CE - 010326000202200142001SENTENCIA20230301154546

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Título
CE - 010326000202200142001SENTENCIA20230301154546
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

Convocante: Consorcio Canales de Córdoba Convocado: Municipio de Cereté Referencia: Recurso extraordinario de anulación

La Sala decide el recurso extraordinario de anulación promovido por el consorcio Canales de Córdoba contra el laudo emitido el 28 fe brero de 2022 por un Tribunal de Arbitramento que sesionó en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Montería.

El Consorcio Canales de Córdoba y el Municipio de Cereté convocaron e integraron un tribunal de arbitramento para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato de obra No. 025 de 2011 (en adelante, el contrato) celebrado para la construcción del canal de drenaje en el barrio Villa Celina y parte de la vertiente No. 2 de dicho municipio. La Convocante reclamó el pago de las mayores cantidades de obra ejecutadas.

En el centro del debate sostuvo el recurrente que el Tribunal excedió el término de duración del proceso arbitral, pues solo después de su vencimiento tuvo acceso a la providencia que contenía el laudo, impidiéndole conocer en tiempo la decisión y ejercer sus derechos 1. En segundo término, adujo que no fue

de duración del proceso arbitral, pues solo después de su vencimiento tuvo acceso a la providencia que contenía el laudo, impidiéndole conocer en tiempo la decisión y ejercer sus derechos 1. En segundo término, adujo que no fue resuelta la solicitud de aclaración que presentó y que, en todo caso, una decisión sobre este aspecto resultaría extemporánea.

I. ANTECEDENTES

La demanda arbitral

1. Con fundamento en la cláusula compromisoria pactada en el contrato 2

(cláusula décima segunda), y ante la declaración de falta de jurisdicción

1 Agregó la existencia de irregularidades en los términos de ejecutoria que estaban corriendo previo a la realización de la audiencia de laudo, dados los límites temporales que afrontaba el Tribunal. 2 Fl. 100 a 106 del expediente digital.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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emitida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Montería 3, fue iniciado el proceso arbitral acá referido.

2. Bajo la demanda, la parte Convocante pretendió4 el reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra y de obras adicionales ejecutadas con ocasión del replanteamiento del proyecto, ante errores en los diseños que impedían su desarrollo en las condiciones originales.

3. En su contestación5, la Convocada se opuso a las pretensiones y planteó la excepción que denominó “inepta demanda, por no demandarse la nulidad de

desarrollo en las condiciones originales.

3. En su contestación5, la Convocada se opuso a las pretensiones y planteó la excepción que denominó “inepta demanda, por no demandarse la nulidad de la Resolución No. 118 del 6 de junio de 2012 mediante la cual se ordenó la liquidación del contrato de obra”; sostuvo que una vez se produjo la liquidación unilateral del contrato sin los reconocimientos solicitados por el contratista, se imponía demandar su nulidad para controvertir tales determinaciones.

Trámite del proceso arbitral

4. En audiencia llevada a cabo el 2 de julio de 2021 6 , el Tribunal de Arbitramento se declaró competente para conocer el conflicto objeto de la demanda, sin reparo de las partes.

5. Concluida la etapa probatoria, mediante auto del 18 de noviembre de 20217 se fijó como fecha para la audiencia de alegaciones el 22 de noviembre siguiente; pero, ante la solicitud de aplazamiento formulada por la demandada, el Tribunal anunció que en decisión posterior fijaría la nueva fecha para su realización (fl. 727).

6. Según informe del 2 de febrero de 2022, el secretario del Tribunal indicó a los árbitros que aún estaba pendiente por definir la fecha para la audiencia de alegaciones, así que ésta fue citada para el 8 de febrero siguiente, momento en el que ambas partes presentaron sus alegatos finales.

El Ministerio Público no se hizo presente a la diligencia, ni emitió concepto8.

