

Expediente no. 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846) Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros Nulidad y Restablecimiento del derecho – única instancia

“1. Que se declaren nulos los actos administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008, expedidos dentro del “ Proceso Administrativo de Solicitud de Pago de Perjuicios de Carmenza Medina Mesa y otros contra ECOPETROL”, por el alcalde municipal de Aipe.

2. Que en consecuencia, se ordene la suspensión de los trabajos de exploración y explotación petrolera desarrollados por ECOPETROL SA

en el predio Santa Helena Lota No. 3, hasta tanto ECOPETROL SA cancele los perjuicios judicialmente avaluados por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe.

3. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que con ocasión de la expedición de los actos administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008, ECOPETROL SA no pagó a mis poderdantes, los perjuicios aprobados por el Juzgado Único

ocasión de la expedición de los actos administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008, ECOPETROL SA no pagó a mis poderdantes, los perjuicios aprobados por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe anteriormente referenciado.

4. Que como consecuencia de la declaratoria señalada en el numeral anterior, se condene al MUNICIPIO DE AIPE, a título de reparar el daño causado a mis poderdantes, al pago de la suma de

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. (261559.781.oo), actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor -IPCcertificado por el DANE, junto con los intereses de mora a la máxima tasa legal vigente, según la Superintendencia Financiera.

5. Que se or dene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el Art. (sic) 176 y con los ajustes establecidos en el 78 del CCA.

6. Que se condene en costas al municipio demandado. ” (fl. 19 cdno.

no. 1).

1.1 Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 8 de mayo de 1963, mediante la escritura pública no. 386 de la Notaría Segunda de Neiva (Huila), el entonces propietario del predio denominado “Santa

Helena no. 3” gravó con servidumbre en favor de la empresa International Petroleum parte del predio ubicado en el municipio de Aipe (Huila).

Segunda de Neiva (Huila), el entonces propietario del predio denominado “Santa Helena no. 3” gravó con servidumbre en favor de la empresa International Petroleum parte del predio ubicado en el municipio de Aipe (Huila).

1. El término de duración de esta servidumbre era por todo el tiempo en el que dicha empresa explorara o explotara petróleo en la zona, es decir, durante la ejecución del contrato de concesión Neiva 540 que finalizó con la reversión que operó en favor de la Nación el 18 de noviembre de 1994, de acuerdo con la4

Expediente no. 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846) Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros Nulidad y Restablecimiento del derecho – única instancia

Resolución no. 33 de 28 de marzo de 1994 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Petróleos.

1. La sociedad concesionaria ejecutora del contrato de concesión Neiva 540 a través de la escritura pública no. 2882 de 22 de diciembre de 1997 de la Notaría Quinta de Neiva cedió a Ecopetrol las servidumbres allí indicadas, dentro de las

que se encuentra la del predio “Santa Helena no. 3”.

1. Los demandantes adquirieron el predio el 9 de ago sto de 2002, acto que se protocolizó con la escritura no. 175 de la Notaría Quinta de Neiva, y conscientes de la posición negativa de Ecopetrol en reconocer el deber de pago de los perjuicios causados desde el 18 de noviembre de 1994 presentaron demanda

protocolizó con la escritura no. 175 de la Notaría Quinta de Neiva, y conscientes de la posición negativa de Ecopetrol en reconocer el deber de pago de los perjuicios causados desde el 18 de noviembre de 1994 presentaron demanda ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, autoridad que aprobó el avalúo correspondiente conforme lo dispuesto en el Decreto 1886 de 1954 mediante auto de 24 de marzo de 2006.

1. El 18 de julio de 2006, los actuales propietarios y demandantes en ejercicio del derecho de petición solicitaron a la Alcaldía de Aipe (Huila) dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1886 de 1954, en el sentido de requerir a Ecopetrol SA para que pag ara inmediatamente los perjuicios avaluados por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, solicitud en virtud de la cual el municipio inició un proceso administrativo que culminó con los actos administrativos de 18 de diciembre de 2007 por el cual se negó la solicitud de pago de perjuicios y del 7 de mayo de 2008 que confirmó tal negativa.

