CE - 010326000202300125001SENTENCIA20231026172744

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Radicación número: 11001032600020230012500 (70241) Convocante: COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTIONAR BIENESTAR Convocado: MUNICIPIO DE TÚQUERRES Referencia: RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL Temas: RECURSO DE ANULACIÓN – características generales y naturaleza / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO – Interpretación restrictiva – Referentes únicamente a errores in procedendo – Margen de competencia del juez del recurso / LAUDO CITRA PETITA – No se configuró, hubo decisión sobre la totalidad de las pretensiones / LAUDO EN CONCIENCIA No tuvo lugar en el caso analizado. Procede el Despacho a resolver el recurso de anulación interpuesto por la parte convocante contra el laudo arbitral de fecha 18 de mayo de 2023, dictado por el Tribunal Arbitral constituido para resolver la controversia de carácter contractual, surgida entre la Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar (en adelante, Cooperativa Gestionar) y el municipio de Túquerres, en el cual se declaró liquidado el contrato y se denegaron las pretensiones económicas de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO Entre el municipio de Túquerres y la Cooperativa Multiactiva Gestionar Bienestar se celebró el contrato de concesión N° 2011-0165, para la prestación de servicios de salud. El 21 de diciembre de 2016, las partes firmaron el acta de terminación anticipada del contrato, bajo causales previstas en el mismo. La cooperativa concesionaria

Gestionar Bienestar se celebró el contrato de concesión N° 2011-0165, para la prestación de servicios de salud. El 21 de diciembre de 2016, las partes firmaron el acta de terminación anticipada del contrato, bajo causales previstas en el mismo. La cooperativa concesionaria interpuso demanda arbitral contra el municipio de Túquerres para solicitar la invalidez del acta de terminación anticipada del contrato por existencia de vicios del consentimiento, la indemnización de los subsiguientes perjuicios, la liquidación judicial del negocio jurídico y el reconocimiento en ella de las inversiones realizadas por la contratista, y no amortizadas en vigencia del contrato.Expediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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En laudo arbitral del 18 de mayo de 2023, el Tribunal de Arbitramento liquidó judicialmente el contrato, pero no estableció saldos a favor de ninguna de las partes, al tiempo que denegó las restantes pretensiones de la demanda. La cooperativa convocante interpuso contra el indicado laudo el recurso extraordinario de anulación que hoy se somete al análisis de la Sala. I. ANTECEDENTES 1. El proceso arbitral 1.1. El pacto arbitral El 14 de abril de 2011, el municipio de Túquerres -departamento de Nariñocelebró con la Cooperativa Gestionar el contrato de concesión N° 2011-165, para la prestación de servicios de salud en las instalaciones de la antigua IPS Caprecom Hospital San José de Túquerres. En lo relativo a la solución de controversias, las partes pactaron en la cláusula trigésima tercera, lo siguiente1: Las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las controversias que surjan en la actividad contractual mediante el uso de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en el Estatuto de Contratación estatal y leyes de conciliación, amigable composición y transacción. En el evento en que no se logre una solución (…), las diferencias serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento, que fallará en derecho, compuesto por un (1) árbitro designado por las partes (...) o por tres (3) árbitros también designados por las partes de mutuo acuerdo (...), con domicilio en Pasto y se sujetará (...) a las reglas del Centro de Conciliación y Arbitramento Mercantil de la Cámara de Comercio de Pasto (...). 1.2. La demanda El 14 de febrero de 2022, la Cooperativa Gestionar, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda arbitral de carácter contractual contra el municipio de Túquerres. La demanda fue reformada