7. Mediante auto del 25 de febrero de 2022, el Tribunal de Arbitramento procedió “a fijar fecha y hora para la realización de la audienci a de lectura de

7. Mediante auto del 25 de febrero de 2022, el Tribunal de Arbitramento procedió “a fijar fecha y hora para la realización de la audienci a de lectura de la parte resolutiva del laudo de conformidad con lo expuesto en el artículo 33 de la ley 1563 de 2012” 9 e indicó que la misma tendría lugar el lunes 28 de febrero de 2022 a las 4 pm. Frente a tal determinación, la Convocante

3 Fl. 387 a 390 del expediente digital. Proveído del 29 de marzo de 2019, notificado por estado del 1° de abril de 2019, mediante el cual se declaró la falta de jurisdicción por existencia de cláusula compromisoria y se confirió a las partes un plazo de veinte (20) días há biles para iniciar el trámite de integración de un tribunal de arbitramento. 4 Reforma de la demanda visible a fls. 574 a 581 del expediente digital. 5 Contestación a la reforma de la demanda, fls. 590 a 593 del expediente digital. 6 Fl. 641 a 642 del expediente digital. 7 Fl. 724 del expediente digital. 8 Fl. 736 del expediente digital. 9 Fl. 738 del expediente digital.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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interpuso recurso de reposición pues, a su juicio, se hallaba vencido el término de 6 meses de duración del proceso arbitral de manera que pidió al tribunal cesar en sus funciones.

8. El 28 de febrero de 2022 y por medios virtuales, se constituyó en audiencia

de 6 meses de duración del proceso arbitral de manera que pidió al tribunal cesar en sus funciones.

8. El 28 de febrero de 2022 y por medios virtuales, se constituyó en audiencia el Tribunal de Arbitramento a través de la plataforma TEAMS suministrada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Montería10, con presencia de Convocante y Convocada. En di cha sesión se dio lectura por secretaría a la parte resolutiva del laudo, cuyo fragmento fue incorporado al acta respectiva, concluyendo así la diligencia.

9. Luego, el 3 de marzo de 2022, la Convocante hizo constar que para esa fecha: (i) no se le había entregado copia del laudo; (ii) que ello impedía solicitar aclaraciones, complementaciones o correcciones; y (iii) que, en todo caso, ya había expirado el término del proceso arbitral. Insistió en su derecho a conocer el laudo en su integridad.

10. El laudo fue enviado a las partes mediante correo electrónico del viernes 4 de marzo de 2022 por el Secretario del Tribunal; la parte Convocante presentó solicitud de aclaraciones al mismo el 7 de marzo siguiente y puso de presente la expiración del término del proceso.

11. La Convocante presentó recurso extraordinario de anulación el 28 de marzo de 2022, en los términos que adelante se indican, y dejó constancia de que no se había resuelto la solicitud de aclaración del laudo presentada el 7 de marzo anterior.

El 28 de abril de 2022, la secretaría del Tribunal hizo envío del recurso de anulación al panel arbitral (fl. 777) expresando inquietudes sobre la procedencia del mismo, pues aún no se había dado trámite a la solicitud de

de marzo anterior.

El 28 de abril de 2022, la secretaría del Tribunal hizo envío del recurso de anulación al panel arbitral (fl. 777) expresando inquietudes sobre la procedencia del mismo, pues aún no se había dado trámite a la solicitud de aclaraciones. No obra respuesta o manifestación alguna al respecto de parte del Tribunal.

12. El 4 de mayo de 2022, el secretario del Tribunal de Arbitramento corrió traslado a la parte Convocada del recurso de anulación por el término de 15 días, decisión que fue fijada en lista en l a misma fecha, sin que se advierta pronunciamiento de la Convocada o intervención -conceptodel Ministerio

Público.

13. Llegado el expediente al Consejo de Estado, el Despacho ponente, mediante auto del 8 de agosto de 2022, dispuso oficiar al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Montería y al doctor Arturo Francisco González Luna -secretario del citado Tribunal de Arbitramento-, para que fuera remitida copia de la respuesta a la solicitud de aclaraciones

10 Fl. 771 y 772 del expediente digital.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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presentada por la Convocante, dado que el expediente electrónico no registraba tal pronunciamiento.

