CE - 010327000202000003001SENTENCIA20231027122206

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00003-00 (25132)

Demandante: CATALINA HOYOS JIMÉNEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD SIMPLE Radicación: 11001-03-27-000-2020-00003-00 (25132)

Demandante: CATALINA HOYOS JIMÉNEZ Demandado: DIAN Tema: Nulidad Conceptos DIAN 100208221-01224 de 2015 (radicado 027156), 100208221-001553 de 2015 (radicado 034749) y 1002022080053 de 2019 (radicado 001961). Impuesto a la Riqueza . Prórroga de

Impuesto al Patrimonio.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20191, corresponde a la Sala decidir el medio de control de nulidad contr a los Conceptos 100208221-01224 del 15 de septiembre de 2015 (radicado 027156 del 17 de septiembre de 2015), de la Directora de Gestión Jurídica de la DIAN, 100208221-001553

Conceptos 100208221-01224 del 15 de septiembre de 2015 (radicado 027156 del 17 de septiembre de 2015), de la Directora de Gestión Jurídica de la DIAN, 100208221-001553 del 27 de noviembre de 2015 (radicado 034749 del 4 de diciembre de 2015 ) y 1002022080053 del 25 de enero de 2019 (radicado 001961 de la misma fecha) del Subdirector de Normativa y Doctrina2, los cuales, en su orden, dispusieron:

«Oficio 100208221-01224 del 15 de septiembre de 2015 (radicado 027156 del 17 de septiembre de 2015)

En el escrito de la referencia, solicita se establezca la posición de esta entidad, en relación con los Contratos de Estabilidad Jurídico -Tributaria, y el Impuesto a la Riqueza creado a través de la Ley 1739 de 2014, toda vez que en el entendido del consul tante, este se encuentra amparado por el contrato de estabilidad, en el que v. gr. se estabilizaron las normas del impuesto al patrimonio (Ley 1111 de 2006) que la entidad que representa firmó con la nación.

Afirma que, aunque se le haya cambiado la denominación al impuesto (Patrimonio y ahora Riqueza), los elementos integrantes son esencialmente los mismos. Concluye que:

“Se trata de una extensión del impuesto al patrimonio que le fue estabilizado a EPM, que no obstante haber quedado establecido dentro de los artículos antes indicado s (292-2, 293-3,

“Se trata de una extensión del impuesto al patrimonio que le fue estabilizado a EPM, que no obstante haber quedado establecido dentro de los artículos antes indicado s (292-2, 293-3, (sic) 294-2, 295-2, 296-2, 297-2, 298-6, 298-7, 298-8. del E.T.), en su esencia corresponde al mismo impuesto establecido en los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 del mismo ordenamiento”.

Advierte, por último, que en caso de que exista una disparidad de conceptos, es decir, que se llegue a la conclusión de que el impuesto a la riqueza no se encuentra cobijado por los contratos de estabilidad jurídica, y por lo tanto se debe pagar tal, habrá una evidente disparidad de interpretación del contrato, lo que generará un conflicto que deberá ser dirimido por el juez.

1 Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta. 2 Fls. 21-27, c. p.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00003-00 (25132)

Demandante: CATALINA HOYOS JIMÉNEZ

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2 Al respecto este Despacho se permite hacer las siguientes consideraciones:

El Impuesto a la Riqueza, creado a través de la Ley 1739 de 2014, es un impuesto totalmente diferente al Impuesto al Patrimonio que se encontraba consagrado en la Ley

2 Al respecto este Despacho se permite hacer las siguientes consideraciones:

El Impuesto a la Riqueza, creado a través de la Ley 1739 de 2014, es un impuesto totalmente diferente al Impuesto al Patrimonio que se encontraba consagrado en la Ley 1111 de 2006 y 1370 de 2009, disimilitudes que se evidencian por los elementos que lo conforman, creado por el Congreso de la República en ejercicio de sus amplias facultades constitucionales sin otorgar excepción alguna o tratamiento especial en su aplicabilidad a quienes ostentan contrato de estabilidad jurídica vigente.