Comercio de Pasto (...). 1.2. La demanda El 14 de febrero de 2022, la Cooperativa Gestionar, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda arbitral de carácter contractual contra el municipio de Túquerres. La demanda fue reformada íntegramente el 4 de agosto de 2022, de manera que las pretensiones quedaron formuladas en los siguientes términos: PRIMERA: Que se ordene y liquide, por parte del Tribunal de Arbitramento, el contrato de concesión No. 2011-165, celebrado entre el municipio de Túquerres-Nariño (...) y la Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales GESTIONAR BIENESTAR (...). SEGUNDA: Que dentro de la liquidación del contrato se reconozcan y ordenen pagar a favor del contratista – concesionario las inversiones realizadas y no amortizadas a causa de la terminación anticipada del contrato, de conformidad con (...) las sumas que se llegaren a probar dentro del proceso arbitral, de la siguiente manera: Inversiones realizadas no amortizadas y/o depreciadas realizadas por GESTIONAR BIENESTAR --- VALOR: $ 3.795.716.000 (...). 1 Todos los elementos probatorios referidos en esta sentencia se encuentran visibles en el expediente digital registrado en la plataforma SAMAI.Expediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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CUARTA: Que se declare la existencia de elementos externos coercitivos ilegales por parte del Alcalde del Municipio de Túquerres, que coaccionaron la voluntad del contratista-concesionario GESTIONAR BIENESTAR para la suscripción del ACTA DE TERMINACIÓN del contrato por mutuo acuerdo celebrada el 21 de diciembre de 2016, toda vez que GESTIONAR BIENESTAR concurrió a la extinción del contrato, mediante un vicio del consentimiento consistente en la fuerza ejercida por el Alcalde, lo cual invalida dicha actuación. QUINTA: Que en consecuencia de la declaración solicitada en el numeral anterior, se ordene la aplicación de la consecuencia jurídica establecida en el parágrafo 2 de la cláusula décima séptima del contrato (...), consistente en la indemnización por terminación anticipada por causas no atribuibles al concesionario y por lo tanto se reconozca la suma de dinero correspondiente a la utilidad dejada de percibir por el tiempo que restaba de la ejecución del contrato correspondientes a 13 años, 9 meses y 6 días, que se llegare a probar con las evidencias recaudadas durante el proceso arbitral, de la siguiente manera: Utilidades dejadas de percibir por GESTIONAR BIENESTAR durante 13 años, 9 meses y 6 días, que constituye el tiempo que restaba por ejecutar.--- VALOR: $2.600.000.000 (...). Como fundamento de su libelo la convocante refirió, en síntesis, la celebración del contrato N° 2011-165 del 14 de abril de 2011, entre el Municipio de Túquerres y la Cooperativa Gestionar Bienestar, para la prestación de unos servicios de salud por el término de 20 años. Señaló que, atendiendo a las condiciones y al término mismo de vigencia de la concesión, la cooperativa Gestionar efectuó inversiones por un total de $3.795’716.000 para la adecuación de áreas físicas tales como urgencias, farmacias,