Al contestar, el Centro de Arbitraje refirió que el mencionado Secretario manifestó haber puesto en conocimiento del tribunal arbitral la solicitud de aclaraciones el día 8 de marzo de 2022, pero que, para ese momento, “el

registraba tal pronunciamiento.

Al contestar, el Centro de Arbitraje refirió que el mencionado Secretario manifestó haber puesto en conocimiento del tribunal arbitral la solicitud de aclaraciones el día 8 de marzo de 2022, pero que, para ese momento, “el tribunal ya había cesado sus funciones, por lo que consideró que no estando constituidos como tal, no era procedente darle respuesta o tramitar la petición”11.

II. EL LAUDO QUE SE SOLICITA ANULAR

14. Corresponde a la decisión ya referida de fecha 28 de febrero de 2022 , proferida por el Tribunal de Arbitramento, mediante la cual se resolvió lo siguiente (se reproduce, incluidos los errores en los ordinales):

15. En dicha providencia, luego de ocuparse de la definición legal del contrato estatal, se abordó conceptualmente el estudio de: (a) la autorización previa o la modificación del contrato, como requisito para el reconocimiento de mayores cantidades de obra u obras adicionales; (b) las formas en que puede llevarse a cabo la liquidación del contrato –bilateral, un ilateral o judicial –; y, (c) el término de caducidad bajo la Ley 446 de 1998 y sus efectos frente a los contratos suscritos con anterioridad.

16. Al resolver el caso concluyó que la acción había caducado para la época en que se presentó la demanda, por lo que consignó lo siguiente:

11 Índice 7, 8 y 9 de SAMAI.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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III. EL RECURSO DE ANULACIÓN

17. La Convocante presentó recurso extraordinario de anulación 12 contra el laudo arbitral, con fundamento en la causal sexta del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

18. Para fundamentar su reproche sostuvo13, de una parte, que entre el 25 de febrero, día en que se notificó la fecha de la audiencia de lectura del laud o, y el inicio de ésta, solo había transcurrido uno de los tres días de ejecutoria de la decisión; por esta razón, presentó recurso de reposición el mismo día y reprochó que se hubiera desconocido el artículo 318 del CGP relativo al trámite de tal medio de impugnación.

19. De otra parte, señaló que sólo hasta el 4 de marzo de 2022 recibió el laudo, estando vencidos los términos del proceso arbitral según el artículo 10 del Decreto 491 de 2020. Al lado de esto, indicó que al momento de formular el recurso de anulación (28 de marzo de 2022) el Tribunal de Arbitramento aún no se había pronunciado sobre la solicitud de aclaraciones presentada el 7 de marzo de ese año y que, en todo caso, de hacerlo, lo haría de forma extemporánea.

20. Con base en lo anterio r, alegó la configuración de la causal sexta ya referida, precisando que la ley ordena que dentro del término del proceso arbitral deba proferirse y notificarse , incluso, la providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición.

referida, precisando que la ley ordena que dentro del término del proceso arbitral deba proferirse y notificarse , incluso, la providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición.

21. E fectuado el traslado del recurso de anulación, la entidad Convocada guardó silencio, al igual que el Ministerio Público.

CONSIDERACIONES

(i) Competencia para conocer del recurso de anulación

12 Como fue analizado mediante auto del 4 de octubre de 2022 proferido por el despacho ponente; el recurso de anulación cumplió los requisitos de oportunidad y forma contemplados en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, en tanto se formuló y sustentó con la indicación de la causal invocada, ante la Secretaría del Tribunal de Arbitramento el 28 de marzo de 2022. 13 Fl. 779 a 780 del expediente virtual.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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22. Le asiste competencia a esta Subsección para conocer del recurso extraordinario de anulación conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 que dispone: “ Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

En este caso, como la parte convocada es el municipio de Cereté 14 , el conocimiento del presente asunto corresponde a esta Corporación,

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

En este caso, como la parte convocada es el municipio de Cereté 14 , el conocimiento del presente asunto corresponde a esta Corporación, concretamente a esta Sección, conforme a la naturaleza de dicha entidad.