Respecto a las diferencias entre uno y otro impuesto, van desde los sujetos pasivos que se encuentran obligados a pagar el impuesto y cumplir con las demás obligaciones que de suyo se desprenden.

Adicional a lo anterior, la causación del mismo ostenta solo una fecha en el tiempo, y es el 1o de enero de 2015, lo que conlleva que este sea un i mpuesto instantáneo, cuya determinación se deberá realizar por los años 2015 a 2018 dependiendo de si es una persona natural o jurídica, la determinación de la base gravable, observándose en el impuesto a la riqueza un complemento en lo relacionado y dispuesto en el Título II del Libro I del E.T. y lo previsto en el parágrafo 4° del artículo 4° de la Ley 1739 de 2014, en cuyo texto se establece un límite al crecimiento y decrecimiento de la base gravable, en ejercicio de los principios de justicia y equidad tributaria.

Ahora bien, tratándose de un contrato de estabilidad jurídica en donde las partes (Estadoparticulares) por el hecho de acordar estabilizar ciertas condiciones jurídicas

de los principios de justicia y equidad tributaria.

Ahora bien, tratándose de un contrato de estabilidad jurídica en donde las partes (Estadoparticulares) por el hecho de acordar estabilizar ciertas condiciones jurídicas (normas y tributos vigentes en ese momento) para efectuar y mantener una s inversiones, no puede entenderse que restringe la facultad del Congreso de Colombia para modificar las normas, crear tributos u otorgar exenciones, ni mucho menos que el particular que lo suscribe los pueda hacer oponible ante el fisco para dejar de pagar los impuestos y cumplir las nuevas obligaciones tributarias requeridas para el desarrollo social del país.

Por ello se hace necesario comprender que hay una relación directa de proporcionalidad, entre el monto de la inversión que se pretende cobijar co n un acuerdo de estabilidad jurídica, y las normas tributarias que se estabilizan de manera beneficiosa al contribuyente. Siendo la vía legal para la controversia respectiva la contractual, tal y como se observa por parte de la honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-320/06, cuyos apartes se traen a colación:

“La Corte considera que el artículo legal demandado debe ser entendido en el sentido de que mediante los contratos de estabilidad jurídica no se les garantiza a los inversionistas la inmodificabilidad de la ley, sino que se les asegura la permanencia, dentro los términos del acuerdo celebrado con el Estado, las mismas condiciones legales existentes al momento de la celebración de aquél, de tal manera que en caso de modificación de dich a normatividad, y el surgimiento de alguna controversia sobre este aspecto, se prevé la posibilidad de acudir a mecanismos resarcitorios dirigidos a evitar que se afecte el equilibrio económico que

el surgimiento de alguna controversia sobre este aspecto, se prevé la posibilidad de acudir a mecanismos resarcitorios dirigidos a evitar que se afecte el equilibrio económico que originalmente se pactó o en últimas a una decisión judicial. La verdadera fuente de la garantía de estabilidad jurídica del inversionista no surge directa e inmediatamente de la ley acusada de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica que por autorización de la misma ley la incorpora como regla interna reguladora de dicho contrato, convirtiéndose así en un derecho contractual a la estabilidad jurídica de la inversión. Luego en el fondo, de acuerdo con el artículo 58 constitucional, no se garantiza de esta manera meras expectativas, sino el derecho de los inversionistas que se adquieren por este contrato de estabilidad jurídica, el cual consiste en que los derechos que surjan de las inversiones se rijan por las normas vigentes al momento de la celebración del contrato de estabilidad jurídica y no p or las leyes posteriores que eventualmente las modifiquen. (Negrillas fuera del texto).