término de 20 años. Señaló que, atendiendo a las condiciones y al término mismo de vigencia de la concesión, la cooperativa Gestionar efectuó inversiones por un total de $3.795’716.000 para la adecuación de áreas físicas tales como urgencias, farmacias, quirófanos, salas de Rayos X y laboratorios, entre otras. Un informe de auditoría rendido en 2015 por el Instituto Departamental de Salud de Nariño le otorgó a la cooperativa Gestionar una calificación del 85.4% como porcentaje de cumplimiento. Indicó que, conforme a las cláusulas pactadas, en caso de terminación anticipada del contrato por causas no atribuibles a la cooperativa, el municipio estaría obligado a pagar el valor de la inversión pendiente por amortizar y la utilidad dejada de percibir por la concesionaria por el tiempo que restara de ejecución. Asimismo -adujo-, el contrato establecía otras medidas para mantener la estabilidad del negocio jurídico y salvaguardar las inversiones hechas por la contratista. Agregó que los ingresos que el contrato de concesión le generó a la cooperativa durante la respectiva vigencia no fueron suficientes para cubrir los gastos en los que incurrió porque este retorno, calculado por el municipio al inicio del contrato, solo se cumpliría durante los 20 años de su vigencia. Manifestó que, el 21 de diciembre de 2016, bajo indebidas presiones del alcalde de Túquerres, el municipio y la cooperativa firmaron el acta de terminación anticipada del contrato por “mutuo acuerdo”. Según su dicho, desde la respectiva campañaExpediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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electoral, el mandatario había manifestado públicamente su intención de dar por finalizada la concesión lo más pronto posible, para lo cual incurrió en actos de desinformación a la comunidad y en otras maniobras que presionaron la firma del acta en cuestión. Señaló que el municipio debía indemnizar a la cooperativa por la fuerza ejercida para terminar anticipadamente el contrato, debiendo reconocer, además de las utilidades dejadas de percibir, el valor de las cuantiosas inversiones hechas por la cooperativa, y que quedaron sin amortizar. 1.3. Actuación de la convocada 1.3.1. La demanda reformada fue admitida por el Tribunal de Arbitramento el 6 de junio de 2022. 1.3.2. En su contestación2, el municipio de Túquerres se opuso a las pretensiones y se pronunció sobre los hechos de la demanda, el contrato y ejecución. Propuso las excepciones de “ausencia de violación de las normas citadas como violadas”, “pago de lo no debido” y “contrato no cumplido”, esta última con el argumento de que, en reunión del 25 de mayo de 2012, funcionarios del municipio y del Instituto Departamental de Salud de Nariño verificaron que la contratista no había cumplido sus obligaciones adecuadamente e impusieron medida de sellamiento preventivo de los diferentes servicios a cargo de la Cooperativa, debido a “las falencias encontradas y no solucionadas”. 2. El laudo impugnado 2.1. El 18 de mayo de 2023, el tribunal de arbitramento profirió el respectivo laudo, en el cual dispuso: PRIMERO: DESPACHAR FAVORABLE

PARCIALMENTE la pretensión primera de la demanda y declarar liquidado el contrato de concesión N° 2011-0165, del catorce (14) de abril de dos mil once (2011) (...), sin lugar a reconocer sumas de dinero en favor o en contra de los extremos del contrato de concesión. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA de la demanda. TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte vencida en este proceso (...). Las consideraciones y motivaciones esbozadas en el laudo arbitral sobre los puntos de controversia planteados por la hoy convocante, así como los conceptos que la convocante solicitó incluir en la liquidación del contrato, se referirán por la Sala al analizar los cargos formulados en el recurso extraordinario de anulación. 2 Contestación presentada el 24 de marzo de 2021.Expediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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3. Recurso de anulación y su trámite 3.1. La cooperativa Gestionar, en calidad de convocante, interpuso recurso extraordinario de anulación contra el mencionado laudo, con apoyo en las causales contempladas en el artículo 41, numerales 7 y 9, de la Ley 1563 de 20123, bajo cargos de los que se corrió traslado a la parte convocada, quien se opuso expresamente a la impugnación, todo ello sobre la base de los argumentos que la Sala expondrá en la parte considerativa de esta sentencia. 3.2. En providencia del 20 de septiembre de 2023, se admitió el recurso extraordinario de anulación y se ordenó notificar personalmente al Ministerio Público, que guardó silencio. II. CONSIDERACIONES 1. Jurisdicción y competencia La demanda arbitral que dio origen al proceso se presentó el 14 de febrero de 2022, esto es, en vigencia del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Por tanto, la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 1563 de 20124, norma que determina que esta Corporación conoce de los recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas5. En el contrato de concesión N° 2011-165 del 14 de abril de 2011, que originó la controversia, fungió como contratante el municipio de Túquerres, es decir, una entidad pública, cuya “intervención” en el contrato sometido a juicio en el proceso arbitral permitió que se cumpliera en el sub lite el presupuesto de competencia previsto en el artículo 46, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012, referido. 3 “Son causales