2. Fundamento de demanda

En los términos de la parte actora, los actos administrativos de 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 s on nulos por desconocer las normas en que debían fundarse y por haberse expedido con falsa motivación y desviación de poder, en esa dirección de manera concreta expuso los cargos que se describen a continuación:5

Expediente no. 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846)

Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros

poder, en esa dirección de manera concreta expuso los cargos que se describen a continuación:5

Expediente no. 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846) Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros Nulidad y Restablecimiento del derecho – única instancia

2.1 Primer c argo: infracción de lo consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política y en los artículos 6 y 7 del Decreto 1886 de 1954

Con la expedición de los actos administrativos de 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 se vulnera y atenta contra el derecho a la propiedad, pues , salvo que exista una indemnización justa, ninguna persona puede ser privada de su derecho al uso y goce de sus bienes.

El municipio de Aipe (Huila) desconoció lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6 y en el artículo 7 del Decreto 1886 de 1954 que , expresamente disponen que “[s]urtida la reversión, si el explotador o explorador de petróleo rehusase pagar al dueño o al ocupante de los terrenos el valor de la indemnización (…) el industrial de petróleos deberá pagar (…) so pena de que si así no lo hiciera este pueda solicitar del alcalde la suspensión del permiso para la ejecución o continuación de los trabajos”.

Los actos administrativos demandados deben ser declarados nulos por cuanto el alcalde del municipio de Aipe (Huila) con su expedición infringió lo dispuesto en el Decreto 1886 de 1954.

2.2 Segundo cargo: falsa motivación

El alcalde del municipio de Aipe (Huila), en la expedición de los actos

el Decreto 1886 de 1954.

2.2 Segundo cargo: falsa motivación

El alcalde del municipio de Aipe (Huila), en la expedición de los actos administrativos de 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008, se basó en suposiciones, sin fundamento , para llegar a la decisión negativa que ahora mediante la presente acción se cuestiona , pues , afirmó que “existió una negociación directa con los propietarios del predio a gravar” (fl. 7 cdno. no. 1) lo cual no tiene soporte jurídico ni real.

2.3 Tercer cargo: Desviación de poder

Con la decisión adoptada por el municipio de Aipe (Huila) se configura la desviación de poder en el que incurrió en mandatario, pues, negar la solicitud de suspensión de los trabajos aun cuando estaba demostrada la causación los perjuicios en cabeza de los propietarios del predio “Santa Helena no. 3” , evidencia la superioridad propia del municipio sobre la inferioridad del ciudadano.6

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3. Trámite procesal

1. Por auto de 30 de abril de 2010 , el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva negó la suspensión provisional de los actos administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 proferidos por el municipio de Aipe (Huila), por estimar que con la simple confrontación directa de los actos acusados no se evidencia la necesidad de suspensión, además , porque el actor no aportó la

estimar que con la simple confrontación directa de los actos acusados no se evidencia la necesidad de suspensión, además , porque el actor no aportó la providencia judicial que, en su parecer, desconoció el municipio y en virtud de la cual debía concederse la orden de indemnización y suspensión de los trabajos a Ecopetrol SA, así como tampoco allegó el respectivo folio de matrícula del bien objeto de la servidumbre en copia auténtica que permitiera valorar su autenticidad (fls. 130 a 134 cdno. no. 1)1.

1. El 14 de junio de 2013, el Juzgado Administrativo de Neiva en atención de lo dispuesto en el oficio no. CSJH.PSA13 -824 de 12 de junio de 2013 remitió el expediente a los Juzgados Administrativos en Descongestión del Circuito de

Neiva (fl. 284 cdno. no. 3).

1. El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva avocó conocimiento del proceso de la referencia el 8 de julio de 2013 (fl. 287 ibidem).