El artículo 1º de la Ley 963 de 2005 no habilita o faculta a un determinado grupo de personas para que incumplan la Constitución o la ley. De igual manera, el artícul o 1º de la Ley 963 de 2005 no desconoce los principios democrático y de soberanía popular, comoquiera que no les impide a los representantes del pueblo manifestar la voluntad del mismo en un momento histórico determinado mediante la modificación de las ley es, siempre y cuando se sometan para ello a la Constitución y el Reglamento Interno del Congreso. En este orden de ideas, la Corte declarará exequible el artículo 1º de la Ley 963 de 2005, por el cargo analizado en esta

para ello a la Constitución y el Reglamento Interno del Congreso. En este orden de ideas, la Corte declarará exequible el artículo 1º de la Ley 963 de 2005, por el cargo analizado en esta sentencia, en el entendido de que lo s órganos del Estado conservan plenamente sus competencias normativas, incluso sobre las normas identificadas como determinantes de laRadicado: 11001-03-27-000-2020-00003-00 (25132)

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3 inversión, sin perjuicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los inversionistas. (Las negrillas son nuestras).”

Cabe recordar que la misma Corte, en Sentencia C -242 de 2006, declaró exequibles, únicamente en relación con el derecho a la igualdad, las expresiones “[...] el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato res pectivo” del artículo 1º, el artículo 2º y el inciso segundo del artículo 3º de la Ley 963 de 2005. (Subrayado fuera del texto).

Asimismo, la jurisprudencia estudió el tema relativo a si los contratos de estabilidad jurídica suscritos por los contribuyentes cobijaban lo dispuesto por la Ley 1370 de 2009 relativa al Impuesto al Patrimonio.

Asimismo, la jurisprudencia estudió el tema relativo a si los contratos de estabilidad jurídica suscritos por los contribuyentes cobijaban lo dispuesto por la Ley 1370 de 2009 relativa al Impuesto al Patrimonio.

Al respecto el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 10 de septiembre de 2013 con radicado 05001233100020120061200, sostuvo:

“[...] las normas estabilizadas en lo atinente al Impuesto al Patrimonio, aluden únicamente a la determinación de ese tributo durante la vigencia de los años 2007 a 2010, en tanto que las normas por virtud de las cuales atañe a la actora declarar y pagar tal impuesto por la vigencia del año gravable 2011 fueron concebidas con posterioridad a las estabilizadas [...], y que en nada les modifican ni afectan, sino que crean una situación jurídica novedosa, respecto a la cual nada se había convenido en el mencionado contrato de estabilidad. [...] son claras las normas cuya aplicación objeta la accionante, al señalar que se adicionan al Estatuto Tributario nuevos preceptos [...]”.

Sostiene con atino el honorable Tribunal que, con los contratos de estabilidad ju rídica, se estabilizaron unas normas precisas que regulaban determinadas situaciones, que evidentemente no son las mismas que se estructuraron con la Ley 1370 de 2009, y, en razón de ello, no le otorga la razón al contribuyente.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia de 18 de julio de 2013 con número de radicación 17001233300020120003400, manifestó:

“[...] el hecho de que exista el contrato de estabilidad jurídica no significa que el Congreso de

número de radicación 17001233300020120003400, manifestó:

“[...] el hecho de que exista el contrato de estabilidad jurídica no significa que el Congreso de la República pierda su facultad en cualquier tiempo, para interpretar, reformar y modificar las leyes, pues la verdadera garantía de estabilidad jurídica del inversionista no surge directa e inmediatamente de la norma, sino del contrato que por autorización de la ley la incorpora como regla interna reguladora de dicho contrato, conviertiéndose (sic) así en un derecho contractual a la estabilidad jurídica de la inversión; menos aún que no pueda establecer o crear nuevos impuestos.

De igual manera también queda claro hasta el momento, que la Ley 963 de 2005 determinó de manera explícita que cuando se hablaba de modificación la norma se refiere para todos los efectos, como cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el legislador si se trata de una ley, o por el ejecutivo o la en tidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o por la autoridad administrativa competente si se trata de un cambio en la interpretación vinculante”.