“intervención” en el contrato sometido a juicio en el proceso arbitral permitió que se cumpliera en el sub lite el presupuesto de competencia previsto en el artículo 46, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012, referido. 3 “Son causales del recurso de anulación (…): 7-. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo (...). 9-. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”. 4 “Artículo 46. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, será competente la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese funcionado el Tribunal de arbitraje (…). Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”. 5 Además, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 –modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003– radicó en esta Sección la competencia para conocer de “los procesos de nulidad de los laudos arbitrales originados en contratos estatales”.Expediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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2. Oportunidad del recurso El recurso de anulación fue interpuesto dentro de la oportunidad establecida por el artículo 40 de la Ley 1563 de 20126, dado que este se presentó el 4 de julio de 20237, mientras que la notificación del laudo arbitral se produjo el 18 de mayo de esa misma anualidad8. 3. Régimen legal aplicable La Ley 1563 del 12 julio de 20129 es el marco legal aplicable para resolver el recurso extraordinario de anulación en estudio, puesto que el proceso arbitral inició después de la expedición del referido estatuto, razón por la cual, el recurso extraordinario será decidido con fundamento en él. 4. El recurso extraordinario de anulación: naturaleza y características La Sección Tercera del Consejo de Estado ha referido la naturaleza, las características y las particularidades que identifican al recurso de anulación de laudos arbitrales10, advirtiendo que tal mecanismo es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, por lo cual no constituye ni puede entenderse como una instancia adicional en el proceso. Se ha señalado, asimismo, que la finalidad del mencionado mecanismo es controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral por errores in procedendo, de modo que a través de él no puede atacarse el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es, errores in iudicando. En ese sentido, no le es dable al juez del recurso examinar si el tribunal de arbitramento obró o no de acuerdo con el derecho sustancial, ni revivir el debate probatorio para entrar a considerar eventuales yerros en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el

6 “Artículo 40. Recurso extraordinario de anulación. Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por quince (15) días sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el secretario del tribunal enviará los escritos presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso”. 7 En este punto es importante recordar el contenido del artículo 62 de la Ley 4 de 1913 que determina el cómputo de los plazos legales expresados en días: “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario (…)”. A su vez, el artículo 118 del C.G.P. establece que, en los términos de días, no se toman en cuenta los de vacancia judicial “ni aquellos en los que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”. 8 Expediente digital descargado desde SAMAI, cuaderno N° 4. 9 Al respecto, el inciso primero del artículo 119 de la Ley 1563 prevé: “Artículo 119. Vigencia. Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación. Esta ley sólo se aplicará

a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia”. 10 Reiteración jurisprudencial: al respecto pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871; de 26 de marzo de 2008, exp. 34.071; de 13 de agosto de 2008, exp. 34.594; de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, entre muchas otras.Expediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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correspondiente tribunal, dado que el juez de la anulación no ha sido instituido como superior jerárquico o funcional del tribunal arbitral. Al respecto, el artículo 42 - inciso tercero del Estatuto Arbitral prohíbe al juez de la anulación pronunciarse sobre el fondo de la controversia y calificar o modificar los criterios, interpretaciones y análisis plasmados en el laudo11. Sin perjuicio de lo anterior cabe anotar que, excepcionalmente, el juez de la anulación puede corregir o adicionar la providencia, pero solo en aquellos específicos eventos en que prospere la causal de anulación referente a la incongruencia, prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, o bien, cuando el laudo contenga “disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva”, supuesto que configura la causal octava de la misma norma12. Ahora bien, los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el denominado “principio dispositivo”, en cuya observancia dicho operador judicial debe limitarse exclusivamente a resolver sobre lo solicitado por el recurrente en la formulación y sustentación de su respectivo recurso. A su vez, el objeto que con el recurso se persigue se debe encuadrar en los precisos y puntuales supuestos que la ley consagra13, por lo que, en principio, no le es permitido al juez de la anulación interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir causales no invocadas y, menos aún, para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del correspondiente recurso de anulación14. Por otro lado se tiene que, dado el carácter restrictivo que identifica el recurso extraordinario de anulación, su procedencia se encuentra condicionada a que se determinen y sustenten debidamente las causales que se invocan en forma expresa, las cuales deben

