CE - 010327000202100092001SENTENCIASENTENCIA20230622172858

Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)

Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad Radicación 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190) Demandante JUAN MATEO MARTÍNEZ RIVEROS Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Resolución Nro. 000067 de 19 de junio de 2020. Registro de Acuerdos de Transacciones de Commodities. Aplicación Método del Precio Comparable No Controlado. Régimen de Precios de Transferencia. SENTENCIA ANTICIPADA La Sala decide la demanda de simple nulidad interpuesta por Juan Mateo Martínez Riveros, en la que pretende la nulidad de la Resolución Nro. 000067 de 19 de junio de 2020 , proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN), en especial de los artículos 1, 3 y 6. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El literal b) del artículo 260-3 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 107 de la Ley 1819 de 2016, determinó la aplicación preferente del método del “Precio

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El literal b) del artículo 260-3 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 107 de la Ley 1819 de 2016, determinó la aplicación preferente del método del “Precio Comparable no Controlado” para establecer el precio en las operaciones celebradas entre vinculados de commodities sujetas al régimen de precios de transferencia e impuso la obligación de registrar los acuerdos de dichas transacciones , en los términos que estableciera el Gobierno Nacional. Lo anterior fue desarrollado en el Decreto 2120 de 2017, que modificó el artículo 1.2.2.2.4.1. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 . A su vez, e l procedimiento de registro fue reglamentado mediante la Resolución Nro. 000067 de 19 de junio de 2020 proferida por la DIAN. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Juan Mateo Martínez Riveros formuló la siguiente petición: «Con fundamento en los argumentos anteriormente señalados, respetuosamente solicitamos a su Honorable despacho declarar la nulidad total de la Resolución 000067 de 2020 proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por medio de la cual se estableció el procedimiento para el registro de los acuerdos de transacciones de commodities a través de los servicios informáticos de la entidad.»1.

Nacionales – DIAN, por medio de la cual se estableció el procedimiento para el registro de los acuerdos de transacciones de commodities a través de los servicios informáticos de la entidad.»1.

1 SAMAI. Índice 2. PDF “ED_DEMANDAY_JUANMATEOMARTINEZ( .PDF) NroActua 2”Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 189 (numeral 11), 338 y 363 de la Constitución Política; 44 de la Ley 962 de 2005; 3 de la Ley 1437 de 2011; 4, 5 y 9 del Decreto Ley 019 de 2012; 3 del Decreto Ley 2106 de 2019; 11 del Código Civil y 260-3 del Estatuto Tributario. Los cargos de nulidad se resumen así:

1. Exceso de la facultad reglamentaria Acusó de nulidad los artículos 1 y 6 de la Resolución impugnada debido a que consideró que los mismos extienden la obligación de registro de los contratos de commodities a todos los contribuyentes que utilizan el método del Precio Comparable no Controlado (en adelante “PC”), e incluso a quienes no están obligados a utilizarlo, en contravía del artículo 26 0-3 del Estatuto Tributario y la acción 10 del proyecto “Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios – BEPS" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

acción 10 del proyecto “Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios – BEPS" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20. Explicó brevemente el método PC de acuerdo con el artículo 260-3 del Estatuto Tributario, el cual se aplica preferentemente a las operaciones de commodities , e indicó que, al aplicarlo, el precio en una operación entre vinculados se puede comparar con el precio de una operación comparable por dos vías: i) transacciones comparables realizadas entre independientes, o ii) por referencia a precios de cotización. Aseguró que, en el contexto del artículo 260-3 del Estatuto Tributario, el registro de documentos para demostrar la fijación del precio del commodity está circunscrito únicamente a aquellos casos en los que se aplica el método PC con base en el precio de cotización del bien y no cuando se usan transacciones comparables realizadas entre partes independientes u otras metodologías. Por lo anterior, consideró que el artículo 1 de la Resolución no limitó el registro a este escenario, sino que lo extendió a toda operación con commodities. Indicó que si bien la Resolución condiciona el registro a lo dispuesto en los artículos 260-3 del Estatuto Tributario y 1.2.2.2.4.1. del Decreto 1625 de 2016, no distingue las transacciones, incluyéndolas todas. Presentó cuadro comparativo del artículo 260-3 del Estatuto Tributario y la Resolución y dijo que esta excede el contenido normativo y la facultad reglamentaria2. Anotó que el propósito del registro es conocer con certeza la fecha de fijación del precio de la operación para determinar el precio de cotización, facilitando la