(ii) La causal sexta de anulación de laudos arbitrales

23. El núm. 6 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, dispone:

“ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del recurso de anulación: (…)

6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral”.

24. Esta causal está vinculada directamente al carácter transitorio que la Carta Política atribuyó a los eventos en que la administración de justicia puede ser impartida por particulares; de modo que, entre otros, ese factor temporal define el marco restricto de su competencia. Por fuera de éste, quienes fungie ron como árbitros carecen de prerrogativas de poder judicial y sus actuaciones, por ende, se reputan inválidas.

25. Y es que la competencia de un tribunal de arbitramento no solo se define en razón de las materias susceptibles de arbitraje –arbitrabilidad objetiva– o de los sujetos que pueden acudir a ella –arbitrabilidad subjetiva –, sino que también, de forma imperativa, es necesario que se ejerza dentro de un eje temporal demarcado, sea el definido por las partes , o a falta de éste, bajo los límites que impone el ordenamiento jurídico; todo ello derivado de la regla de

también, de forma imperativa, es necesario que se ejerza dentro de un eje temporal demarcado, sea el definido por las partes , o a falta de éste, bajo los límites que impone el ordenamiento jurídico; todo ello derivado de la regla de habilitación, para un caso concreto, en la que se sostiene el carácter transitorio de la función de administrar justicia en cabeza de los particulares.

26. La condición temporal y episó dica que caracteriza este mecanismo de solución de conflictos es tratada con precisión en la Ley 1563 de 2012 al

determinar en varias de sus normas, que:

14 El municipio de Cereté hace parte del departamento de Córdoba, conforme a la Ley 9 del 18 de diciembre de 1951, en cuyo artículo 1° se dispuso: “Créase el Departamento de Córdoba, formado por el territorio de los siguientes Municipios del Departamento de Bolívar: Montería, San Carlos, Ciénaga de Oro, Cereté, San Pelayo, Chimá, Momil (Purísima), Chinú, Lorica, San Bernardo del Viento, San Antero, San Andrés de Sotavento, Sahagún y Ayapel, con los límites que actualmente tienen. Su capital será Montería. (…)”; lo anterior, teniendo en cuenta que Cereté fue declarado como municipio en el año 1923, pero pertenecía al departamento de Bolívar.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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a) [“s]i en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso,

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a) [“s]i en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, este será de seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite” (art. 10°).

b) Además, para fijar los límites de la potestad arbitral, distinguió entre las prórrogas y las suspensiones, indicando, de un lado, que “[d]icho término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello” (ídem).

c) De otro lado, que el “proceso se suspenderá por solicitud de ambas part es con la limitación temporal prevista en esta ley y, además, desde el momento en que un árbitro se declare impedido o sea recusado, y se reanudará cuando se resuelva al respecto. Igualmente, se suspenderá por inhabilidad, renuncia, relevo o muerte de alguno de los árbitros, hasta que se provea a su reemplazo. Al término del proceso se adicionarán los días de suspensión, así como los de interrupción por causas legales. En todo caso, las partes o sus apoderados no podrán solicitar la suspensión del proceso por un tiempo que, sumado, exceda de ciento veinte (120) días” (art. 11).

d) Así mismo, dispuso que en los eventos en que se hayan practicado todas las pruebas y sólo faltare la prueba en el exterior, los árbitros podrán suspender el proceso mientras se realiza su práctica (art. 31); al igual que en

d) Así mismo, dispuso que en los eventos en que se hayan practicado todas las pruebas y sólo faltare la prueba en el exterior, los árbitros podrán suspender el proceso mientras se realiza su práctica (art. 31); al igual que en aquellos casos en que sea procedente la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 15 (art. 33 de la Ley 457 de 1998).

27. Por la incidencia sobre el citado régimen y lo debatido en el recurso de anulación que se examina, es relevante destacar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, expedido en vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa del coronavirus COV ID-19, “[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas (…)”, entre otras disposiciones: a) amplió el término de los procesos arbitrales de seis (6) a ocho (8) meses; y, b) aumentó el término máximo para solicitar la suspensión del proceso, a 150 días.