del correspondiente recurso de anulación14. Por otro lado se tiene que, dado el carácter restrictivo que identifica el recurso extraordinario de anulación, su procedencia se encuentra condicionada a que se determinen y sustenten debidamente las causales que se invocan en forma expresa, las cuales deben tener correspondencia con aquellas que de manera taxativa consagra la ley para ese efecto; por ello el legislador establece que el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando los vicios que se aduzcan o invoquen no correspondan a ninguno de los señalados expresamente en la ley –artículo 41 de la Ley 1563 de 2012–15. 11 “La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo” 12 Así, de conformidad con el artículo 43, inciso primero, del Estatuto Arbitral, “[c]uando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará”. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 1994, exp. 6550 y de 16 de junio de 1994, exp. 6751, M.P. Juan de Dios Montes, reiteradas por esta Subsección en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera,

sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada por esta Subsección en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Hernán Andrade Rincón. 15 La jurisprudencia constitucional ha recalcado las características del proceso arbitral, su sujeción al principio dispositivo y las limitaciones del recurso extraordinario de anulación contra el laudo queExpediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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5. Problema jurídico Hechas las anteriores precisiones se tiene que, en el presente caso, le corresponde a la Sala establecer si al laudo arbitral objeto de recurso le son atribuibles los vicios referidos en el artículo 41, numerales 7 y 9, de la Ley 1563 de 2012, es decir, si el laudo debe ser anulado por contener decisiones no proferidas en derecho sino en conciencia -apreciándose ese yerro prima facie en el laudoy violar el principio de congruencia por no haber resuelto sobre cuestiones sujetas al arbitramento, en específico, los planteamientos hechos en la demanda sobre la validez del acta de terminación del contrato materia de juicio y los conceptos que, en sentir de la convocante, debieron incluirse en su liquidación judicial. 5.1. Argumentos del recurso extraordinario de anulación La recurrente estructuró el recurso sobre los dos problemas jurídicos abordados y resueltos por el Tribunal de Arbitramento, y frente a las conclusiones adoptadas en cada uno de ellos, formuló cargos por las causales de anulación ya anotadas. Así, recalcó que el primer problema jurídico resuelto en el laudo consistió en determinar si quien fungía como alcalde de Túquerres en la época de los hechos coaccionó a la contratista para suscribir contra su voluntad el acta de terminación del contrato, y si, por consiguiente, se le debía imponer condena pecuniaria a la autoridad contratante; y agregó que el segundo problema jurídico se encaminó a establecer la procedencia de la liquidación judicial del contrato y la inclusión, en ella, de las sumas pretendidas por la parte convocante a título de inversiones efectuadas y no amortizadas. Frente a ambos problemas jurídicos, manifestó que el laudo había sido dictado en conciencia y con violación del principio de congruencia. a) Laudo en conciencia en el “primer problema jurídico” En el primer

parte convocante a título de inversiones efectuadas y no amortizadas. Frente a ambos problemas jurídicos, manifestó que el laudo había sido dictado en conciencia y con violación del principio de congruencia. a) Laudo en conciencia en el “primer problema jurídico” En el primer punto, relativo al alegado constreñimiento para suscribir el acta de terminación, la censora adujo la configuración de laudo en conciencia por: i) no lo resuelve, al indicar: “La Corte Constitucional ha considerado que el arbitramento es un mecanismo idóneo no únicamente para descongestionar los despachos judiciales, sino también para lograr que las partes en forma pacífica pongan fin a sus controversias. Bajo este entendido, se ha considerado el arbitramento como un ‘mecanismo alterno de solución de conflictos’ que ‘implica la derogación que hacen las partes de la jurisdicción que, en cabeza de los jueces ejerce el Estado, para que frente a un conflicto determinado o precaviendo uno futuro, sean terceros distintos de los jueces, quienes con carácter definitivo resuelvan la controversia suscitada, mediante una decisión –fallo arbitralque al igual que las decisiones de los jueces de la República, haga tránsito a cosa juzgada” (Corte Constitucional. Sentencia T-714 del 17 de octubre de 2013).Expediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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haber sido valoradas las pruebas tendientes a demostrar el alegado vicio del consentimiento y el irregular proceder del alcalde, mientras que sí se sacaron conclusiones sobre el supuesto incumplimiento de la cooperativa Gestionar, sin sustento probatorio alguno; ii), haberse prescindido totalmente del “sistema normativo” en el análisis de la controversia y, iii) “no haberse fundamentado objetivamente la decisión”. i) Frente a la alegada ausencia de valoración probatoria, cuestionó que el Tribunal hubiese tenido por no demostrado el constreñimiento ejercido por el alcalde de Túquerres contra la cooperativa Gestionar, pese a obrar pruebas de que dicho servidor público había “manifestado” varias veces su intención de “quitarle el contrato” a la IPS y declarar su caducidad. Como elementos probatorios omitidos refirió varios testimonios, una nota de prensa, el proceso policivo de desalojo adelantado por el alcalde después de la terminación del contrato y la sanción que a dicho servidor le impuso la Superintendencia Nacional de Salud, por haber “interrumpido” indebidamente la prestación del servicio con el indicado proceso policivo. A la par con ello, reprochó que los árbitros hubieran confirmado la validez del acta de terminación del contrato sobre la base del supuesto incumplimiento de la cooperativa Gestionar, sin mencionar ni probar cuál había sido el hecho constitutivo de tal inobservancia. ii) En cuanto a la acusada prescindencia del ordenamiento jurídico-normativo, la impugnante adujo que el Tribunal había mostrado desconocimiento de toda la regulación del contrato de concesión y del sector público, especialmente al no tener