normativo y la facultad reglamentaria2. Anotó que el propósito del registro es conocer con certeza la fecha de fijación del precio de la operación para determinar el precio de cotización, facilitando la verificación por parte de la Administración Tributaria, por lo que el registro de operaciones en las cuales se utilizan comparables de terceros independientes no tiene incidencia alguna, pues no es necesario verificar la fecha, de suerte que imponer la obligación de registro es una exigencia desproporcionada.

2. Nulidad por inconstitucionalidad – aplicación retroactiva de la Resolución 000067 de 2020

Sostuvo que los parágrafos 1 y 2 del artículo 6 de la Resolución obligan a realizar el registro de contratos que incluyen operaciones de commodities suscritos: i) antes

2 Citó en apoyo la sentencia de 15 de abril de 2015, exp. 19103, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas del Consejo de Estado.Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de la Ley 1819 de 2016 y ii) a partir del 1 de enero de 2017 , lo cual configura una aplicación retroactiva de la ley, pues la norma, al ser de carácter tributario y haberse expedido en el año 2020, debía entrar en vigor en 2021. Indicó que toda vez que los documentos objeto de registro puede incidir en la determinación del impuesto sobre la renta, con las anteriores exigencias de registro se violó el principio de

expedido en el año 2020, debía entrar en vigor en 2021. Indicó que toda vez que los documentos objeto de registro puede incidir en la determinación del impuesto sobre la renta, con las anteriores exigencias de registro se violó el principio de irretroactividad de los artículos 338 y 363 de la Constitución, el cual explicó3 y aclaró que también se predica de los actos administrativos. Agregó que la reglamentación solo podía aplicar a transacciones acaecidas luego de la entrada en vigor de la Resolución y no anteriores, lo cual, además, vulnera el artículo 11 del Código Civil.

3. Nulidad por inconstitucionalidad – determinación de la base gravable Señaló que la Resolución, al establecer el registro de los contratos celebrados con anterioridad a su expedición, promovió la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta por medio de reglamento, en la medida en que los contratos a ser registrados pueden generar cuestionamientos por parte de la Administración Tributaria, basándose en un registro y condiciones sobre la información que no estaban vigentes al momento de la presentación de las declaraciones por parte de los contribuyentes y mucho menos al cierre del ejercicio fiscal.

Precisó que el efecto sustancial de la resolución es claro, en la medida en que la información objeto de registro -fecha o período para fijar el precio del commoditytiene la vocación de determinar bases gravables sobre hechos que ocurrie ron con anterioridad a su vigencia, períodos para los cuales es posible, además, no contar con la información exigida por el registro. 4 Concluyó que la información no puede ser solicitada por la Administración Tributaria para períodos anteriores a 2020 ni utilizarse, en caso de haber sido entregada.

con la información exigida por el registro. 4 Concluyó que la información no puede ser solicitada por la Administración Tributaria para períodos anteriores a 2020 ni utilizarse, en caso de haber sido entregada.

4. Violación a la leyfalta de aplicación del artículo 44 de la Ley 965 de 2009

(sic) y del artículo 9 del Decreto Ley 019 de 2012 Afirmó que la información solicitada se detalla en el artículo 3 de la Resolución, y que esta pretende segregar los datos particulares de los acuerdos y demás documentos que soportan las operaciones de commodities, información que ya está en poder de la Administración Tributaria, a través la declaración informativa de precios de transferencia, su documentación comprobatoria, y otros medios, lo cual viola directamente la ley por falta de aplicación d e los artículos 44 de la ley 962 de 2009 (sic) y 9 del Decreto ley 019 de 2019, que establec en que la DIAN no puede solicitar información al contribuyente que este previamente ha suministrado. Reseñó la información objeto de registro a partir de la Resolución para asegurar que la misma se reporta a través del formulario 120 y su anexo formato 112 5, del RUT, la documentación comprobatoria y el informe local, las facturas de compraventa, las declaraciones de importaciones o exportaciones y los documentos de embarque, según dispone el Decreto 1625 de 2016. Para esto p resentó un cuadro donde relaciona cada norma y el contenido de la información.