1. Luego de adel antar todo el procedimiento correspondiente , el 30 de abril de 2014 dictó sentencia mediante la cual resolvió el fondo de la controversia en el

sentido de denegar las pretensiones de la demanda (fls. 294 a 310 cdno. no. 3), decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 324 a 323 ibidem) y fue concedido ante el Tribunal Administrativo del Huila (fl. 324 cdno. no. 3), Corporación que luego de haber adelantado el trámite en segunda

323 ibidem) y fue concedido ante el Tribunal Administrativo del Huila (fl. 324 cdno. no. 3), Corporación que luego de haber adelantado el trámite en segunda instancia y, una vez el expediente entró al despacho del magistrado sustanciador para proferir decisión, por auto de 30 de enero de 2017 declaró la nulidad de todo lo actuado y remitió el expediente al Consejo de Estado por tratarse de un asunto minero de competencia privativa en única instancia de esta Corporación (fls. 351 a 356 cdno. no. 3).

1 La decisión de negar la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos acusados de nulidad fue confirmada por auto de 4 de junio de 2010 por el Tribunal Administrativo del Huila (fls. 6 a 12 cdno. no. 8).7

Expediente no. 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846) Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros Nulidad y Restablecimiento del derecho – única instancia

1. Por auto de 14 de noviembre de 2018, el entonces magistrado sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación avocó conocimiento de la acción de la referencia, admitió en única i nstancia la demanda, ordenó notificar al municipio de Aipe (Huila), vinculó a la empresa Ecopetrol SA y negó la suspensión provisional solicitada (fls. 380 a 386 vlto. cdno.

no. 3).

4. Oposición a la demanda

4.1 Ecopetrol SA

El 25 de enero de 2019, por intermedio de apoderado judicial Ecopetrol SA se

no. 3).

4. Oposición a la demanda

4.1 Ecopetrol SA

El 25 de enero de 2019, por intermedio de apoderado judicial Ecopetrol SA se opuso a la prosperidad de la demanda y formuló excepciones, con las siguientes

consideraciones:

1. Sobre este mismo asunto pero en relación con otros particulares propietarios de otros predios afectados con el contrato de concesión Neiva 540, la Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto y ha señalado que no le asiste derecho a los particulares dueños de los predios objeto de servidumbre indemnización alguna por cuenta de la terminación del contrato de concesión y reversión a la Nación2.

1. De otra parte, los actos administrativos impugnados fueron proferidos por el alcalde del municipio de Aipe (Huila) sin que tuviera injerencia alguna Ecopetrol SA, razón por la cual debe denegarse cualquier pretensión en contra de esta última.

1. Propuso como excepciones las siguientes:

a) “Carencia de fundamento legal de la demanda”, pues, los asuntos de competencia de Ecopetrol SA son regulados por el Decreto 1886 de 1954 , el Decreto 805 de 1947 y el Decreto 1250 de 1970, normatividad en la que no se estableció la posibilidad de cancelación de la servidumbre legamente otorgada

2 Las sentencias son ambas de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia , una del 7 de abril de 2008, en el expediente 2002 -00018, MP Ruth Marina Díaz Rueda y , la otra, del

2 Las sentencias son ambas de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia , una del 7 de abril de 2008, en el expediente 2002 -00018, MP Ruth Marina Díaz Rueda y , la otra, del 6 de septiembre de 2010, en el expediente 2004-00085, MP César Julio Valencia Copete.8

Expediente no. 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846) Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros Nulidad y Restablecimiento del derecho – única instancia

por el hecho de que haya terminado el contrato de concesión respectivo.

b) “Falta de legitimación en la causa por activa”, dado que el único con interés legítimo y ha sido afectado por la expedición de los actos objeto de demanda es Ecopetrol SA en cuyo nombre se encuentra registrada la servidumbre sobre el predio “Santa Helena no. 3”.

c) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, toda vez que el alcalde de l municipio de Aipe (Huila) profirió los actos administrativos objeto de demanda sin que en tales decisiones haya tenido participación alguna Ecopetrol SA.

d) “Hecho exclusivo y determinante de un tercero”, por cuanto la única autoridad involucrada en el procedimiento administrativo que culminó con la expedición de los actos administrativos objeto de demanda es la alcaldía del municipio de Aipe (Huila).

e) “Genérica”, en virtud de la cual el juez puede declarar las excepciones que de oficio encuentre probadas en el proceso.

4.2 Municipio de Aipe (Huila)

Mediante escrito radicado el 11 de febrero de 2019, el municipio de Aipe (Huila)

oficio encuentre probadas en el proceso.