Jurisprudencia que ratifica la tesis sostenida por esta Subdirecci ón, al afirmar que la introducción de legislación, o actos administrativos diferentes a los que taxativamente fueron estabilizados, no hacen parte de dichos contratos, y que por el contrario obligan a los contribuyentes a su cumplimiento.

En consecuencia, se infiere que, siendo el Impuesto a la Riqueza un impuesto distinto al del impuesto al patrimonio, y al no encontrarse expresamente cubierto ni incluido, o como lo refiere usted amparado por los contratos de estabilidad jurídica vigentes, los

En consecuencia, se infiere que, siendo el Impuesto a la Riqueza un impuesto distinto al del impuesto al patrimonio, y al no encontrarse expresamente cubierto ni incluido, o como lo refiere usted amparado por los contratos de estabilidad jurídica vigentes, los contribuyentes que hayan suscrito dichos contratos, en caso de darse el hecho generador del impuesto a la Riqueza, deberán pagar este gravamen y cumplir con las demás obligaciones que de él se desprenden.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00003-00 (25132)

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4 Por último, es de precisar que toda controversia relacionada con un contrato de estabilidad jurídica debe adelantarse por la vía de la acción contractual, ante el ente con quien se haya suscrito, en los términos señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional ».

«Oficio 100208221-001553 del 27 de noviembre de 2015 (radicado 034749 del 4 de diciembre de 2015) (…)

Mediante los radicados de la referencia expresa su inconformidad con la declaración y pago del impuesto a la riqueza creado mediante la Ley 1739 de 2014, de cara a los c ontratos estabilidad jurídica suscritos por sus poderdantes.

Sobre el particular, en lo que atañe a la competencia de este despacho es pertinente precisar el alcance de los contratos de estabilidad y el nuevo impuesto a la riqueza, para

estabilidad jurídica suscritos por sus poderdantes.

Sobre el particular, en lo que atañe a la competencia de este despacho es pertinente precisar el alcance de los contratos de estabilidad y el nuevo impuesto a la riqueza, para lo cual nos permitimos señalar al respecto que la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN, mediante Oficio No. 027156 de 2015, manifestó: (…)

Como se observa, es posición decantada por parte de esta entidad que aquéllos sujetos que suscribieron contratos de estabil idad jurídica se encuentran obligados a realizar el pago del impuesto a la riqueza, esto en razón a que este último impuesto no se enuentra cobijado dentro de lso supuestos estabilizados, ni obedece a la misma naturaleza jurídica tal y como se evidencio en el precitado concepto, al antigui impuesto al patrimonio.

Ahora bien frente al alcance del articulo 8 de la Ley 1739 de 2014 el cual señala:

Artículo 8°. Adiciónese el artículo 298-7 al Estatuto Tributario el cual quedará así: "Artículo 298-7. Declaración y pago voluntarios Quienes no estén obligados a declarar el Impuesto a la Riqueza de que trata el artículo 292-2 de este Estatuto podrán, libre y espontáneamente, liquidar y pagar el Impuesto a la Riqueza. Dicha declaración producirá efectos legales y no estará sometida a lo previsto en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario".

Lo previsto en esta disposición tenía como especial finalidad permitir a aquéllas personas que sin cumplir el Hecho Generador del Impuesto a la Riqueza – la posesión de riqueza a

artículo 594-2 del Estatuto Tributario".

Lo previsto en esta disposición tenía como especial finalidad permitir a aquéllas personas que sin cumplir el Hecho Generador del Impuesto a la Riqueza – la posesión de riqueza a 1 de Enero superior a Mil Millones de Pesos -, desearan la manera voluntaria liqui dar el Impuesto a la Riqueza y de manera especial su complementario de Normalización Tributaria.