3 Invocó las sentencias de 2 de diciembre de 2018, exp. 46859, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico del

Consejo de Estado, Sección Tercera y C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao de la Corte Constitucional. 4 Citó la sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. 20698, C.P. Julio Roberto Piza del Consejo de Estado sobre la imposibilidad de cuestionar la base gravable por medio de reg lamentos posteriores a la causación del impuesto, situación similar al caso de las Zonas Francas.Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)

Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

5. Violación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad Adujo que solicitar información que ya reposa en poder de la Administración Tributaria viola los principios de la actuación administrativa señalados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 , los cuales enunció, y el principio constitucional de eficiencia, que definió5. Añadió que el principio administrativo de economía resulta vulnerado por cuanto con la información de la documentación comprobatoria es suficiente, al igual que el principio de celeridad, que también subyace en el Decreto Ley 019 de 2012.

6. Nulidad por violación de los artículos 3 del Decreto Ley 2106 de 2019 y 39 del Decreto Ley 019 de 2012

Explicó que el Decreto Ley 2106 de 2019 dispone medidas para regular el proceso de reglamentación de trámites creados o autorizados por la ley, para lo cual, se exige concepto previo del Departamento Administrativo de la Función Pública, que se extraña en el presente caso.

de reglamentación de trámites creados o autorizados por la ley, para lo cual, se exige concepto previo del Departamento Administrativo de la Función Pública, que se extraña en el presente caso. Concluyó que la Administración Tributaria incumplió con los requisitos de acreditar i) la justificación, eficacia, eficiencia y costos de implementación para los obligados a cumplir con el registro de los contratos , y ii) la existencia de recursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación ante la Función Pública. Oposición a la demanda La DIAN solicitó negar las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos6: Frente al alcance de la obligación de registro, sostuvo que los artículos 1 y 6 de la Resolución demandada no señalan que esta se extienda a aquellos casos en que el precio fijado por el contribuyente con su parte relacionada se deba comparar con transacciones comparables realizadas entre partes independientes u otra metodología. Precisó que hay una interpretación equivocada del demandante, quien no realizó una lectura integral de la ley, el reglamento y la resolución. Indicó que la intención de la Resolución fue establecer el procedimiento de registro, y no replicar la Ley ni el reglamento , en los que se establece cuando hay lugar al registro, esto es, cuando el análisis se realice con referencia al precio de cotización, pues el propio acto impugnado remite al artículo 260-3 del Estatuto Tributario y al artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de 2016. Manifestó respecto del argumento de violación de la Acción 10 de BEPS , que la misma no es demandable pues es el resultado del proyecto adelantado por la

artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de 2016. Manifestó respecto del argumento de violación de la Acción 10 de BEPS , que la misma no es demandable pues es el resultado del proyecto adelantado por la OCDE, cuyo resultado fue incorporado en las Guías de Precios de Transferencia de 2017, que fungen como criterio auxiliar de interpretación conforme con la sentencia C-690 de 2003. En cuanto a la obligación de registrar cuando hay transacciones que se analicen con una metodología disti nta al PC, concluyó que en la matriz de comentarios del proyecto de la resolución se advierte que el registro hace parte del análisis establecido en el numeral 1 del artículo 260-3 del Estatuto Tributario

5 Trajo a colación la sentencia C-419 de 1995 de la Corte Constitucional y de 26 de noviembre de 2009, exp. 16873, C.P. Héctor J. Romero Díaz del Consejo de Estado. 6 SAMAI. Índice 15. PDF “ RECIBEMEMORIALESPOR CORREOELECTRONICO _CONTESTACION2021000 (.pdf)NroActua 15”Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)

Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Sobre la violación al principio de irretroactividad , transcribió el parágrafo transitorio del artículo 1.2.2.2.4.1. del Decreto 1625 de 2016 y a dujo que la Resolución replicó las disposiciones del reglamento, por lo cual no desborda lo dispuesto por la norma superior.