clara la diferencia entre incumplimiento y caducidad del contrato. Por otro lado, señaló que el panel arbitral desconoció las reglas jurídicas de valoración de los testimonios, al concluir que los testigos citados por la convocante revelaban sesgos que impedían tener elementos de juicio suficientes para acoger como ciertos los hechos declarados por ellos. A este último respecto, reprochó: Es decir, en el leal saber y entender del Tribunal de Arbitramento, si los testigos prueban la teoría del caso expuesta en la demanda, existen sesgos a favor de quién los llamó y no pueden ser tenidos en cuenta y en efecto, no los tuvo en cuenta en la parte considerativa del laudo arbitral; razonamiento jurídico que se encuentra totalmente alejado de los criterios de la sana crítica, pues se trata testigos directos, que tienen un nivel de credibilidad alto y que su desacreditación, necesariamente, requiere de una valoración razonada por parte de los árbitros, valoración que no realizó. iii) En cuanto a la alegada falta de “fundamentación objetiva” del laudo, la recurrente sostuvo que el Tribunal se había abstenido de señalar una mínima fundamentación jurídica de sus conclusiones, en los términos fijados por la jurisprudencia, puesExpediente N° 70241 Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

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desvió el problema jurídico planteado al sostener que la convocante no probó su cumplimiento contractual, cuando lo que debía examinarse era la existencia de vicios del consentimiento en la suscripción del acta de terminación. Respaldó tal razonamiento en el hecho de que los árbitros hubieran concluido que ninguna presión pudo haberse ejercido contra la cooperativa Gestionar porque la firma del acta de terminación no podía perjudicarla sino beneficiarla, ya que le daba beneficios económicos y le evitaba la declaratoria de incumplimiento. Así, adujo que dicha conclusión evidenciaba que las decisiones del laudo sólo se fundamentaban en la íntima convicción de los árbitros sobre lo justo y lo equitativo. Agregó: Con la argumentación expuesta, el Tribunal decide negar las pretensiones cuarta y quinta de la demanda, pero no resolvió el problema jurídico, es decir, no logró determinar si se demostró o no, que el alcalde de TÚQUERRES de la época, señor Á LVARO MARINO PALACIOS MORA desarrolló actos externos constitutivos de vicio de fuerza (…), porque ni siquiera realizó una valoración conjunta del material probatorio allegado y practicado para tal fin. Y, ¿Por qué no realizó una valoración probatoria de los documentos obrantes en el proceso y las pruebas testimoniales practicadas? La respuesta no es otra, que porque imparten una solución al litigio de acuerdo a su convicción personal y el sentido común. b) La causal de incongruencia en el “primer problema jurídico” Estimó la convocante que en el laudo arbitral se dejó

sin resolver la cuestión relativa a la existencia o no de vicios del consentimiento en la suscripción del acta de terminación unila