4.2 Municipio de Aipe (Huila)

Mediante escrito radicado el 11 de febrero de 2019, el municipio de Aipe (Huila) se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló excepciones (fls. 505 a 516 cdno. 3) con fundamento en lo siguiente:

1. El Decreto 1886 de 1954 fue expedido al amparo de las facultades extraordinarias del estado de sitio con el fin de permitir el desarrollo de la industria petrolera con una alternativa pronta para ocupar los predios de propiedad privada necesarios para tal fin, y a través del artículo 32 de la Ley 10 de 1961 fue adoptado como legislación permanente.

1. El decreto en comento refiere un procedimiento breve y sumario para establecer el monto de la indemnización de los perjuicios derivados de la ocupación inicial, pero, a su turno, el Código de Procedimiento Civil consagró que el procedimiento a adelantarse es el verbal sumario por mandato del numeral 10 del artículo 435 del CPC; sin embargo, el Juez Promiscuo Municipal de Aipe9

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(Huila) aprobó un avalúo sin que tal determinación preste mérito ejecutivo ya que no cuenta con una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra y en favor de alguien.

1. De otra parte, mediante la referida escritura pública no. 386 de 1963 de la

Notaría Segunda de Neiva los entonces dueños del predio “Santa Helena no. 3”

en favor de alguien.

1. De otra parte, mediante la referida escritura pública no. 386 de 1963 de la

Notaría Segunda de Neiva los entonces dueños del predio “Santa Helena no. 3” concedieron el derecho a ocupar y a usar una zona del lote de su propiedad en favor de la sociedad Intercol, quien se obligó a indemnizar a los propietarios todos los derechos que se conceden “por una sola vez, y por todo el tiempo de duración o vigencia de este contrato, a título de indemnización por todos los derechos y perjuicios, ocupación permanente, lucro cesante, daño emergente, etc” (fl. 157 cdno. no. 1).

1. Sobre el mismo punto de análisis el municipio refiere como soporte jurisprudencial la sentencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia de 7 de abril de 2008, en la que en un caso muy similar sostuvo que la cesión de la servidumbre de la sociedad Hocol SA a Ecopetrol S A era una consecuencia lógica y formal en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Petróleos , y que en modo alguno conlleva al pago de una nueva indemnización por ocupación.

1. Propuso como excepciones las siguientes:

a) “Pago”, por cuanto en atención a lo señalado en la mencionada escritura no. 386 de 8 de mayo de 1963 los entonces propietarios del predio “Santa Helena no. 3” fueron indemnizados con la suma de nueve mil pesos ($9.000) moneda corriente.

b) “Cobro de lo no debido ”, porque no existe obligación alguna pendiente de cumplimiento de pago en favor de los aquí demandantes.

c) “Carencia del derecho a las pretensiones” , toda vez que la servidumbre

corriente.

b) “Cobro de lo no debido ”, porque no existe obligación alguna pendiente de cumplimiento de pago en favor de los aquí demandantes.

c) “Carencia del derecho a las pretensiones” , toda vez que la servidumbre registrada y actualmente vigente aun produce efectos en favor de Ecopetrol SA.

d) “Genérica”, en virtud de la cual el juez puede declarar las excepciones que de oficio encuentre probadas en el proceso.10

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5. Alegatos de conclusión

En la oportunidad procesal correspondiente las partes se pronunciaron así:

1. El municipio de Aipe (Huila) (fls. 543 a 544 ibidem) insistió en sus argumentos de defensa según los cuales la presente demanda carece de fundamento y las pretensiones propuestas deben ser denegadas.

1. Ecopetrol SA (fls. 531 a 536 cdno. no. 3) se ratificó en los argumentos de oposición expuestos con la contestación de la demanda , en el sentido de sostener que los actos administrativos proferidos por el municipio de Aipe (Huila) no son contrarios a las normas en las que debían fundarse.