transitorio del artículo 1.2.2.2.4.1. del Decreto 1625 de 2016 y a dujo que la Resolución replicó las disposiciones del reglamento, por lo cual no desborda lo dispuesto por la norma superior. Respecto a la vulneración del artículo 338 de la Constitución , reiter ó que el término para el registro de los contratos es el mismo que el contemplado en el Decreto 1625 de 2016, sin e xceder la norma superior. Aseguró que la Resolución se sustenta en el inciso 5 del literal b, numeral 1 del artículo 260 -3 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de 2016 y que la información que la DIAN determinó como objeto de presentación es la misma que el Gobierno consideró como sujeta a registro, sobre lo cual presentó cuadro comparativo. En torno a la falta de aplicación de la Ley 962 de 2005 y del Decreto Ley 019 de 2012, expuso que el objeto de la Resolución demandada es poder contar con un mecanismo que permita obtener el registro de los acuerdos de transacciones de commodities, información que el legislador consideró sujeta a registro, este último reglamentado por el Ejecutivo. Aclaró que la información a registrar no es general, sino que aplica para los contribuyentes que hayan suscrito acuerdos, contratos, ofertas, aceptaciones u otros documentos suscritos de operaciones de commodities, sin que sea una solicitud caprichosa , como lo alega el demandante, pues obedece al mandato legal. Puso de presente que, conforme al reglamento, esta información se requiere para demostrar de forma fiable la fecha convenida por las partes para fijar el precio en la transacción celebrada con la parte vinculada, y que, de existir modificaciones al

Puso de presente que, conforme al reglamento, esta información se requiere para demostrar de forma fiable la fecha convenida por las partes para fijar el precio en la transacción celebrada con la parte vinculada, y que, de existir modificaciones al acuerdo, este debe ser registrado nuevamente, lo que implica que la declaración informativa de precios de transferencia no es suficiente para verificar las modificaciones, pues la DIAN n o dispondría de información de manera oportuna, haciendo inoperante la Ley. Anotó que la declaración informativa de precios de transferencia se presenta por el año gravable, en tanto el registro de los contratos se efectúa dentro del mes calendario siguiente a le fecha de su suscripción o con anterioridad a la primera entrega del commodity, por lo cual la información no es la misma que la de la declaración. Cuestionó que, de aceptar la tesis del actor, no se podría registrar ni actualizar la información sobre operaciones de commodities. En cuanto a la violación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad, señaló que el actor considera que estos se violan porque se solicita información que ya reposa en poder la Administración Tributaria, así que hizo un recuento de argumentos ya esbozados donde se precisa los datos requeridos e insistió en que el registro aplica de manera concreta a los contribuyentes que hayan suscrito acuerdos, contratos, ofertas, aceptaciones u otros documentos suscritos de operaciones de commodities, para el análisis de estas transacciones, bajos las reglas fijadas por el legislativo. Sobre el concepto previo del Departamento Administrativo de la Función Pública, citó los artículos 1 de la Ley 962 de 2005 y 39 del Decreto 19 de 2012 para

reglas fijadas por el legislativo. Sobre el concepto previo del Departamento Administrativo de la Función Pública, citó los artículos 1 de la Ley 962 de 2005 y 39 del Decreto 19 de 2012 para asegurar que la Resolución impugnada no reglament a trámites creados o autorizados por la ley, pues solo implementa un repositorio de información. Añadió que no se cumple la definición de trámite por cuanto el registro no genera como resultado un producto o servicio, pues el envío de información no acarrea unaRadicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)

Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 respuesta o resultado particular y que la potestad reglamentaria no puede limitarse a reproducir la ley, como lo pretende el actor. El 24 de marzo de 2022, dentro del término legal, la DIAN presentó alcance a la contestación de la demanda allegando concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública que señala que el registro de acuerdos de transacciones de commodities no corresponde a un trámite.7 Trámite para sentencia anticipada Por auto del 21 de octubre de 2022 (índice 2 0), se dispuso aplicar al sub lite el trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para lo cual se fijó el litigio con base en el cual le corresponde a la Sala determinar si la Resolución Nro. 000067 de 2020, que estableció el procedimiento para el registro de los