Luego para aquellos contribuyentes que cumplieran el supuesto de hecho del impuesto y en virtud de la vocación de generalidad del mismo deberán de manera obligatoria declarar y pagar cuando hay lugar a ello el Impuesto a la Riqueza, no encontrándose cobijado por las consecuencias del artículo 298-7 adicionado por el artículo 8 de la Ley 1739 de 2014».

«Concepto 100202208-0053 del 25 de enero de 2019 (radicado 001961 de la misma fecha)

Mediante escrito radicado 100084612 del 21 de diciembre de dos mil dieciocho (2018) está Subdirección recibió una consulta por medio de la cual se solicita reconsiderar la respuesta relacionada con el radicado 100023201 del 8 de mayo de 2017, donde se reconoció que el Impuesto a la Riqueza establecido por la Ley 1739 de 2014 (en adelante “Impuesto a la Riqueza”) constituye un impuesto diferente al de Patrimonio establecido en las Leyes 863 de 2003, 1111 de 2006 y luego prorrogado por la Ley 1370 de 2009, según lo determinado por el Consejo de Estado en Sentencia (“Impuesto al Patrimonio”). Lo anterior, con el propósito de que los contribuyentes que estabilizaron el Impuesto al Patrimonio en los

por el Consejo de Estado en Sentencia (“Impuesto al Patrimonio”). Lo anterior, con el propósito de que los contribuyentes que estabilizaron el Impuesto al Patrimonio en los términos de la Ley 963 de 2005, puedan reconocer el mismo tratamiento para el Impuesto a la Riqueza.

A continuación, se procede a analizar cada una de las consideraciones expuestas por el consultante para determinar si es procedente o no reconsiderar lo establecido por este despacho en respuesta relacionada con el radicado 100023201 del 8 de mayo de 2017:Radicado: 11001-03-27-000-2020-00003-00 (25132)

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1. Comparación de los elementos esenciales del Impuesto al Patrimonio y el

Impuesto a la Riqueza:

1.1. Según lo expuesto por el consultante, el impuesto al patrimonio y el impuesto a la riqueza tienen, en términos generales, los mismos elementos.

1.2. Sin embargo, consideramos que la comparación expuesta en la consulta, no tuvo en cuenta varias diferencias que existen entre los elementos esenciales de los dos impuestos analizados. Dichas diferencias son principalmente, las siguientes:

a) Sujeto Pasivo: En el Impuesto a la Riqueza (Ley 1739 de 2014) se incluyen como sujetos pasivos, a diferencia del Impuesto al Patrimonio, a los siguientes:

1. Las sucesiones ilíquidas; ii. Las personas naturales, nacionales y extranj eras, que no tengan residencia

sujetos pasivos, a diferencia del Impuesto al Patrimonio, a los siguientes:

1. Las sucesiones ilíquidas; ii. Las personas naturales, nacionales y extranj eras, que no tengan residencia en el país, respecto de su riqueza poseída directamente en el país; iii. Las personas naturales, nacionales y extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de establecimientos permanentes, en el país; iv. Las sociedades y entidades extranjeras, respecto de su riqueza poseída directamente en el país;
2. Las sociedades y entidades extranjeras, respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de establecimientos permanentes, en el país, y vi. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su riqueza poseída en el país.

b) No sujetos al impuesto : A diferencia del Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a la Riqueza incluye como no sujetos al imp uesto las personas naturales sometidas al régimen de insolvencia. Adicionalmente, se incluye, para el Impuesto a la Riqueza, que serán responsables del Impuesto a la Riqueza quienes utilicen la disolución o liquidación de una sociedad con el propósito de d efraudar la administración tributaria o, de manera abusiva, evitar ser contribuyente del Impuesto a la Riqueza.

c) Hecho generador: A diferencia del Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a la Riqueza incluye dentro del hecho generador, lo siguiente:

1. El valor que representa el concepto de riqueza es de COP 1.000.000.000 y no de COP $3.000.000.000. (valor de riqueza en el Impuesto al Patrimonio);

incluye dentro del hecho generador, lo siguiente:

1. El valor que representa el concepto de riqueza es de COP 1.000.000.000 y no de COP $3.000.000.000. (valor de riqueza en el Impuesto al Patrimonio); ii. Se establece un tratamiento especial para la determinación del concepto de riqueza en el caso de escisión de sociedades entre la entrada en vigencia de la Ley 1739 de 2014 y el primero de enero de 2015, y iii. Se precisa un tratamiento especial para la determinación del concepto de riqueza en el caso de la constitución de sociedades entre la entrada en vigencia de la Ley 1739 de 2014 y el primero de enero de 2015.

d) Base gravable: Es posible reconocer que existen diferencias respecto a las bases gravables del Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Riqueza, ya que en el último se permite excluir del patrimonio líqu ido algunos conceptos adicionales, los cuales corresponden a:

1. La base gravable del Impuesto a la Riqueza permite excluir el valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida individual voluntarios, o seguros de pensiones voluntarias, o seguros de vida individual siempre y cuando sean sociedades nacionales; ii. Se incluye la exclusión del valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop; iii. Se incluye la exclusión del valor de las operaciones activas de crédito realizadas con residentes fiscales colombianos o sociedades nacionales, así

sociedades nacionales; ii. Se incluye la exclusión del valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop; iii. Se incluye la exclusión del valor de las operaciones activas de crédito realizadas con residentes fiscales colombianos o sociedades nacionales, así como los rend imientos asociados a los mismos, en los casos de losRadicado: 11001-03-27-000-2020-00003-00 (25132)

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6 contribuyentes mencionados en los numerales 4 y 5 del artículo 292 -2 del Estatuto Tributario que sean entidades financieras del exterior; iv. Se incluye la exclusión del valor de las operaciones de leasing internacional, así como los rendimientos financieros que de ellas se deriven, cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional, en los casos de los contribuyentes mencionados e n los numerales 4 y 5 del artículo 292 -2 del Estatuto Tributario que sean entidades financieras del exterior;

1. Se incluye la exclusión del valor total del patrimonio líquido localizado en el exterior, en el caso de extranjeros con residencia en el país, po r un término inferior a cinco (5) años; vi. Se incluye la exclusión del valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados, en el caso de los contribuyentes que se refiere el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario; vii. El impue sto a la Riqueza incluyó una forma especial de determinar el valor del impuesto para los años siguientes al establecido en el hecho generador, considerando el

el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario; vii. El impue sto a la Riqueza incluyó una forma especial de determinar el valor del impuesto para los años siguientes al establecido en el hecho generador, considerando el aumento o disminución del patrimonio líquido del contribuyente; vii. La base gravable del impuesto también le aplica a las personas naturales sin residencia en el país y las sociedades y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en Colombia.

e) Causación: Es posible evidenciar que el Impuesto a la Riqueza se causaba, dependiendo del sujeto, al primero de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018. En el caso, del Impuesto al Patrimonio, este se causaba una sola vez, sin prejuicio de que fuera necesario presentarlo y pagarlo durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

f) Tarifa: Es posible evidenciar que existen diferencias entre las tarifas del Impuesto a la Riqueza y el Impuesto al Patrimonio, las cuales consisten principalmente en:

1. Las tarifas aplicables para las personas naturales y personas jurídicas son diferentes en el caso d el Impuesto a la Riqueza. Por el contrario, en el impuesto al patrimonio son las mismas tarifas para todos los sujetos pasivos. ii. En el caso del Impuesto a la Riqueza, el principio de progresividad de la tarifa es más evidente, ya que se establecen cuatro ( 4) tarifas para los contribuyentes según su base gravable. Por el contrario, en el Impuesto al Patrimonio, únicamente reconoce dos (2) tarifas según el valor de la base gravable de los contribuyentes, y

contribuyentes según su base gravable. Por el contrario, en el Impuesto al Patrimonio, únicamente reconoce dos (2) tarifas según el valor de la base gravable de los contribuyentes, y iii. La tarifa del Impuesto a la Riqueza es nominal mientr as que la del Impuesto al Patrimonio no lo es.