1. La parte actora ( fls. 538 a 540 ibidem), insistió en la nulidad de los actos administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 por cuanto, a su juicio, fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, con falsa motivación y desviación de poder, pues, a pesar de que con anterioridad

administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 por cuanto, a su juicio, fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, con falsa motivación y desviación de poder, pues, a pesar de que con anterioridad se registró una servidumbre sobre el predio “Santa Helena no. 3” esa limitación tenía como vigencia la ejecución del contrato de concesión Neiva 540, y como ese contrató terminó, as imismo debió terminar la servidumbre, salvo que Ecopetrol SA, en calidad de nuevo beneficiario como resultado de la reversión del contrato de concesión, concurra al pago de la indemnización correspondiente.

1. El Ministerio Público (fl. 545 cdno. no. 3) guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración, con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusiones y, 4) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirige a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 proferidos por11

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el municipio de Aipe (Huila) , por cuanto, a juicio de la parte demandante, son

Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros Nulidad y Restablecimiento del derecho – única instancia

el municipio de Aipe (Huila) , por cuanto, a juicio de la parte demandante, son contrarios a las normas en los que debían fundarse, fueron proferidos con falsa motivación y desviación de poder, por el hecho de no reconocer que con ocasión de la terminación del contrato de concesión Neiva 540 en el año 1994 debía adelantarse un nuevo análisis y determinación de indemnización en favor de los propietarios, por cuanto la servidumbre inicial fue constituida durante el plazo del contrato de concesión.

En cuanto a las excepciones propuestas por las entidades demandada y convocada al litigio , como no se enmarcan en excepciones previas serán resueltas con el fondo de la controversia, salvo las de falta de legitimación en la casusa por activa y pasiva formuladas por Ecopetrol SA que se resolverán al inicio del análisis del caso concreto.

La Sala abordará el análisis de legalidad de los actos administrativos del 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 mediante los cuales se negó la solicitud de cesación de los trabajos adelantados por Ecopetrol SA , en relación con los cargos de nulidad formulados, esto es, por el hecho de resul tar contrario s al artículo 58 de la Constitución Política, a los artículos 6 ( inciso segundo) y 7 del Decreto 1886 de 1954 y haber sido expedidos con falsa motivación y desviación de poder.

Así las cosas, como los cargos de nulidad esgrimidos con la demanda no tienen vocación de prosperidad, la Sala mantendrá la legalidad de los actos

de poder.

Así las cosas, como los cargos de nulidad esgrimidos con la demanda no tienen vocación de prosperidad, la Sala mantendrá la legalidad de los actos administrativos de 18 de diciembre de 2007 y 7 de mayo de 2008 proferidos por el municipio de Aipe (Huila).

2. Análisis del caso concreto

2.1 Legitimación en la casusa de las partes

Ecopetrol SA , en el escrito de contestación de la demanda propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por activa y pasiva por cuenta de su propia vinculación al proceso, alegaciones sobre las que la Sala estima necesario precisar lo siguiente:12

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1. En relación con el interés o legitimación que le asiste a la parte actora, para la Sala no existe duda alguna al respecto, toda vez que los actos administrativos objeto de pronunciamiento en e ste caso fueron expedidos precisamente con ocasión de la solicitud a través de derecho de petición que los actuales dueños

del predio “Santa Helena no. 3”, hoy demandantes, hiciesen ante la alcaldía de Aipe (Huila).

1. De otra parte, en relación con la vinculación al proceso de Ecopetrol SA, por cuanto algunas pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la suspensión de los trabajos adelantados por dicha entidad y podría resultar afectada, es perfectamente clara la legitimación en la causa por pasiva que se configuró respecto de dicha empresa.

cuanto algunas pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la suspensión de los trabajos adelantados por dicha entidad y podría resultar afectada, es perfectamente clara la legitimación en la causa por pasiva que se configuró respecto de dicha empresa.

1. En ese sentido, se negarán las excepciones de lata de legitimación en la causa por activa y pasiva propuestas por Ecopetrol SA por no tener vocación de prosperidad.

2.2 Primer cargo: Infracción de lo consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política y en los artículos 6 (inciso segundo) y 7 del Decreto 1886 de 1954

1. El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia dispone expresamente

lo siguiente:

“ARTÍCULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad púb lica o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incl uso respecto del13

Expediente no. 11001-03-26-000-2018-00089-00 (61.846) Actor: Pedro Claver Medina Mesa y otros Nulidad y Restablecimiento del derecho – única instancia

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