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para lo cual se fijó el litigio con base en el cual le corresponde a la Sala determinar si la Resolución Nro. 000067 de 2020, que estableció el procedimiento para el registro de los acuerdos, contratos, ofertas, aceptaciones u otros documentos suscritos para operaciones de commodities , a través de los servicios informáticos de la DIAN, incurrió en infracción de las normas superiores por: i) exceso de la potestad reglamentaria, ii) aplicación retroactiva del reglamento a contratos y base gravables anteriores a su vigenc ia, iii) requerir información que reposa en la entidad, y, iv) expedir el reglamento sin concepto previo y favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. Dado que no había pruebas por practicar, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público por el término común de 10 días para que presentaran sus alegatos y concepto, respectivamente. Alegatos de conclusión La actora8 trajo a colación la sentencia del 28 de julio de 2022, exp. 25518, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez del Consejo de Estado para advertir que , desde la formulación de la demanda a la fecha de los alegatos, tanto los extremos procesales como esta Corporación, han entendido que el registro de los contratos, acuerdos u otros documentos sólo es exigible a los contribuyentes que utilizan el método PC, y cuyo precio se compara con precios de cotización, y no a todas las operaciones de commodities, con lo cual sobre este punto señala que se debe declarar la legalidad de la Resolución demandada limitando a que la misma se entienda únicamente exigible en los eventos en que se aplique el método PC con referencia a precios de cotización.

commodities, con lo cual sobre este punto señala que se debe declarar la legalidad de la Resolución demandada limitando a que la misma se entienda únicamente exigible en los eventos en que se aplique el método PC con referencia a precios de cotización. Sostuvo que la DIAN guardo silencio frente a la discusión de fondo en torno a la violación de los artículos 338 y 363 de la Constitución y que una norma reglamentaria no puede prevalecer sobre la Carta. Ratificó los argumentos de la demanda y concluyó, frente al conce pto del Departamento de Función Pública allegado, que este no obra como prueba aportada y que, además, el mismo incurre en error al sostener que el registro no tiene incidencia en la operación, pues de este se obtiene un servicio. La entidad demandada9 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.

7 SAMAI. Índice 16. PDF “RECIBEMEMORIALESPOR CORREOELECTRONICO _CONTESTACION2021000 (.pdf)NroActua 15” 8 Samai. Índice 32. PDF: “ ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_DEMANDANTEALEGATOS (.pdf) NroActua 32” 9 Samai. Índice 25. PDF: “ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_DIAN_DIAN202100092(.pdf)NroActua 25”Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)

Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Concepto del Ministerio Público El Ministerio Público guardó silencio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Concepto del Ministerio Público El Ministerio Público guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Resolución Nro. 000067 de 19 de junio de 2020 proferida por la DIAN. Para el efecto, es menester primero recordar que, en la demanda de nulidad el juez contencioso-administrativo también está limitado a decidir sobre los cargos y pretensiones de anulación que formule la parte demandante . Así las cosas, el pronunciamiento judicial debe resolver únicamente lo pretendido por el actor, a la luz de los conceptos de violación específicos que presente este, y los argumentos de defensa que desarrolle la parte demandada. De acuerdo con lo anterior, se observa en la demanda que el actor pretende la nulidad de la Resolución bajo algunos cargos que atacan de manera general la misma, mientras que otros sólo están enfocados a demostrar la nulidad de los artículos 1, 3 y 6. Considerando esto, p or cuestiones metodológicas, al resolver cada uno de los cargos la Sala hará las precisiones del caso.

1. Alcance de la obligación de registro El demandante afirmó que, con los artículos 1 y 6 de la Resolución impugnada, se excedió la potestad reglamentaria al extender la obligación de registro de los contratos sobre transacciones de commodities a todos los contribuyentes que utilizan el método PC, incluyendo aquellos eventos en que, para comparar el precio se utilizan transacciones comparables entre partes independientes. Por su parte, la