1.3. De acuerdo con lo anterior, es posible reconocer, a diferencia de los expuesto por el consultante, que existen diferencias significativas entre el Impuesto a la Riqueza y el Impuesto al Patrimonio, respe cto a: i) los sujetos pasivos, ii) los no sujetos, iii) el hecho generador, iv) la base gravable, v) la acusación, y vi) la tarifa.

1.4. Por lo anterior, es posible reconocer que la similitud expuesta por el consultante entre los dos impuestos analizados no es razonable.

1.5. Por otro lado, consideramos necesario revisar lo establecido por el legislador en la exposición de motivos de la Ley 1739 de 2014 con ocasión al Impuesto a la Riqueza, donde se incluyó: “Es importante destacar que el Impuesto a la Riqueza que se propone en el presento proyecto de ley es un impuesto nuevo y distinto respecto de otros impuestos preexistentes. Además de prever sujetos pasivos distintos y una base gravable diferente, este Impuesto a la Riqueza se liquida de manera marginal y progresiva, a diferencia de los impuestos al patrimonio de otros gravámenes que se liquidaban con tarifas proporcionales. El Impuesto a la Riqueza propuesto en el presente proyecto de Ley, se establece para las personas naturales y jurídicas cuya riq ueza sea superior a $1.000 millones. Una vez determinado si se es declarante del impuesto, los primeros $2.000 millones de riqueza se

personas naturales y jurídicas cuya riq ueza sea superior a $1.000 millones. Una vez determinado si se es declarante del impuesto, los primeros $2.000 millones de riqueza se liquidan a la tarifa del 0,20%; los siguientes $1.000 millones de riqueza, a la tarifa del 0,35%; los siguientes $2.000 mi llones de riqueza, a la tarifa del 0,75%, y; finalmente para las riquezas que excedan los $5.000 millones, el exceso se gravará a la tarifa del 1,50%." (Subrayado fuera del texto)Radicado: 11001-03-27-000-2020-00003-00 (25132)

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7 1.6. Por lo anterior, es posible considerar que el legislador desde el momento de la creación del Impuesto a la Riqueza procuró establecer, los elementos esenciales del mismo con características únicas y diferenciadas.

1.7. Adicionalmente, es posible reconocer que la voluntad del legislador fue establecer un nuevo impuesto y no simplemente prorrogar el Impuesto al Patrimonio, para lo cual hubiera mantenido las mismas condiciones y elementos del impuesto en los términos de la Ley 1370 de 2009.

1.8. En conclusión, consideramos que el Impuesto a la Riqueza incluido en la Ley 1739 de 2014, es un impuesto que grava la posición de riqueza en Colombia, pero cuenta con diferencias en todos los elementos del impuesto, lo cual permite establecer que este no es

2014, es un impuesto que grava la posición de riqueza en Colombia, pero cuenta con diferencias en todos los elementos del impuesto, lo cual permite establecer que este no es simplemente la prórroga del impuesto al patrimonio establecido en la Ley 1370 de 2009. Así mismo, es necesario considerar que la voluntad del legislador en la creación del Impuesto a la Riqueza era establecer un nuevo impuesto diferente al Impuesto al Patrimonio.

2. Concepto de Voluntariedad en la presentación del impuesto a la ri queza:

2.1. Luego de revisar las diferencias entre el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Riqueza, consideramos necesario revisar el concepto de voluntariedad que incluye el Impuesto a la Riqueza, ya que para este despacho corresponde a uno de los elementos que más diferencian este impuesto de cualquier otro.

2.2. El artícul