15 Así lo prevé el artículo 33 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Ley 457 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo modificatorio del tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena" “ARTÍCULO 33. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,

“ARTÍCULO 33. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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28. Dicha norma, cuyo análisis se complementará más adelante, estableció la continuidad por medios virtuales de los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos y, por ello, la suspensión de términos sólo fue considerada en aquellos eventos que por razones técnicas lo ameritaran16. Así lo dispuso el inciso quinto del artículo 10 del Decreto 491

de 2020, al señalar:

“En el arbitraje, el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho (8) meses; y el termino para solicitar la suspensión del proceso previsto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012 no podrá exceder de ciento cincuenta (150) días. Los tribunales arbitrales no podrán suspender las

previsto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012 no podrá exceder de ciento cincuenta (150) días. Los tribunales arbitrales no podrán suspender las actuaciones ni los procesos, a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y una de las partes lo proponga” (se subraya).

29. En su conjunto, este panorama normativo reitera la regla de temporalidad ya aludida, y permite definir en cada caso si el laudo y la decisión sobre aclaraciones, adiciones o correcciones son proferidas en tiempo, así como sus consecuencias, de cara a la causal sexta de anulación; hipótesis concordante con aquella contenida en el numeral 4° del artículo 35 del Estatuto de Arbitraje que prevé que ante el vencimiento de los términos del proceso arbitral opera ipso iure la cesación de funciones del tribunal. Así que, como premis a axiológica, llegado ese momento ninguna decisión puede ser adoptada por los árbitros y, de hacerlo, carece de autorización constitucional, legal y convencional.

30. Con todo, privilegiando el carácter voluntario y consensual del arbitramento, la ley int erpreta que estando de por medio los intereses patrimoniales de las partes, su silencio ante el vencimiento del término de duración del proceso les impedirá alegar posteriormente un vicio como el referido, ratificando su voluntad de arbitrar con validez la solución del conflicto.

En otras palabras, el fenecimiento del término del proceso no genera, por sí mismo, el efecto anulatorio frente a las decisiones arbitrales, pues de no haber sido expresada tal incorrección en tiempo –es decir, al momento de su

En otras palabras, el fenecimiento del término del proceso no genera, por sí mismo, el efecto anulatorio frente a las decisiones arbitrales, pues de no haber sido expresada tal incorrección en tiempo –es decir, al momento de su ocurrencia– se entiende que la voluntad de las partes está prevalentemente dirigida a obtener la resolución de las controversias bajo el mecanismo arbitral.

31. Por ello, la ley impone al interesado en alegar la causal 6 de anulación haberla hecho valer ante el tribunal de arbitramento, tal como lo prescribe el inciso final del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 17, disposición que fue introducida por el legislador con el fin de que tal reclamo no dependiera del

16 En sus considerandos precisó: “(…) con el fin de garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los usuarios y operadores que adelantan procesos de conciliación, insolvencia de persona natural no comerciante, arbitraje y amigable composición en todo el territorio nacional, se hace necesario disponer la posibilidad de suspender los términos de estos procesos cuando las circunstancias lo ameriten y dictar medidas para la prestación de los respectivos servicios, promoviendo la utilización de medios tecnológicos y los servicios virtuales”. (Se subraya) 17 “La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término”.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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resultado del proceso, sino que su invocación es tuviese fundada

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resultado del proceso, sino que su invocación es tuviese fundada exclusivamente en razones asociadas a la lealtad procesal18.

  • Caso concreto

32. El impugnante encauzó bajo dos líneas argumentativas sus cuestionamientos en torno a la legalidad del laudo, situando su descontento en la causal sexta de anulación ya referida; para estos efectos, de una parte, manifestó la existencia de irregularidades en la ejecutoria de la decisión mediante la cual se notificó la fecha de la audiencia de laudo y, de otra parte, adujo el vencimiento del término del proces o (i) sin haber conocido el laudo,

(ii) y sin haberse decidido las aclaraciones solicitadas.

La Sala pasa a efectuar el análisis sub examine, en el orden propuesto.