contratos sobre transacciones de commodities a todos los contribuyentes que utilizan el método PC, incluyendo aquellos eventos en que, para comparar el precio se utilizan transacciones comparables entre partes independientes. Por su parte, la demandada indicó que el acto acusado debe interpretarse sistemáticamente con la Ley y el Reglamento , que exigen el registro de los contratos cuando el análisis de comparabilidad se hace con referencia al precio de cotización del commodity. De manera preliminar se advierte que la potestad reglamentaria conferida al poder ejecutivo en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política debe ejercerse dentro de los límites de la Constitu ción y la ley. De allí que las disposiciones reglamentarias estén subordinadas a la ley que se proponen desarrollar y tengan como único fin dar cabal ejecución a esta, sin ampliarla, restringirla o modificarla. En materia tributaria, esta potestad está sup editada, en especial, al principio de reserva de ley, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 y de esta Sección11, pero también a los principios de necesidad y proporcionalidad que se transgreden cuando se amplían o restringen los supuestos definidos en la Ley. El artículo 260 -3 del Estatuto Tributario , modificado por el artículo 107 de la Ley 1819 de 2016, estableció la aplicación preferente del método PC para determinar si el precio o margen de utilidad en las operaciones de commodities que celebren los contribuyentes del impuesto sobre la renta con sus vinculados del exterior da cumplimiento al principio de plena competencia. Para el efecto, la comparación se

10 Corte Constitucional. Sentencia C-1005 de 2008. M.P. Humberto Sierra Porto.

contribuyentes del impuesto sobre la renta con sus vinculados del exterior da cumplimiento al principio de plena competencia. Para el efecto, la comparación se

10 Corte Constitucional. Sentencia C-1005 de 2008. M.P. Humberto Sierra Porto. 11 Entre otras, en las sentencias del Consejo de Estado. Sección Cuarta del 30 de mayo de 2011, exp. 17699, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 11 de febrero de 2014, exp. 18973, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 10 de agosto de 2017, exp. 20464, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 10 de mayo de 2018, exp. 20677, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 05 de noviembre de 2020, exp. 24414, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez y del 15 de octubre de 2021, exp. 24049, C.P. Milton Chaves García.Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)

Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 puede hacer con referencia a transacciones comparables entre partes independientes o al precio de cotización, el cual se refiere al “precio del commodity en un período determinado obtenido en un mercado nacional o internacional de intercambio de commodities.”. Así, como quiera que los precios de cotización de commodities reflejan el acuerdo que se da en el mercado entre partes independientes sobre el precio de un tipo y cantidad de producto, negociados bajo condiciones específicas en “un período determinado”, la norma señala que, un factor decisivo para el estudio de las

el acuerdo que se da en el mercado entre partes independientes sobre el precio de un tipo y cantidad de producto, negociados bajo condiciones específicas en “un período determinado”, la norma señala que, un factor decisivo para el estudio de las transacciones de commodities es la fecha o el periodo acordado por las partes para fijar el precio del bien, y en esa medida es necesario que ante la Administración Tributaria esta fecha sea demostrada a través de documentos fiables, y de ahí que los mismos se sujeten a registro.12 La Sala, en sentencia de 28 de julio de 2022, exp. 25518, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, analizó, en proceso de nulidad simple, el alcance de la o bligación de registro contenida en el artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de 2016, que reglamentó el artículo 260-3 del Estatuto Tributario, y concluyó que: “La interpretación sistemática de las normas en correlación (i.e. la reglamentada y el reglamento ) lleva a concluir que el deber de registrar los documentos que instauran los incisos 3.º y 4.º del artículo 1.2.2.2.4.1 del DUR solo es exigible en eventos en que se aplique el método PC con referencia a precios de cotización, pues es en este escenario que surge la necesidad de determinar si los precios de los commodities pactados entre partes vinculadas se acompasan, en el momento en que se realiza la operación, con la media generalizada del mercado.” (Resaltado de la Sala) A partir de lo anterior, y al cotejar la ley y el reglamento con el texto de la Resolución 000067 de 2020, se advierte que el artículo 1 del acto impugnado en forma expresa

A partir de lo anterior, y al cotejar la ley y el reglamento con el texto de la Resolución 000067 de 2020, se advierte que el artículo 1 del acto impugnado en forma expresa supedita la obligación de registro a los contribuyentes que “con ocasión del literal b) del numeral 1 del artículo 260-3