Primer cargo

33. Reporta el impugnante que el viernes 25 de febrero de 2022 le fue notificado por el secretario del Tribunal de Arbitramento que la audiencia del laudo tendría lugar el lunes 28 de febrero a las 4 pm, por lo que el primer día de ejecutoria interpuso recurso de reposición contra tal decisión. Indicó que al haberse dejado de decidir el recurso sin surtir el trámite correspondiente, y llevarse a cabo la citada audiencia, fue desconocido el artículo 318 del Código General del Proceso –relativo a la procedencia y oportunidades para interponer el recurso de reposición –, pues restaban dos días para que dicha determinación cobrara ejecutoria.

General del Proceso –relativo a la procedencia y oportunidades para interponer el recurso de reposición –, pues restaban dos días para que dicha determinación cobrara ejecutoria.

34. En relación con la situación aducida, la Sala habrá de precisar que no toda o cualquier irregularidad que pueda acontecer en el curso del proceso arbitral es considerada por la ley como causal de anulación. Esto, en tanto el legislador definió de manera taxativa, una a una, las hipótesis susceptibles de esta sanción contra el laudo, de modo que sólo aquellos eventos enlista dos en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 admiten tal consecuencia. Lo anterior, además, va unido al carácter restrictivo de dichas causales, característica que impide realizar interpretaciones, extensiones o analogías para agregar nuevas o variadas cir cunstancias como eventos susceptibles de sanción anulatoria, aún de cara a evidentes irregularidades procesales.

35. En el caso concreto, la causal sexta carece de correspondencia con el evento descrito por el recurrente, pues aunque éste quiso evidencia r que los árbitros obviaron la ejecutoria de la citación a la audiencia de laudo dado el

18 En la Gaceta del Congreso de la República 321 del 6 de junio de 20 12, al explicar las modificaciones al segundo debate del proyecto de ley en Cámara, se indicó que, con este requisito, “se quiere prevenir la práctica perversa de algunos litigantes que, a sabiendas de que el tribunal ha excedido el término para expedir el laudo, guardan silencio para tomar decisiones estratégicas con posterioridad: de esta forma cuando ganan guardan silencio y cuando pierden no (sic) recurso de anulación”. Consultado en:

expedir el laudo, guardan silencio para tomar decisiones estratégicas con posterioridad: de esta forma cuando ganan guardan silencio y cuando pierden no (sic) recurso de anulación”. Consultado en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2011/gacet a_321.pdf.Radicación: 11001032600020220014200 (68.593)

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escaso tiempo que restaba del proceso, lo cierto es que un evento ex ante, que no tipifica o materializa las hipótesis a las que se contrae la sanción anulatoria, no p uede tenerse como un vicio susceptible de afectar la competencia del panel arbitral para administrar justicia; en este sentido, estando a cargo del censor la debida sustentación del recurso extraordinario impetrado, con la “indicación de las causales invocadas” –como lo prescribe el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012– y debiendo acreditar que el yerro aducido está tipificado en una de las causales, no es posible predicar un efecto anulatorio a la circunstancia manifestada por la Convocante, por carecer de entidad frente al evento descrito en la causal aludida.

Segundo cargo

36. Funda el censor la configuración de este segundo reproche, bajo dos proposiciones centrales. De un lado, que el término del proceso vencía el 2 de marzo de 2022 y que sólo hasta el 4 del mismo mes y año pudo conocer el laudo, es decir, cuando ya había fenecido el término previsto en el artículo 10

proposiciones centrales. De un lado, que el término del proceso vencía el 2 de marzo de 2022 y que sólo hasta el 4 del mismo mes y año pudo conocer el laudo, es decir, cuando ya había fenecido el término previsto en el artículo 10 del Decreto 491 de 2020 19 , situación que le impidió tener acceso a la providencia y limitó el ejercicio de sus derechos.

19 ARTICULO 10. Continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos por medios virtuales. A fin de mantener la continuidad en la prestación de los servicios de justicia alternativa, los procesos arbitrales y los tramites de conciliación extrajudicial, a miga

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